Venezuela: el laberinto del Arco Minero del Orinoco

La forma de extractivismo que representa el Arco Minero del Orinoco es precisamente un reflejo del régimen político que este constituye: una especie de nuevos sistemas feudalizados, de nuevos gamonales, de economías de enclave del siglo XXI, poderes sostenidos en su relación con la tierra, los recursos y el territorio, que recurren fundamentalmente a la violencia para imponerse, y se vinculan de una u otra forma con los poderes del Gobierno central.



Arco Minero del Orinoco, seis años de impactos socioambientales

Emiliano Terán Mantovani
Observatorio de Ecología Política de Venezuela

Este  24 de febrero se cumplen 6 años de la publicación en Gaceta Oficial 40.855 del decreto presidencial n ° 2248 en la que se formalizó la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO). Desde entonces, el gobierno nacional ha impulsado la actividad minera, como un sector económico estratégico luego del colapso de la industria petrolera en Venezuela. En tal sentido, se  promovió el Arco Minero del Orinoco con un paso a la “ diversificación económica”, cuando realmente se estaba sustituyendo el rentismo petrolero por uno minero.

Desde la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, el gobierno nacional ha querido vender la minería como una salida expedita a la  profunda crisis socioeconómica del país, asimismo, esgrime que el enfoque que se lleva a cabo es “ecológico” de allí que ha constituido todo un andamiaje institucional como es el caso del “Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico”, que presume la ejecución de una política minera “responsable”, que busca la “paz, la protección ambiental y la prosperidad económica”.

La zona denominada Arco Minero del Orinoco se superpone a territorios indígenas y Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), por tal razón desde el anuncio de este proyecto, distintas organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos advirtieron las graves implicaciones que traería consigo megaproyecto minero a los pueblos indígenas y a la biodiversidad. La respuesta del Ejecutivo Nacional ante las críticas ha sido siempre la criminalización de las protestas y la profundización del extractivismo, mientras en términos discursivos sostiene que el Arco Minero del Orinoco es una propuesta política para construir un eje productivo alrededor de las minas, que sirva para promover y proteger los derechos humanos, los derechos ambientales y los derechos económicos de nuestro país en esta región al sur de Venezuela.

En estos 6 años se ha evidenciado con hechos concretos que los objetivos de la política del Arco Minero no sólo están alejados de la realidad, sino que han generado violencia y devastación ambiental. 

Ver también: Reporte situación de la minería en Venezuela en tiempos de COVID-19. 2do semestre 2021

El Arco Minero del Orinoco ha marcado un hito de destrucción en la Amazonía venezolana. Si bien, el Ministerio del Popular y Desarrollo Ecológico ha indicado que este es “un proyecto de vida”, los hechos demuestran que el ecocidio y la violación de los derechos humanos estan a la orden del día.  A continuación algunos datos que desmontan las falacias de la política del Arco Minero del Orinoco a seis años de su creación.

Vértices del Arco Minero según Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico Realidad
Preservación de la Madre Tierra y remediación de pasivos ambientales. Venezuela es el país con mayor proporción de territorios indígenas y áreas naturales protegidas afectados por minería ilegal según la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada.

La minería ilegal ha deforestado 1.000 hectáreas del parque nacional Canaima.

La minería ilegal ha destruido  2.227 hectáreas en el parque nacional Yapacana en el estado Amazonas.
Hay presencia de mercurio en los ríos Ventuari, Caura, Caroní, Cuyuní y Orinoco. 

Aumento de incendios en la Amazonía venezolana relacionado con el auge de la minería.

Incremento de casos de malaria vinculados al auge de la actividad minera.

Acompañamiento de las luchas del pueblo minero y creación de una política de fortalecimiento de derechos humanos en las zonas mineras. Grupos armados ejercen violencia física, psíquica y sexual a grupos vinculados directa e indirectamente con la minería ilegal (pobladores, mineros, mujeres, pueblos indígenas).

Aumento de casos de violencia de género en las zonas mineras.

Casos de trabajo esclavo

Lucha contra las mafias, y fortalecimiento de una política estratégica para el control soberano del territorio, de la cadena productiva minera y sus actividades conexas. Control de territorios por grupos armados irregulares

Migración forzada de pueblos indígenas

Creación de mecanismos para una producción minera racional y responsable, que impulsen redes productivas alternativas, generación de divisas y sustitución de importaciones. Estudios indican que el proyecto del Arco Minero ha generado redes locales, nacionales e internacionales vinculadas con el tráfico y contrabando de oro venezolano en el mercado internacional.

