Violando descaradamente la Constitución, el gobierno de Nicolás Maduro secuestró el Referendo Revocatorio tal como lo hizo en 2016. Esta vez utilizó el ardid de manipular el cronograma electoral, para impedir que el pueblo soberano se expresara libremente. Un proceso que, según los expertos y experiencias anteriores, debería tomar como mínimo 90 días para cumplir todas sus fases a fin de garantizar su transparencia y confiabilidad, fue planificado y ejecutado de forma artera en apenas 4 días a partir de su notificación al país, violando el propio reglamento del CNE aprobado con motivo del referendo revocatorio presidencial de 2004.