Transformaciones institucionales
Raúl Prada Alcoreza
La crisis del proceso
Antes una anotación sobre el concepto de proceso, prosessus, en latín, que significa ir adelante, hacia un fin, comprendiendo el transcurso del tiempo, fases sucesivas; hay en la idea de proceso un presupuesto acumulativo, también evolutivo, incluso de transformación. Está claro que el concepto contiene el sentido teleológico, de encaminarse a un fin, y de alguna manera que todos los componentes del proceso están articulados, no necesariamente como una unidad, empero sí afectando simultáneamente una dirección, una orientación. También puede entenderse el proceso como una producción, usando la metáfora del proceso productivo, donde se controla la transformación de las materias primas en el proceso productivo mediante la intervención de los medios de producción, la tecnología, y la fuerza de trabajo, la administración de la composición del capital, llegando a la realización del producto y la valorización del valor. Ciertamente hay que comprender que se trata de una metáfora cuando se usa el concepto de proceso para referirse a los acontecimientos políticos, a la lucha de clases, a la lucha descolonizadora, pues en este caso no se controlan las condicionantes, los factores intervinientes, las múltiples singularidades intervinientes. Lo que da la sensación de un cierto control, de una afectación, es la fuerza de las movilizaciones, la fuerza de la multitud, la fuerza de la masa, la participación de las organizaciones, el flujo interpretativo de los discursos interpeladores. Para que haya proceso, en el sentido riguroso del término, es menester que se dé una constante afectación, cambio y transformación de las condiciones, factores, estructuras, instituciones, relaciones, singularidades intervinientes. De alguna manera una especie de control de la composición del acontecimiento. En la medida que la transformación de las condiciones no se da no es tan fácil sostener hablar de proceso para referirse a la coyuntura y a las coyunturas del periodo crítico. En este sentido lo que vamos a hacer es poner a prueba el concepto de proceso en relación al periodo de crisis y de emergencia que se vive en Bolivia desde el 2000 al 2011.
Es imprescindible hacer una reflexión teórica sobre el proceso que vivimos, llamado proceso de cambio; reflexión teórica pues requerimos evaluar la complejidad del curso de los acontecimientos inherentes, sus articulaciones, complementariedades y vecindades, la fuerza de sus tendencias, la correlación de fuerzas, los ritmos, las resistencias y obstáculos al cambio. Sobre todo responder a la pregunta: ¿Por qué está en crisis el proceso? Decimos que hay crisis por las evidencias que se presentan en la coyuntura del proceso: 1) el proceso se ha estancado, no puede realizarse, seguir ascendiendo, continuar con los cambios, con las transformaciones; 2) no se aplica la Constitución aprobada por la mayoría del pueblo boliviano, al contrario, en vez de lograr las transformaciones institucionales, las transformaciones estructurales económicas, políticas, sociales y culturales, se mantiene la vieja maquinaria estatal, se restaura el Estado-nación, se mantienen las normas y prácticas liberales; 3) se producen enfrentamientos entre el gobierno indígena y popular con el pueblo, con las organizaciones indígenas originarias, con sindicatos campesinos y organizaciones e instituciones regionales, ciertamente también con los sindicatos obreros y de los sectores urbanos de maestros y trabajadores de salud; 4) se devela con la medida de nivelación de precios, llamada popularmente gasolinazo, las profundas contradicciones y estancamiento del proceso. Se trata de una medida antipopular, pensada desde la más cristalizada mentalidad monetarista, medida de shock, que termina mostrándonos el estancamiento del proceso de nacionalización, el dominio de las empresas trasnacionales, la efectiva vigencia de los procedimientos neoclásicos en el gabinete económico, la bondadosa política con las transnacionales mineras, la derechización de la conducción del gobierno, perdido en un imaginario industrialista, que no es otra cosa que la supeditación a las necesidades de energía de una potencia emergente vecina. Por lo tanto es esta crisis política la que debe ser analizada.
A propósito, no es suficiente decir que todo proceso vive esta curva de ascenso y descenso, que llega a un momento cuando las contradicciones logran estancar el proceso, detenerlo, que es menester en esa coyuntura precisa, resolver las contradicciones acumuladas, de tal manera que se afecte a las correlaciones de fuerzas en el campo político, en el campo social, en el campo económico y en el campo cultural, empujando las transformaciones institucionales postuladas por los movimientos sociales. Tampoco es suficiente que las razones de este estancamiento se encuentran en el realismo político y pragmatismo optado, en el diferimiento de las tareas de cambio; así como no es suficiente decir que un bloque dominante nacionalista se ha hecho cargo de la conducción del gobierno y del proceso; por lo tanto empuja el desenlace del proceso a una dirección y orientación estatalista, centralista, nacionalista, industrialista y desarrollista, desestimando la realización de las trasformaciones estructurales y la fundación del Estado plurinacional comunitario. De lo que se trata es de comprender como se ha llegado a una situación donde las formas del contra-proceso apuntan a no sólo detener el proceso mismo sino también a desarticularlo. Nos acercaremos a este análisis a través de la evaluación de la dinámica molecular de las fuerzas concurrentes del proceso.
Hipótesis
- La crisis múltiple del Estado emergida desde las entrañas mismas del mapa inscrito de los dispositivos de poder, de los diagramas de poder, que atraviesan los cuerpos, crisis manifestada como crisis política, en la contundencia de las movilizaciones explosivas que atravesaron los espesores subjetivos y los mapas sociales, sus geografías políticas y cartografías, durante seis años de luchas insurreccionales sostenidas, muestra la vulnerabilidad de las instituciones, de la clase política y de la maquinara estatal, empero también oculta los sedimentos acumulados de las costumbres, de los sentidos comunes, le las propias organizaciones y dirigencias involucradas en la movilización. En otras palabras, la rebelión social y de los pueblos indígenas originarios, los levantamientos populares múltiples, expresan la fuerza de la interpelación de los sujetos colectivos, empero terminan ocultando el carácter conservador de los sujetos individuales, de las subjetividades labradas en las instituciones y organizaciones. La movilización social abre el horizonte descolonizador, plurinacional, comunitario y autonómico del proceso, empero esconde la fortaleza, por así decirlo de las estructuras consolidadas de una sociedad heredera de las patrimonios y transmisiones coloniales.
- Las fuerzas capaces de convocatoria a la movilización, capaces de desplegar formas organizativas autogestionarias y de autoconvocatoria, con fuerte configuración organizacional horizontal, no estaban preparadas para inventar nuevas formas de administración autogestionarias. Esto se puede observar cuando la Coordinadora del Agua y Defensa de la Vida debe hacerse cargo de la administración del agua en Cochabamba, se opta a volver a la administración municipal, donde se termina ahogando el proyecto de administración autogestionaria. Casi lo mismo ocurre o algo parecido cuando las dirigencias se hacen cargo de las administraciones municipales, donde terminan ahogados por las normas, procedimientos y formas administrativas del viejo Estado. Terminan tragadas y lo que es lo peor se convierten en los mejores defensores de estas administraciones liberales y nacionales. Lo más patético ocurre cuando el MAS llega al gobierno, el poder termina tomando al MAS y no el MAS al poder. El MAS se convierte, a través de los celosos ministros invitados, en el mejor dispositivo de mantención, conservación del Estado-nación, como forma moderna del Estado liberal y como forma oculta, opaca, del Estado colonial. El gobierno llamado indígena-popular se agarra de las redes, los amarres, de los engranajes e instrumentos operativos y técnicos del Estado, buscando refugio en el aprendizaje dramático de la administración pública. Los altos funcionarios y los mandos medios, incluso la poca dirigencia que ingresa al aparato ejecutivo, terminan convirtiéndose en los mejores defensores del sistema administrativo, de sus normas y sus prácticas. Se gana de esta forma un nuevo funcionario, perdiéndose un dirigente. ¿Qué nos muestra esta experiencia? ¿Qué los postulados, las agendas y los objetivos que se proponen los movimientos sociales son sólo utopías, que no pueden trastrocar las estructuras fosilizadas de una sociedad de clases y de un Estado colonial? ¿O mas bien, qué no hay voluntad política, que no hay las condiciones para la realización de esta voluntad, que no se dan las condiciones subjetivas, para usar términos de una vieja discusión? El problema es que no es tan fácil responder a esta pregunta, pues tenemos, de todas maneras, a pesar de la construcción dramática del pacto social y político, aprobada una Constitución, la escritura de los planteamientos caros de las movilizaciones: Estado plurinacional, comunitario, autonómico, modelo pluri-institucional del Estado, democracia participativa, modelo de pluralismo autonómico, modelo de economía social y comunitaria, manteniendo la condición comunitaria del Estado y apuntando a la perspectiva de un paradigma alternativo al capitalismo, la modernidad y el desarrollo, el vivir bien. Esta decisión es mayoritaria, está constitucionalizada, ese es el programa político, ese es el querer de la mayoría de los bolivianos. ¿Cómo es que no se convierte este querer en voluntad o cómo la voluntad no se plasma en materialidad política y en un nuevo mapa institucional? Considero que para poder responder esta pregunta es menester considerar un grave problema político, que puede ser llamado como de disyunción, desencajamiento, desacoplamiento, incluso de hasta contradicción política; problema político que tiene que ser comprendido, hecho inteligible, mediante una cruda interpretación: en el fondo, a pesar de los discursos, el gobierno, los ministros, los funcionarios, tampoco el MAS, y, lastimosamente, la dirigencia ejecutiva de las organizaciones, no creen en la Constitución. Consideran que es un discurso político bueno para lanzarlo en las campañas electorales, contra la derecha, y en los escenarios donde se recicla la ritualidad y ceremonialdad del poder, está bien para el teatro político, pero no para aplicarla, no para tomarla en serio, menos para usarla como instrumento de transformación. Esa posición nos muestra fehacientemente que se ha llegado al poder para estar en el mismo, aposentarse, gozar de sus beneficios y privilegios, pero no para transformarlo, se ha llegado al Estado para mantenerse en el mismo, habitarlo, pero no para destruirlo y construir otra forma política que ayude a efectuar las emancipaciones múltiples.
- El llamado modelo económico extractivista tiene varado a todo el campo económico en las formas de reproducción de la dependencia, de la supeditación y subsunción a las formas de acumulación del capital a escala mundial. En este sentido se entiende que todos los dispositivos administrativos, normativos e institucionales estatales estén condicionados por las formas de la economía extractiva y estén para mantener este sistema, conservarlo e incluso mejorarlo, ampliando la expansión extractiva. Por eso mismo se puede entender que la administración estatal de la economía sea uno de los espacios más conservadores y resistentes al cambio. No es tan fácil cambiar las políticas económicas cuando estas se han consolidado en las formas de funcionamiento de las oficinas del gabinete económico. Menos aun cuando se trata enfoques y métodos incorporados desde los programas de apoyo de la cooperación internacional. Hay como una concomitancia entre los programas internacionales y las reformas nacionales en la perspectiva de reforzar los engranajes del orden internacional, de la dominación mundial del centro sobre la periferia del sistema-mundo capitalista. No es casual entonces que en este espacio de acción institucional se haya gestado el gasolinazo, tampoco que se oriente la política económica desde la cautelosa lectura del supuesto del equilibrio macroeconómico. Usando términos relativos a la metáfora arquitectónica del Prefacio de El capital, podríamos decir que entre estructura económica y superestructura jurídica, política, ideológica y cultural, se produce un condicionamiento perverso induciendo una estrategia económica dependiente. Estos condicionamientos materiales impiden la aplicación de la Constitución en lo que respecta a la transformaciones económicas, al cambio de modelo económico, salir del modelo extractivista e ingresar a un modelo productivo-producente, orientado a la economía social y comunitaria, articulando y complementando la economía plural de una manera integral, en la perspectiva de la democracia económica, la armonía ecológica y la soberanía alimentaria, en el horizonte del vivir bien.
- No se ha construido el sistema de gobierno de la democracia participativa, no se ejerce la democracia plural, ejerciendo la democracia directa, representativa y comunitaria. No se han abierto las puertas a la participación y el control social. Al contrario, se mantienen las formas de gestión liberal, que separa Estado de sociedad civil, gobernantes y gobernados, especialistas de neófitos, los que saben respecto de los que no saben, es decir, recreando la división del trabajo entre la clase política respecto de las y los ciudadanos, las y los trabajadores, las comunidades. Por lo tanto se trae, como consecuencia de todo esto, el moverse en un círculo vicioso, los que creen saber terminan repitiendo lo mismo que hicieron la burocracia y los funcionarios de anteriores gobiernos, reforzar la auto-referencia de un sistema institucional parasitario, que sirve para mantener las dominaciones múltiples, bajo la ilusión de que se hace política, cuando lo que se hace es legitimar las estructuras de poder.
- No se han abierto los espacios de crítica y autocrítica, al contrario se han cerrado, optando mas bien por descalificar estas opciones, de reforzar las formas de reproducción de la alabanza generalizada, del contingente de aduladores, los llamados popularmente lluncus, recreando los escenarios patéticos de supeditación servil a los jefes, ocasionando grotescas sobreestimaciones de sus egos. Empujando con todas estas prácticas sumisas a la desconexión institucional de la realidad, generando microclimas organizacionales aislados de los contextos concretos, de las contradicciones y de los conflictos. De esta forma se puede explicar la formación de una consciencia paranoica en los altos funcionarios, que los empuja a la permanente defensa y a identificar enemigos por todas partes.
- No se ha podido extirpar la corrupción, mas bien se ha generalizado, invadiendo expansivamente zonas que antes estaban como exentas de estas prácticas, pues estaban al margen de ellas. Se retoma la idea del botín en expresiones como que ahora nos toca, reutilizando viejas prácticas prebéndales y clientelares, de circuitos de influencias, de corrosiones exacerbadas, demoliendo con esta imposición de relaciones morbosas las posibilidades de prácticas transformadoras y comprometidas con el cambio. Lo grave de esta proliferación corrosiva es que se articulan redes de alianzas complicadas entre las viejas castas dominantes y ciertos estratos de decisión política.
Conclusiones
Hay que acercarse a la dinámica molecular del proceso para comprender sus cursos, sus rutas y recorridos, sus contradicciones, su campo de posibilidades, sus tendencias y sus correlaciones de fuerzas. Sobre todo tratar de explicarse la crisis del proceso. Teniendo en cuenta las hipótesis planteadas y la experiencia del proceso, lo que llama la atención es la separación casi inmediata entre ejecutivo, incluso gobierno, y movimientos sociales en lo que respecta a la construcción de la decisión política, de las políticas públicas y de las medidas que deberían estar destinadas al cambio. En otras palabras, los que lucharon y abrieron el camino del proceso no gobiernan, gobiernan los funcionarios. Quizás esta separación forma parte importante de la matriz de la crisis, empero para tratar la matriz de la crisis debemos tener una mirada integral. Tampoco debemos circunscribirnos sólo a las condicionantes internas de la crisis del proceso sino también debemos abrirnos a sus condicionantes externos; no podemos olvidar que nos encontramos insertos en un sistema-mundo y en una economía-mundo capitalista, que, por lo tanto estamos también afectados por la crisis global. En este sentido, al conjunto de hipótesis relativas a las condicionantes de la crisis del proceso, debemos añadir una lectura de la crisis estructural del capitalismo.
