NIcaragua y Honduras: El abrazo de los dos caudillos

JOH y DOS, el abrazo de los caudillos 
Jimmy J. Gómez Rivera
27 Ene 2021 

Una breve situación de Honduras

​

A pesar de la cercanía que tiene Nicaragua con Honduras, la población en general tiene poco conocimiento de las realidades que se viven en aquel país, como hasta hace muy poco años se conoce más sobre la buena relación que Ortega construyó y sostuvo con Juan Orlando Hernández, por estos años.

​

Para empezar, es importante establecer que la situación de Honduras, como todos los países de la región, ha vivido ciclos intercalados de guerras, dictaduras y golpes de Estado, incluso entre los propios sectores militares y económicos. Tuvo un momento de relativa calma después de sucesivos gobiernos militares, que aplastaron cualquier tipo de disidencia logrando el establecimiento sólido de la hegemonía de las oligarquías y de los partidos tradicionales.

​

Así se instaló una máscara democrática, que permitió una sucesión de gobiernos, que sostuvo los privilegios de las élites económicas, políticas y militares, bajo un sistema de dominación y exclusión. Esta máscara se quebró con el golpe de Estado el 28 de junio de 2009, donde se mostró el verdadero rostro del poder que controla Honduras, que no ha dudado de usar la violencia en contra de los pueblos originarios, campesinos, estudiantes, feministas, activistas de DDHH, sectores LGTBIQ, periodistas y defensores de la tierra, por lo que Global Witness, calificó a Honduras entre los países más mortíferos para los defensores de la tierra, el medioambiente y los derechos humanos.

​

El golpe de Estado en Honduras también fue un hito para toda Centroamérica que abrió la posibilidad  de maniobras a los sectores autoritarios y dictatoriales, así inició   un nuevo ciclo de autoritarismo y violencia sistemática de manera abierta. Esto fue posible gracias a la gestión y apoyo vergonzoso al golpe, donde buena parte de la comunidad internacional actuó desde el doble rasero, sin importarle los derechos humanos, la democracia y la justicia, que marcó el ritmo de la OEA, que aunque obligada a aplicar el artículo 21 de la carta democrática y suspender a Honduras, apuntó a una salida con impunidad, que garantizara la sobrevivencia de los poderes fácticos detrás del golpe, con una restauración formal a través de “elecciones”, que dejaron amplios márgenes para el fraude. Eso no impidió el reconocimiento de la OEA, a pesar de que su propia misión electoral no avaló ese  proceso electoral. 

​

También dejó en evidencia el grado de permisividad y complicidad de la secretaría general de la OEA, que incluyó el debilitamiento de la “Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras” (MACCIH), cuando sus investigaciones comenzaron a tocar los intereses de los grandes grupos económicos y políticos.

​

También evidenció la inacción de la comunidad internacional, ante la enorme cantidad de asesinatos, desapariciones, criminalización, exilio y persecución a los que fueron sometidas las personas activistas de derechos humanos, defensoras de la tierra y los bienes comunes, la comunidad LGTBIQ.  Con el silencio cómplice de los medios de comunicación internacional, que solo fue roto por el asesinato de Berta Cáceres, pero que no se tradujó en la ruptura de la impunidad.

​

Todo esto dejó instalado un ambiente propició para abrir este ciclo de violencia abierta, autoritarismo, dictadura y corrupción, que hoy se vive en la región centroamericana.

 

Las colaboraciones Ortega-JOH

​

Desde acá haremos un punteo de repaso de varios casos donde se refleja la colaboración de Ortega con JOH, que a su vez es una relación con las élites que los sostienen.

​

Ortega en el marco de las relaciones establecidas con el ALBA comienza a sostener relaciones con el presidente Zelaya, que luego le permitieron tener un papel en la gestión del conflicto producto del golpe de Estado. Allí ya podemos identificar el papel dual de Ortega, una cara pública denunciando el golpe, pero por otro lado también  conteniendo las respuestas frente a este. De hecho, es conocido por muchos activistas nicaragüenses que se volcaron de manera autoconvocada a apoyar a los y las exiliados que cruzaban la fronteras de Honduras hacia Nicaragua, que el gobierno trató de impedir inicialmente ese apoyo, que ya no pudo contener por el desborde del acuerpamiento popular y por la insistencia de los países del Alba.

