El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gasteiz ha absuelto a una activista antimilitarista de un delito de desobediencia al entender que la protesta en la que participó como un ejercicio de libertad de expresión” que fue “lícito, legítimo y eficaz”. 

La sentencia, a la que ha tenido acceso El Salto y contra la que no cabe recurso, sitúa así por encima el derecho a la libertad de expresión frente a la Ley de Seguridad Ciudadana, y, en concreto, a su artículo 36.6, que sanciona como infracción grave la desobediencia o resistencia a los agentes de la autoridad con multas de 601 a 30.000 euros. 

El 15 de marzo de 2019, la activista feminista y antimilitarista Koldobi Velasco participó, junto a otras cinco activistas de las plataformas contra el BBVA y EH Kapitalari Planto! , en una protesta en la puerta del Palacio Euskalduna de Bilbao, donde se celebraba la junta de accionistas anual del BBVA. Vestidas de ejecutivas y con portafolios o bolsas, Velasco y las otras activistas se arrojaron sobre sí pintura roja y se tumbaron en el suelo sobre el charco que dejaba la pintura, simulando su muerte. 

“Fue un acto que estaba dentro de la campaña contra la banca armada que hicimos junto a la Plataforma contra el BBVA de Euskal Herria”, relata Velasco. “Desarrollamos una acción directa no violenta como acción de protesta en la puerta mientras otras compañeras intentaban entrar como accionariado crítico”, continúa. Según detalla la activista, la idea era “hacer visible que el BBVA está manchado de sangre y que la guerra empieza ahí, en los bancos; era una manera de hacer visible que tenemos que hacer parar la espiral del negocio de la guerra, que se engrasa con financiación de las entidades financieras”. Y, en el Estado español, el BBVA es precisamente, según recuerda la activista, una de las entidades que lideran el ranking en cuanto a financiación de la industria armamentística.

Según explica Velasco a El Salto, y también recoge la sentencia del juzgado contencioso-administrativo, los agentes de la Ertzaintza requirieron hasta cinco veces a las activistas que se levantaran del suelo y se marcharan. “Esa orden expresa no fue atendida. No hubo violencia, sino que simplemente la recurrente hizo caso omiso, lo mismo que las otras cinco personas”, recoge la sentencia. Al cabo de cinco minutos, los agentes levantaron a Velasco y la arrastraron fuera del paso de peatones en el que estaban realizando la acción. “Tampoco mostró oposición, más que dejarse arrastrar para hacer ostensible que no quería obedecer”, continúa la sentencia.

Un año después, Velasco recibió una sanción por una infracción grave de desobediencia del artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana por un importe de 602 euros, que la activista recurrió. 

La sentencia señala que el acto de protesta se inserta en el derecho a la libertad de expresión y legitima que buscara más repercusión con la negativa a obedecer la orden de los agentes de retirarse

 

Ahora la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gasteiz, firmada por la magistrada Rosa Esperanza Sánchez Ruiz-Tello señala la legitimidad de la protesta realizada contra el BBVA e incluso afirma, en repetidas ocasiones, que los agentes policiales se excedieron. 

“Miren Koldobike Velasco participó en un acto con el que pretendió ejercer su derecho constitucional a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución”, señala el texto de la sentencia, que reconoce que las activistas “buscaban repercusión” para “transmitir un mensaje a la opinión pública”. “Para ello, estimaron que tendrían más repercusión si se negaban a obedecer la orden de los agentes de la policía de retirarse”. Y eso, según subraya la magistrada, es lícito. “Como ejercicio del derecho a la libertad de expresión, la protesta fue lícita, legítima y eficaz, gracias en parte a la intervención policial; pero tiene que afirmarse que la policía extremó en exceso su celo”.

Esta sentencia supone “un reconocimiento de la legitimidad de la desobediencia civil como herramienta de participación política”

 

Desde Alternativa Antimilitarista MOC, una de las organizaciones participantes en la protesta, señalan que esta sentencia supone “un reconocimiento de la legitimidad de la desobediencia civil como herramienta de participación política y una  reivindicación de la libertad de expresión frente al recorte de derechos que supone la Ley Mordaza aún vigente”. 

“Además, reconoce la autoridad de un bien mayor, la autoridad de desobedecer para poner en agenda valores como la paz, el respeto a la vida, la sostenibilidad del medio mediante, por encima del beneficio del capital”, añade Velasco. “Nos parece muy interesante esta sentencia porque también nos ayuda a que sigamos impulsando esta estrategia sociopolítica que es la no violencia”, concluye.

Desde el Grupo Antimilitarista Bilbao KEM-MOC recuerdan que el objetivo de la protesta era denunciar que el BBVA es el banco español que lidera las inversiones en industria armamentística, financiando empresas productoras de diferentes tipos de armas. Además de su papel en la industria bélica, desde el colectivo destacan que la entidad ejecuta centenares de desahucios cada año, a pesar de haberse beneficiado de más de 13.000 millones de euros del rescate bancario, que también es una de las entidades que forma parte del lobby bancario que está presionando actualmente para profundizar en la privatización de las pensiones y también financia macroproyectos extractivistas con gran impacto social y medioambiental por todo el planeta.