Juicios en Cuba a los presos por las protestas del 11 de julio

Por el derecho a la protesta.

Seis meses después de las protestas del 11 de julio, activistas y familiares de personas detenidas por manifestarse ese día han venido haciendo público que son sometidos a juicios sumarios y muchos de ellos podrían sufrir condenas de hasta 30 años de prisión. Las acusaciones van desde “actos vandálicos” hasta “sedición” que es una de las más graves. Entre los detenidos hay muchos menores de edad.

A comienzos de la semana pasada, el 11 de enero, dieron inicio tres juicios para un total de 57 personas, entre ellas 14 adolescentes, que participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio. Procesos que empezaron a llevarse a cabo en La Habana, la provincial central Santa Clara y la oriental Holguín.

Este lunes 17 de enero se difundió que se iniciaron otros juicios para un total de 45 personas, entre ellas dos menores de edad, comenzaban a ser juzgadas en relación con las protestas de julio, según datos recopilados por activistas del colectivo Justicia 11J, que de manera voluntaria recopilar toda la información posible a través de un relevamiento sistemático de los detenidos y un seguimiento de las familias.

Estos juicios de enero se suman a otros que fueron realizados entre julio, octubre y diciembre en los que las condenas variaron desde multas hasta dictámenes entre 14 y 30 años de cárcel. Solo en las últimas dos semanas de diciembre unas 150 personas fueron llevadas a juicio con causas asociadas a las protestas del 11 de julio.

Desde esa histórica jornada de movilizaciones, se ha producido un profundo giro represivo por parte del gobierno de Miguel Díaz-Canel que detuvo violentamente a alrededor de 1300 manifestantes (durante las protestas y en los días posteriores), 800 de los cuales siguen en prisión sin juicio.

De acuerdo a Justicia 11J, los tres juicios anunciados este 17 de enero, se empezaron a celebrar en Mayabeque y La Habana, que para algunos de los acusados se solicitan hasta 20 años de cárcel. La Fiscalía imputa a estas personas por diversos delitos, como “desórdenes públicos, desacato, resistencia, atentado, ultraje a los símbolos de la patria” y, en el caso de las penas mayores, están acusados de sedición.

El mayor de los procesos es el que tiene lugar en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre de La Habana, donde se juzga hasta el viernes en una causa común a 23 personas con peticiones de hasta 20 años de prisión. En este juicio los activistas han detectado que dos de los acusados tienen 17 años. Para ambos pide la fiscalía 15 años de cárcel. En la provincia occidental de Mayabeque tienen lugar esta semana dos juicios, ambos en el Tribunal Municipal de San José de las Lajas. En el primero, entre este lunes y el miércoles, 15 personas se enfrentan a hasta 14 años de cárcel; en el segundo, el jueves, 7 personas afrontan penas de hasta 15 años.

En el llamado público a ser firmado “Justicia para los manifestantes del 11J”, Justicia11J declara que “La práctica represiva y la violación de los derechos más elementales se ha agudizado en los últimos meses, a raíz de la crisis sistémica que atraviesa el país. La emergencia sanitaria y social desencadenó el pasado 11 de julio una manifestación general de carácter pacífico que, a su vez, tuvo como respuesta gubernamental la más grande ola represiva reportada en el país durante las dos últimas décadas.”

A raíz de esta situación desde La Izquierda Diario conversamos este 18 de enero con la joven periodista Lisbeth Moya González vía telefónica, quien nos comunicaba que “con respecto al tema de los juicios es difícil dar información porque el Gobierno no está siendo transparente. Sabemos que las personas detenidas están siendo juzgadas paulatinamente y que están siendo condenadas desde un año hasta 30 años. Llama mucho la atención que se están utilizando cargos como sedición para acusarlas, un cargo por el cual se pide muchísimos años de prisión que pueden ir desde 15, 25 y hasta 30 años. También están los cargos de desorden público y de atentados. Es de recalcar que hay menores de edad que están siendo juzgados, desde 15 a 17 años que están siendo juzgados con severidad. Y una gran mayoría son personas muy jóvenes de unos veinte y tantos años que están siendo condenadas a altas penas”.

Además enfatiza la joven periodista, que también es escritora, que “Hay muchos casos muy complejos, por ejemplo, hay una madre que tiene a sus tres hijos presos, es un caso de La Güinera que es un barrio donde las protestas fueron fuertes, y las condenas a esas personas están siendo bastante elevadas. Está el caso del muchacho Walnier Luis Aguilar Rivera, de 21 años, que tiene problemas mentales, y su padre no ha podido presentar esas pruebas porque no se lo permitieron y lo condenaron a 23 años de cárcel. El caso del joven músico y poeta Abel Lescay, quien tras manifestarse en la ciudad de Bejucal fue arrestado durante la noche en su casa. Este proceso es particular, porque fue conducido a la estación de policía desnudo y sufrió Covid 19 durante el arresto. “

Las autoridades judiciales cubanas no acostumbran a informar sobre los procesos legales, sobre los que tampoco reportan los medios oficiales. Los juicios no son públicos y no hay información al respecto por falta de transparencia y en muchos casos los abogados no tienen acceso al proceso, de acuerdo a las denuncias de activistas. “El Gobierno no da información y no existe transparencia. Existen muchas denuncias de los familiares que cuando hacen público lo que está sucediendo con sus allegados son acosados por la Seguridad del Estado, además de decirles que no pueden hablar con medios alternativos ni denunciar de ninguna manera porque será peor para ellos. En ciertos casos llegan a meterles miedo al punto de decirles que pueden perder el trabajo y sufren represalias. Además hay que señalar que los abogados no están teniendo acceso a los expedientes de manera regular, hay problemas con los testigos pues según testimonios de algunos familiares son traídos por la Fiscalía, y en el caso de las personas más desconocidas se les ha juzgado sin abogados”, recalca Moya González.