​

Más revelador de esta dualidad son las comunicaciones del embajador estadounidense en Managua con el canciller Samuel Santos, filtrados por WikiLeaks (21 de agosto del 2009). En estos Santos deja claro la posición de Ortega: “Reducir las tensiones y alentar a Zelaya a evitar enfrentamientos”, presionar a los “…países del ALBA para que le den a EE.UU. más espacio y tiempo para abordar una resolución de la situación, incluso con Hugo Chávez de Venezuela”, “presionado a Zelaya para que se aleje de la frontera entre Nicaragua y Honduras, ingrese al circuito diplomático y ha tomado medidas para reabrir los pasos fronterizos y volver a asegurar el área fronteriza”. Asimismo, aseguraba que aunque públicamente no iba a mostrar apoyo al Plan Arias, pero que a nivel privado se iba a trabajar para que Zelaya y los países del ALBA lo aceptarán. El embajador estadounidense valoraba en su nota que parecía “claro que Ortega se ha cansado de Zelaya y preferiría que se limitaran sus actividades y tiempo en Nicaragua”.

​

En el mismo contexto del golpe, se realizó un encuentro de empresarios hondureños con Nicaragua, donde uno de los personajes de la gran empresa privada, detrás del golpe, elogió junto a los Pellas, el ejemplo de la relación empresa con el gobierno que se daba en Nicaragua.

​

Estas jugadas de doble cara ya daban puntos a Ortega con sectores de los partidos tradicionales hondureños, pero la movida que lo acercara más, fue el reconocimiento de Juan Orlando Hernández, en las elecciones de 2013. Las cuales tenían grandes vicios y reclamos, pero a pesar de esto, Ortega fue el primer presidente que reconocía a Juan Orlando, allanando el camino para que otros lo hicieran. La misma situación pasó en el 2017, pero de manera más discreta, donde el fraude fue mayor, pero terminó de ser reconocido como presidente por la OEA, a pesar de que el propio informe de la observación electoral de este organismo recomendaba volver a repetirlas, porque no daban garantías de legitimidad.

Otro espaldarazo de Ortega a Juan Orlando, ocurrió en relación al asesinato de Berta Cáceres, donde a través de un comunicado muestra su total apoyo, siendo el destinatario de la carta de solidaridad JOH, quien representa los intereses de los grupos económicos, políticos y mediáticos, contra los cuales luchaba Cáceres. Por otro lado, daba por válida la tesis que todo es asunto de seguridad por la delincuencia común, que en ese momento era la excusa que pretendía usar, hablando como que JOH honradamente trabaja para hacer un país seguro, para que no pase esto.

​

En relaciones con JOH, han incluido el seguimiento y vigilancia de activistas sociales hondureños, como el caso de algunos colectivos que les pusieron trabas y fueron acosados, como de activistas sociales hondureños, cuyos expedientes estaban en manos de la policía nicaragüense, incluyendo arrestos. Asimismo, después de los sucesos de abril 2018, algunos exiliados nicaragüenses fueron hostigados por las autoridades hondureñas y obligados a renunciar a la petición de asilo.

​

Esta colaboración entre Ortega y JOH, no solamente se ha quedado en los aspectos políticos, también convergen intereses económicos. De hecho, con el gobierno de Ortega, los clanes económicos de Honduras también hicieron presencia con establecimiento de gasolineras UNO de Nasser Selman, como de FICOHSA de los Atala, grupos que también le daban el apoyo político a JOH.

​

Ambos regímenes comparten un modelo de acumulación por desposesión que implica la expropiación de los bienes comunes y los territorios. En esta coincidencia, sus intereses han empalmado en relación a la creación de espacios territoriales para las transnacionales, dentro de la lógica de las “Zona de Empleo y Desarrollo Económico” (ZEDES), en común acuerdo con las cámaras empresariales de ambos países, y en algún momento El Salvador, como es el caso de la zona del golfo de Fonseca. Donde han ido construyendo una cartera de posibles proyectos para buscar financiamientos internacionales, con apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). En el marco de esto, se incluye el Tratado Integracionista del Bicentenario, firmado con Ortega en octubre del 2021, que trataba de dejar amarrado este proceso, antes de la salida del gobierno de JOH, que al final no logró los votos correspondientes al final de su legislatura.