Hace 6 años el gobierno nacional indicó que el Arco Minero del Orinoco se iba circunscribir a 4 áreas de exploración y explotación de minerales y que esta actividad no iba afectar los parques nacionales. Hoy en día los estragos de la actividad minera se pueden evidenciar en los parques nacionales Canaima y Yapacana, este último ubicado en el estado Amazonas.

La situación socioambiental se torna más grave y compleja con la profundización del extractivismo en Venezuela. El Arco Minero del Orinoco no sólo ha destruido la biodiversidad, también ha fragmentado territorios que bajo el control de grupos armados conducen a una espiral de violencia criminal que afecta a mujeres, mineros y  pueblos indígenas.  El  incremento de casos de trata de mujeres, trabajo esclavo, desapariciones y asesinatos como consecuencia de la minería ha sido documentado por diversas organizaciones. 

En definitiva un balance para nada positivo y  con severas consecuencias socioambientales ha dejado consigo la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco a seis años de su implementación. 

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Seis años después del Decreto 2.248: el laberinto del Arco Minero del Orinoco

 

 

Hoy 24 de febrero se cumplen seis años de la promulgación del Decreto 2.248 que legalizó el mega-proyecto Arco Minero del Orinoco (A.M.O.), llevando la minería a una escala nunca antes vista en Venezuela, con devastadoras consecuencias ambientales, sociales, culturales y para las economías amazónicas.

En ese año 2016, mientras se promulgaba este nefasto decreto, proponíamos para el debate nacional que el surgimiento oficial del A.M.O. tenía un enorme significado para el país. En pocas palabras, planteábamos entonces que éste, más que un simple proyecto, representaba un punto de inflexión histórico para Venezuela. Y así ha sido: expresaba con mucha claridad el agotamiento de un período histórico marcado por el modelo petrolero y el Petro-Estado; planteaba una nueva configuración territorial y una reorganización geográfica del extractivismo; creaba un nuevo escenario para la Amazonía venezolana, las últimas fronteras de vida no agredidas por la modernización; evidenciaba una capitulación del progresismo que aún quedaba en el Gobierno bolivariano y, sobre todo, conformaba el punto de partida de una nueva estructura de poder.

Así como para Guzmán Blanco fue crucial la economía que se expandía en torno al comercio del café en las últimas décadas del siglo XIX; o para Juan Vicente Gómez, el Puntofijismo y el Gobierno de Chávez fue clave el petróleo y sus respectivas petro-políticas; el nuevo régimen político actual consigue en la minería de oro amazónica uno de sus sostenes materiales fundamentales. Aunque se suela deslindar en los análisis o se hable poco de ello en el debate nacional, extractivismo, poder y dominación de la naturaleza han sido y son elementos constitutivos de los regímenes políticos que se han instaurado en Venezuela (y América Latina). Cada uno con sus propias particularidades.

Hoy sabemos que, al menos entre oro y remesas, se ha superado en cifras a lo que entra por ingresos petroleros –algo que siempre puede ser cambiante. El propio Gobierno nacional ha hecho referencia a unas 23 toneladas de oro producidas al año (2019, Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico), suma similar a la ofrecida por el Informe OCDE 2021 sobre flujos de oro desde Venezuela. Se trataría de una cifra de producción de oro anual nunca vista en la historia del país.

Todo ha cambiado, nada será igual, por más nostalgia que nos pueda invadir. Antes que sólo un plan minero, el A.M.O. marcaba desde sus inicios la orientación del modelo de sociedad propuesto para los próximos años, y por tanto, del régimen político que determina al país. El problema del territorio sí que es importante, por más que los ojos de los medios y lo que queda de la opinión pública nacional centre su atención fundamentalmente en los discursos de los líderes y partidos políticos, y en los desenlaces electorales. Con el colapso de la renta petrolera y los efectos que ha dejado la hiperinflación (hoy inflación), la base del poder se reafirma, como nunca, en la naturaleza, y en el control del territorio. Militares en alianza con capitales foráneos (de todo tipo y procedencia), combinados con economías ilícitas, van reorganizando la nueva arquitectura del extractivismo, conformando un nuevo esquema de dominación que está determinado primordialmente por las geografías del oro, lejanas a la capital, al Palacio de Miraflores, y a los principales puertos y pozos petroleros.