¿A qué llamamos crisis estructural del capitalismo? Hablamos de una crisis múltiple, crisis de reproducción, de sobreproducción, crisis de hegemonía, crisis financiera. Esta crisis es estructural porque afecta al sistema-mundo ya la economía-mundo capitalista, pero lo hace bajo las condiciones históricas concretas, las que corresponden al ciclo del capitalismo vigente, nos referimos al ciclo que contuvo la hegemonía norteamericana y ahora contiene el dominio a secas de los Estados Unidos de América. Este ciclo ha ingresado a su fase de crisis financiera, que es como el lugar especulativo del sistema económico del capital, cuando se transfiere la crisis de sobreproducción a los mecanismos especulativos financieros. Los Estados Unidos hegemonizan el despliegue del ciclo de acumulación capitalista vigente desde el fin de la segunda guerra mundial, imponen su sello, transformando el sistema de libre comercio, conformado por la hegemonía británica, en un sistema de libre empresa, produciendo transformaciones estructurales en la forma del capitalismo, introduciendo nuevas formas de administración industrial y de administración económica, como el taylorismo y el fordismo, expandiendo estas formas por el mundo, amparados por su dominio y mediante la inversión directa de capital y la instalación de sus corporaciones trasnacionales. Esta hegemonía se clausura con la derrota en la guerra de Vietnam, dándose lugar desde entonces a una crisis política, a un replanteo de sus estrategias y a un dominio a secas sobre el mundo, sin hegemonía y sin legitimidad. Hablamos de un mundo capitalista estructurado y jerarquizado geopolíticamente y geográficamente; en la cúspide contamos con el dominio tecnológico, militar, económico y comunicacional de los Estados Unidos de América; después están los países centrales, que comparten la dominación y se comportan ambiguamente, a veces como satélites, otras veces resistiendo o abriendo la posibilidad de bloques alternativos como la Unión Europea, también emergiendo como posibilidades de un nuevo ciclo, como es el caso del desplazamiento capitalista de China en la red regional asiática; después vienen los países semi-periféricos; por último se encuentra el gigantesco espacio multi-diverso de la periferia, lugar indomable, de plurales resistencias, aunque también de complicadas sumisiones. En este contexto del sistema-mundo nos interesa las formas de inserción e irradiación de la crisis estructural del capitalismo en la periferia, sobre todo interesa comprender los efectos de esta crisis en el desenvolvimiento de las crisis políticas y las crisis económicas en la periferia. En lo que respecta a Bolivia interesa entender cómo la crisis política desatada el 2000 y la crisis del Estado-nación que se extiende hasta nuestros días (2011) son afectadas, se articulan y forman parte de la crisis estructural del capitalismo. De cómo ambos escenarios de las crisis, la mundial y la periférica, desatan procesos de emancipación y de descolonización. Esto sobre todo para evaluar las posibilidades y los alcances de los procesos desatados.
Volviendo a la anotación del comienzo, podemos concluir lo siguiente:
- Los movimientos sociales desatados el 2000 y que continúan hasta el 2005 logran desarticular la legitimidad y la dominación de la clase política, representantes de la burguesía intermediaria y de la casta blancoide-mestiza privilegiada por la perduración de las estructuras coloniales, logran poner en evidencia la crisis múltiple del Estado-nación y logran expulsar a los gobiernos neoliberales, abriendo un nuevo curso descolonizador con el gobierno de Evo Morales, el proceso constituyente y el inicio de un proceso de nacionalización. Empero, una vez en el gobierno, los movimientos sociales no logran transformar las condiciones, las estructuras y las instituciones sobre las que se conforma y reproduce el Estado-nación. Los aparatos, la maquinaria estatal, las estructuras de gobierno, siguen siendo prácticamente las mismas. Las prácticas de gestión siguen siendo recurrentemente liberales, las normas de la gestión siguen las mismas lógicas liberales. También en la sociedad perduran las estructuras desiguales, las estratificaciones históricas, las relaciones y prácticas de reproducción de clases y de castas. Lo que se ha dado es una irrupción indígena, un empoderamiento de espacios, un trastrocamiento simbólico de los imaginarios coloniales. En este sentido, lo que podemos decir es que desde el 2006 se experimentan intentos de construir un proceso de transformación, empero de una manera diferida, pragmática, contradictoria, que incluso puede tomarse como regresiva. Este intento de cambio se efectúo desde el gobierno a través de políticas, que en principio fueron de irrupción, como el inicio del proceso de nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a la Asamblea Constituyente, pero, en la medida que pasaba el tiempo, las otras políticas fueron excesivamente tímidas, en la medida que se dejó intacto el aparato estatal, la estructura ejecutiva y la forma de gobierno y la forma de gestión. El intento de trasformación también se hizo sentir, de alguna manera, desde las actividades desesperadas de las organizaciones sociales, intentando desordenadamente incidir en las decisiones políticas del gobierno. Así mismo desde el accionar crítico de las organizaciones indígenas originarias, intentando redefinir voluntariamente un proyecto coherente con la descolonización. Ciertamente el mayor intento de transformación se efectúo desde la Asamblea Constituyente, escribiendo una Constitución descolonizadora que apunta al Estado plurinacional comunitario y autonómico. También se puede decir que el intento de transformación se efectúo de una manera dispersa y distribuida, a partir de un conjunto puntos y líneas de enfrentamiento que intentan lograr transformaciones concretas y específicas. Sin embargo, estos intentos no han logrado articularse y conformar una fuerza hegemónica de conducción del proceso; han prevalecido las fuerzas resistentes al cambio, consolidadas en estructuras, en instituciones y en la arquitectura estatal, han prevalecido las prácticas y relaciones consolidadas en la costumbre social. Entonces se puede decir que la articulación de un proceso de transformación está pendiente.
- En relación a la puesta en prueba del concepto de proceso para referirnos a la segunda etapa del periodo en cuestión, pues la primera corresponde más claramente a un proceso de movilización social que replantea la correlación de fuerzas en el campo político, descompagina las estructuras de poder, cuestiona las formas de dominación y legitimación liberal del Estado-nación, barre con el modelo neoliberal. El proceso de transformación del que hablamos, etapa cuya delimitación arranca el 2006, no está articulado, en otras palabras, no está conformado, se encuentra en curso de una difícil construcción; se encuentra como emergiendo, empero enfrentando grandes resistencias y obstáculos de las estructuras de la vieja maquinaria estatal, de las costumbres liberales, de la ideología nacionalista cristalizada en los huesos de los funcionarios y dirigentes. La exigencia del momento, la emergencia de la coyuntura, es desatar una revolución cultural descolonizadora y una movilización generalizada que reconduzca el proceso a sus cauces iniciales, establecidos en la Constitución.
La defensa del Estado plurinacional comunitario y autonómico
El Estado plurinacional comunitario ya no es el Estado-nación, es otro Estado, supone no solamente otra forma y otro contenido histórico, político y cultural, sino otros agenciamientos, otras prácticas, otras formas de hacer las cosas, otra forma de gobernar; lo que no solamente implica transformaciones institucionales, es decir, otro mapa institucional, sino otros métodos y procedimientos, incluso se puede hablar de otra lógica inherente a una nueva normativa, también entonces otra normativa. En el anteproyecto de ley de gestión pública se propuso que el Estado plurinacional implica un pluralismo institucional, un pluralismo administrativo, un pluralismo normativo, un pluralismo de gestión. Esto no sólo por la condición plurinacional del Estado sino también por el paradigma pluralista, por la epistemología pluralista, en la que se mueve la forma enunciativa de la Constitución Política del Estado. Además se trata de fundar un nuevo Estado sobre la base de una nueva gestión pública, que ahora se la debe entender como una gestión plurinacional, comunitaria e intercultural. Las transformaciones institucionales se dan sobre las transformaciones de las formas de gestión, que ahora se evalúan por el cambio que provocan. No por la administración de las normas y los procedimientos, no sólo por logar resultados, sino lograr impactos múltiples que incidan en las transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales, cambio en las condiciones de vida de la población, de las comunidades, de las regiones. Entonces se trata de la transformación pluralista, comunitaria e intercultural de la gestión pública, es decir de la planificación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación. La gestión pública está pensada desde la expansión, la irradiación, la lógica abierta por la participación y el control social. En una democracia participativa la gestión es participativa, por lo tanto, la planificación, el presupuesto, la ejecución, el seguimiento y la evaluación, en una comprensión cíclica y retroactiva del uso de los instrumentos de la gestión pública.
Ahora bien, si esto es así, qué ocurre con la institucionalidad de las fuerzas armadas y de la policía, que pasa con sus diagramas disciplinarios, con sus doctrinas, sus programas de defensa, la defensa del Estado plurinacional y el cuidado de las ciudades y las poblaciones, la seguridad del ciudadanos, de las comunidades, de los pueblos, de los territorios, de las regiones y las autonomías. ¿Qué tenemos al respecto? ¿Algo ha cambiado? No, nada ha cambiado; se trata de asignaturas pendientes, no sólo debido a que en la misma Constitución no se cambió la condición de las fuerzas y de la policía, se mantuvo lo que dice la anterior Constitución, sino también porque no se discutieron las implicaciones de las transformaciones institucionales de un Estado plurinacional y comunitario en instituciones estratégicas como las fuerzas armadas y la policía. De todas maneras, aunque en la parte orgánica de la Constitución no se haya modificado la condición de estas instituciones, esto no quiere decir que no tengan que transformarse, pues el contexto mismo de la constitución demanda transformaciones institucionales de acorde al proceso de descolonización inscrito en el texto y en los acontecimientos, en concordancia a las transformaciones exigidas por el Estado plurinacional y comunitario y en adecuación al sistema de gobierno, que es ahora la democracia participativa, además de responder a los tres modelos constitucionales: el modelo de Estado, plurinacional, el modelo territorial, pluralismo autonómico, y el modelo económico, economía social y comunitaria. La Constitución Política del Estado se interpreta desde la parte declarativa, desde la parte ideológica y política, desde la perspectiva del modelo de Estado, los derechos, deberes y garantías. La Constitución se interpreta desde la expresión manifiesta en el espíritu constituyente; por lo tanto, la parte orgánica de la constitución esta sometida a la interpretación contextual del texto constitucional y desde el mapa de transformaciones definidos por la parte declarativa de la Constitución. Hay pues la obligación de interpretar y proponer las transformaciones convenientes en lo que corresponde a la nueva institucionalidad de las fuerzas armadas y de la policía. Al respecto, haciendo el análisis correspondiente, vamos a elucidar algunas hipótesis de transformación institucional.
La estrategia de la movilización general en defensa del Estado plurinacional comunitario
Toda revolución requiere de su defensa, todo proceso de transformación también. En un contexto beligerante, como es el relativo al mundo diseñado por la geopolítica de dominación y hegemonía de la economía-mundo y del sistema-mundo capitalista es imprescindible tener en cuenta la defensa del proceso de construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Esta defensa no puede circunscribirse sólo a las armas de las fuerzas armadas, la defensa del proceso de cambio requiere de la movilización general del pueblo, de la sociedad, de las naciones indígenas originarias campesinas. Esto significa desarrollar una nueva estrategia de defensa de la revolución boliviana, una nueva concepción de la defensa y obviamente una nueva doctrina de defensa. La estrategia, la concepción y la doctrina deben responder a esta configuración de la movilización general. La movilización general implica la concepción del pueblo armado.
La concepción del pueblo armado
Nicolás Maquiavelo había planteado esta tesis del pueblo armado como base de la construcción de la nación y como parte del proceso de democratización. La revolución francesa va a requerir de la participación activa de los ciudadanos, del servicio obligatorio, en la defensa de la revolución, aunque también en lo que respecta a la irradiación de la misma. Las revoluciones socialistas en la periferia del capitalismo, como son los casos de la Unión Soviética y la República Popular China, van a requerir de la movilización general y de la tesis del pueblo armado. Eso son las milicias y el Ejército Rojo. Algo parecido pasa con la revolución cubana; también se va a requerir de la concepción del pueblo armado y de la movilización general en defensa de la revolución socialista en la isla caribeña. Entonces la concepción del pueblo armado pasa por las consecuencias generalizables de los procesos de transformación y del involucramiento en el proceso del conjunto de la población y del pueblo. ¿Qué ocurre cuando se trata del proceso de descolonización y la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico? Podemos decir que no es algo del todo distinto; lo mismo que en los anteriores casos se requiere de la concepción del pueblo armado y de la movilización general. La diferencia radica que se trata de un proceso de descolonización y la concepción novedosa del Estado plurinacional, que significa en nuestro continente la apertura a la recuperación, actualización e invención de proyectos civilizatorios alternativos al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo. Esto significa introducir la epistemología pluralista, la dinámica móvil y el paradigma del pluralismo; esto es en la concepción de las teorías nómadas, incorporar la tesis de la máquina de guerra.
No hay separación entre Fuerzas Armadas y sociedad, naciones y pueblos indígenas originarios
En el proceso de transformaciones, en el proceso de construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico no puede darse la separación entre Estado y sociedad civil, tampoco puede darse la separación entre gobernados y gobernantes, lo mismo podemos decir entre fuerzas armadas y sociedad, naciones y pueblos indígenas originarios. El pueblo armado atraviesa todos los niveles del Estado plurinacional, las fuerzas armadas tienen que articular un proyecto integrado de defensa en todos los niveles. Se trata no sólo de la defensa de las fronteras, sino de la defensa de los territorios, de las regiones, de los ecosistemas, de las sociedades, pueblos y comunidades, de las múltiples formas de soberanía, de la soberanía económica, financiera, alimentaria, tecnológica. La defensa es una concepción integrada y participativa, la defensa es defensa de la transformación, del proceso de transformación institucional, es también defensa del proceso de descolonización. Por lo tanto la defensa pasa por la descolonización misma y las transformaciones estructurales de las condiciones materiales y subjetivas de la defensa. La defensa pasa por la formación y la constitución de los nuevos sujetos.
La nueva concepción de cuidado de la madre tierra y de la sociedad
También la institucionalidad policial tiene que transformarse en el contexto, el marco, la forma y el contenido del estado plurinacional comunitario y autonómico. Debe salir de las consideraciones pre-formativas de la vigilancia y el castigo, de los procedimientos de normalización, pues ahora estamos ante el pluralismo normativo y ante la invención normativa y la transvaloración. Por otra parte la descolonización incorpora otro sentido ético, el del equilibrio y la armonía, además de comprenderse esto en el horizonte y las múltiples tareas de defensa de los derechos de la madre tierra, garantizando el derecho de todos los seres que cohabitan los distintos ecosistemas y la biodiversidad.
La Guerra por la Madre Tierra
Historia de la lucha del Pacto de la Unidad en Defensa de la Madre tierra
Estamos ante una verdadera guerra por la Madre Tierra; el Pacto de Unidad asume plenamente el combate por la defensa de la Madre Tierra; las organizaciones y movimientos sociales son conscientes del peligro en el que se encuentra la vida de la Madre Tierra y de las formas de vida en la Madre Tierra, que comprende a los múltiples seres componentes, incluyendo a los seres humanos.
Ante el peligro por la contaminación múltiple, del aire, del agua, de los suelos; por la deforestación que erradica grandes extensiones de bosques, que forman parte de la articulación, interactividad, interacción y entrelazamiento de los distintos ciclos de la vida, generativos y regenerativos; por la desertificación, la crisis climática, la crisis ecológica, crisis energética, económica y financiera, el calentamiento global, el efecto invernadero, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos se declaran en emergencia y se movilizan en defensa de la Madre Tierra. Los enemigos de la Madre Tierra son las trasnacionales, las empresas industriales, el comercio indiscriminado, la mercantilización desorbitada, el consumismo compulsivo, la expansión desbordante de la frontera agrícola, el extractivismo exacerbado, articulado a un capitalismo dependiente, absorbido por la economía-mundo y sistema-mundo capitalista. Todas estas formas depredadoras forman parte del modelo civilizatorio moderno, capitalista y occidental, que se ha universalizado, expandiéndose globalmente, deshaciendo otros modos civilizatorios y culturales alternativos nativos y ancestrales. El enfrentamiento en defensa de la Madre Tierra es contra este modelo civilizatorio depredador y por la construcción del modelos civilizatorio alternativo al capitalismo, la modernidad y el desarrollo del vivir bien, pensado en términos de transmodernidad y modernidades heterogéneas, otras modernidades.
