Introducción

El cambio de discurso que se ha operado escala internacional tras la Intifada de la Unidad de 2021 ha permitido que el pueblo palestino y sus aliados hayan conseguido situar al colonialismo de asentamiento sionista como la causa fundamental de su lucha, y a la liberación, como la única solución. Con ello se han reemplazado los relatos de paz y construcción del Estado dominantes en el discurso global sobre Palestina especialmente desde los Acuerdos de Oslo de 1993. La actual Intifada de la Unidad sigue oponiéndose a la impuesta fragmentación geográfica, social y política del pueblo palestino, alineando así las luchas y esperanzas de las comunidades palestinas en todo el mundo.

Avanzar en el objetivo de la liberación requiere volver a desarrollar un marco anticolonial. Además de promover un discurso por la liberación, el marco necesita trastocar las estructuras coloniales bajo las que vive la comunidad palestina. El presente análisis político explora cómo los y las palestinas pueden repensar su lucha de liberación retomando su valiosa historia de movilización popular. En concreto, examina el triunfo de los comités populares palestinos formados en Cisjordania y Gaza a lo largo de las décadas de 1970 y 1980, y ofrece recomendaciones sobre cómo la sociedad civil actual puede trabajar para reconstruir comunidades que faciliten el desarrollo de un reinventado movimiento de liberación popular.

El legado de los comités populares palestinos

La impresionante movilización nacional palestina durante la Primera Intifada debe considerarse en el contexto de la movilización popular que la precedió. La Primera Intifada se cimentó en objetivos y prácticas populares orientados a la desconexión del colonialismo de asentamiento israelí. Las campañas nacionales que surgieron durante la Intifada –por lo general coordinadas por el Mando Unificado de la Intifada (al Qiyada al Muwhhada)– incluyeron el boicot a los productos israelíes y a la administración civil israelí, la negativa a pagar los impuestos israelíes y los exitosos llamamientos a la dimisión de cientos de recaudadores de impuestos y agentes de policía palestinos, tácticas todas ellas practicadas a lo largo de las décadas de 1970 y 1980.

Las campañas nacionales y las iniciativas de los comités populares para poner en jaque al aparato de la ocupación israelí se reforzaban mutuamente; muestra de su éxito fue la prohibición por parte de Israel de todos los comités populares en 1988. De hecho, el ministro de Defensa israelí de la época comentó que la decisión de prohibir los comités populares se debía a que “minan el aparato gubernamental israelí al establecer un aparato alternativo [palestino] en su lugar”.

El voluntariado palestino al servicio de la liberación

Los movimientos de voluntarias y voluntarios palestinos se formaron en Cisjordania y Gaza en un momento en el que la lucha por la liberación estaba siendo reemplazada por un proyecto de construcción de Estado. Aunque dicho proyecto se confirmó en los años posteriores a la firma de los Acuerdos de Oslo de 1993, puede afirmarse que la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) ya adoptó ese modelo en 1974, cuando aprobó el Programa de 10 puntos, una propuesta que introdujo en el discurso nacionalista palestino el concepto de la solución de dos Estados. Aunque Fatah (la mayor facción palestina dentro de la OLP) lo respaldó, otras facciones integradas en el Frente del Rechazo lo condenaron al entender que con él Fatah estaba renunciando al resto de la Palestina histórica.

La propia sociedad civil palestina condenó asimismo el programa y, a partir de la década de 1970, se organizó en movimientos de voluntarios y voluntarias para mitigar el sufrimiento de las comunidades que habían caído bajo la ocupación israelí después de 1967. Integrados sobretodo por profesionales de clase media, las y los voluntarios asistían a los agricultores y a las comunidades más pobres y más directamente afectadas por la ocupación militar, y adoptaron proyectos para reparar las infraestructuras destruidas. En poco tiempo se convirtieron en redes regionales de voluntarios, algunos de los cuales pertenecían a partidos políticos, como Fatah y el Partido Comunista Jordano. [1]

