Que el evento tenía el sello de los movimientos indígenas se supo desde el principio, cuando verdaderas curanderas y médicas tradicionales celebraron una ceremonia antes de los trabajos, alejadas del folclore que ha permeado su uso oficial con otros fines, tiempos y lugares; ese perfil se mantuvo en el discurso de bienvenida que el indígena Pedro Albino, en nombre de los organizadores, dirigió a los asistentes, quien resaltó la importancia de reunirse tras la desmovilización que provocó la pandemia, en un momento en que los gobiernos desprecian y violan los derechos de nuestros pueblos, y donde se reviven viejos proyectos de despojo, violencia y muerte
. Después de ese mensaje, los presentes trajeron a la memoria los nombres de sus compañeros asesinados, desaparecidos, presos y perseguidos por gobiernos, caciques y grupos de poder, por defender sus derechos.
Durante los dos días de trabajo en plenarias y en mesas, se presentaron testimonios de las agresiones contra los pueblos para despojarlos de sus patrimonio. Hubo algunos desgarradores. Desde Campeche, por ejemplo, se expuso cómo los despachos contratados por Fonatur para convencer a los mayas que vendan sus tierras, en los casos que lo han logrado, se han coludido con personal de la Procuraduría Agraria y grupos delincuenciales para despojarlos de las indemnizaciones; por el norte se denunció la farsa de consulta que la Secretaría de Gobernación efectuó en Ahome, con la finalidad de simular que los habitantes apoyan la fábrica de amoniaco que se pretende instalar y que la mayoría de la gente rechaza porque destruiría los humedades y violenta los derechos de autonomía, territorio y desarrollo propio de los pueblos indígenas.
De la sierra negra de Puebla se denunció la agresión que caciques regionales y empresas mineras trasnacionales, coludidos con los diversos órdenes de gobierno, ejercen contra quienes se oponen a la explotación minera. Del Istmo de Tehuantepec las integrantes de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca que participaban en el foro, se manifestaron en defensa de la educación comunitaria, mientras otras mujeres denunciaban el hostigamiento del gobierno y delincuentes contra los defensores comunitarios, exigiendo que las demandas y necesidades de las istmeñas sean atendidas y dejen de impulsarse obras que sólo beneficiarán a las grandes empresas. Demandas de ese tipo presentaron los participantes de Chiapas, Guerrero, Morelos, Veracruz, Sonora y los representantes de las diversas regiones del país.
La denuncia que más se reiteró fue el acuerdo del Presidente de la República que otorga carácter de interés público y seguridad nacional a las obras del gobierno, lo cual no sólo facilita y acelera el otorgamiento de los permisos que tales obras requieren para su ejecución, sino también permitirán que las autoridades militares y policiacas puedan intervenir inmediatamente
cuando los inconformes con ellas recurran a la acción directa para detenerlas cuando violen sus derechos o destruyan su patrimonio, como algunos funcionarios han reconocido. Sobre la inconstitucional medida, que ya ha provocado la renuncia de funcionarios que no están dispuestos a acatarla, los foristas acordaron presentar amparos para combatirla. Sólo falta que la SCJN no declare, como en otros casos, que los pueblos no tienen facultades para defenderse de esa manera.
Mientras este foro se celebraba en el Istmo de Tehuantepec, en otras latitudes del país se efectuaban actos similares, donde se exhibían públicamente despojos perpetrados por el gobierno, caciques y empresarios nacionales y extranjeros contra los pueblos indígenas. Al parecer, los pueblos vuelven a la lucha para defender su existencia y su futuro. Después de dos años inmovilizados a causa de la pandemia, comienzan a actuar y mostrar su ira, decepción y descontento contra un gobierno que prometió cambios que modificaran su situación y lo que ven es la continuidad de las políticas neoliberales. Nuevos vientos comienzan a agitar el horizonte.