Imprimir
Enviar
El presidente envió los proyectos de ley para las sesiones extraordinarias del Congreso. Ratificó la profundización de actividades impulsadas por corporaciones del agro y el litio, y no incluyó los proyectos de acceso a la tierra para productores familiares ni la protección de los humedales. Silencios cómplices, derechos humanos selectivos y un Ministerio de Ambiente al servicio del modelo extractivo.
“Quiero ser el presidente que escucha, el del diálogo y convocarlos a que si alguna vez sienten que me desvío en el compromiso que hoy asumo, salgan a la calle a recordarme lo que estoy haciendo”, pidió Alberto Fernández en su discurso de asunción, el 10 de diciembre de 2019.
Masivas marchas en Mendoza en 2019, en Chubut en 2020 y en 2021, acampes frente al Congreso Nacional durante el año pasado y las movilizaciones en Mar del Plata en el inicio de este 2022 son algunos de los ejemplos de poblaciones y organizaciones en la calle, que —con gran conocimiento y experiencia sobre sus hombros— ratifican que el extractivismo no contribuye al desarrollo del país y que, incluso, es una de las claves para la dependencia, el atraso y la pobreza.
Lejos de escuchar, el gobierno nacional insiste en la vía extractiva para “salir de la crisis”.
El llamado a sesiones extraordinarias ratifica el intento de profundización del modelo de agronegocio y la megaminería de litio. Los nombres de los proyectos son una muestra de cinismo: “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo,Sustentable y Exportador” y “Promoción de la Electromovilidad”. En ambos casos, se trata de políticas para facilitar el avance del modelo transgénico y la falsa “transición energética” (con el trasfondo de la explotación de salares en Jujuy, Salta y Catamarca).
Como muestra de la alianza establecida, el proyecto del agronegocio está impulsado por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), un espacio nacido en 2020, que reúne a casi la totalidad del sector empresario del agronegocio: todas las grandes empresas de transgénicos y agrotóxicos (representadas en las cámaras corporativas Casafe, Asociación de Semilleras Argentina y Acsoja), las Bolsas de Cereales (de Rosario, Buenos Aires y Córdoba, entre otras), la Cámara de Biocombustibles (Carbio), la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), el Centro de Exportadores de Cereales y la Cámara de Puertos Privados, entre otros.
Por contraposición, el gobierno nacional volvió a dejar de lado dos proyectos de ley imprescindibles para los sectores populares del campo y de quienes padecen el extractivismo: los proyectos de acceso a la tierra para productores familiares y la protección de humedales.
Aunque en Argentina el 1 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla el 36 por ciento de la tierra (mientras que el 55 por ciento de las chacras —las más pequeñas— tiene solo el dos por ciento de la tierra), ningún Gobierno se anima a dar ese debate. Por otro lado, durante el 2020 y sólo en el Delta del Paraná, se incendiaron 300.000 hectáreas. Como sucedió con el gobierno de Mauricio Macri, Alberto Fernández decidió que el tema no se debate en el Congreso Nacional. Un nuevo triunfo para el lobby del agro y de las mineras de litio, sectores que explotan (y arrasan) los humedales.
Derechos Humanos, complicidades y silencios frente al extractivismo
Hijo de desaparecidos, siempre atento para denunciar la violación de derechos humanos de la dictadura cívico-militar, Juan Cabandié será recordado como el ministro de Ambiente que avaló (y defendió) el avance petrolero en el Mar Argentino. Tan insólito como imaginar que un Ministro de Salud que justifique a la industria tabacalera.
El ministro Cabandié, en el programa «Fuego Amigo» de Canal 9, sinceró la relación entre extractivismo, deuda externa y Fondo Monetario Internacional: “Queremos canjear deuda por acción ambiental. Porque conseguir dólares, para el vencimiento de deuda, no podemos hacerlo sin contaminar”.
El extractivismo y la violación de derechos humanos están directamente relacionados. Las represiones en Chubut y Catamarca, y la violencia (incluidos asesinatos) contra pueblos originarios y campesinos son solo algunos ejemplos. Pero los derechos humanos selectivos le calzan bien al Gobierno y a los sectores progresistas que lo apoyan.
los derechos humanos selectivos le calzan bien al Gobierno y a los sectores progresistas que lo apoyan.
En el accionar extractivo, el peronismo gobernante actúa de idéntica forma a lo que hizo (y podría seguir haciendo) el macrismo o cualquier otro gobierno neoliberal. No hay grieta en el apoyar al agronegocio, la megaminería y la explotación petrolera. Tampoco hay grieta en los grandes medios de comunicación, que cuentan con generosa pauta de empresas y de las arcas estatales.
*“Esas criticas le hacen el juego a la derecha”, se escuchó en reiteradas oportunidades durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, mientras la presidenta se reunía con Barrick Gold, firmaba acuerdos con Chevrón y celebraba nuevas fábricas de Monsanto. Días en los que algunas organizaciones campesinas e indígenas, con larga trayectoria de lucha, se transformaron en aplaudidoras del gobierno de entonces. Volvieron recién a las calles durante la gestión de Mauricio Macri y retomaron el silencio con Alberto Fernández.
Es difícil encontrarlos en marchas y reclamos, es más fácil ubicarlos en despachos oficiales, incluso con referentes de antaño hoy transformados en funcionarios en Secretarías y Direcciones del gobierno nacional. Aún si tuvieran buenas intenciones (en esos cargos de gobierno), no se puede ocultar que desde esas funciones de gobierno se administra la pobreza y no se gestan las transformaciones estructurales que necesitan los sectores populares.
Mientras un Gobierno que se dice “nacional y popular” avanza con la explotación de los bienes comunes, no se entiende el silencio de las organizaciones que sufren esas actividades en su territorios y en sus cuerpos. Luego de tres décadas de extractivismo neoliberal y una pobreza del 40 por ciento, ya no es necesario discutir quién le “hace el juego de la derecha”: se trata de no ser cómplices de políticas de Estado que profundizan la pobreza, la contaminación y la violación de los derechos humanos.