Al reunir a diferentes partes de la sociedad palestina y desarrollar la conciencia de la importancia de la lucha anticolonial, las actividades de las redes de voluntarios politizaron a toda una generación de jóvenes. Estas redes crecieron junto a entidades culturales que reivindicaban la identidad y la historia palestinas. Por ejemplo, en 1979 se creó el Grupo de Danza Popular Palestina Al Funun con el objetivo de afirmar la identidad política y cultural palestina. En 1972, la Sociedad In’ash al Usra, organización feminista y de desarrollo sin ánimo de lucro fundada en 1965, puso en marcha un programa cultural para preservar y revitalizar el patrimonio palestino.

El desarrollo de estas redes favoreció éxitos políticos e inculcó unaética anticolonial de resistencia contra la agresión militar israelí. En 1976 el pueblo palestino eligió alcaldes y consejos municipales mayoritariamente progresistas. Ello permitió la creación en 1978 del Comité Nacional de Orientación integrado por alcaldes, representantes sindicales, activistas estudiantiles y otros organizadores de base. Grupos como éste aceleraron la organización de alianzas de militancia política en todos los territorios ocupados, lo que fomentó y normalizó la movilización popular en las instituciones públicas y en la calle palestina como instrumento para hacer frente a la ocupación militar colonial.

Por ejemplo, las protestas prolongadas durante meses en 1979 condujeron a la evacuación del asentamiento israelí de Elon-Moreh, construido en tierras de propiedad privada pertenecientes a los residentes palestinos de la ciudad de Rujeib. Ese mismo año las protestas y la dimisión masiva de alcaldes impidieron la deportación del alcalde de Nablus por parte de Israel. Los consejos municipales elegidos en 1976 también consiguieron reducir su dependencia financiera de las fuentes de financiación israelíes, y en su lugar recaudaron fondos de los países árabes vecinos para ampliar los servicios municipales. Así se hizo especialmente en Nablus, donde la ciudad pudo incrementar su independencia en el sector energético.

Los intentos iniciales de Israel para quebrar este movimiento incluyeron la criminalización de las actividades de sus miembros y la restricción de movimientos de muchos alcaldes y activistas. Las universidades palestinas, muchas de ellas centros de activismo político, se cerraron durante varios meses a partir de 1979 y hasta la década de 1980. En 1980 las milicias clandestinas israelíes intentaron asesinar a tres alcaldes de Cisjordania e hirió gravemente a dos de ellos. La intensidad con que las autoridades de ocupación israelíes reprimieron el activismo popular palestino a lo largo de este periodo da cuenta de su peso político y de su eficacia.

En 1982 Israel ilegalizó el Comité Nacional de Orientación y destituyó a los consejos municipales y a alcaldes electos. Los sustituyó por figuras menos conflictivas y, en algunas zonas, delegó las funciones municipales en las Ligas de Aldeas. Estas ligas estaban integradas en buena parte por palestinos de comunidades rurales de toda Cisjordania dispuestos a colaborar con Israel a cambio de servicios, armas y apoyo financiero. Aunque las Ligas de Aldeas acabaron fracasando debido a la resistencia popular palestina, representaron la primera versión israelí de autoadministración palestina.

El auge de los comités populares

El movimiento de voluntarios dio lugar al surgimiento de comités populares en las décadas de 1970 y 1980. Estos comités compartían el objetivo de encargarse de las carencias derivadas del abandono y el de-desarrollo en que Israel sumía a diversos sectores y estaban por ello expresamente arraigados en las comunidades en las que operaban.

Se crearon comités populares en toda Cisjordania y en Gaza para acometer diversas funciones. Los comités populares más implantados trabajaban a nivel de barrio y solían estar compuestos por jóvenes locales. Principalmente prestaban apoyo a los sectores más vulnerables y fomentaban la resiliencia de las comunidades frente a los ataques israelíes, entre otras cosas coordinando la ayuda mutua, realizando guardias nocturnas para alertar de los ataques de colonos y militares, y organizando el almacenamiento y la distribución de alimentos durante los prolongados toques de queda. Durante la Primera Intifada, cuando el ejército israelí obligó a cerrar las escuelas durante meses, los comités populares también crearon sus propias escuelas en lugares de culto o incluso en los patios de las casas.

