En la próxima votación presidencial del 19 de diciembre, se pedirá a los chilenos que elijan entre un apologista  de Pinochet de extrema derecha y un socialdemócrata, no, como han afirmado medios como The Economist  y Financial Times, entre ‘dos ​​extremistas’ que ofrecen diferentes variantes de populismo.   

En la primera vuelta de las elecciones del 21 de noviembre, que atrajo solo al 47% del electorado a las urnas, José Antonio Kast, miembro de la Cámara de Diputados que fundó el Partido Republicano nacionalista, obtuvo la mayoría con 1,96 millones de votos (28 % de los votos emitidos). En segundo lugar, con 1,8 millones de votos, quedó Gabriel Boric: también miembro de la Cámara de Diputados, exlíder estudiantil convertido en candidato de Apruebo Dignidad, que incluye la coalición de la ‘nueva izquierda’ Frente Amplio y el pacto electoral Chile Digno, integrado por el Partido Comunista, ecologistas, regionalistas y la izquierda cristiana. Los comentaristas quedaron estupefactos una vez más. ¿Cómo, después de un levantamiento popular contra el neoliberalismo y la constitución de Pinochet, podría un desvergonzado neofascista  ganar la mayor parte de los votos?

En 2017 Kast se había postulado como independiente, pero a la derecha del actual presidente Sebastián Piñera, quedando en cuarto lugar con medio millón de votos (casi el 8%). En esta ocasión, triplicó con creces su apoyo, capitalizando la base electoral de 1,6 millones de personas que votó por el rechazo en el plebiscito de octubre de 2020 sobre la elaboración de una nueva constitución. Logró elevar su perfil apareciendo constantemente en programas de entrevistas, donde propuso cavar zanjas en la frontera para mantener alejados a los inmigrantes, y constituyendo una alianza con los evangélicos contra la ‘ideología de género’. Boric, por otro lado, ha defendido una plataforma socialdemócrata moderada que incluía un sistema nacional de salud, un nuevo plan de pensiones y un sistema nacional de atención con subsidios para el trabajo doméstico. Recibió la misma cantidad de votos que cuando se postuló en las primarias de Apruebo Dignidad, donde venció al candidato comunista Daniel Jadue por un margen significativo.

Cuando llegaron los resultados, el centro izquierda comenzó a entrar en pánico. Los candidatos de la derecha ‘renovada’ y la ex Concertación, que ha gobernado Chile durante la mayor parte de los últimos treinta años, obtuvieron el 24%. Además, un independiente representante de las aspiraciones de las clases populares y medias, Franco Parisi, fundador del Partido de la Gente, una formación populista que se comprometió a aliviar las presiones sobre consumidores y empresarios, obtuvo el 12,8%. Dado este panorama electoral, Boric tiene que elegir: o cortejar a los votantes centristas, separándolos de la extrema derecha, o dirigirse al 53% de las personas que optaron por no participar en el sistema electoral (la mayoría de las cuales provienen de las clases populares y han sido marginadas o desatendidas por todos los partidos del espectro político).

Las cifras de participación electoral han disminuido progresivamente desde la transición de Chile a la democracia en 1990. La euforia inicial de las elecciones libres después de la dictadura fue rápidamente reemplazada por la apatía, gracias a la indiferencia de los sucesivos gobiernos de centro izquierda. El Frente Amplio, una coalición arraigada en los movimientos estudiantiles de 2011 con los que Boric estaba asociado, inicialmente parecía ofrecer una alternativa, pero también se ha despojado de su carácter anti-sistema y adoptado una política más ‘madura’ y ‘responsable’. Los críticos de izquierda han descrito durante mucho tiempo a Boric como amarillo por su tendencia a evitar la confrontación y adoptar posturas serviles, intermedias. Por lo tanto, no fue sorprendente que, una vez que comenzó la campaña, decidiera atender principalmente a los votantes del sistema, preocupados por la destrucción de propiedades que se produjo a raíz del levantamiento de octubre de 2019. 

