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Criminalización de los pueblos indígenas
La criminalización de los pueblos indígenas que se oponen a las políticas del actual gobierno federal es lo que está detrás de la denuncia que el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, antes compañero de quienes ahora persigue, interpuso ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por la toma del inmueble en el que despachaba, ejecutada hace 15 meses por la comunidad otomí residente en esta ciudad.
Regino Montes acusa la comunidad otomí, miente
al declarar que no se ha permitido el ingreso de personal especializado para el cuidado del Acervo de Arte Indígena que se mantiene en el edificio y, nuevamente, lo llaman al diálogo para dirimir las causas por las que el 12 de octubre de 2020 decidieron ocupar las instalaciones ubicadas en la alcaldía Coyoacán.
*La propuesta es clara: realizar una serie de mesas de diálogo el próximo 4 de febrero en las que se analice, además del resguardo del Acervo de Arte Indígena, las problemáticas medulares que siguen pendientes: salud y alimentación; trabajo y justicia; educación y cultura (en esta mesa se abordaría el tema del Acervo de Arte Indígena); vivienda y derecho a la ciudad; agua, luz, drenaje, pavimentación, escuelas, mercado de artesanías, saqueo del agua y toma del pozo en Santiago Mexquititlán; democracia y libertad, y megaproyectos y resistencia de los pueblos.
La fórmula de anunciar las denuncias penales antes de una posible acción de desalojo ha sido la constante en relación con los pueblos indígenas, quienes en diferentes partes del país están enfrentando a la Guardia Nacional, al ejército y a las policías locales; también la cárcel, la desaparición y la muerte de las y los defensores del territorio.
El encargado del INPI muestra, 15 meses después, su preocupación por el acervo de arte, que si bien es importante, lo es también el estado actual de los pueblos, naciones y tribus que defienden la tierra, el agua, los bosques, el aire y el subsuelo. Y, en esta ciudad, su derecho a una vida digna.
Por lo pronto, las cajas de mezcal y de whisky que se encontraban en su oficina están a buen resguardo, pues en la toma hay ley seca. Algo se puso en venta pública para la manutención del edificio.