La mayoría de los comités populares dependían de la movilización de voluntarios. Por lo tanto, contaban con presupuestos escasos que se recaudaban principalmente a través de contribuciones locales y cuotas individuales. Los comités profesionalizados, como el agrícola y el sanitario, fueron más proclives a buscar financiación externa adicional de donantes occidentales, mientras que los donantes árabes solían financiar entidades con sede en las ciudades, como las organizaciones benéficas islámicas. La intensificación de la red de financiación implicaba contar con un movimiento popular palestino medular y prometedor.

Comités económicos y agrícolas

Un objetivo central de los comités populares era promover la independencia de la economía palestina. Las redes de cooperativas y los proyectos de economía doméstica promovían los productos locales y pretendían reducir la dependencia de los productos israelíes. Muchos barrios también emprendieron la agricultura vecinal para garantizar la seguridad alimentaria. Estas iniciativas fueron especialmente frecuentes durante la Primera Intifada, cuando el compromiso de boicotear la economía israelí estaba en su punto álgido.

Se formaron colectivos agrícolas a escala nacional integrados por redes de agrónomos y activistas con el fin de proteger y desarrollar un sector en declive. Los agricultores se enfrentaban con frecuencia a la confiscación de tierras y a los daños en las infraestructuras por parte de las fuerzas de ocupación israelíes, lo que amenazaba sus medios de vida y aumentaba la dependencia palestina de la economía israelí. Como respuesta, las redes de voluntarios asistían en las labores agrícolas, se organizaban para proteger a los agricultores y financiaban el desarrollo de sus infraestructuras.

Muchas de estas iniciativas voluntarias se convirtieron en comités populares en la década de 1980. Por ejemplo, en 1983 se creó el Comité Palestino de Asistencia Agrícola (PARC, por sus siglas en inglés) [2], seguido por la Unión de Comités de Trabajos Agrícolas y el Centro Técnico de Servicios Agrícolas en 1986. Estos comités contribuyeron de manera determinante a la movilización de los agricultores durante la Primera Intifada lo que aseguró una extensa red de agricultores y agrónomos palestinos anticolonialistas y por la liberación.

Comités de la salud

Del mismo modo, se formaron comités de salud compuestos por profesionales sanitarios voluntarios que prestaban servicios médicos en las zonas rurales. Aunque su objetivo principal era contrarrestar las políticas de ocupación israelíes que ponían en peligro la salud de los y las palestinas, también hacían frente a las actitudes y prácticas paternalistas y elitistas del sistema de atención médica palestina percibidas como un factor de riesgo añadido.

La élite médica palestina intentó establecer instituciones autónomas de Israel pero no consiguió enfrentarse a las autoridades israelíes; se centró en ampliar los servicios médicos especializados en los centros de las ciudades y en mantener actitudes paternalistas en la prestación de sus servicios. Por lo tanto, la atención sanitaria se abordaba como una cuestión individual y no comunitaria, lo que contribuía a que los sectores marginados quedasen desatendidos. En consecuencia, muchos profesionales jóvenes acabaron recjazando no sólo el régimen colonial sino también al stablishment médico palestino.

Muchos comités de la salud adoptaron un concepto liberador de la sanidad y promovieron un tratamiento holístico centrado en los determinantes sociales, políticos y económicos. Se centraron en la promoción de la salud y en la salud pública, proporcionaban atención primaria a las comunidades desatendidas y desobedecían al stablishment médico tradicional al involucrar a los receptores de la atención sanitaria en la planificación y prestación de los servicios que necesitaban.