El Pacto de Unidad, que aglutina a las organizaciones indígenas campesinas de Bolivia (CSUTCB, CNMCIOB “BS”, CSCIB, CONAMAQ Y CIDOB) ha asumido la responsabilidad política y cultural de defender a la Madre Tierra. Se puede decir que desde abril del 2007, cuando se acude a la Cumbre del ALBA-TCP, el Pacto de la Unidad se propone la tarea de retomar orgánicamente la defensa de la Madre Tierra, aunque esta tarea estaba implícita en el documento del Pacto de la Unidad para la Asamblea Constituyente, también en la participación de las organizaciones sociales, que conforman el pacto, en el proceso constituyente, plasmando esta tarea en la Constitución Política del Estado. La tarea de elaboración de una Ley de la Madre Tierra se da en la Conferencia de los Pueblos por el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. En las resoluciones de Tiquipaya-Cochabamba se plantea dar cumplimiento a la reducción de los gases de efecto invernadero, por parte las potencias industriales que firmaron el protocolo de Kioto, por lo menos en un 50% para evitar que el calentamiento global suba peligrosamente ocasionando catástrofes ecológicas. También exige que las negociaciones de la Cumbre de Cancun (COP 16) sean transparentes, inclusivas y democráticas, sin ningún documento impuesto por las potencias industriales, ni condicionamientos ni chantajes. Así mismo rechaza el Entendimiento de Copenhague por ser una amenaza para la vida y demanda el respeto al marco legal vigente en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kioto. En el mismo sentido, exige a los gobiernos de los países desarrollados, “Financiamiento para la Tierra, no para la Guerra”, y la transferencia de los presupuestos militares; así como incrementar los recursos financieros para salvar el planeta y la Madre Tierra y atender los impactos del cambio climático en los Países en Desarrollo. Demanda la justicia climática, denuncia la ausencia de los pueblos en las instancias de decisión sobre el futuro común, y demanda la creación de espacios de participación de los pueblos del mundo en la toma de decisiones sobre el cambio climático, asimismo en el monitoreo y supervisión del cumplimiento de los compromisos contraídos por los países desarrollados. Promueve la creación de normas legales internacionales que sancionen las infracciones e incumplimientos de los compromisos de reducción de emisión de gases de efecto invernadero, financiamiento, transferencia de tecnología y otras obligaciones asumidas por los países desarrollados. Del mismo modo promueve la creación del Tribunal de Justicia Climática que será una instancia de ejecución de estas normas. Exige a los países desarrollados respeto a los derechos de las poblaciones migrantes por efectos climáticos, y que se destinen recursos para brindarles acogida y compensación a nivel local, nacional, regional e internacional. Las resoluciones de la Conferencia de los Pueblos por el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra también se proponen construir un movimiento mundial desde los pueblos y las organizaciones sociales en defensa de la Vida y la Madre Tierra, basada en la inclusión y complementariedad de todos. Así mismo, en la misma tónica, se propone promover el Vivir Bien y sus principios como alternativa al sistema de vida capitalista, recuperando hábitos y costumbres ancestrales, como la reconstitución de los calendarios orientados a devolver y recuperar los ciclos naturales de la Madre Tierra; en esta perspectiva se plantea promover la producción ecológica, el consumo de productos orgánicos locales, promover y generar políticas de incentivo al consumo de productos locales naturales, además de recuperar y promover la matriz tecnológica de nuestros pueblos y generar una complementariedad de conocimientos. Las resoluciones de Tiquipaya se proponen impulsar y consolidar a nivel mundial la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. En este sentido sustituir el sistema capitalista por un modelo alternativo que priorice la armonía con la Madre Tierra, la reciprocidad, la complementariedad y el equilibrio de la Vida antes que el consumismo. Consecuente con todas estas resoluciones, se convoca a una segunda Cumbre Mundial sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, además de promover el Referéndum mundial sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Por último, las resoluciones se plantean la creación de una Organización Mundial alternativa de los pueblos: UNO, en esta perspectiva, creando espacios donde las representaciones de los pueblos tengan plena participación con poderes de decisión.
El Pacto de Unidad retoma seriamente las resoluciones de Tiquipaya y se da a la tarea de elaborar un Anteproyecto de Ley de la Madre Tierra. Esta labor dura aproximadamente nueve meses, se desarrollan varios encuentros de las organizaciones sociales en 18 talleres de trabajo, la mayor parte de ellos regionales y por organización, otros plurinacionales y de todas las organizaciones, contando con un formato de elaboración de la ley y buscando consensuar un solo documento. En la reunión de Cochabamba del 6 y 7 de octubre de 2010 se logra la conjunción de un solo documento y se toman las decisiones más importantes sobre el contenido del documento. Una de esas decisiones tiene que ver con desechar el nombre de recursos naturales porque reproduce el significado de explotación de la naturaleza, basado en la comercialización, el mercado y la acumulación capitalista. Por otra parte se decide expresar elocuentemente en la escritura del documento los imaginarios de las cosmovisiones indígenas originarias, campesinas e interculturales. La tarea encomendada deriva en el Anteproyecto de Ley de la Madre Tierra presentada por el Pacto de la Unidad a la dirección ejecutiva de las organizaciones sociales en la sede de la CSUTCB, contando con la presencia del Canciller David Choquehuanca. Posteriormente el documento se presenta a la Comisión Mixta sobre medio ambiente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, encabezada por el Senador Freddy Bersatti. Con esta comisión se trabaja conjuntamente estableciendo acuerdos entre el Pacto de la Unidad y la Asamblea Legislativa Plurinacional. Un primer acuerdo se da una vez terminada las exposiciones de las partes, por parte del Pacto de la Unidad y por parte de la comisión mixta, de sus respectivos anteproyectos. Este acuerdo consiste en elaborar un documento consensuado entre el Pacto de la Unidad y la Asamblea Legislativa plurinacional, que comprenda ambas propuestas, incorporando los ejes conceptuales de la propuesta del Pacto de la Unidad, y reproduciendo lo que plantea la Constitución Política del Estado en lo que respecta a temas conflictivos, como lo relacionado a la consulta previa e informada con consentimiento de las comunidades, de las naciones y pueblos indígenas y originarios. En relación a este acuerdo se establece la conformación de título que comprenda la participación, el control social y la consulta tal como está en la Constitución. El trabajo conjunto termina con un anteproyecto consensuado de Ley de la Madre Tierra. Cuando se termina la presentación de este documento histórico, se firma un segundo acuerdo donde ambas partes se comprometen a mantener y defender el anteproyecto consensuado, buscando su aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, incorporando en pleno el preámbulo del anteproyecto del Pacto de la Unidad, donde se expresa el espíritu de la ley de la madre tierra, desde la perspectiva de las cosmovisiones indígenas y comprendiendo la complejidad de la composición y los ciclos vitales de la madre tierra. Además se decide abrir un título que contenga un enunciado general sobre áreas protegidas desde la perspectiva desplegada en la ley.
El Anteproyecto de Ley de la Madre Tierra del Pacto de Unidad comprende el preámbulo, la exposición de motivos y doce títulos. El Título I, que define los aspectos generales, el objeto de la ley, los objetivos, los alcances, las definiciones y conceptos, los principios. El Título II comprende los derechos y deberes para con la madre tierra; el Título III define el marco institucional, planteando el Consejo de la Madre Tierra como instrumento de corresponsabilidad en la coordinación de políticas públicas y la gestión de la madre tierra. El Título IV establece la participación y el control social en lo que tiene que ver con la gestión integral de la Madre Tierra; este Título también comprende un capítulo sobre el consentimiento previo, derecho reconocido de los pueblos indígenas por la Constitución Política del Estado, por parte de Naciones Unidas y convenios internacionales. El Título V desarrolla la gestión ecológica de la Madre Tierra; el Titulo VI define las bondades de la Madre Tierra, una concepción afectiva, integral, cíclica y dinámica de los componentes de la Madre Tierra, sustituyendo con esta cosmovisión al discurso extractivista explotador y de dominación sobre los recursos naturales, aunque se plantea que en la transición y de acuerdo a la traducción intercultural se mencionara a los “recursos naturales” en la forma como se refiere la Constitución, como estratégicos y destinados al vivir bien. El Título VII retoma la consulta previa e informada; el Título VIII norma sobre las áreas protegidas; el Título IX define la territorialidad, la tierra y el territorio; el Titulo X determina el régimen económico; el Titulo XI define los mecanismos para la defensa de la Madre Tierra, incentivos y sanciones; por último el Título XII establece las disposiciones finales y transitorias. El Anteproyecto de Ley de la Madre Tierra del Pacto de Unidad se convierte en el Manifiesto Político y Cultural de la Madre Tierra. Este manifiesto convoca a luchar por la Madre Tierra, expresando la fuerza de las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afrobolivianos en complementación, interpretación y traducción intercultural con las teorías de la complejidad, haciendo una interpretación vital e histórica de las bondades y componentes de la Madre Tierra, de sus ciclos vitales, del ciclo del agua, del ciclo del aire, del ciclo de los suelos, articulados y entrelazados en la generación, regeneración y evolución de la vida. El Manifiesto de la Madre Tierra hace una interpretación desde la historia cósmica y de la historia ecológica de las energías, también interpreta la historia geológica de los componentes del subsuelo de la Madre Tierra.
El Anteproyecto de la Ley de la Madre Tierra consensuado entre el Pacto de Unidad y la Asamblea Legislativa Plurinacional contiene la siguiente estructura: El Preámbulo, retomado del documento del Pacto de Unidad y cinco títulos donde se distribuyen todos los capítulos de la ley marco. El Título I, que contiene las disposiciones generales, donde están los objetivos, fines y principios, además de las definiciones, se define el objeto y los fines y se establecen los principios. El Título II está dedicado a la Madre Tierra, a su definición y carácter, a los derechos de la Madre Tierra, a las obligaciones del Estado y a los deberes de la sociedad. El Título III comprende al vivir bien en armonía con la Madre Tierra, el modelo económico-ecológico para vivir bien, que contiene la planificación integral y participativa y la contabilidad económica-ecológica, que plantea la valoración cualitativa y su incorporación en la planificación, incorporando los efectos a la Madre Tierra y se plantea la soberanía y la seguridad alimentaria, además del seguimiento y evaluación del vivir bien en armonía con la Madre Tierra. Comprende también un capítulo sobre sistemas de vida y componentes de la Madre Tierra, distinguiendo los componentes de la Madre Tierra del término comprometedor de los recursos naturales, la condición de renovabilidad de los componentes de la Madre Tierra, su uso y aprovechamiento en general y en territorios indígenas originarios campesinos; se definen los lineamientos de las comunidades de vida. El Título IV trata sobre protección y garantía de los derechos de la Madre Tierra; el Título V trata sobre las instituciones y mecanismos de defensa de la Madre Tierra, donde se encuentra el Consejo Plurinacional de la Madre Tierra, el Ministerio de la Madre Tierra; también comprende un capítulo sobre la consulta previa, libre e informada y el control social.
La Ley Corta de los Derechos de la Madre Tierra, aprobada por la Asamblea Legislativa plurinacional, es un extracto del Anteproyecto de Ley de la Madre Tierra consensuada entre el Pacto de Unidad y la Asamblea Legislativa Plurinacional. Su estructura comprende dos títulos, en el primero se encuentran las disposiciones generales, el objeto y los principios; en el segundo define la Madre Tierra y su carácter, se definen los sistemas de vida, el carácter jurídico de la Madre Tierra, el ejercicio de los derechos de la Madre Tierra, se establecen los derechos de la Madre Tierra, también las obligaciones del Estado y deberes de la sociedad, además se incorpora la defensoría de la Madre Tierra.
La ley de la madre tierra
La proximidad de la COP16, que se va a llevar en Cancún, que forma parte de la serie de cumbres mundiales sobre el cambio climático, incide en una coyuntura particular, en una atmósfera especial, que coadyuva a tomar consciencia de la crisis ecológica y de la necesidad imperiosa de elaborar una normativa de defensa de los derechos de la madre tierra, los deberes para con la madre tierra, además de regular las relaciones armónicas entre las sociedades humanas y la multiplicidad de los seres que comparten los ecosistemas. En lo que corresponde a la cumbre mundial de Cancún, se trata de la 16 ava reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y la 6ª Conferencia de las Partes actuando como Reunión de los países del Protocolo de Kioto. Se entiende por “Partes” aquellos Estados nacionales que firmaron y ratificaron esos dos tratados internacionales, obligándose a observar y cumplir su contenido en materia de cooperación internacional en contra del cambio climático. La Convención Marco cuenta con 194 estados parte y su Protocolo de Kioto con 184 estados. La Conferencia Mundial de Pueblos contra el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, llevada a cabo en Tiquipaya, Cochabamba, a la cual asistieron, además de gobiernos, movimientos sociales ecologistas y anticapitalista en contra de la crisis estructural del capitalismo y contra las causas estructurales de la crisis ecológica, fue la realización de la voluntad de los movimientos sociales que desenmascararon la hipocresía de las cumbres que hablan de compromisos de los estados para bajar las emisiones de gas de efecto invernadero, comprometiéndose a atender los efectos negativos del cambio climático. Sin embargo, a pesar de haber firmado el protocolo de Kioto, las emisiones, lejos de disminuir han aumentado, por otra parte los países más contaminantes, como es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica. Este Estado, hiperpotencia mundial, no ha firmado el protocolo. Esta situación es una agravante teniendo en cuenta que como van las cosas, hay la probabilidad de que la temperatura global aumente 2 grados, con el peligro de desencadenar catástrofes ambientales. La COP16 sólo ratificará planes de Copenhague en Cancún, lo que es insuficiente para atender las consecuencias del calentamiento global, del efecto invernadero, los efectos del cambio climático, mucho menos para atender la crisis ecológica, que comprende la degradación, la depredación, la deforestación, la contaminación múltiple de los ecosistemas. La COP16 ya es un fracaso por falta de voluntad de los países industrializados, ni siquiera quieren ratificar el protocolo de Kioto. Cómo se viene la cumbre va a ser un saludo a la bandera sin ningún resultado práctico. En este contexto internacional, la posición del gobierno boliviano es pasar de pírrico compromiso de bajar las emisiones de gas de efecto invernadero del 6% a más del 50%, apuntando en un plazo mayor a bajar estas emisiones a una aproximación del 100%, para atender efectivamente el dramatismo del cambio climático y la aproximación de catástrofes ecológicas. La posición de los movimientos sociales, sobre todo de los movimientos indígenas, que asistirán también a Cancún como sociedad civil, es tomar definitivamente medidas radicales para atacar las causas estructurales de la crisis ecológica, esto es cambiar de modelo de desarrollo, cambiar el modelo capitalista, causante de la actual crisis ecológica, apuntando a un modelo alternativo al capitalismo, a la modernidad, al desarrollo. Este modelo lleva el nombre del vivir bien.
En este contexto se ha desarrollado un proceso sugerente, por parte de las organizaciones sociales del Pacto de la Unidad, también por parte de la comisión mixta encargada del medio ambiente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Las organizaciones del Pacto de la Unidad, la CSUTCB, CNMCIOB “BS”, CSCIB, CONAMAQ y CIDOB, han trabajado durante más de nueve meses en 18 talleres, 15 territoriales y 3 en conjunto; primero para recoger las percepciones de las organizaciones de base y de las comunidades, después para unificar bajo un mismo formato los planteamientos de base sobre la normativa de la madre tierra. Desde la perspectiva de los movimientos sociales este desarrollo colectivo de la ley es primordial en la perspectiva de la aplicación de la Constitución Política del Estado, pues se trata de cumplir con la democracia participativa, la democracia plural, que comprende la democracia directa, la democracia representativa y la democracia comunitaria, incluyendo el mandato constitucional de participación y control social, donde se plantea la construcción colectiva de la decisión política, la construcción colectiva de la ley y la construcción colectiva de la gestión pública. Esta actitud es imprescindible por cuanto se propone la reconducción del proceso de cambio, del proceso de transformaciones, que apunta a la fundación del Estado plurinacional comunitario y autonómico. La elaboración de la ley, el consenso en torno a la ley, entre el Pacto de la Unidad y la Asamblea Legislativa Plurinacional, viene a convertirse en uno de los acontecimientos constitucionales fundamentales, debido al carácter fundacional y matricial de la ley de la madre tierra. ¿Cuáles son las características del anteproyecto del Pacto de la unidad? En adelante vamos a describir y analizar los aspectos estructurales de la propuesta de las organizaciones sociales.
