Especial para Contrahegemonía

22 de enero, 2022

El nombramiento del gabinete del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, ha sido recibido con entusiasmo por las corrientes progresistas y de centroizquierda de la región. Se señala el predominio de mujeres en los ministerios –14 mujeres sobre 10 hombres por primera vez en Chile– lo que le da –de acuerdo a esas miradas– un perfil feminista e innovador. Se remarca el peso en este ministerio de sus viejes compañeres de lucha en aquella rebelión estudiantil que sacudió Chile, como Giorgio Jackson y Camila Vallejos, en las importantes Secretaria General de la Presidencia y la Secretaria General de Gobierno respectivamente, ambas con rango ministerial. La presencia de una nieta del recordado  presidente Salvador Allende, Maya Fernández Allende, en el Ministerio de Defensa contribuye a potenciar ese perfil.

En la Argentina, el editorialista del diario Página 12, Luis Bruschtein, imagina un polo entre López Obrador, Boric, el posible retorno de Lula en Brasil y el gobierno de Alberto Fernández como un cambio en las relaciones de fuerza en la región que, entre otras cosas, puede fortalecer la posición del gobierno Argentino en las negociaciones con el FMI. A su vez, la juventud del presidente más joven de Chile, su lenguaje afín a figuras de mucho peso simbólico en Chile y su preocupación, al menos discursiva, por el medio ambiente refuerza esa mirada. Sin duda, haberse enfrentado a la candidatura del ultraderechista José Antonio Kast, triunfando con más del 55% de los votos frente al 44% de las fuerzas filopinochetistas, contribuyen a la innegable popularidad del nuevo presidente que asumirá en Marzo, tanto en su país como en la región.

Sin embargo, otras lecturas muestran signos de preocupación y observan un retroceso al analizar la danza de nombres que conforman el gabinete.

Si recordamos que a la alianza que ganó la presidencia, Apruebo Dignidad, la componen el Frente Amplio –integrado a su vez por distintas corrientes, entre ellas la del propio Boric, Convergencia Social– y el Partido Comunista, un ganador indudable han sido las fuerzas de la exconcertación. En particular, el Partido Socialista ha obtenido ni más ni menos que 4 ministerios con referencias ligadas a los gobiernos anteriores de la Concertación que, presentándose como de centroizquierda, mantuvieron casi sin modificaciones las transformaciones estructurales del pinochetismo y también fueron repudiados por la rebelión popular del 2019.

El nombramiento en Hacienda de Mario Marcel, Doctor en Economía, exfuncionario del Banco Mundial, que asumió la dirección del Banco Central con Bachelet y  se mantuvo en el gobierno de Sebastián Piñera, es un ejemplo claro de  continuismo. No casualmente ese nombramiento en particular ha sido saludado con entusiasmo por gran parte del empresariado, y las primeras reacciones con la suba de la bolsa hablan del beneplácito del poder económico real.

La nueva Ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, aumenta las preocupaciones. Sus lazos con grandes empresas mineras y su postura afín a las posiciones de los Estados Unidos en su paso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mostrando escasa preocupación por la brutal represión implementada por Piñera en su propio país, no auguran un perfil siquiera progresista. Es bueno recordar que la CIDH aún no ha entregado su informe de la visita a Chile en Febrero de 2020. De nuevo, se evidencia un continuismo con el esquema de poder que produjo el Chile brutalmente desigual contra el que se alzó gran parte del pueblo chileno.

El discurso de un supuesto nuevo bloque progresista en la región pasa rápidamente por alto un escenario de crisis sistémica altamente imprevisible agudizada por la pandemia, sin un alza sostenida de los precios de las materias primas y con la ralentización del crecimiento chino. En este marco, el regreso –o aparición, como en Perú– de gobiernos de tinte progresistas, lejos de retornar envueltos en un aura de mayor radicalidad, lo hacen en un tono mucho más conservador que en el ciclo anterior. El gobierno de Fernández, la moderación del gobierno de Castillo, el creciente peso de proyectos extractivistas en sus planes económicos o la posible búsqueda de alianzas de Lula con figuras como la del derechista Gerardo Alckmin, son indicadores estructurales de que una cosa son los deseos de sectores de la militancia y de la población y otra muy distinta las limitaciones estructurales y simbólicas de las fuerzas progresistas.

Retomando el caso chileno, el propio hecho de que el Partido Comunista, la fuerza con mayor militancia y estructura de Apruebo Dignidad, tenga en el reparto sólo 4 ministerios también puede ser leído en clave de señal de apaciguamiento para el poder económico.

El análisis de la danza de nombres podría seguir, pero una pregunta clave a hacerse, mucho más importante, es el grado de movilización y presión que puede ejercer el movimiento popular sobre el nuevo gobierno. Esto es esencial para evitar que ceda ante las seguras presiones de la derecha e impida el fácil tránsito a una reedición de la vieja Concertación o lo que fue Nueva Mayoría, coalición gobernante que también incluyó la participación del Partido Comunista. De todas formas, nada de eso puede confundirse con la posibilidad de cambiar estructuralmente la naturaleza del nuevo gobierno. Reflexionar sobre la permanencia y fortaleza de las fuerzas que impulsaron por abajo la rebelión y sacudieron las estructuras del país modelo del neoliberalismo para toda la región, es central para pensar lo que vendrá.

Tres situaciones marcarán rápidamente el camino del gobierno –para no hablar de lo que sucederá en el mediano plazo con el regresivo sistema de pensiones, el mercantilizado sistema educativo y los proyectos extractivistas– y la capacidad de movilización de los movimientos sociales. En primer lugar, lo que acontecerá con la Convención Constituyente, sobre todo si esta aprueba modificaciones que afecten en alguna medida considerable el poder vigente. En segundo lugar, qué sucederá con la resistencia mapuche y la militarización a cargo de las Fuerzas Armadas en las provincias de Biobío y Arauco –región de Biobío– junto a las de Cautín y Malleco –La Araucania. Si esto se modifica rápidamente o continúa el accionar ultrarepresivo sobre la nación mapuche, dirá mucho más que discursos en mapundungun, lengua hablada por el pueblo mapuche. En tercer lugar, y no por ello menos importante, es clave observar si al asumir en marzo se dictará o no una inmediata amnistía para todes les preses políticos y judicializades por la represión, sin medias tintas y conciliaciones. Esa actitud expresará más que mil palabras y nombres a cargo de ministerios. Mientras tanto, el nivel de organización autónoma de las fuerzas populares por abajo sigue siendo el camino estratégico a apoyar e incentivar.  La historia de Chile es enormemente rica al respecto.