Los fundamentos anticoloniales de muchos de los comités populares también se ponen de manifiesto en sus vínculos con otros movimientos de liberación y en campañas de solidaridad internacional. Por ejemplo, los fundadores de la Unión de Comités de Asistencia Médica Palestinos (UPMRC, por sus siglas en inglés) [3] co-fundaron asimismo el Consejo Internacional por la Salud de los Pueblos que integraba a profesionales de la salud implicados en movimientos de justicia social en países como Sudáfrica, Nicaragua y Bangladesh.

Aunque los comités de salud eran organizaciones independientes todos estaban fundados por un grupo de profesionales vinculados a partidos políticos. De hecho, los comités de salud se consideraron tan fundamentales para la sociedad civil palestina que los grupos políticos se vieron obligados a formarlos y a promoverlos. El primero y más grande fue la UPMRC, creada en 1979 por profesionales vinculados al Partido Comunista. Le siguieron la Unión de Comités Sanitarios en 1984, vinculada al Frente Democrático para la Liberación de Palestina, y la Unión de Comités de Trabajos de la Salud en 1984 [4], con conexiones con el Frente Popular para la Liberación de Palestina.

Pero no todos los comités sanitarios adoptaron programas anticoloniales. En 1989 los profesionales afiliados a Fatah crearon el Consejo de Servicios Sanitarios (HSC, por sus siglas en inglés) que adoptó el mismo enfoque reformista que el partido y por lo que se consideraba que no tenía una clara visión liberadora. Como resultado, mientras los comités de izquierda trabajaban desafiando abiertamente a las autoridades israelíes, el HSC se presentó como una organización benéfica y se registró ante el gobierno israelí como asociación sin ánimo de lucro. Desde su creación, el HSC reenfocó su actividad en los servicios paternalistas y centralizados de la medicina tradicional en los centros urbanos, mientras que los comités de izquierdas llegaron a las comunidades desatendidas y trataron de capacitarlas mediante programas de educación, medicina preventiva y promoción de la salud.

Los comités de la salud consiguieron llegar a la población palestina a nivel popular hasta tal punto que impregnaron el espectro político palestino; en 1993 proporcionaban entre todos ellos el 60% de la atención primaria y todos los servicios de discapacidad en Cisjordania y Gaza. Sin embargo, las diferentes afiliaciones políticas de los comités populares hicieron que a veces compitieran y duplicaran servicios.

De la liberación a la construcción del Estado

Aunque Israel prohibió los comités populares en 1988 siguieron funcionando hasta que varios factores contribuyeron a su colapso en los 90, entre ellos las tremendas pérdidas físicas y económicas sufridas a lo largo de la Primera Intifada. Además, la adopción por parte de la OLP del marco de Oslo en 1993, y la posterior formación de la Autoridad Palestina (AP) en 1994, aceleraron un proceso de despolitización dentro de la sociedad palestina, cimentando una transformación del discurso de la liberación al de la construcción del Estado. El HSC, por ejemplo, integró todos sus servicios e instalaciones en el recién creado Ministerio de Sanidad de la AP y su director se convirtió en viceministro de Sanidad.

Después de Oslo muchas iniciativas comunitarias populares, incluidos algunos comités populares, se convirtieron en organizaciones no gubernamentales (ONG). Ello dio lugar a la emergencia de un sector de ONGs en expansión que, junto con la AP, competía por los recursos y “ONGizó” el movimiento de liberación palestino. Muchos miembros de los comités, incluidos militantes de izquierda, se incorporaron al mundo de las ONG posterior a Oslo, mientras que algunos comités populares acabaron por registrarse como organizaciones benéficas y se adaptaron a la neoliberalización de la sociedad civil palestina. La falta de una visión política clara del Mando Unificado de la Intifada y de los comités populares, más allá de retar a la ocupación, aumentó también su vulnerabilidad ante el proyecto de neoliberalización.