En primer lugar hay que atender al desplazamiento conceptual y a la ruptura epistemológica con las formaciones discursivas que toman como materia de enunciación la problemática ambiental. La madre tierra no se circunscribe a ninguna separación entre sociedad y naturaleza, cultura y naturaleza, tampoco trata como entorno a la naturaleza. La madre tierra no es un medio ambiente. Pensar la madre tierra exige la incorporación de las cosmovisiones indígenas, que tienen una relación inmanente con los seres vivos, sus ciclos de reproducción, las interacciones e interconectividad, entrelazamientos de la variabilidad intensiva y continua de sus formas de expresión y sus formas de vida. La madre tierra es un ser complejo y múltiple que comprende la propia diversidad de las formas de vida y las formas de los seres, diversidad articulada e integrada a través de los ciclos de vida. La madre tierra también está conectada con la energía solar y la actividad cósmica, por ejemplo la actividad de los meteoritos y otras fuerzas del universo, del pluriverso, del cosmos. En las cosmovisiones andinas se interpreta simbólicamente una relación dual entre el tata inti y la mama luna; la pachamama forma parte de esta dualidad complementaria. También se concibe la integralidad de los distintos-espacio tiempos, pacha, la alaxpacha, la akapacha, la mankapacha y todos los espacio tiempo, taqpacha. Asimismo podemos pensar la chacana como puente entre mundos, entre universos, la cruz del sur, la constelación de la mirada de la llama. Todo tiene vida, está en movimiento, tiene voluntad propia; se trata de fuerzas inmanentes que mueven, transforman y dinamizan el cosmos. La madre tierra forma parte de esta cosmogénesis, es también el hogar de múltiples seres interactivos, de los ecosistemas, de la biodiversidad, los nichos y continentes ecológicos, los yacimientos, los estratos y sedimentos geológicos, la biosfera, la atmósfera. También las teorías de la complejidad forman parte de la interpretación de la configuración de la madre tierra, teorías multidisciplinarias y con la interpretación del caos organizativo y creativo, concibiendo la ecología, los ecosistemas, la eco-evolución, la auto-organización y la eco-organización como formas de ciclos de vida auto-reproductivos y en constante devenir. El diálogo y la traducción intercultural entre las cosmovisiones indígenas y las teorías de la complejidad sostienen la estructura y el tejido de un texto de transvaloración y de transformación normativa que busca defender los derechos de la madre tierra, exigir el cumplimiento de los deberes del Estado, de las sociedades, de las comunidades y de las personas para con la madre tierra, que busca normar las transformaciones institucionales que viabilicen la integración del Estado a la sociedad y de la sociedad en la naturaleza, logrando el equilibrio y la armonía entre las sociedades humanas y las sociedades no-humanas, entre los seres y los ecosistemas. La ley de la madre tierra también concibe una comprensión y desprende una normativa dirigida a desplegar la gestión de la madre tierra, integrando los seres, componentes y bondades de la naturaleza. Esto se hace comprendiendo la historia ecológica de los seres y de los ecosistemas, la historia geológica de la energía y los minerales, poniendo especial atención en la función reproductiva de los bosques y de los suelos, que sostienen los distintos ciclos de vida, los ciclos del agua, los ciclos del aire, los ciclos complejos de la biodiversidad. La ley de la madre tierra parte del derecho constitucional de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, establece la interacción normativa respecto al beneficio exclusivo de los “recursos naturales renovables” y la consulta previa en relación a los “recursos naturales no-renovables”, haciendo intervenir la participación y control social en la gestión ecológica, articulada a la corresponsabilidad en lo que respecta a la defensa de la madre tierra.
Resistencias del pensamiento moderado
Reducciones instrumentales y teóricas
Los alcances y las intensidades del proceso descolonizador y de la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico, cuyo dinamismo creativo y sostenible radica en los movimientos sociales, afectan intereses, límites de modelos pre-formativos, la inercia del Estado-nación, del Estado moderno, del Estado liberal, en definitiva de la historia y trascendencia del Estado colonial. La exigencia del trastrocamiento profundo de las estructuras que sostienen el aparato y la maquina estatal, la transformación de su mapa institucional, de sus prácticas, sus procedimientos sus administraciones normativas, conmueve a los espíritus moderados, que no ven con buenos ojos la irrupción y la irradiación de cambios radicales. Para estos espíritus lo más conveniente es actuar de una manera mesurada, manteniendo los instrumentos de la vieja maquinaria estatal y usándolas en beneficio de controlados desplazamientos, cambios puntuales, objetivos viables, evitando de este modo las perturbaciones inciertas y desbordantes. Por eso estos espíritus van a recurrir a procedimientos instrumentales y teóricos reduccionistas. Por ejemplo van a interpretar la Constitución Política del Estado desde la mirada de un constitucionalismo tradicional, desde un discurso jurídico conservador, tratando de encontrar todas las analogías posibles entre el Estado plurinacional comunitario y autonómico y el Estado nación. Nos dicen que en lo que respecta al Estado plurinacional no hay que concentrarse en sus alcances y en su horizonte abierto sino en las medidas prácticas que hay que tomar. El Estado plurinacional se reduce a mínimas ampliaciones, desplazamientos y concesiones pluralistas, manteniéndose la estructura del viejo Estado intacta, se reduce al respeto de los derechos fundamentales, al deslinde jurídico en el ámbito del pluralismo jurídico, al pluralismo lingüísticos, al respeto a la interculturalidad y al desenvolvimiento de la economía plural, otorgándole un papel fundamental al Estado. Esta manera de interpretar el Estado plurinacional y esta manera de realizarlo a través de medidas prácticas no es más que una reducción instrumental y jurídica de la condición plurinacional, de la condición comunitaria y de la condición autonómica a los limites, a los contenidos y a la maquinaria de dispositivos del viejo Estado. Esta manera moderada no es más que una reposición de las estructuras y engranajes del Estado-nación. Desde la perspectiva de los movimientos sociales, de las naciones y pueblos indígenas, esta política no es más que una recolonización a nombre del Estado plurinacional. El imaginario moderado no puede pensar en otra cosa que en un calco, en una copia de lo anterior, incorporando algunos matices y algunas concesiones pluralistas. Al respecto, no podemos dejar de plantear nuestro más grande desacuerdo con estos procedimientos restauradores.
En primer lugar, el Estado plurinacional comunitario y autonómico no se sostiene sobre las mismas condiciones histórico-políticas sobre las que se sostuvo el Estado-nación. Las condiciones histórico políticas son completamente distintas. No es el imaginario de la nación el que sostiene la cohesión del pueblo y la legitimidad del nuevo Estado. Es la emergencia de los imaginarios plurales respecto a las distintas formas de identidad colectiva, removiendo las propias significaciones del concepto histórico de nación, retomando su propia genealogía, retomando su raigambre consanguínea, de descendencias y de alianzas territoriales. Retorna la figura de la nación cultural, de la nación territorio (suyo), pero también se abre a su proliferación y convivencia entre muchas naciones en distintos niveles de manifestación y convivencia. Lo plurinacional significa descolonización en pleno sentido de la palabra, esto es transformación institucional y transformaciones económicas, políticas, sociales, culturales, de acuerdo los códigos y valores plurales que emergen de la multiplicidad y de otros proyectos civilizarorios, reconoce la preexistencia a la colonia de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, esto es al derecho a su libre determinación y a su autogobierno. De lo que se trata es construir la matriz institucional de un nuevo mapa institucional que contenga la dinámica de la diversidad, de la diferencia, de la pluralidad, su articulación e integralidad móvil y cambiante, de acuerdo a las circunstancias, a las tareas, a las políticas de transformación, a las leyes fundacionales, a las formas de participación, a las condiciones plurinacional y comunitaria y a los niveles autonómicos.
En segundo lugar, la materialidad del Estado es distinta. No es la burocracia weberiana, no es la separación de los especialistas, no son normas administrativas y de control obsesionadas por el cumplimiento de los procedimientos y reglamentaciones. No se trata de volver a esta materialidad institucional del Estado moderno. Se trata, por el contrario, de abrirse a formas de participación social, al involucramiento de las poblaciones, de los pueblos y naciones, de las sociedades y comunidades en la construcción colectiva de la decisión política, en la construcción colectiva de las leyes, en la construcción colectiva de la gestión pública. Se trata de la creativa tarea de realizar plenamente la democracia participativa. Por lo tanto de construir procedimientos, normativas y realizar prácticas ágiles, accesibles, no burocráticas, efectivas en lo que respecta al impacto transformador, además de gestiones plurales, comunitarias e interculturales. Se trata de generar un gobierno de las multitudes en constate movilización para conseguir los objetivos planteados en la planificación integral y participativa, con enfoque territorial.
En tercer lugar ya no hay separación entre Estado y sociedad civil, entre gobernantes y gobernados; estamos ante la emergencia de una sociedad integral que ha restituido al Estado a su condición de instrumento de la sociedad, bajo el control social. Se acabó la concepción liberal de esta división en la composición del Estado y en la composición dividida del Estado, al estilo de una división del trabajo dada en el mercado y en las empresas. Se trata de un Estado articulador de todas las voluntades, de todos los territorios, de todos los pueblos, sociedades y naciones, dando lugar a la comprensión política de la complementariedad de las diferencias, de los niveles y planos distintos. Se trata de un Estado de entrelazamiento y transversal, por su movimiento articulador de las intensidades variables de los problemas y de las resoluciones de problemas, enfocados de una manera participativa.
En este balance de los obstáculos instrumentales y teóricos del proceso de cambio, podemos también identificar lo que llamaremos una reducción sociológica. Desde esta perspectiva se dice que no hay problemas distintos a los anteriores que hay que resolver, son los mismos problemas, por lo tanto esto no ha cambiado. El Estado tiene como tarea mantener la unidad, la seguridad, la soberanía, el cuidado de las fronteras; se dice que se trata de lograr la presencia del Estado donde éste no aparece. En definitiva, se trata como antes de construir un Estado-nación. Vamos a tener que desilusionar a estos sociólogos; no son los mismos problemas ni las mismas problemáticas que antes. Se trata de acabar con una unidad impuesta desde la colonia, bajo la dominación de una nación y un modelo civilizatorio universal, el moderno y subalterno de la periferia. No es esta unidad la que requiere el Estado plurinacional. Obviamente se trata de construir una verdadera cohesión, que solo se puede darse en la dinámica de la complementariedad del reconocimiento de la diferencia cultural, lingüística y civilizatoria. En el Estado plurinacional la concepción de las fronteras cambia, son los recorridos y lugares de integración, y también, claro está, de la realización dinámica de la soberanía. No se trata de una ocupación dispersa, fragmentada y esporádica de las fronteras, sino de un recorrido múltiple de los espacios fronterizos de las políticas y de las acciones de transformación. Se trata de la irradiación amistosa de la revolución boliviana. Se trata de la protección, el cuidado de los recursos, de las poblaciones, pero también de los ecosistemas, desde una perspectiva participativa. La participación, la democracia participativa, la pluralidad, transforman los instrumentos estatales y a la propia configuración del Estado. Hay que comprender claramente que se trata de otro Estado, de otra forma y contenido de Estado, de otros agenciamientos, dispositivos y prácticas que hacen a un Estado que realiza su condición plural, su condición comunitaria y su condición autonómica.
A los moderados, nostálgicos del Estado-nación, acompañados de sus procedimientos de reducción y domesticación instrumentales y teóricos, hay que decirles que los campos de intensidades, que constituyen la condición histórica, política, cultural, ética y volitiva del Estado plurinacional, no pueden ser controlados por estos procedimientos reduccionistas, que los alcances descolonizadores y transformadores del proceso emancipador no puede ser limitado a los prejuicios académicos de la ciencia moderna. Lo que vivimos, la experiencia transformadora, se debe al desborde y poder de los movimientos sociales, lo que vayamos a construir también se va deber a este despliegue intenso de voluntades colectivas. La coyuntura y el contexto de la transformación sólo pueden comprenderse desde la ruptura y la crítica de las formas de pensamiento único, universal, homogéneo y legitimador de la dominación imperial planetaria. En contraposición emerge un pensamiento plural, multidisciplinario, que hace dialogar y circular a las distintas culturas, saberes, ciencias y tecnologías acumuladas, poniendo al descubierto la riqueza de la diversidad y de la interculturalidad emancipadora.
La irradiación de los movimientos sociales
El proceso boliviano, el proceso de cambio, el proceso descolonizador, el proceso constituyente y la fundación del Estado plurinacional comunitario y autonómico no se podrían entender sin la participación crucial de los movimientos sociales, los movimientos indígenas originarios campesinos de las naciones y pueblos. Esto es evidente a todas luces desde la ofensiva popular e indígena que se desata en abril de 2000, con la guerra del agua en Cochabamba, y se entiende a la segunda guerra del gas, en Sucre en mayo y junio de 1005, pasando por el bloqueo indígena campesino de septiembre de 2000, continuando con la asonada de la muchedumbre y el enfrentamiento de policías y militares en plena plaza de armas en febrero del 2003, subiendo de intensidad con la primera guerra del gas de octubre de 2003 en la ciudad de El alto, continuando con la segunda guerra del agua en la misma ciudad alteña. Sin olvidar, obviamente, la multitud de marchas de las federaciones cocaleras que cruzan el territorio, trepan la cordillera y se descuelgan sobre Chuquiago Marca (La Paz) defendiendo la coca, en una actitud antiimperialista, enfrentando una guerra de baja intensidad diseñada por la CIA y la DEA. Tampoco podemos olvidar al cuerpo martirizado de los jubilados, que marcharon por la carretera Oruro-La Paz, tampoco a la famosa clase sándwich que marchó varias veces y de manera descarnada por las calles céntricas de La Paz. Mucho menos olvidar a las prestatarias que llegaron a tomar la Superintendencia de Bancos y rehenes exigiendo un trato justo por parte de los bancos en relación a sus deudas inauditas.
Como se puede ver, fueron seis años de luchas y levantamientos semi-insurreccionales sostenidos, con la fuerza, la voluntad colectiva, de un pueblo cansado de soportar el creciente costo social del ajuste estructural y de las medidas neoliberales, privatizadoras y globalizadoras de los gobiernos de la mega-coalición. Cansados también de toda una larga historia de injurias, discriminaciones, explotaciones y dominaciones polimorfas de una sociedad estructurada racialmente y de un Estado colonia, encubierto en las formas diversas del Estado liberal, entre ellas la forma del Estado-nación. Los levantamientos del 2000 al 2005 articulan tres memorias y tres estructuras de duración variable; una memora larga, que tiene que ver con las estructuras de larga duración de la rebelión indígena, estructurada durante los levantamientos anticoloniales del siglo XVIII; una memoria mediana, que tiene que ver con las estructuras configuradas por los proyectos populares y obreros después de la Guerra del Chaco, estructuras que logran un perfil nacionalista en la revolución nacional de 1952; una memoria corta, construida durante el ciclo de movimientos sociales indígenas y populares del 2000 al 2005. La memoria corta haría como síntesis, actualización e interpretación presentista de la memoria larga y la memoria mediana, del ciclo largo de levantamientos, las insurrecciones y asonadas populares.
Por lo tanto, el proceso descolonizador, el proceso constituyente y la fundación del Estado plurinacional comunitario y autonómico no pueden entenderse sino históricamente, de acuerdo a la perspectiva de la historia efectiva y la genealogía de las luchas y los movimientos sociales. El presente del proceso contiene capas y sedimentaciones, estratos y planos acumulados; los mismos que tienen que ser desenterrados para poder hacer inteligible la complejidad del proceso e interpretar sus tendencias, que pueden ser hasta encontradas. También el proceso de transformaciones y la irrupción de los movimientos sociales tienen que ser evaluados a partir de los contextos históricos políticos que vive la región del continente, contextos inscritos en la coyuntura de crisis de la economía-mundo y del sistema-mundo capitalista. El subcontinente sudamericano vive un giro político como reacción al proceso de desmantelamiento y despojamiento del periodo de gobiernos y políticas neoliberales. Se anexa a este giro el retorno sandinista en Nicaragua. De la gama de perfiles políticos de los procesos desplegados, los que más se parece y tienen más analogías, son los procesos boliviano y ecuatoriano, sobre todo por las características definidas y diseñadas por los movimientos indígenas, que plantean rutas descolonizadoras y la construcción del Estado plurinacional. También se parecen en sus contradicciones vislumbradas, por ejemplo entre una tendencia a configurar un modelo civilizatorio alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo llamado del vivir bien o el buen vivir, y la remembranza y la restitución de proyectos desarrollistas trasnochados. El fantasma de la CEPAL, de los gobiernos nacionalistas, de las políticas económicas de sustitución de importaciones reaparecen como convocados por desesperados funcionarios que no encuentran el horizonte ni el sur del proyecto desatado por los movimientos sociales. No entienden el proceso, menos la textura y el tejido de la Constitución Política del Estado, tienden a resolver este vacío mediante calcos de intentos fracasados de la década de los cincuenta y sesenta del siglo XX. Los temas de conflicto son los territorios indígenas, las autonomías indígenas, el autogobierno y la libre determinación, la defensa de la madre tierra, a partir de las cosmovisiones indígenas y la garantía del equilibrio e interacción de los ciclos de vida del agua, del aire, de los suelos, que sostienen la generación, regeneración y evolución de la vida en los ecosistemas. En esta perspectiva, el conflicto se concentra en temas específicos como la consulta y el consentimiento previo, reconocido por la Constitución y los convenios internacionales. Se enfrentan entonces las alternativas civilizatorias al desarrollo y la reiteración de viejos modelos desarrollistas. En este contexto, también aparecen otras contradicciones inherentes al proceso de transición, que pueden resumirse en el problema planteado en lo que respecta a la transformación del modelo económico; ¿cómo salir del modelo extractivista?