El discurso del gobierno cubano a través de las autoridades judiciales argumenta que “cumplen estrictamente los instrumentos internacionales”, niegan que se trata de procesos políticos y subrayan que juzgan sólo delitos “violentos y actos de vandalismo”. Así lo afirma el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio, cuando hizo una referencia indirecta el lunes 17 de enero a los procesos en la apertura del año judicial al asegurar que, pese a la pandemia, la Justicia cubana ha podido seguir enjuiciando a quienes “cometieron hechos vandálicos, agresiones violentas contra autoridades y funcionarios, y otros graves actos delictivos”. Afirmaciones que no se sostienen ya que las personas son implicadas por los hechos de las manifestaciones del 11 de julio que fue reprimida por el Gobierno, y son condenadas por ejercer el derecho a manifestación y asociación, pero los tratan como delincuentes comunes en la jerga oficial.

El presidente Miguel Díaz-Canel asegura que los cubanos “pueden manifestarse libremente”, cuando los hechos y la realidad demuestra todo lo contrario, tal como se vio el propio 11 de Julio. Así lo denuncia Lisbeth Moya: “En Cuba el gobierno se empeña en decir que en el país no hay presos políticos, pero todas las personas que participaron el 11 de julio por definición son presos políticos. Se empeñan en negarlo para que no haya una visión hacia afuera del país de que hay personas que están en desacuerdo con el gobierno, pero todas las personas que se manifestaron están en desacuerdo con el gobierno, y las personas que están presas ahora mismo están en desacuerdo con el gobierno y están siendo juzgadas por un derecho político que es el derecho a manifestación”.

La escritora y periodista cubana Lisbeth Moya González en un artículo que escribiera de llamamiento a la solidaridad de los presos por protestar del 11 de julio, y publicado en La Izquierda Diario, relata que “Hasta el día de hoy [primeros días de diciembre] el grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos de la plataforma de la sociedad civil cubana Justicia 11J ha documentado 1271 detenciones en relación con el estallido social del 11J. De estas personas al menos 659 siguen en detención. Se ha verificado que 42 han sido condenadas a privación de libertad en juicios sumarios y 8 en juicios ordinarios. Ya se conoce la petición fiscal de 269 personas que esperan entre 1 y 30 años de sanción. La figura de sedición ha sido utilizada para imponer sanciones al menos 122 personas, según informa dicha plataforma que se ha encargado de contabilizar y sacar a la luz la situación de los involucrados, debido a que no existen cifras oficiales disponibles.”

Para el mes de enero, y con datos más actualizados hasta esa fecha, el Colectivo Justicia11J destacaba que “ininterrumpidamente hemos puesto a disposición pública información sobre los casos, gracias a los reportes de familiares y amigos, y de las mismas personas detenidas. A pesar de la negación de tal escenario por parte del gobierno, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la República, nuestro trabajo colaborativo ha podido dar cuenta de, al menos, 1339 personas detenidas o desaparecidas (entre ellos, hay 45 menores de 18 años), así como informaciones y estadísticas, todo ello accesible y transparentado en el siguiente enlace: Listado de personas detenidas y desaparecidas 11J”. Estadísticas que se sabe que son incompletas pues hay muchos más casos que no se conocen, porque no solo fue el 11 de julio cuando apresaron personas también lo hicieron en los días siguientes cuando iban apareciendo en los videos y la seguridad del Estado iba a sus casas a buscarlos.

Por ello el Colectivo Justicia11J en el Llamamiento que hacen para que sea firmado exigen al Gobierno “Información relativa al número de personas que han sido detenidas desde el 11 de julio, como consecuencia de las protestas en todo el país. Ello incluye el desglose por género o sexo del número de personas que, hasta la fecha, han sido puestas en libertad, las que permanecen bajo custodia del Estado y en proceso de investigación; así como la ubicación específica de los centros de reclusión donde se encuentran detenidas, y el desglose por cárcel u otro lugar de detención en diferentes puntos del país”.

Recalquemos que el pasado 11 de julio se produjeron en Cuba las mayores protestas antigubernamentales en décadas, unas manifestaciones espontáneas y masivas ligadas a la grave crisis económica que atraviesa el país y las políticas de la burocracia gobernante como fue el plan de ajuste y apertura económica Tarea Ordenamiento. Lisbeth Moya enfatiza que “El 11 de julio fue el punto más álgido de la represión al disenso en Cuba. Históricamente existía el acoso sistemático de los Órganos de la seguridad del estado a quienes disentían a lo largo y ancho del espectro político; existían también casos de expulsiones de centros de estudio o trabajo por cuestiones ideológicas y muchas otras manifestaciones por el estilo. No obstante, el 11 de julio la represión fue ejercida en el cuerpo de los manifestantes.”

En este sentido los juicios que han comenzado en Cuba, el hermetismo con los que se llevan adelante y las condenas de hasta 30 años, son un mecanismo aleccionador de parte del Gobierno en la búsqueda de amedrentar a los manifestantes que como el 11 de julio de 2021 salieron a las calles contra una situación social y económica insostenible.

Milton D’LeónCaracas / @MiltonDLeon

Miércoles 19 de enero