Los comités populares sufrieron además las repercusiones de diversos sucesos geopolíticos regionales a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990. Con su retirada de Cisjordania en 1988, Jordania anunció el cese de un programa de desarrollo de 1.300 millones de dólares para Cisjordania. Además, el éxodo de palestinos de Kuwait a raíz del apoyo de la OLP a Iraq durante la primera guerra del Golfo de 1990-91 cortó el flujo de remesas de cientos de miles de trabajadores palestinos allí establecidos. Aunque no habían sido fuente directa de financiación de los comités populares sí que cortaron un flujo de ingresos y capital hacia Cisjordania. Además, los gobiernos occidentales comprometidos políticamente con el proceso de Oslo comenzaron a redirigir la financiación de las nuevas ONG palestinas a la AP. Estos factores contribuyeron al colapso del marco de liberación de los comités populares transformándose gradualmente en el marco de construcción del Estado de la AP.

Además de perder la financiación y el respaldo político, los comités populares perdieron personal a favor de la AP. El personal del Ministerio de Sanidad se incrementó de 2.000 personas en 1994 a 7.000 en 1999, y se calcula que el 70% de las clínicas de salud primaria no gubernamentales cerraron con la llegada de la AP. Además, las nuevas ONG quedaron a merced de las condiciones impuestas por los donantes que condicionaron la continuidad de la financiación a su despolitización y a la aceptación de los Acuerdos de Oslo.

En última instancia fueron las pérdidas infligidas a los y las palestinas durante la Primera Intifada y el proyecto de construcción del Estado institucionalizado con la firma de los Acuerdos de Oslo los que dieron lugar a la disolución de los comités populares en tanto que movimientos anticolonialistas y de liberación y a la proliferación de ONG centralizadas en la AP.

Obstáculos para el resurgimiento de la organización popular

La destrucción de las comunidades palestinas debido a décadas de ocupación colonial de asentamiento sigue obstaculizando la capacidad de los y las palestinas para organizarse. De hecho, Israel ha fragmentado el sistema político palestino y la rápida urbanización ha exacerbado este problema. Si en 1946 sólo el 35% de los palestinos de Cisjordania y Gaza vivían en zonas urbanas, el porcentaje aumentó al 75% en 2020. Este crecimiento lo han impulsado las políticas de desposesión de Israel que han causado un impacto extraordinario en las áreas rurales. Además, el afianzamiento por parte de Israel de la limpieza étnica, la violencia brutal y la explotación laboral y de recursos, así como sus políticas para asegurarse la dependencia económica palestina, hacen fugaz la posibilidad de una movilización decisiva.

La complicidad de la AP para perpetuar este statu quo crea igualmente importantes obstáculos a la capacidad de los y las palestinas para movilizarse como lo hicieron en los años 70 y 80. Más allá de la colaboración en materia de seguridad con las fuerzas de ocupación israelíes, la AP está implicada en el continuo de-desarrollo de los servicios públicos, como la sanidad y la educación. La deficiente planificación urbana en comunidades fragmentadas implica también que los palestinos vivan en espacios urbanos superpoblados con una red muy limitada de servicios básicos. Es decir, la incapacidad de los palestinos para obtener recursos básicos en estos espacios limita su capacidad de organización. Además, los consejos municipales, que han sido efectivamente despolitizados, carecen de la experiencia o la voluntad política para abordar estos retos; sus funciones han quedado reducidas a proporcionar sólo los servicios más básicos, como los servicios públicos, la eliminación de residuos y las carreteras.

Sin embargo, esto no quiere decir que a pesar de estas condiciones la población palestina no se haya organizado con éxito en los últimos años: protestas localizadas en Jerusalén, Beita, Nabi Saleh y otras aldeas; protestas contra el Plan Prawer en 2013, el movimiento contra el reclutamiento de la comunidad drusa, la Gran Marcha del Retorno en 2018, el movimiento Tal’at –que articuló un marco feminista para la liberación y organizó protestas en toda la Palestina colonizada y en la región– y la actual Intifada de la Unidad iniciada en mayo de 2021.