La división del mercado mundial, la geopolítica de la economía-mundo capitalista ha convertido a nuestros países en exportadores de materias primas; ¿cómo salimos de esta dependencia? La Constitución Política del Estado plantea en la Organización Económica del Estado un proceso complejo que parte del reconocimiento de la economía plural y avanza a una economía social comunitaria, contando con la participación fundamental del Estado, interviniendo y regulando la economía, industrializando los recursos naturales, fortaleciendo el mercado interno, escapando de la preponderancia condicionante del mercado externo, apuntando a la soberanía alimentaria. Todo este proceso se amplía hacia un modelo ecológico, que decide declarar a los recursos naturales en estratégicos, no mercantilizables y destinados al vivir bien. Como se puede ver, no se trata de negar la industrialización, sino de incorporarla a un modelo plural complementario e integral que se encamine al vivir bien. No se trata de someterse a la ilusión desarrollista y al paradigma desvencijado de la revolución industrial, sino de avanzar a la revolución tecnológica subordinada a la perspectiva de un modelo alternativo al capitalismo, basado en la traducción intercultural de las cosmovisiones indígenas y los proyectos sociales y comunitarios emancipadores del presente.
Durante la primera gestión de gobierno indígena popular (2006-2009), los movimientos sociales entraron en reflujo, dejando la iniciativa al ejecutivo, en una etapa altamente conflictiva por el enfrentamiento con las oligarquías regionales y la defensa del proceso constituyente. Los movimientos sociales sólo aparecen de una manera intermitente, cuando tienen que salvar la Asamblea Constituyente, la aprobación de la Constitución y la defensa del proceso con una marcha multitudinaria hacia la ciudad de Santa Cruz, sin contar con concentraciones como las de la defensa de la sede de gobierno, en pleno conflicto de la capitalía, cuando la derecha introduce en seis comisiones de la Asamblea Constituyente el tratamiento del traslado de la sede de gobierno de La Paz a Sucre. Los movimientos sociales pierden el control del proceso, no inciden en las decisiones políticas, no orientan la dirección y el sentido del mismo. Un ejecutivo cambiante, atrapado en la vieja estructura del Estado liberal, en sus antiguas normas, procedimientos, reglamentaciones, pierde la perspectiva estratégica, tragado por el peso agitado de las coyunturas que tiene que sortear. A pesar de las dificultades se logra vencer a la revuelta de la derecha, que opta por el camino de la violencia, tomando instituciones gubernamentales en las ciudades capitales de la llamada media luna, llegando en su espiral de violencia a la masacre del Porvenir, en Pando. Es en este momento crítico y de mayor enfrentamiento que se decide la correlación de fuerzas, la derecha es derrotada política y militarmente, queda pulverizada y va asistir a su entierro en las elecciones generales del 2009. Una vez terminada esta conflagración con las oligarquías regionales, de las cenizas de las batallas y de los escombros del enfrentamiento no nace el ave fénix, no termina de recuperarse el horizonte abierto por el proceso constituyente. La segunda gestión de gobierno tiene el deber de aplicar consecuentemente la constitución, de fundar el nuevo Estado plurinacional comunitario y autonómico, empero la complejidad de la coyuntura y las contradicciones acumuladas impiden vislumbrar claramente los actos fundacionales, las leyes fundacionales y las transformaciones estructurales. La coyuntura parece mostrar la incertidumbre del dilema de las opciones, transformar o restaurar. Es como si la coyuntura haga un llamado nuevamente a los actores, protagonistas y creadores del proceso, los movimientos sociales e indígenas, para reconducir el proceso y encausarlo en la ruta descolonizadora abierta.
La cuestión estatal
Se puede tomar al Estado como una problemática, también claro está, como una composición institucional, ¿una realidad?, una acontecimiento histórico-político y una sedimentación, una coagulación, una cristalización, aunque también una metamorfosis estructural. Hay ciertamente una gama de teorías que han trabajado la cuestión estatal; si bien es cierto que resulta ser un problema, entonces un materia y un objeto de estudio, de la modernidad, analizada y reflexionada durante la modernidad, que además termina siendo analizado como una relación o, mejor dicho, como un campo relacional, desde la perspectiva relacional, en vinculación con el desarrollo del capitalismo, con el modo de producción capitalista, la economía-mundo y el sistema-mundo capitalista, no deja también de ser un referente retrospectivo en lo que respecta a las investigaciones, los estudios y análisis de las sociedades no modernas y anteriores a las sociedades atravesadas por las relaciones capitalistas de producción y las relaciones capitalistas de reproducción. ¿Ha habido Estado antes de la modernidad? ¿Qué clases de Estado ha sido? ¿Cuáles son las diferencias institucionales, materiales e histórico-políticas? O, en su defecto, ¿qué clase de formas y estructuras son esas instituciones no modernas? Por otra parte, la cuestión estatal está relacionada a la problemática del poder, de las relaciones de poder, del campo de fuerzas y los diagramas de fuerzas; entonces, ¿Cómo explicar el Estado a partir del campo de fuerzas? ¿Cómo explicar el Estado a partir del juego entre la dimensión molecular de la dinámica de las fuerzas y la dimensión molar de lo institucional? ¿Cómo explicar el Estado a partir de la compleja articulación entre la inscripción política en los cuerpos de las relaciones y estrategias de poder con las formas jurídicas, las normas, procedimientos y las prácticas institucionales? Estas preguntas dibujan la extensión y el mapa de la problemática estatal y del campo de fuerzas de las relaciones de poder. Vamos a intentar definir una nueva aproximación a esta vieja y nueva discusión, sobre todo teniendo en cuenta la experiencia histórica boliviana, particularmente la historia reciente del recorrido inteligible de los movimientos sociales e indígenas, movimientos interpeladores de las formas del Estado colonial, la forma liberal y la forma del Estado-nación.
Una primera apreciación que debemos hacer es desvirtuar los usos instrumentales que se hace de la cuestión estatal acudiendo a la tradición marxista. Al respecto, debemos anotar que las posiciones de Karl Marx sobre la cuestión estatal fueron evidentemente claras. Desde sus textos de juventud hasta sus textos de madurez no dejó de expresarse contundentemente; cuando hacía el análisis de la Comuna de Paris, de la lucha de clases y de la guerra civil en Francia, del Dieciocho de Brumario de Luis Bonaparte, su posición fue siempre y constantemente antiestatalista. Primero opuesto a Hegel en su Crítica de la Filosofía del Estado, veía la superación de las contradicciones entre Estado y sociedad en la destrucción del Estado, no en la superación del concepto de Estado, no en la realización y síntesis abstracta de este concepto. Después en su crítica a la enajenación estatal y a la sociedad civil del Estado, a la enajenación de la voluntad de la sociedad por parte del Estado, en su forma burocrática. Llegando a criticar las formas de Estado dadas en las formas de gobierno diletantes en plena crisis política, como es el caso de la forma de gobierno bonapartista, que administra para el Capital, que administra para la burguesía, a nombre de los campesinos y el lumpenproletariado. La propuesta alternativa de Marx fue el autogobierno y la autogestión de los productores, autogobierno que sustituye a la burocracia y a los especialistas, acabando con la separación entre Estado y sociedad civil. No podemos encontrar la misma posición clara y constantemente antiestatalista en Lenin. La situación diferente, el desplazamiento de lugar en el que se da la revolución bolchevique, en la periferia del capitalismo, cambian el escenario de la discusión; desde la perspectiva de una nueva interpretación, introduce las conocidas tesis orientales sobre las características de la revolución proletaria y su alianzas, sobre todo la alianza con los campesinos, en la periferia del capitalismo. La caracterización del imperialismo, como la última fase del capitalismo, la crisis del capitalismo y sus manifestaciones en el eslabón más débil de la cadena, van a introducir la concepción de la transición en la espera de la revolución mundial. Esta transición va a retomarse como dictadura del proletariado, pero en un proceso que inicia la desaparición del Estado. Las tesis más elaboradas sobre el tema, sobre la cuestión estatal, se encuentran en su famoso libro El Estado y la revolución, donde retoma el arquetipo de la Comuna de Paris, otorgándole un carácter ininterrumpido a la revolución. También aquí se concibe claramente la desaparición del Estado y la transferencia del poder a la asociación de los productores, que en la práctica, en la historia efectiva de la revolución rusa, durante la revolución de 1917, van a ser los soldados sublevados, los obreros y campesinos armados, organizados en los famosos soviets, que eran los consejos de obreros y campesinos. Por lo menos en este libro y tomando en cuenta la repercusiones políticas de su famosa consigna de todo el poder a los soviets, Lenin es antiestalista. Desde esta perspectiva, no se puede usar a Lenin para justificar procesos de restauración del Estado, menos del Estado-nación.
La apreciación de la cuestión estatal se complica más adelante, sobre todo después de la experiencia de la revolución rusa y la derrota de las revoluciones obreras en Europa. Antonio Gramsci va a llegar a decir que no es suficiente tomar el poder por asalto, pues de lo que se trata es de transformar las estructuras cimentadas de la dominación burguesa en la sociedad. Este caso es patente y manifiesto en el caso de Occidente, donde los laberintos y sistemas de trincheras semi-subterráneas y subterráneas sostienen la hegemonía de la burguesía y por lo tanto sus formas de dominación. La retoma de la problemática de la hegemonía y de una lucha contra-hegemónica antes de la toma del poder, e incluso después, transforma los referentes y las condiciones de la discusión sobre el Estado. Este se va visualizar desde la perspectiva del bloque histórico, es decir de la articulación entre estructura y superestructura, desde una articulación sólida y duradera. Desde esta perspectiva, la tarea de la transformación estatal va a ser comenzada en la construcción de una nueva hegemonía en los territorios mismos de la sociedad, en sus ámbitos institucionales. La lucha ideológica y la lucha por una contrahegemonía van a adquirir connotación. La concepción del partido también cambia. Ya no se trata de la vanguardia sino de una combinación diferencial en distintos campos entre intelectuales orgánicos e intelectuales humanistas en los distintos ámbitos donde se organizan las clases. ¿Hablamos del Estado integral? ¿De un Estado ampliado? ¿O hablamos de una transición larga hacia la desaparición del Estado? No está fácil resolver el problema en los escritos de Gramsci, sobre todo en Los cuadernos de la cárcel. El periodo en el que se escriben estos textos dispersos es el del ascenso del fascismo y la derrota del movimiento obrero en Europa y en el norte de Italia; se trata de escritos de defensa frente a la ofensiva beligerante de los proyectos imperialistas de las burguesías europeas. Ya no se trataba de destruir el Estado sino de defender a las organizaciones obreras y sus proyectos anti-sistémicos. Aunque hay investigadores e investigadoras que consideran que Antonio Gramsci continúa la ruta recorrida por Lenin, la verdad es que es indispensable contextualizar los Cuadernos de la cárcel a los momentos de derrota que se vivía entonces. Los contextos problemáticos son distintos. La virtud de Gramsci consiste en abrir nuevos campos problemáticos, nuevos ámbitos de análisis, sobre todo replantear desde otras perspectivas y experiencias la cuestión estatal[1].
¿Cuál es la problemática de la cuestión estatal en Bolivia? Llegar a responder esta pregunta no es tampoco fácil pues exige retomar varios ámbitos problemáticos, se requiere hacer una historia y un mapa de la cuestión estatal, pero también no perder de vista la condición periférica de la cuestión estatal, por lo tanto la condición colonial. Esto significa entender que el nacimiento del Estado tiene que ver con la conquista y la colonización, que resolver la cuestión estatal pasa por la tarea de la descolonización. Tomando en cuenta este contexto histórico y cartográfico de la cuestión estatal, se puede entrar de lleno a la condición plurinacional de la cuestión estatal en Bolivia. El problema entonces se puede resumir del siguiente modo: ¿Cómo se resuelve la transición del Estado, la transición a su desaparición, cómo se define el horizonte político dibujado por las tesis subversivas, en el proceso de descolonización, que reconoce como punto de partida la condición de naciones plurales a los pueblos indígenas, con proyectos civilizatorios alternativos? Para comenzar, la transición misma tiene que ser pluralista, abrirse a la pluralidad institucional. Para continuar, la transición debe ser participativa. La participación transforma las formas institucionales, la composición y los instrumentos del Estado. En tercer lugar la transición debe ser comunitaria, debe incorporar en su despliegue transformador las formas y las estructuras de la comunidad, logrando de este modo una transformación comunitaria del Estado. En cuarto lugar la transición debe dejarse condicionar por lo territorial, el enfoque territorial de la transición se abre a las diferencias regionales, a la descentralización autonómica y al espesor condicionante de los ecosistemas.
La cuestión estatal en Bolivia es ahora la del Estado plurinacional comunitario y autonómico. ¿Cómo se construye la forma, contenido, expresión, estructura e institucionalidad de este nuevo Estado? ¿Cuál su diferencia con el Estado-nación? ¿Cómo desaparece el Estado en la transición plurinacional comunitaria y autonómica? ¿Cómo se constituye la comunidad, la asociación, el autogobierno de los productores, comprendiendo su interacción y entrelazamiento equilibrado con los seres, los ecosistemas, los ciclos vitales? ¿Cuál es la relación congruente, complementaria, compatible, entre el Estado plurinacional comunitario y autonómico y el modelo civilizatorio alternativo del vivir bien? ¿Cómo se producen la participación social, la democracia participativa, la democracia comunitaria, el pluralismo democrático, la transformación plurinacional del Estado? Estas son las cuestiones que deben ser retomadas en la coyuntura como tareas del proceso y del despliegue de acciones políticas transformadoras. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo resolverlo? No es por cierto la clarividencia de alguien, tampoco el papel vanguardista de los intelectuales, lo que va resolver estos problemas. Esta resolución pasa por la irrupción de los movimientos sociales, la circulación de los saberes que ocasiona, la interpelación colectiva, en correspondencia complementaria con la traducción intercultural y la interpretación abierta de la imaginación y el imaginario radicales. Se trata de la complementariedad activa entre retaguardia intelectual y vanguardia colectiva de los movimientos sociales anti-sistémicos. Se trata de la actualización y reinvención de las cosmovisiones indígenas en su misión descolonizadoras, interpretadas pluralmente, por las mitologías renovadas y la crítica nómada, por las teorías de complejidad. Se trata de transformar la política y las formas políticas articuladoras con las formas múltiples de la vida y los recorridos múltiples de la emancipación.