La política de Kast es heredada. Su padre, Michael Kast, fue un soldado nazi que logró escapar a Chile después de la guerra con documentos falsos de la Cruz Roja, mientras que su hermano mayor, Miguel, fue un “Chicago Boy” que trabajó para Pinochet como jefe de Odeplan durante finales de los setenta (supervisando el plan de ajuste neoliberal), luego como ministro de Trabajo en 1980, y finalmente como presidente del Banco Central en 1982. José Antonio estudió derecho y ha estado en política desde 1996, primero como concejal en la rural Buin, más tarde como representante en la Cámara de Diputados durante cuatro mandatos consecutivos. Fue miembro mucho tiempo de la UDI, partido fundado en 1983 por el jurista y asesor de Pinochet Jaime Guzmán, hasta que dimitió en 2016 para organizar a las élites que querían revivir el legado del ex dictador. En colaboración con la Alianza global Defendiendo la Libertad (ADF), una organización fundada por Alan Sears que reune a representantes católicos y evangélicos para proteger a la familia tradicional, Kast organizó una cumbre internacional de políticos ultraconservadores para discutir el futuro de Chile. En 2019 lanzó el Partido Republicano, que ahora trabaja con la derecha evangélica en el Congreso.

El programa presidencial 2021 de Kast, que promete ‘restaurar el orden’ y recuperar Chile frente una supuesta insurgencia comunista, incluye propuestas para reducir los impuestos a las empresas y eliminar el impuesto sobre la herencia; otorgar inmunidad legal a las fuerzas armadas y financiar la defensa legal de los policías acusados ​​de uso excesivo de la fuerza; otorgar al presidente amplios poderes para reprimir la disidencia; establecer una Coalición Internacional contra la Izquierda Radical para ‘identificar, arrestar y enjuiciar a los alborotadores radicalizados’; cerrar el Instituto de Derechos Humanos; salir de las Naciones Unidas; derogar el Convenio núm. 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas; y eliminar el Ministerio de la Mujer, al tiempo que ofrece incentivos económicos para el matrimonio heterosexual y borrar la “ideología de género” de los planes de estudio.

Mientras tanto, Boric siguió la fallida estrategia de intentar derrotar a la extrema derecha en su propio terreno. Consiguió el respaldo del Partido Demócrata Cristiano después de reunirse con sus líderes y buscó ganarse a los grandes empresarios de la Confederación de Producción y Comercio (CPC), iniciando conversaciones para calmar sus ‘legítimas ansiedades y temores’. Boric rechazó la reivindicación popular de liberar a todos los encarcelados durante el levantamiento y ha pedido mano dura contra los manifestantes acusados ​​de “quemas y saqueos'’, a pesar de que tales denuncias en muchos casos han sido inventos de la policía (de hecho, cinco informes separados han documentado violaciones de derechos humanos perpetradas por carabineros y casos de agentes provocadores infiltrados en las manifestaciones involucrados en actos vandálicos, incluida la destrucción del Hotel Principado). Como representante en la Cámara Baja, Boric aprobó la ‘ley anti-barricadas’ que criminaliza la protesta imponiendo penas de prisión de entre dos meses y cinco años a quienes ocupan espacios públicos o construyen barricadas. Más tarde se disculpó por respaldar la reforma, admitiendo que otorgaba más poder arbitrario a la policía y los jueces, pero se niega a apoyar los indultos para quienes han sido encarcelados a causa de ella.

Boric ha sido alabado y criticado por su actitud conciliadora hacia la derecha. Un mes después del levantamiento de 2019, fue uno de los líderes opositores invitados por el gobierno para negociar los términos del proceso constituyente. Una conversación que inició en un baño de hombres con el senador de extrema derecha Juan Antonio Coloma terminó quince horas después con un ‘acuerdo de paz social’ firmado a las dos de la madrugada. Este acuerdo estipulaba que se requería una mayoría cualificada de dos tercios en la Convención Constitucional para aprobar nuevos artículos constitucionales, dando poder de veto efectivo a los intereses de la élite, y creaba la obligación de respetar los tratados comerciales existentes. (Desde entonces, el presidente Piñera ha estado presionando al Congreso para acelerar la ratificación del TPP11,que obligaría al Estado a pagar multas abrumadoras a empresas privadas por nacionalizar los recursos naturales).

