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Comuneros aimaras reaccionan ante inasistencia de comisión gubernamental a esa ciudad.
Ilave, Puno.-
La comitiva de gobierno que busca resolver la aguda crisis
que aqueja a la provincia de El Collao incumplió ayer su compromiso de trasladarse hasta la ciudad de Ilave para instalar allí la mesa de diálogo con los líderes aimaras. Los pobladores reaccionaron de inmediato y desde hoy acatarán una huelga general indefinida.
Pese a la promesa del ministro del Interior, Javier Reátegui Rosselló, quien indicó que un “grupo técnico” sería el encargado de instalar la mesa de diálogo, ninguno de los integrantes de la comitiva se quedó en Puno.
Esto fue corroborado por trabajadores del hotel Libertador de la isla Esteves, donde se encontraban hospedados, quienes manifestaron que todos regresaron junto al ministro del Interior, el último martes por la tarde, luego de la reunión sostenida con los portavoces de El Collao.
10 MIL ESPERARON A COMITIVA
Por lo menos diez mil pobladores aimaras se apostaron ayer en la Plaza de Armas de Ilave, en espera de la comitiva gubernamental. Al mediodía, Edgar Larijo Cutipa, líder de las juventudes aimaras y requisitoriado por haber participado, presuntamente, en el asesinato del alcalde Cirilo Robles, se dirigió a la multitud y les dijo que sólo esperarían hasta las dos de la tarde. Finalmente esperaron hasta las cuatro sin resultados positivos.
La mesa y sillas que instalaron en el frontis de la Municipalidad Provincial de El Collao para que se inicien las tratativas permanecieron vacías hasta el final de la concentración.
Horas más tarde, luego de efectuar una reunión en el centro poblado de Balsave, los dirigentes acordaron declararse desde hoy en huelga general indefinida y pacífica. No descartaron el bloqueo de carreteras y movilizaciones diarias hasta Ilave.
En horas de la mañana, y tras reunirse en Palacio de Gobierno con el presidente Toledo, los viceministros de Vivienda y de Transportes, Jorge Villacorta y Richard Díaz, respectivamente, integrantes de la Comisión de Alto Nivel formada por el gobierno, partirán con destino a Puno e Ilave, a fin de retomar el diálogo con los comuneros aimaras.
Confirman detención de 5 regidores
A pesar de las presiones y protestas de los pobladores de la ciudad de Ilave, la Sala Penal de la Corte Superior de Puno confirmó ayer las órdenes de detención dictadas contra cinco regidores de esa localidad acusados de instigar y participar en el asesinato de su alcalde, Cirilo Robles Callomamani, y el secuestro y lesiones de cuatro de sus regidores, el 26 de abril pasado en la localidad de Ilave.
Se confirmó la detención de los regidores Alberto Sandoval Loza, sindicado como el principal instigador del crimen, además de Teófilo Contreras Encinas, Encarnación Mamani Huacacuni, Marcelino Aguilar Arce y el periodista Henry Galo Medina Cabrera, acusados de homicidio calificado, secuestro, contra la tranquilidad pública y otros delitos.
PRESIONES Y AMENAZAS
Los pobladores de Ilave habían afirmado que si no liberaban a sus regidores ellos iban a tomar la ciudad como medida de fuerza hasta conseguir que sean exculpados y abandonen el penal de La Capilla, en Juliaca, donde se encuentran detenidos.
Pero el tribunal presidido por María Luz Vásquez Vargas e integrado por Bonifacio Meneses Gonzales y Nestor Torres Ito, encontró suficientes evidencias para mantener encarcelados a los funcionarios mientras duran las investigaciones.
Otros conflictos
Las comisiones de Gobiernos Locales y de Descentralización presentarán una moción de orden del día ante el Pleno del Congreso para demandar al presidente Toledo la renuncia del jefe del Consejo Nacional de Descentralización, Luis Thais Díaz.
Desde hace una semana, comuneros del distrito de Alonso Alvarado Roque, provincia de Lamas, San Martín, retienen a tres personas a quienes acusan del asesinato de un campesino y de diversos asaltos a mano armada. Hoy los someterán a “juicio ronderil” en el que decidirán su suerte: años de faenas o la muerte.
El Juzgado Mixto de Oyón ordenó la captura del alcalde distrital de Churín, en la provincia de Oyón, Toribio Fernández Villanueva, y del primer regidor Félix Galarza Rosales por la comisión de los supuestos delitos contra el patrimonio y la administración de justicia en agravio del Estado y de la Comunidad Campesina de San Juan de Churín.