Toda esta compleja articulación de grupos de poder, revela que hace tiempo dejó de tener sentido el considerar al A.M.O. como un simple proyecto formal de minería. Este en cambio se ha constituido hoy como un dispositivo de legitimación y mediación de una diversa gama de operaciones de extracción, legales e ilegales, institucionales y criminales, que además supera de lejos las poligonales establecidas por dicho proyecto –como mínimo, realmente abarca toda la Amazonía venezolana.

La forma de extractivismo que representa el A.M.O. es precisamente un reflejo del régimen político que este constituye: una especie de nuevos sistemas feudalizados, de nuevos gamonales, de economías de enclave del siglo XXI, poderes sostenidos en su relación con la tierra, los recursos y el territorio, que recurren fundamentalmente a la violencia para imponerse, y se vinculan de una u otra forma con los poderes del Gobierno central. De ahí que, con suma preocupación señaláramos en ese debatido 2016 la posible formación de una especie de fase superior del gomecismo, algo que a nuestro juicio hoy se ha venido consolidando, agregando los rasgos de descomposición política que caracterizan el actual régimen. Un neo-gomecismo que en este caso, como el anterior, no se impulsará a partir de la centralidad del petróleo.

Los que nos está tocando enfrentar como país, como venezolanos y venezolanas, no es poca cosa. Prevalece la corrupción a niveles insospechados, junto a nuevos señores feudales, warlords, pranes, gamonales y forajidos. Está en juego no sólo la posibilidad de eso que hemos llamado ‘democracia’; o incluso la sostenibilidad del propio proyecto histórico republicano; sino también el mantenimiento de las condiciones básicas de la vida socio-ecológica. Agua, aire, alimentos. El extravío y descomposición de la clase política y dirigente, como otro síntoma de la crisis que estamos viviendo, sigue empujando hacia la debacle. La implementación gubernamental del A.M.O. es la expresión de ello, pero como respuesta, la mayoría de sectores de la oposición han señalado que el problema es sólo la minería que practica el Gobierno de Maduro y que lo que se necesita es una “minería amigable y sostenible”, algo que simple y llanamente no existe.

Ningún cuestionamiento al modelo de desarrollo, al extractivismo; ausencia de ideas, de audacia e imaginación política; la clase política vive en un desierto intelectual, además de una evidente carencia de sentidos de ser y estar con la Tierra, que nos da la vida.

Así que el desafío nos involucra a todos y cada uno de los habitantes de este país, para intentar, nuevamente, recuperar un proyecto colectivo que retome el camino de la política y ponga en el centro la vida. Un camino que como país, e incluso como planeta, necesitamos que sea más allá del extractivismo.

Seis años después la creación del A.M.O., ¿qué podemos hacer?

El país aún vive los terribles efectos de la peor crisis en su historia; pero son millones de venezolanos quienes rechazan los liderazgos políticos actuales –gobierno u oposición– y quieren un cambio profundo en Venezuela. Del mismo modo, la sensibilización sobre el tema ambiental ha crecido y la conciencia sobre los desmanes ambientales y sociales que ha representado el A.M.O. es mayor que años anteriores. En este contexto, pensamos que es crucial insistir al menos sobre estos 7 puntos:

  • Continuar y profundizar la campaña sobre las devastadoras consecuencias que ha generado este proyecto en la Amazonía venezolana, y sus impactos para todo el país y la biorregión, procurando informar a la mayor cantidad de venezolanos;
  • Promover debates y posicionar el asunto entre los actores y sectores políticos alternativos (nuevos partidos, movimientos sociales, sindicatos, gremios, estudiantes, feministas, etc), procurando colocar en agenda la imperiosa necesidad de otra propuesta para la Amazonía venezolana, y la lucha por la derogatoria del A.M.O.;
  • Exigir con urgencia el respeto a todas las áreas protegidas de Venezuela, de las cuales dependemos en buena medida para vivir;
  • Promover la formación de plataformas amplias que articulen a las organizaciones ya existentes que se movilizan contra el A.M.O.;
  • Impulsar la reactivación del Recurso de nulidad del Decreto 2.248;
  • Continuar presentando el caso ante organismos internacionales que puedan mediar ante la recurrente violación de los derechos humanos y ambientales que allí se producen;
  • Exigir el reconocimiento, demarcación y titulación del conjunto de las tierras indígenas del país, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República.