Ciertamente la transformación estatal y la transformación institucional del Estado requieren responder a problemas concretos. ¿Cómo lograr la soberanía económica? Pero, también, ¿cómo articular las formas y prácticas económicas con las otras formas autonomizadas por la modernidad, como la política, la cultura, las formas jurídicas, articulándolas también a los ciclos de la vida? ¿Cómo crear excedente, ampliar el excedente, sin afectar los equilibrios eco-sistémicos? ¿Cómo utilizar el excedente transformando las condiciones de vida de los individuos, de las comunidades y de las sociedades humanas, como parte de las comunidades de vida, enriqueciendo el concepto de condición de vida desde la perspectiva del vivir bien? ¿Cómo transformar las condiciones educativas y formativas como parte del proceso de descolonización, evitando reiterar las estructuras educativas ancladas en la escuela y en las formas disciplinarias de la modernidad, que forman parte de las formas del colonialismo, de la colonialidad del saber y la colonialidad del poder? La resolución de estos problemas complejos pasa por el despliegue de políticas públicas trastrocadoras, agenciadas por gestiones públicas plurinacionales, comunitarias e interculturales. Desde esta perspectiva la transformación estatal implican nuevas metodologías, nuevas tecnologías y nuevas ingenierías institucionales. Ante la tarea de la efectuación de la resolución de problemas no responden las técnicas coaguladas en los aparatos burocráticos, las prácticas y procedimientos funcionarios. Estas técnicas, estas prácticas y estos procedimientos sólo sirven a la reproducción del viejo Estado. Los nuevos métodos, las nuevas técnicas y los nuevos procedimientos emergen en la correspondencia participativa de la sociedad. La cuestión de la transformación estatal depende mucho de la capacidad de invención de las nuevas ciencias de la complejidad, pero también de la iniciativa colectiva de los sujetos sociales emancipados. Por lo tanto, sacando una conclusión, la cuestión estatal no se reduce al problema de la combinación moderna entre coerción, hegemonía y legitimidad, sino que tiene que ver fundamentalmente con los flujos desbordantes de las emancipaciones múltiples, con los campos de intensidades de los cuerpos en movimiento y la confluencia de las voluntades de cambio individuales y colectivas. Las transformaciones estatales responden a las estructuras de las transformaciones colectivas. La disolución del Estado en una transición disolvente depende la libertad de acción y la autonomía lograda por los movimientos sociales, sus dinámicas moleculares, por reinvención de las comunidades y por la capacidad interactiva de las sociedades. No sabemos cuánto puede durar esta transición, pero si sabemos que no puede haber una transición transformadora sin la participación colectica. En otras palabras, en esta transición se difuminan los viejos límites y las consabidas fronteras de la maquina estatal, las delimitaciones y separaciones entre gobernantes y gobernados, funcionarios y usuarios; todo se hace poroso y abierto, fluyente y dinámico. La democracia participativa es el gobierno de las multitudes, el gobierno activo y dinámico de todos; la construcción colectiva de la decisión, de la ley, de las instituciones y la gestión.
En cierto sentido se puede decir que la vieja maquinaria estatal, del Estado-nación, del Estado moderno, del Estado liberal, que son formas del Estado colonial, en la periferia del sistema-mundo capitalista, en el sur de la economía-mundo capitalista, pero también son formas de Estado colonizador en el mismo centro, en el mismo norte del sistema-mundo capitalista; esta forma y modelo de Estado ha quedado obsoleta. Esta maquinaria ha servido para marcar los cuerpos, para disciplinar, para controlar, para normalizar, para administrar los flujos del capital. Ahora se requiere instrumentos, redes de instrumentos, articulaciones instrumentales, herramientas emancipadoras, que coadyuven despertar las capacidades, las potencialidades, las invenciones de la gente. Instrumentos que faciliten los movimientos de los cuerpos y de los ciclos vitales. Ya no se trata de un Estado coercitivo, portador del monopolio de la violencia; ya no se trata de un Estado legítimo, validado por la creencia y el imaginario social; ya no se trata de un Estado hegemónico, definido así debido a la preponderancia de conducción convincente, de un bloque dominante, que supuestamente habría logrado articular un bloque histórico, es decir, la articulación sistemática entre estructura y superestructura. De manera diferente, se trata de una instrumentalidad dinámica y flexible, en el sentido de adecuada a diferenciales condiciones; se trata del manejo participativo de los instrumentos políticos de una manera colectiva; se trata de una sociedad integrada, complementaria, funcionando armónicamente, coordinando múltiples acuerdos.
Ahora bien, para llegar a esta situación de disolución de la maquinaria estatal, hay que transitar una etapa transformadora; para producir las transformaciones estructurales e institucionales se quiere construir las nuevas instituciones y las nuevas estructuras, que a su vez sirvan para seguir construyendo. En este caso la cuestión estatal se remite al ámbito de los instrumentos y aparatos que permiten la construcción del nuevo mapa institucional, que hacen de herramientas de las transformaciones. El Estado plurinacional comunitario y autonómico debe configurarse sobre la base de una instrumentalidad, organización y aparatos capaces de construir lo nuevo. El Estado plurinacional debe construir la materialidad de la interculturalidad, que haga de condición de posibilidad de la circularidad y las formas de expresión de la interculturalidad. La condición comunitaria del Estado debe dar cabida a la reconstitución y a la invención de las comunidades. La condición autonómica del Estado debe lograr plasmar el entramado de las competencias, logrando la armonización y la coordinación entre los gobiernos autonómicos y el gobierno central, entre las asambleas legislativas autonómicas y la asamblea legislativa plurinacional; todo esto en el marco de la emergencia de las territorialidades y la condicionalidad de los ecosistemas y ciclos vitales.
Capitalismo de Estado, economía social-comunitaria y vivir bien
El término de capitalismo de Estado ha entrado nuevamente a la discusión sobre todo para caracterizar o no lo que está ocurriendo con el Estado y su relación con la economía capitalista. La acepción de capitalismo de Estado tiene muchos significados y se le ha dado muchos usos en las prácticas discursivas. ¿Qué es lo que interesa de esta discusión? ¿El sentido verdadero de capitalismo de Estado? ¿Hay acaso un sentido verdadero o la verdad del capitalismo de Estado? Lo que importa son dos cosas, qué es lo que se ha querido decir cuando se empleó el término de capitalismo de Estado, por otra parte, cómo se puede caracterizar lo que ocurre en Bolivia en lo que respecta al papel del Estado y el modelo económico al que apunta. Vamos a tratar de dilucidar estos dos tópicos de la discusión. Comencemos con lo primero.
Friedrich Pollock habla del capitalismo de Estado como un fenómeno contemporáneo, concurrente tanto en las actuales formas de la economía de mercado del capitalismo liberal como en las formas evidentes de las experiencias frustradas del socialismo real. Pollock desarrolló de esta forma su tesis sobre el capitalismo de Estado, como un fenómeno contemporáneo del capitalismo, un prodigio de la evolución de la relación entre capitalismo y Estado. Entonces la intervención del Estado en la economía es un fenómeno que forma parte del proceso de acumulación de capital en escala mundial, de la dominancia de la forma del capitalismo financiero, en el contexto de la crisis orgánica del capitalismo y de la administración financiera de la crisis. Estas tesis son parecidas a las desarrolladas por Rudolf Hilferding, cuando develaba la intervención del Estado en la etapa del capitalismo financiero. Pollock entendía que la intervención estatal de hecho y las medidas económicas de control del Estado contradecían el principio económico del laissez-faire del liberalismo económico, abriendo un camino distinto en relación al liberalismo en la economía; esto significa conducir la economía hacia un mercado regulado. Una de las formas del capitalismo de Estado es el llamado Estado de bienestar; otras de las formas es el modelo keynesiano desarrollado en Estados Unidos de América como respuesta a la crisis estructural de 1929 y la posterior gran depresión; ciertamente la otra forma tiene que ver con el modelo conocido del socialismo real. La tesis de Pollock abarcaba tanto a los sistemas liberales, claramente intervenidos por el Estado, así como al proyectico soviético, de lo que se trataba en el fondo es de la intervención del Estado en la economía. Desde esta perspectiva se veía el surgimiento en ambas configuraciones sociales de la intervención del Estado en la economía. Pollock distinguía entre el proyecto soviético y la variante liberal del New Deal; en ambos casos se presenta el despliegue del capitalismo de Estado, en ambos casos se producía la sustitución de la primacía de la política sobre la primacía de la economía.
En América Latina se le dio el nombre de capitalismo de Estado a la experiencia de los gobiernos nacionalistas y populares, que postularon las nacionalizaciones de las empresas, prioritariamente trasnacionales, encaminando la intervención económica del Estado a la política de sustitución de importaciones. Si bien este uso no es muy ortodoxo que digamos, está mostrándonos, analogías con lo propuesto por Pollock, la intervención del Estado en la economía, la regulación del mercado, el papel del Estado y la expansión de la política sobre el campo económico. La economía ya no es un mero asunto del mercado, como en las visiones liberales, sino es un asunto de Estado. Entonces se entiende en América latina el capitalismo de Estado como nacionalismo, como administración estatal de las empresas públicas, las que cobran importancia y expansión en las políticas renovadas de sustitución de importaciones, por lo tanto de industrialización. No se puede usar el argumento de que ya no hay capitalismo cuando no se invierte productivamente, en la valorización del valor del capital, cuando se desvía el excedente para atender las necesidades básicas de la población, cuando se promueven redistribuciones del excedente a través de la creación de bonos. Primero, porque no se deja nuca de valorizar el capital, la valorización de capital hay que entenderla a escala mundial; segundo, la intervención del Estado en la Economía no descarta la inversión social, tampoco una política rentista de la administración pública del excedente; tercero, tampoco se deja de invertir productivamente en las empresas públicas, esto equivaldría al colapso y desaparición de las empresas, aunque se lo haga de una manera subvencionada. Las formas del capitalismo de Estado parecen ser las formas del Estado en la etapa financiera del capitalismo, con el objeto de administrar mejor la acumulación ampliada de capital a escala mundial. El sistema-mundo capitalista, la economía-mundo capitalista, funciona articulando distintas formas políticas subsumidas a la acumulación ampliada de capital.
Definamos y dibujemos el problema en lo que respecta a las transformaciones institucionales y a la transformación del Estado, a la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Se trata de saber cómo se va transformar el modelo económico dependiente, la subordinación a la división del trabajo de la economía-mundo capitalista, cómo se va a salir del modelo extractivita de una economía subordinada a las exigencias del mercado internacional de materias primas y recursos naturales. ¿Cómo debería intervenir el Estado en la economía siendo ya un Estado plurinacional y no un Estado-nación? ¿Cómo hacerlo escapando de las condicionantes del sistema-mundo capitalista? ¿Cómo cambiar el modelo económico apuntando a un modelo productivo basado en la soberanía alimentaria, en la soberanía económica, en la soberanía financiera y creando las condiciones en el mediano y largo plazo para la soberanía tecnológica; haciendo empero todo esto de tal manera que estas medidas nos alejen de la subordinación y la subsunción a la acumulación ampliada de capital, saliendo de la órbita y circulo vicioso de las formas del capitalismo de Estado? ¿Podemos hacerlo o no? ¿Estamos condenados a repetirá las variadas formas del capitalismo de Estado, de un Estado subalterno y de una forma capitalista dependiente, subordinada a la acumulación ampliada en el contexto de la geopolítica de la dominación tecnológica-militar-mediática-económica de la hiper-potencia mundial de los Estados Unidos de América y sus aliados? Para responder estas preguntas, primero tenemos que aseverar que no hay una condena política en un mundo atravesado por las temporalidades de la historia y los espaciamientos de las acciones sociales. Los que se haga, en lo que respecta a las transformaciones estructurales e institucionales, en lo que respecta a la construcción de un mundo alternativo, enriquecido por las diferencias regionales, complementarias y descentradas de la dominación de la acumulación de capital, particularizadas en propuestas propias locales, va a depender de una clara determinación de cambio, de una manifiesta voluntad transformadora, del despliegue de políticas transformadoras, contando con la participación abierta e intensiva de la sociedad, las comunidades y la gente. Ya dijimos que el Estado plurinacional no es el Estado-nación, es otra cosa, por lo tanto tampoco se puede limitar su accionar económico a las formas del capitalismo de Estado. El Estado plurinacional se abre a la posibilidad de construir una economía social y comunitaria sobre la base de la articulación complementaria e integrada de la economía plural, conformando las bases materiales de sustentación del modelo civilizatorio del vivir bien, en interactividad armónica con los seres, los ciclos vitales. El Estado plurinacional tiene que abrir huella, lograr la apertura a otra alternativa, salir del prejuicio del determinismo económico, entender que la invención política, la invención económica, forma parte de nuestra libertad y capacidad creativa; estas tareas son urgentes en pleno desencadenamiento de la crisis estructural del capitalismo. Ciertamente no es fácil, sobre todo cuando se tiene toda una carga heredada de prejuicios, arquitecturas, aparatos estatales, prácticas de gobierno elitista y grupal, normas, reglas, procedimientos técnicos y administrativos anclados en la repetición de lo mismo, en la mediación de la ejecución de la norma. Nadie puede decirnos que, mientras no caiga el capitalismo mundial, no haya una transformación del modelo capitalismo mundial, no podemos hacer nada. Esto no es solo muestra de un pesimismo descarnado, sino una justificación débil y no sustentada, de la falta de voluntad de cambio. El cambio del sistema-mundo capitalista no va venir de golpe, no va caer primero la totalidad, para que caigan con ella las partes; el derrumbe se produce en el interior, precisamente en las partes, que dejan de funcionar como antes. La crisis del capitalismo no solamente se constata por la tendencia de la tasa decreciente de ganancia, por la aproximación al colapso de la acumulación de capital, sino por las resistencias, las disidencias, las alternativas, las desviaciones, los usos distintos, las variaciones de las formas de reproducción. El derrumbe del capitalismo no es un acontecimiento meramente económico, el derrumbe del capitalismo es un acontecimiento político, es una destrucción emancipadora política por voluntad expresa de los productores, de los consumidores, de los movimientos sociales, del proletariado nómada. La tarea de construir la economía social y comunitaria es una oportunidad, es una ruta alternativa, una huella, un espacio alterativo distinto. No se puede eludir o descartar esta tarea con argumentos etapistas, primero esto y después lo otro; esta es la mejor manera de escapar de la responsabilidad que se tiene ante el desafío de las transformaciones.
El ámbito de relaciones capital y el ámbito de relaciones Estado
Hablemos del fetichismo del Estado así como hablamos del fetichismo de la mercancía. Si el fetichismo de la mercancía se puede entender como ese imaginario que reduce las relaciones sociales como si fuesen relaciones entre cosas, esto es el fenómeno de la cosificación, que también se conoce como reificación, se puede hablar del fetichismo del Estado como el imaginario que reduce las relaciones de poder como si fuesen la relación entre el Estado y la sociedad civil, el Estado como representante de la voluntad general, que expresa el bien común, y la sociedad civil como ámbito de la pluralidad de intereses particulares. El Estado es una relación, como lo es el capital; el capital es una relación de explotación, en cambio el Estado es una relación de poder, una relación de dominación. El Estado es el sujeto general, el burgués general, que gestiona la explotación de la fuerza de trabajo por parte del capital, que agencia la acumulación de capital y administra la crisis del capitalismo; el Estado es el capital en su dimensión política. En cambio el capital expresa una relación de dominación, la relación de explotación, como si fuese meramente económica, es decir, como si fuese natural. Estado y capital forman un sistema, cada cual es una de las caras de la misma medalla. No se trata de repetir la metáfora de la determinación de la estructura sobre la superestructura, tampoco de resolver el problema de una relación compleja en términos de la sobre-determinación, por este camino concebir la autonomía relativa del Estado. Se trata, de manera diferente, de comprender tanto al capital como al Estado como ámbitos de relaciones; las relaciones no son las mismas, tampoco los ámbitos en cuestión, se yuxtaponen, se cruzan, se mezclan, ¿se co-determinan? Ambos tienen historias distintas, podríamos decir genealogías diferentes, incluso pretenden ser dominantes, la preponderancia de lo económico sobre lo político o, en su caso, la preponderancia de lo político sobre lo económico. Sin embargo, estas relaciones, entre Estado y capital, no hay que leerlas atemporalmente, al contrario, tienen que ser contextuadas constantemente; se trata de distintos contextos y por lo tanto de diferente valoración y significación de las relaciones. Se trata también de formas de Estado distintas en los distintos contextos, así como distintas formas de capital, en los diferentes ciclos del capitalismo. Todo esto tiene que ser evaluado, tomado en cuenta, al momento de analizar estas relaciones. También tenemos que considerar la geopolítica y la geografía de su realización; una cosa es que se considere esta relación en el sur del sistema-mundo capitalista, otra cosa es que se la considere cuando ocurre en el norte de la economía-mundo capitalista, diferente significación y connotación tienen si acontece en el centro o en la periferia del sistema-mundo capitalista. Se trata de la historia de una problemática, que llamamos cuestión estatal, pero también del tratamiento de la problemática en la historia de su discusión.
