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Nota de Clajadep:
Es obvio que están tratando de re-encauzar las luchas de comunarios contra los alcaldes dentro de las reglas oficiales de remoción, pero la acción directa de las comunidades está generando otra dinámica, que escapa a las normas institucionales y apunta hacia la autonomía local y construcción de capacidad de poder popular. Vale la pena acompañar y aprender de los comunarios de Ilave.
Crisis de legitimidad edil genera conflictos sociales en provincias
A la nueva movilización campesina realizada en El Collao-Ilave, que otra vez amenaza con desatar el caos en el Altiplano, se han sumado otras acciones de violencia en ciudades del interior. Este informe trata de explicar las razones que hay detrás de este inusitado desborde popular.
Después de Ilave, otras provincias podrían estallar.
Desde el 26 de abril, en que comuneros ilaveños mataron al alcalde Cirilo Robles, después de más de dos semanas de huelga indefinida, se han registrado 10 acciones de fuerza por el mismo motivo: presuntas irregularidades de las autoridades municipales.
Estos hechos, en su mayoría, han ocurrido en distritos alejados, donde la población es eminentemente campesina o nativa, con educación y recursos económicos escasos.
Para el responsable del Programa de Acceso a la Justicia del Instituto de Defensa Legal, Wilfredo Ardito Vega, lo que ocurre en Ilave es la punta de un iceberg que puede desencadenar otros conflictos en cualquier momento, teniendo en cuenta que la crisis municipal se agudiza cada vez más y el proceso de revocatorias, una vía legal para retirar a una autoridad local que no goza de la simpatía de su pueblo, es tan tortuoso y alejado de la realidad nacional que sólo genera mayor frustración en la ciudadanía, en especial entre los más pobres, que sienten que, mientras a ellos les falta todo, sus autoridades, a quienes dieron su voto, no solo tienen sueldos elevados, sino que malversan lo poco que tiene su comuna.
El experto explica que el asesinato a Cirilo Robles fue la máxima expresión de una violencia azuzada, de un pueblo manipulado por intereses personales de algunas autoridades que supieron exacerbar la crisis municipal, que es el verdadero problema que debemos solucionar para evitar nuevos conflictos. Por esta razón pueden seguir sucediéndose más acciones de protesta y violencia, pero no como un efecto de lo ocurrido en Ilave, sino de la crisis municipal existente, sostiene Ardito Vega.
CASI INALCANZABLE
La consulta de revocatoria es un derecho democrático de los pueblos para controlar a sus autoridades municipales y regionales. Pero en la práctica está orientada a que éstas permanezcan en sus cargos, explica el especialista. Primero porque tiene un costo de 150 soles, a lo que deben sumarse otros gastos como los de viajes para informarse y compra del equipo básico electoral, recojo de firmas y traslado de planillones para su verificación y otros que pueden resultar onerosos en zonas pobres.
Además se trata de un procedimiento centralista, pues solo en Lima se puede adquirir el “kit electoral”, primer paso para tramitar una revocatoria y lamentablemente conocido solo por el 5% de los peruanos. Y algo peor: el software y otros implementos del paquete electoral sólo puede ser utilizado en los lugares donde hay energía eléctrica e instalaciones informáticas, es decir, solo en el 30% del territorio nacional. ¿Qué debe hacer el 70% restante?, reflexiona Ardito Vega.
Otro impedimento es la desinformación del derecho de revocatoria, porque la escasa difusión se hace por escrito y en español, excluyéndose así a los 2 millones de analfabetos, quienes en su mayoría son mujeres. Todo esto ha llevado, en los últimos años, a que en muchos lugares donde hay descontento con las autoridades no se utilice este mecanismo para revocarlas y más bien se recurra a la violencia para presionar al gobierno, y recibir su atención.
¿Y AHORA QUÉ?
El próximo 17 de octubre se someterán a consulta de revocatoria autoridades locales de 170 distritos (ninguna provincia o región), de los cuales 26 pertenecen a Lima. En el proceso de trámite quedaron frustradas las solicitudes de 555 jurisdicciones que no cumplieron con los exigentes requisitos.
Sin embargo, explica el especialista del IDL, es muy posible que, pese al esfuerzo hecho por los habitantes de estas 170 jurisdicciones y aunque todos los sufragantes voten para que el alcalde o regidor no continúe en el cargo, éste se mantenga en él. ¿ Por qué? Porque para que proceda una revocatoria debe contar con el voto de la mitad de los integrantes del padrón electoral de la jurisdicción.
En este contexto, basta el ausentismo en las zonas rurales -debido a la falta de difusión- para que las elecciones revocatorias sean nulas.En las revocatorias pasadas, menos del 10 por ciento de las autoridades cuestionadas fueron revocadas, a pesar de que en muchos casos el voto en contra fue abrumador.
Paradójicamente existen alcaldes elegidos con el 18 y 19% de los votos válidos, por lo que su representatividad es sumamente frágil. “Si esto no cambia, las consultas de revocatoria no solo serán un gasto económico en vano sino también un riesgo de violencia de consecuencias impredecibles. ¿Acaso podrían ocurrir 170 Ilaves?, advierte Ardito Vega.
La crisis municipal no es un problema nuevo. Comenzó a agudizarse cuando disminuyó el asistensialismo fujimorista en que se apoyó la mayoría de alcaldes para apaciguar los reclamos de la población. Mientras esto ocurría, las autoridades comenzaban a ver sus cargos como un sustento de vida o de lucro y no como un servicio a la comunidad, lo que explica que a la fecha uno de los principales cuestionamientos sean los montos de las elevadas dietas.
El asistencialismo ha disminuido y la población exige a sus autoridades transparencia y ejecución de obras.