​

Asimismo, junto con el BCIE, han explorado otras fuentes de financiamiento conjunto, en relación a la economía verde, buscando acceder al Fondo Verde para el Clima, en un momento donde la dictadura de Ortega busca diversificar sus fuentes por la crisis sociopolítica y de derechos humanos que vive desde el 2018.

​

Por otro lado, tal como lo expresaba una investigación de Expediente Público, Honduras también está siendo destino de los capitales de Ortega. A partir de las sanciones individuales, con el cierre de los negocios en Nicaragua y El Salvador, José Francisco “Chico” López se trasladó a este país, para la creación de varios negocios, con el apoyo de personajes ligados a los negocios de la familia de JOH, como Gerardo Arcángel Meraz.

​

Con la captura y condena del exdiputado Tony Hernández en EEUU, los une también la necesidad de aliados para asegurarse la impunidad, especialmente en este momento que JOH sale de la presidencia, Nicaragua podría servirle de refugio.

​

Hay otro elemento compartido entre ambos personajes, al ser funcionales al sistema de acumulación por desposesión que puso en marcha los tratados de libre comercio, han tenido una respuesta bastante timorata y ambigua de parte de la comunidad internacional, como es el caso de la misma OEA. Con Honduras, el doble rasero, ayudó a tapar que en ese país existía un modelo dictatorial sangriento y corrupto, que incluso se le permitió continuar a pesar de los fraudes ampliamente documentados como las violaciones a los derechos humanos cometidos.

​

Dentro de los puntos de coincidencia de JOH con Ortega están también sus concepciones políticas, que están ocultas debajo de la capa retórica anti-comunista del primero, y de las “socialistas” de Ortega, como también de sus inscripciones en diferentes bloques geopolíticos, que en la práctica no impidieron establecer y profundizar lazos, porque precisamente esta matriz política compartida lo trascendió.

​

Políticamente ambos son producto de una continuidad histórica del caudillismo centroamericano, la visión del país como una hacienda de la encomienda, donde sus pobladores son siervos y que pueden ser vendidos junto a los bienes comunes, el uso de la violencia y el militarismo como mecanismo de control, la subordinación de todos los poderes del Estado. En su lógica de mercado extractivista y entreguista coinciden plenamente, solo hay que ver la similitud de sus dos megaproyectos, las ZEDES y la concesión del canal interoceánico, que dejan ver una continuidad de la lógica de las repúblicas bananeras y la economía de enclave, sometidas al capitalismo transnacional. Son profundamente conservadores, apuntando a mantener el privilegio patriarcal, clasista y racista.

​

“Transición” en Honduras

​

Honduras ha demostrado que una salida pactada, con impunidad y que mantiene las estructuras de dominación estables, donde no se tocan las instituciones que representan los intereses fácticos, compuestos por la oligarquía hondureña y la jerarquía militar, son transiciones falsas e insostenibles. La misma salida se ha buscado para Nicaragua, una transición pactada, que a cambio de elecciones asegure la impunidad del régimen.

​

Tanto Nicaragua como Honduras evidencian el actuar del capitalismo transnacional en alianza con las élites locales y su violenta colonización de los territorios (a través de la minería, la palma africana, el maní, la caña, la economía verde) que implementan un modelo de acumulación por desposesión que pugna por controlar todos los bienes comunes y los servicios públicos, donde el empleo sistemático de la violencia es parte de la estrategia de apropiación. En una región altamente desigual, donde los acuerdos de paz y las promesas desarrollistas de los años noventa jamás se tradujeron en transformaciones sociales que permitieran la justicia social, la no corrupción, el fin de los privilegios de las élites, sino más bien profundizaron un modelo corrupto, extractivista, violento y excluyente.

​

En ambos países, es necesario el fortalecimiento de la organización popular para la construcción de un sujeto político que ponga en el centro la lucha y la defensa de la democracia, la justicia transformativa, la equidad, la no impunidad y que tenga una alta autonomía frente a la clase político-partidaria, como garantía para presionar y lograr una necesaria refundación.

———————————————————–