Tras su viraje hacia el centro-derecha, Boric se ha congraciado con la ex-Concertación e incluso con la coalición de gobierno, a la que implora unirse contra la amenaza del fascismo. Su nueva directora de campaña para las elecciones del 19 de diciembre, Izkia Siches, ha anunciado que el gobierno de Boric volvería a nombrar a la actual subsecretaria de Sanidad, Paula Daza (quien pidió una licencia sin sueldo para hacer campaña por Kast). Siches también dijo que considerarían incorporar al gabinete a otro candidato presidencial de derecha y ex ministro del gobierno Piñera, Sebastian Sichel. En consecuencia, esta alianza electoral solo puede formarse a costa de abandonar la lucha contra el modelo neoliberal y los partidos que lo han administrado durante tres décadas. Aunque la coalición de Boric es nominalmente antifascista, la decisión de su campaña de incorporar figuras como Daza, y su intención de otorgar más poder legal a la policía y los jueces, socava cualquier compromiso ostensible con la democracia. Si esta ‘Antifa’ neoliberal puede lograr algo, lo más probable es que sea una reconfiguración de las fuerzas del régimen, con el objetivo de implementar lo que Boric llama una ‘transformación responsable’ que eclipse las energías radicales desatadas en 2019.

Si bien se espera que el porcentaje de votos de Kast alcance el 40% en la próxima vuelta, dado que todos los partidos de derecha lo han respaldado, Boric cuenta con el apoyo de todos los partidos de la ex Concertación, aunque algunos líderes demócra-cristianos son escépticos. Parisi se ha negado a respaldar a Kast, pero hasta ahora guarda silencio sobre Boric. Sin embargo, la estrategia ‘Antifa’ parece estar dando resultados, y las encuestas sitúan a Boric entre 3 y 13 puntos por delante de su rival. A este ritmo, el socialdemócrata está preparado para ganar por un cómodo margen; aunque es inevitable un estancamiento legislativo ya que los partidos de derecha han conseguido la mitad de los escaños en ambas cámaras del Congreso.

Dado que se prevé que la nueva constitución sea ratificada en septiembre de 2022, Boric tendrá que comenzar a implementarla por decreto o retrasar su promulgación hasta que cambie la aritmética del Congreso. Si elige la segunda opción, provocará la indignación y una frustración generalizadas entre la clase trabajadora. Esto puede abrir la puerta a Kast, quien se beneficiaría de una mayor erosión de la confianza en la democracia liberal. Con un Congreso bloqueado y un presidente socialdemócrata que puede no estar dispuesto a gobernar por decreto para evitar que le llamen tirano, las perspectivas de transición a un nuevo orden sociopolítico parecen sombrías. Se ha vuelto a colocar la olla a presión sobre el fuego.

Si la esperanza es superar el miedo y la parálisis, se necesitarán nuevos mecanismos políticos para aflojar el control de las fuerzas reaccionarias y reformular radicalmente la Constitución. En los últimos meses, la Convención ha escuchado testimonios de organizaciones populares que exigen poder de decisión local y procedimientos democráticos directos para descentralizar el poder, proteger el medio ambiente y combatir la corrupción. Otorgar a los ciudadanos el derecho de iniciativa legislativa, derogar leyes corruptas, cancelar proyectos extractivistas y destituir a los representantes no solo permitiría transformaciones estructurales urgentes (como la derogación del sistema de pensiones ‘ahorrar para uno’), sino que también les marcaría un ritmo adecuado. El paso de un modelo neoliberal a uno socialdemócrata requiere un intenso trabajo legal y político, no detener las negociaciones y la inmovilidad política. Porque la verdad es que la ‘estabilidad’ que espera Boric será esquiva. Retrasar la aprobación de reformas socioeconómicas esenciales no evitará futuras erupciones de descontento popular: solo pondrá en peligro el frágil status quo al que están tan apegadas las clases dirigentes del régimen.