¿A dónde apuntamos con todo esto? A establecer una hipótesis política: No se puede escapar del capital, de la órbita de relaciones capitalistas, del ciclo de producción-reproducción del capital, si no escapamos a su vez del Estado, de la órbita de las relaciones de dominación, del ciclo de producción-reproducción del Estado. Es pues una ilusión creer que con el instrumento del Estado podemos desplegar una política anticapitalista; las reformas estatales han resultado ser formas de soluciones a la crisis del capitalismo. Ahora bien, ¿una revolución puede abolir, de la noche a la mañana, el Estado? Esta es la cuestión. Depende cómo consideremos las experiencias de la Comuna de París y de los autogobiernos comunitarios o comunales. Lo cierto es que no duró mucho o, en su caso, fueron experiencias locales. Lo que duró un tiempo considerable es la experiencia dramática de la dictadura del proletariado o del Estado en transición de su desaparición, que paradójicamente instituyó un Estado más absorbente. Parece que el problema se da en esa transición que llamamos la desaparición del Estado o a abolición del Estado.
¿Cómo transitar la transición de una manera transformadora? ¿O es qué no se puede escapar del Estado, es una maquinaria que coexiste con las sociedades humanas? Si fuese así, tendríamos que concebir al Estado de otra manera, también como una maquinaria ancestral que se explica por la sobre-codificación, el monopolio, la mediación, la burocratización temprana, la ceremonialidad del poder, por su lugar de interjección de flujos, la retención de los mismos en forma de stock, por los espacios estriados y sobre-todo por su cartografía exorbitante. Esta configuración del Estado es pensada desde la exterioridad nómada, desde el espacio liso de las líneas de fuga, desde el espesor de los campos de intensidad, desde la multiplicidad del entramado de las dinámicas moleculares. El Estado como aparato burocrático y mito paranoico coexiste con las máquinas de guerra, invención de las sociedades nómadas, que no conciben fronteras, ni cartografías, ni espacios estriados. Entonces Estado y nomadismo coexisten, se suponen; el Estado, corta, detiene y codifica los flujos y las líneas de fuga, las intensidades, en tanto que los procesos y recorridos nómada, las líneas de fuga, desordenan, inventan, abren boquetes, desplazan, desterritorializan las territorialidades estatales, aunque las mismas desterritorializaciones vuelvan a ser reterritorializadas, en otro plano, ideológico, político o religioso. Esta concepción del Estado es genealógica, lo figura y refigura en su propia transformación, en su propia mutación, en su mismo temblor, sometido constantemente a la posibilidad y al acontecimiento mismo del ataque nómada, a la ocupación nómada. No hay nada que pueda resguardarlo, ni su ejército, ni su disciplina militar; el Estado, sus ciudades, pueden caer cualquier rato, ser sitiadas o tomadas, incluso cruzadas por movilizaciones múltiples. Desde esta perspectiva, de lo que se trata de entender no es cuándo muere el Estado, cuándo desaparece, cuándo va a ser sustituido por las asociaciones autogestionarias y los autogobiernos, sino de entender que las resistencias al Estado son permanentes, la guerra contra los aparatos que marcan que retienen, que monopolizan, que codifican, que corta, que estocan, contra los procedimientos que norman y reglamentan, es constante. Puede ocurrir incluso que lleguen a tomar la metrópoli, la sede del los poderes, el centro de la dominación, empero una vez hecho esto la abandonen, como cuando ocurrió con la toma de la Ciudad de México por parte de las milicias de Emiliano Zapata y Pancho Villa. También puede ocurrir que terminen custodiando el palacio de gobierno y ni se den cuenta que la arquitectura del gobierno ya es suya, dejando que gobiernen otros, como cuando aconteció después de la insurrección de abril de 1952 en La Paz. Las milicias mineras custodiaban el Palacio Quemado, el ejército estaba destrozado, eran entonces el único poder armado, junto a las milicias campesinas y otras milicias plebeyas. ¿De qué depende que esta toma virtual, incluso real, termine siendo efectiva? ¿Del derrumbe del fetichismo del Estado? ¿Es un problema imaginario? ¿Es la costumbre, los límites de la rebelión y, por lo tanto, solidez todavía de la disciplina, la docilidad y subordinación? Obviamente, no vamos a introducir aquí una hipótesis política como la del partido de vanguardia, cosa que se ha escuchado decir que faltaba. Pues esta no es una respuesta después la experiencia soviética y de la revolución China, donde se tomó efectivamente el poder pero para perderlo en manos de la burocracia. Los soviets, los consejos, los obreros, campesinos y soldados perdieron el control del poder y la conducción, transfiriéndolo al partido, a los burócratas, a la nomenclatura. ¿Por qué se restaura el Estado y no mas bien las asociaciones de productores? Este es un tema que no es fácil resolver. Hay que analizarlo a la luz de esa relación problemática entre instituciones y prácticas, sobre todo prácticas no institucionalizadas, prácticas desbordantes de lo institucional.
Volviendo a la relación entre el ámbito de relaciones del capital y el ámbito de relaciones del Estado podemos decir que ambos son campos de luchas, uno, el del capital, responde a la lucha de clases, principalmente entre proletariado y burguesía; el segundo ámbito responde a una lucha más compleja, donde entran identidades, movimientos, naciones, sujetos, además de clases y alianzas de clase. Se puede decir, con cierta aproximación, que el ámbito de relaciones del Estado supone la lucha por la hegemonía. ¿Cuál la relación entre ambos ámbitos? Estamos muy lejos de repetir la metáfora arquitectónica de la estructura y superestructura, de la determinación de la estructura sobre la superestructura, incluso si se la toma en última instancia; de repetir también la misma metáfora relativizada planteando la autonomía relativa del Estado. Ambos ámbitos se cruzan, se refuerzan, se mezclan, se articulan conformando composiciones complejas que se realizan en agenciamientos concretos e integrados. Lo que interesa es entender la concomitancia y complementariedad de ambos ámbitos de relaciones en el sentido de las dominaciones y en el sentido de la explotación, en el sentido de la hegemonía y de la productividad, en el caso que nos ocupa, de la relación entre Estado y capital, interesa comprender la conexión entre institución imaginaria del Estado y la valorización del valor, es decir, la acumulación de capital.
Balance y perspectiva de la revolución boliviana
Una Mirada desde la coyuntura y la producción legislativa
¿Cómo hacer el balance de un proceso tan intenso y a la vez tan complejo? ¿Definir el momento en el que nos encontramos, es decir, situarnos en la coyuntura del proceso? ¿A partir de ella, realizar una mirada retrospectiva? ¿Este es un punto de inflexión? ¿Toda coyuntura lo es, debido a que se abre un campo de posibilidades? Empero, particularmente lo es la coyuntura del proceso boliviano, debido a las contradicciones que están en juego, las relaciones de fuerza que concurren las tendencias que compiten por un desenlace. ¿Cómo caracterizarla? Se trata de los comienzos de la segunda gestión de gobierno; esta es la etapa de la aplicación de la Constitución Política del Estado. Etapa que tiene que ver con las acciones, medidas y transformaciones institucionales que tienen que fundar el Estado plurinacional comunitario y autonómico. ¿Qué tan preparados estamos para cumplir esta tarea fundacional? ¿Cómo podemos saberlo? Quizás una evaluación de las leyes promulgadas nos puede decir algo de esto: ¿cuán preparados estamos para realizar las transformaciones estructurales e institucionales? Podemos aproximarnos a esta evaluación haciendo un análisis estructural de algunas leyes, quizás las más importantes, las que tienen que ver con los alcances de las transformaciones exigidas por la Constitución. Comencemos con la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibañez”.
La Ley Marco de Autonomías y Descentralización comienza con el preámbulo, sigue con el Título I de Disposiciones Generales, donde se tiene un Capítulo I sobre el Marco Constitucional, Objeto, Alcance y Ámbito de Aplicación. El Capítulo II trabaja Principios y Definiciones, donde se establecen diez y ocho principios y tres boques de definiciones; sobre la organización territorial, respecto a la administración de las unidades territoriales y en lo relacionado a las organizaciones indígenas originarias campesinas; el Capítulo III trata sobre las Bases del Régimen de Autonomía. Pasando a los siguientes títulos, el II define las Bases del Régimen Territorial, el Título III trata sobre los Tipos de Autonomías, el Titulo IV define el Procedimiento de Acceso a la Autonomía y Elaboración de Estatutos y Cartas Orgánicas, el Título V establece el Régimen Competencial, el Titulo VI define el Régimen Económico Financiero, el Titulo VII dibuja el campo de relaciones de la Coordinación entre el Nivel Central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas, el Título VIII trabaja el Marco General de la Participación y Control Social en las Entidades Territoriales Autónomas, el Titulo IX trata sobre la Suspensión Temporal y Destitución de Autoridades Electas Departamentales, Regionales y Municipales; después vienen las Disposiciones Transitorias. Empero, lo que nos interesa, por ahora, en esta estructura de la ley, es la definición del territorio indígena, para evaluar el alcance plurinacional y descolonizador de la ley misma.
En lo que respecta al territorio indígena originario campesino la ley reconoce esta condición a las tierras colectivas o comunitarias de origen, debidamente consolidadas de acuerdo a ley y que ha adquirido esta categoría mediante el procedimiento correspondiente ante la autoridad agraria. Esta definición está lejos de respetar lo que establece la Constitución, que dice que la autonomía indígena originario campesina consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y pueblos indígena originarios campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias (Articulo 289). El parágrafo I del artículo 290 de la Constitución dice que la conformación de la autonomía indígena originaria campesina se basa en los territorios ancestrales actualmente habitados por estos pueblos y naciones y en la voluntad de su población expresada en consulta, de acuerdo a la Constitución y la ley. Y el parágrafo I del artículo 291 dice que son autonomías indígenas originario campesinas los territorios indígenas originario campesinos, y los municipios y regiones que adoptan tal cualidad de acuerdo a lo establecido en esta Constitución y la Ley. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál la diferencia? Tomando en cuenta lo establecido por la Constitución y la jerarquía normativa que atribuye ésta a los convenios internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, podemos interpretar que donde hay Autonomía Indígena hay territorio indígena; no puede haber Autonomía Indígena sin el reconocimiento de territorio indígena. Sería un contrasentido, se entraría en contradicción con el reconocimiento de los derechos de las naciones y pueblos indígenas. Sin embargo, esto es precisamente en lo que cae la Ley Marco de Autonomías.
¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué esta diferencia entre la Constitución y la Ley Marco de Autonomías? No es fácil responder a esta pregunta; empero podemos lanzar alguna hipótesis interpretativa. La hipótesis es la siguiente: La aplicación de la Constitución va a depender de la correlación de fuerzas, de las tendencias en juego, que disputan la concurrencia de la direccionalidad del proceso. Como es de esperar, se trata de un proceso que contiene contradicciones en su seno; hay tendencias que apuntan a desplegar los cambios de una manera diferida y pragmática, bajo la orientación de lo que podemos denominar, de una manera general, el realismo político. También hay tendencias que interpretan las latencias y posibilidades del proceso como oportunidad, una oportunidad a la que no se puede renunciar; desde esta perspectiva, se requiere intervenir con una voluntad política de cambio clara y evidente, apuntando a las transformaciones estructurales, institucionales, económicas, políticas, sociales y culturales. Estas tendencias radicales conciben el proceso como una transformación constante contando con el despliegue de una movilización permanente; en cambio las tendencias pragmáticas conciben la conducción del proceso de una manera instrumental; en este caso, de lo que se trata es de una administración dosificada del cambio. Visto de esta manera, considerando la hipótesis interpretativa, podemos decir que, lo que se ha impuesto en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización es la tendencia del realismo político.
Algo parecido ocurre con la Ley del Régimen Electoral, aunque en otro contexto, con otros problemas y otras tendencias, que vale la pena identificarlas. En este caso la interpretación tiene que ver con la comprensión que se tiente del sentido y el alcance de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Qué significa que sea plurinacional? Además tiene que ver otra vez con los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios y las condiciones normativas de las autonomías indígenas, que accionan de acuerdo a normas y procedimientos propios. Por lo tanto la elección de sus representantes tiene que ver con normas y procedimientos propios. Tal parece que a los elaboradores y diseñadores de la ley les resulta difícil comprender los alcances históricos de lo plurinacional, de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, además de los alcances estructurales de las autonomías indígenas. Todavía sus referentes se encuentran en las normas y procedimientos del Estado nación, en la construcción de la representación por las vías liberales, en la autorreferencial centrípeta del control de la maquinaria centralizada del Estado. No ha habido una reforma moral e intelectual, no ha habido una revolución cultural, no ha habido una ruptura epistemológico con las formas de pensar liberales, nacionalistas y coloniales. Por eso las metodologías de trabajo, de diseño y elaboración de leyes, están ancladas en procedimientos e instrumentalidad liberales. Tomando en cuenta este problema relativo a las herencias mantenidas, es menester recurrir a la Constitución que exige la construcción colectiva de las leyes. Para lograr esto se impone la realización plena de la democracia participativa, como establece también la Constitución.
No se trata de hacer ahora una análisis exhaustivo de las leyes promulgadas recientemente por el gobierno indígena-popular, sobre todo después de la aprobación de la Constitución Política del Estado, sino de dar ejemplos, de identificar síntomas, para tratar de entender lo que pasa en la coyuntura del proceso, sobre todo para tratar de caracterizar la forma de conducción y los problemas que enfrenta. Para continuar habría que diferenciar el tipo de leyes; unas son las que están estrictamente vinculadas a la Constitución y otras son las que tienen que empezar a llenar los vacíos jurídicos, después de la aprobación de la Constitución. Por ejemplo, la Ley de Pensiones (Número 055), aprobada el 10 de diciembre del 2010, es una ley que debe llenar los vacíos abiertos, en relación a las nuevas políticas del seguro social universal y de la jubilación general. La Ley de la Procuraduría General del Estado del 5 de diciembre del 2010 (Número 054), es una ley que abre un espacio legal para la creación institucional de la Procuraduría, tal como ha sido establecida por la Constitución. El artículo dos de la ley dice que la Procuraduría General del Estado es una institución de representación jurídica pública que tiene como finalidad promover, defender y precautelar los intereses del Estado. El ejercicio de las funciones se ejerce por los servidores que señala la presente Ley. Esta, la Procuraduría, es una institución que ya se encuentra consolidada en otros países que pueden ser identificados por sus características estructurales correspondientes al Estados liberal. Esta ley no está directamente relacionada con la fundación del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Algo parecido podemos decir, aunque de una manera más evidente, sobre La Ley del Presupuesto General del Estado, correspondiente a la gestión 2011 (Número 062); esta es una ley ordinaria o mas bien periódica, que se promulga cada año, una vez aprobado el presupuesto general del Estado.
¿Cuáles son las leyes básicas que exige la Constitución? ¿Cuáles son las leyes que deben ser fundacionales del Estado plurinacional comunitario y autonómico? Ciertamente la Ley Marco de Autonomías y Descentralización es una ley básica y debería ser una ley fundacional. Por este camino, exigido por la Constitución, se encaminan la Ley Orgánica del Ejecutivo, que no se la ha elaborado, tampoco aprobado y obviamente menos promulgado. Lo mismo ocurre con la Ley Orgánica del Legislativo. En cambio la Ley del Tribunal Constitucional ya ha sido promulgada; lo mismo ocurre con la Ley del Régimen Electoral. Estas son las cinco leyes básicas que demanda la Constitución y que deberían ser leyes fundacionales. También se ha promulgado la Ley del Órgano Judicial, así también la Ley del Órgano Electoral Plurinacional. La primera debe evaluarse en el marco exigido por la constitución del pluralismo jurídico, por lo tanto del pluralismo institucional, así como del pluralismo ético; la segunda, en concomitancia con el Régimen Electoral debe responder a la condición plurinacional del Estado, por lo tanto también al pluralismo institucional y a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios.