Las protestas contra la corrupción de la AP y contra su colaboración con Israel son cada vez más frecuentes también, la más destacada de las cuales tuvo lugar en el verano de 2021 para protestar por el asesinato por parte de las fuerzas de seguridad de la AP del reconocido disidente de la AP Nizar Banat. Hasta las universidades se han enfrentado a la opresión de las fuerzas de la AP y a su represión de la disidencia política en los campus. Por ejemplo, a principios de 2022, la AP, respaldada por el brazo estudiantil de Fatah, atacó la Universidad de Birzeit en castigo por el activismo político de sus estudiantes. Sin embargo, estos esfuerzos no han logrado impulsar un movimiento de liberación más amplio debido sobre todo a la represión sistémica de las fuerzas de la AP e Israel.

Recomendaciones

Aunque la revisión de los aciertos de los comités populares de las décadas de 1970 y 1980 no conducirá automáticamente a una visión clara para la liberación en la actualidad sí puede informar sobre los objetivos iniciales para facilitar el desarrollo de un re-imaginado marco de liberación entre los y las palestinas. Es crucial empezar por remediar la diezma de las comunidades palestinas a partir de las cuales puede desarrollarse y fortalecerse un marco de liberación.

Aunque seguirán existiendo desafíos y obstáculos, la sociedad civil palestina debe:

• Reorientar las prioridades de los ayuntamientos para reavivar sus funciones políticas y sociales, lo que incluye garantizar unas infraestructuras sostenibles en pueblos y ciudades de rápido crecimiento para satisfacer las necesidades sociales, culturales y económicas de la población.
• Reforzar el papel de las instituciones culturales y educativas, de las bibliotecas y de otras entidades públicas para proporcionar espacios a través de los cuales las comunidades puedan articular sus necesidades y demandas políticas. Las universidades deberían complementar esto ampliando su compromiso con la población. Los educadores deberían incluir en los planes de estudios de los distintos departamentos universitarios programas que garanticen que su trabajo está vinculado a las comunidades del entorno. Además, las universidades deberían institucionalizar y exigir estudios coloniales y anticoloniales a todo su alumnado.
• Reorientar los servicios profesionales hacia la atención de las necesidades holísticas de las comunidades a las que sirven en lugar de aplicar marcos neoliberales en el sector público. Por ejemplo, los profesionales de la salud deberían rechazar las prácticas sanitarias individualistas y paternalistas y hablar de la necesidad de mejorar los determinantes sociales, económicos y políticos de la salud para promover el bienestar comunitario.
• Promover los movimientos populares existentes que ya han formado estructuras de base comunitaria, como en Beita, Sheij Yarrah, Silwan, Umm al Fahm y el Naqab, y que están bien situados para extender su papel no solo como organizaciones reactivas sino articulando una visión para la liberación desde sus bases comunitarias. Los grupos de la sociedad civil, los sindicatos y otras organizaciones profesionales deben sumarse a estos movimientos y actuar como vehículos a través de los cuales se puedan llevar a cabo actividades de apoyo y campañas.

Notas:

1.- El Partido Comunista Jordano se restableció en 1982 como Partido Comunista Palestino y, en 1991, como Partido Popular Palestino.

2.- El PARC se conoce hoy como Asociación de Desarrollo Agrícola.

3.- La UPMRC se conoce hoy como Sociedad Palestina de Asistencia Médica.

4.- La Unión de Comités de Trabajos de la Salud mantuvo su nombre en Gaza pero hoy se conoce como Comités de Trabajos Sanitarios en Cisjordania.

Laiz Hanbali es consultor independiente dedicado a la política sanitaria. Ha trabajado como investigador, profesional de salud pública y médico; ha sido voluntario como organizador de la sociedad civil y ha enseñado en varios programas de Salud Global. Obtuvo un máster en Política Sanitaria, Planificación y Financiación en la London School of Economics and Political Science y en la London School of Hygiene and Tropical Medicine, y el título de médico y una licenciatura en Salud Global en el University College London.