Hay otras leyes que, aunque no sean explícitamente mencionadas por la Constitución, deberían ser, sin embargo, elaboradas y adquirir el contenido y la materialidad jurídica de fundacionales. Este es el caso de la Ley de Gestión Pública. Esta ley debe transformar estructuralmente la concepción de gestión, salir de la gestión liberal, reproductora del Estado nación, una de las formas del Estado colonial en la periferia del capitalismo, estableciendo las condiciones jurídicas e institucionales de una forma de gestión plurinacional, comunitaria e intercultural, transformando los instrumentos de la gestión de modo participativo. Al respecto, lo que llama la atención es que el anteproyecto de ley ya se la ha elaborado, después de una larga discusión conceptual, en el Ministerio de Economía, sin embargo, no ha sido presentada hasta ahora en el gabinete, mucho menos a la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Por qué? Siendo una de las leyes fundamentales, prioritarias, además de fundacionales, para producir transformaciones institucionales que cobijen al nuevo Estado.
No vamos a mencionar aquí leyes que sorprenden por su superficialidad y complicidad con temas que deberían ser manejados de manera clara, contundente y ética por el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, como es el caso de la Ley de Juegos de Lotería y de Azar del 25 de noviembre de 2010 (Número 060). Vamos a concentrarnos en las leyes fundacionales, que deberían haberse elaborado, aprobado y promulgado, pues, en condición de tales, crean las condiciones de posibilidad institucional para las transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales y de la fundación del Estado plurinacional. Esta es el caso de la Ley de la Economía Plural, encaminada a transformar el modelo económico dependiente, el modelo productivo extractivista, que tiene como característica desestructurarte la desarticulación de las distintas formas de organización económica, ocasionando la dispersión de la economía. El objeto y objetivo de esta ley debería ser articular la economía plural, la forma de organización económica comunitaria, estatal y privada, de forma complementaria e integrada, encaminándola a una economía social y comunitaria, tal como establece la Constitución. Esta ley hasta ahora no se la ha trabajado y discutido.
Ahora bien, en este contexto de leyes elaboradas a puertas cerradas, sin mayor discusión plurinacional, como demanda la Constitución, sin participación colectiva, de todas maneras, en contracorriente, se ha elaborado, escapando de estos procedimientos grupales, el anteproyecto de Ley de la Madre Tierra, por parte de las organizaciones sociales que conforman el Pacto de la Unidad. Este anteproyecto de Ley de la Madre tierra después fue consensuada con la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esta construcción colectiva de la ley recupera las cosmovisiones indígenas y la complejidad de los ciclos vitales de la madre tierra y su interactividad. Esta ley pretende ser una ley matricial y fundacional, exigiendo, desde la perspectiva del vivir bien, la adecuación de todas las leyes al marco ecológico del respeto a los derechos y los deberes para con la madre tierra. Por la forma con la que se elaboró esta ley, así como por el contenido, que implica una ruptura y desplazamientos epistemológicos, que trascienden la concepción ambientalista, incluso salen, en ciertos aspectos, de la concepción ecologista, la nueva concepción normativa, elaborada colectivamente, plantea latentemente la reconducción del proceso de cambio, apuntando a las transformaciones estructurales institucionales, pero también de los comportamientos, de las conductas y de las mentalidades, transformando también las prácticas. Todo esto significa la realización de un revolución cultural, una revolución moral e intelectual, además de la apertura a los caudales intensos de la participación social. En el anteproyecto de esta Ley de la Madre Tierra se rompe con la definición de recursos naturales, pues esto significaría reproducir la diferencia entre sociedad y naturaleza, el dominio sobre la naturaleza y la explotación capitalista. Se sustituye esta definición extractivista por la de bondades y componentes de la naturaleza, convocando a una interacción armónica con el conjunto de seres componentes de la madre tierra y con el entrelazamiento de sus ciclos vitales.
Llegando al balance, como se puede ver, se puede decir que el proceso contiene por lo menos dos versiones del mismo; una oficial, que tiende a la apología de la gestión y de las políticas públicas, y otra versión popular e indígena, ligada a los movimientos sociales. La complejidad de la composición de las tendencias del proceso, sobre todo de la relación diferencial del Estado con los flujos sociales, sus formas de organización, sus interpelaciones y sus desbordes, exige un análisis dinámico y crítico de la marcha de los acontecimientos, tratando de evaluar objetivamente los alcances de la gestión, pero también los alcances y el peso de las fuerzas sociales. Teniendo en cuenta esta orientación podemos proponer algunas conclusiones.
- Se ha estancado la transformación institucional en su momento de convocatoria al cambio, sin poder materializarlo, reiterando mas bien la reproducción de la vieja maquinaria estatal en la repetición recurrente de la antigua arquitectura estatal, de las acostumbradas formas de gobierno, de la constancia de su instrumentalidad, de la perversa circularidad de las normas, de los procedimientos y de la administración burocrática de estas normas y procedimientos.
- La elaboración de leyes ha caído en el dominio de la especialidad, manos de grupos de abogados, legisladores y especialistas, que instrumentalizan la concepción leguleya, jurídica, técnica legislativa, que deriva condenadamente en la separación de los que mandan respecto a los que obedecen, los que gobiernan respecto a los gobernados, los que saben respecto a los que no saben, cayendo, de este modo, en la repetición de las estructuras de poder y las formas polimorfas de dominación.
- Las dos conclusiones anteriores nos llevan a una tercera, de orden mas general: Las prácticas de gobierno, de gestión, de elaboración de leyes, de construcción institucional, nos detienen en el tiempo político del Estado nación, sin poder adentrarnos todavía a los espacios-tiempos del Estado plurinacional comunitario y autonómico.
- En la exterioridad de la forma de gobierno, que es la del Estado mismo, en su momento de repetición, empero, en las entrañas mismas del proceso, en la vitalidad del accionar molecular de las fuerzas sociales, de los movimientos sociales, articulados por organizaciones sociales, se recupera la potencia social de la trasformación, el poder constituyente, la capacidad creativa de la imaginación y del imaginario radicales.
Teoría nómada del Estado
¿Se puede hablar de teoría, es decir de mirada, de contemplación desde la mirada que figura y configura, cuando precisamente estamos desarrollando una crítica, es decir el trazo de una diferenciación, la construcción de esa distancia, desde una perspectiva genealógica, que Michel Foucault, Gilles Deleuze y Félix Guattari consideraban todavía materialista? Bueno, se ha jugado, anteriormente con los términos de teoría crítica, sobre todo refiriéndose a la Escuela de Frankfurt, pero también, más antes, a la crítica critica de la corriente neohegeliana en la época de las primeras armas del joven Karl Marx; empero, ¿tenemos que hacerlo de nuevo? ¿Tenemos que volver a enganchar teoría y crítica? En todo caso se trata de saber de qué crítica se está hablando, de una crítica teórica, discursiva, como la de las armas de la crítica, o de la crítica de las armas, aludiendo a la subversión de la praxis. Se trata de un movimiento generalizado, integral, que abarca la desestructuración y ocupación revolucionaria de varios terrenos, varios espacios, varios niveles. Es decir, se ocasiona múltiples transformaciones en todos los planos y niveles de la realidad efectiva; desde esta perspectiva la crítica, el análisis crítico, la teoría crítica, se convierten en dispositivos discursivos de una movilización en múltiples planos. En conjunto se trata de intervenciones políticas articuladas, flujos descodificados, líneas de fuga, recorridos nómadas que atraviesan los espacios estriados convirtiéndolos en espacios lisos.
Desde esta perspectiva la teoría nómada del Estado es una genealogía y una arqueología política del Estado; se trata de comprender la historia efectiva del Estado a partir de las relaciones complejas y dinámicas de la microfísica y la macro-física de los diagramas de poder, entre la dinámica molecular y el mapa molar institucional, entre las dimensiones de la micro-política y las formas políticas establecidas, entre las prácticas discursiva y las prácticas no discursivas. El Estado visualizado no sólo como máquina abstracta de poder, sino también como mapa institucional, como conjunto de engranajes, agenciamientos, dispositivos, normas y procedimientos que definen formas administrativas y derivan o asumen formas de gubernamentalidad. El contenido concreto y efectivo de la forma de Estado es la forma de gobierno, la conducción política, la dirección y el sentido que se le asignan a la administración de las cosas y de los seres humanos. Po otra parte, de una manera complementaria, también se trata de visualizar aquello que llamamos Estado a partir de su propia distribución y dispersión congruente, pero también entender la complejidad estatal como aparatos de captura opuestos a la máquina de guerra de los nómadas; entendiendo por nómadas las figuras indeterminadas de los campos de intensidad, de los planos de consistencia, de la multiplicidad heterogénea de las líneas de fuga y de los flujos descodificados.
¿De qué estamos hablando? De efectivos flujos descodificados que se dan en determinados momentos, contextos y situaciones históricas; por ejemplo, cuando se dan los flujos de desterritorialización de los migrantes que se van a incorporar como fuerza de trabajo a los procesos de acumulación del capital. Este proletariado desclasado, esta multiplicidad no-clase, es un campo de intensidades desatado, cuya potencia va a ser cortada, estocada, recodificada por la axiomática capitalista y por el Estado moderno que reintroduce estos flujos retenidos, en forma de captura, a sus espacios estriados, a sus mapas institucionales y códigos modernos. Las propias maquinarias coloniales y capitalistas se van a encargar de generar flujos indeterminados cuando indianizan, por así, decirlo a las naciones, pueblos, poblaciones conquistados. Estas naciones, pueblos y poblaciones pierden sus identidades ancestrales o sufren su dilución y fragmentación, si no es su invisibilización, absorbidos por el denominativo administrativo y racial de indios, generalizándolos, universalizándolos como categoría universal en los discursos políticos y culturales de la modernidad. El indio es una figura universalizada por la conquista y la colonización, una figura indeterminada que expresa su condición de dominación y subordinación. En este sentido los indios viven un proceso de desterritroialización, de deculturación, de decodificación, transfiriendo su potencia ancestral en términos de flujos decodificados, que también van a ser cortados, estocados, re-codificados, capturados, por las políticas de reterritorialización coloniales, como en el caso del ordenamiento terriotorial del Virrey Francisco Toledo durante su administración en el Virreinato del Perú. Desde esta perspectiva, lo indígena va a ser una potencia constantemente desbordante respecto del mapa institucional impuesto y establecido. El Estado colonial va a tener un permanente conflicto, latente y abierto, con los indios. La negociaciones y renegociaciones, las reinserciones, van a ser constantes, también los conflictos intermitentes, hasta los levantamientos y rebeliones desencadenadas. El problema del desborde indígena se traslada a las repúblicas, después de la Guerra de la Independencia; los estados republicanos, liberales, los Estado-nación, van a desplegar políticas de demarcación o de inclusión, de separación o de inserción. Estas políticas van a transmutarse con el tiempo, haciéndose más democráticas, proponiendo mestizajes y también reconocimientos multiculturales e interculturales, sin embargo, en la medida que reterritorializan los flujos y las potencias indígenas terminan capturándolos en los mapas institucionales y en los códigos del Estado, que no deja de estar al servicio de los procesos de acumulación de capital.
Otro de los flujos desatados por la intervención de las maquinarias comerciales coloniales y capitalistas son los relativos a los flujos de desterritorialización dados por el comercio de esclavos. Múltiples poblaciones sufrieron el destierro obligado, arrancados de sus territorios, de sus lugares, de sus pueblos, de sus redes de parentesco, sus armaduras culturales y sus lenguas maternas. Se convirtieron violentamente en mercancías sin llegar a ser fuerza de trabajo libre. Estas propiedades del capital comercial eran cuerpos y humanidades vendidos en su condición de objetos y herramientas, en su condición de animales de trabajo. Las capturas de africanos sometidos al comercio humano y a la esclavización desataron flujos descodificados, por lo tanto potencias desencadenadas, desbordes de intensidades, que fueron cortados, estocados, re-codificados, controlados severamente. En este caso también se produjeron derrames y rebeliones. La historia de los cimarrones patentiza estos campos de intensidades. Las autoridades coloniales van a intentar detener estas formas de liberación, sin lograrlo plenamente. En principio se reunían en los palenques o quilombos, que eran lugares apartados de las ciudades, donde practicaban la recuperación o reinvención de sus culturas y espiritualidades, que eran descalificadas por la iglesia católica. Cuando fueron prohibidas estas reuniones, los cimarrones formaron sus propios asentamientos, que en muchos casos se convirtieron en fortalezas, en lugares adentrados del monte. Eran considerados lugares impenetrables. La expresión más sobresaliente de la emancipación afroamericana es la Guerra de la Independencia Haitiana, dirigida por François Dominique Toussaint-Louverture, quien entre 1793 y 1802 dirige la guerra anticolonial haitiana con sagacidad, enfrentando a españoles, ingleses y franceses. Este es uno de los acontecimientos emancipadores más profundos en esa etapa inaugural de la llamada modernidad, acompañando en su universalización a la independencia norteamericana y a la revolución francesa, sólo que los investigadores y la academia, la historia universal, han ocultado o ignorado la irradiación intensa de la rebelión afroamericana. Otro acontecimiento inaugural que se ha ocultado por la academia y la historia universal es una guerra anticolonial anterior, el levantamiento y la rebelión indígena andina del siglo XVIII. Llama la atención este encubrimiento, forma parte del colonialismo de la modernidad, que va a buscar legitimar la dominación blanca y occidental, a pesar de que se abrieron otros causes para otras modernidades alternativas, incluso para otros renacimiento alternativos[2].
De las figuras desbordantes, de los flujos descodificados, de los campos de intensidad, quizás una de las más alterativas es la del devenir-mujer, la dinámica molecular del devenir mujer, escapando a las condicionantes y determinaciones molares institucionales, a las dominaciones masculinas conformadas en los mapas institucionales y en lo que llaman las feministas el Estado patriarcal, que en realidad es la metamorfosis de estados basados en códigos, sobrecogidos, descodificaciones y decodificaciones paranoicas masculinas. No solo se trata de la interpelación de los discursos y critica de las corrientes feministas, sobre todo de las más radicales, las anarquistas, las lésbicas, las del endogenismo anticolonial, sino del desborde mismo, del flujo de intensidades, de la irradiación del devenir-mujer, de la desfiguración, de la deconstrucción que produce de las figuras de la mujer universal, de la niña universal, de la joven universal, instituidas por la cultura dominante y el mapa institucional. El desborde del devenir-mujer cono alteridad absoluta.
Como se puede ver estamos ante múltiples figuras proliferantes de las líneas de fuga, los flujos decodificados y los campos de intensidad; otra de las figuras cuestionadoras de los constructos culturales universales es la pluralidad de identidades y subjetividades que manifiestan los movimientos LGBT, entendiendo que se trata de movimientos que luchan por los derechos de los homosexuales (gay y lesbianas), transexuales, bisexuales y otros. Estos movimientos ponen en cuestión las identidades y constructos históricos culturales sexuales universalizados por la modernidad, replantean el tema del cuerpo, de lo que es capaz el cuerpo, y desplazan las lecturas eróticas y estéticas desbordando los parámetros establecidos. Como se puede ver las problemáticas de la subjetividad, de las identidades, el cuerpo y el deseo son exuberantes; no son figuras, perfiles, composiciones y constructos culturales que puedan detenerse en el tiempo por medio de procedimientos institucionales.
No podríamos hacer un listado exhaustivo de las figuras desbordantes de los flujos descodificados, las líneas de fuga, los campos de intensidad; en realidad es inabarcable. Estamos ante la irradiación y desborde de energías vitales, que constantemente es capturada, retenida estocada, por los aparatos institucionales. Las distintas formas de Estado, el devenir-Estado, se alimentan de estos flujos, que son codificados, sobre-codificados, descodificados, axiomatizados y re-codificados. Podemos hablar de múltiples devenires que emergen y son inmanentes a los procesos históricos. Entre estos sobresalen el devenir animal, el devenir planta, el devenir bosque, el devenir territorio, el devenir ciclo del agua, ciclo del aire, ciclo de los suelos; entrando así, de este modo, a otros agenciamientos, a otras transformaciones, a otras conexiones y a otras comunicaciones, ya supuestas en los mitos y las cosmovisiones indígenas.
[1] Ver de Mabel Thwaites (compiladora), Estado y marxismo. Un siglo y medio de debates. Prometeo 2007. Buenos Aires.
[2] Ver de Serge Gruzinski El pensamiento mestizo. Paidós 2000; Buenos Aires.