Miriam Miranda es la Coordinadora General de la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH, defensora de los territorios con una larga trayectoria en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas, afros y de las mujeres y en representación del pueblo garífuna al que pertenece.

 El pueblo Garífuna es un grupo étnico afroindígena ubicado en la costa atlántica de Honduras, cuenta con 41 comunidades y abarca, también, territorios en Belice, Guatemala y Nicaragua. En la actualidad, gran parte de las comunidades garífunas fueron desplazadas de sus tierras ante el avance de proyectos extractivos y turísticos implementados en sus territorios sin consulta previa.

En Honduras, según un informe publicado por las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, existen nueve comunidades originarias, varias de ellas de origen afrohondureño que, en total, representan el 7.25% de la población del país.
 

A Miriam la conocimos en el 2017, en el 32° Encuentro Nacional de Mujeres –ahora Encuentros Plurinacionales de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries–, que se realizó en la ciudad de Resistencia, Chaco, norte de Argentina. En ese entonces, denunciaba que, desde 2017 –año posterior al asesinato de Berta Cáceres– hubo un aumento considerable en las agresiones contra las defensoras y que no cuentan con las políticas ni legislaciones pertinentes para su protección.  Miriam vino a la Argentina al año siguiente del femicidio político de Berta Cáceres. Participó de la Mesa de Feministas del Abya Yala en el marco del Juicio a la Justicia Patriarcal, allí evidenció y denunció la continuidad del modelo de criminalización y persecución de las defensoras. Allí dialogamos por primera vez con ella, sobre los límites de los modelos democráticos, el rol de los medios de comunicación y el lugar de las mujeres en la defensa de los territorios: “Llegué al Encuentro gracias a las organizaciones que conocí a través de la Berta, por eso este viaje lo siento como un homenaje a ella”. Y sobre su experiencia de resistencia y defensa del territorio manifestó: “La gente desde lo local, desde la comunidad tiene que defender cualquier modelo en el que pueda vivir”. Durante las elecciones presidenciales en 2021 volvimos a charlar con Miriam junto a la educadora popular y feminista, Claudia Korol. Durante los últimos años, para Miriam, Honduras se constituyó como un narcoestado. Nos explicó, como sostenía Berta, que su país funciona como laboratorio donde se ensayan las más hostiles políticas de control y saqueo de los territorios, que pueden ser replicadas en otros países. Por eso subrayó la importancia de que en el nuevo proceso electoral, se respete la voluntad del pueblo: “Los golpes de Estado convirtieron a Honduras en un laboratorio político para la destrucción de la institucionalidad.” La elección del pueblo fue respetada y ganó Xiomara Castro, del partido LIBRE con amplia ventaja. Sin embargo, su continuidad y posibilidad de cambio real del actual Estado es muy compleja por los entramados que se tejieron desde la ilegalidad. Ante este escenario, la respuesta para Miriam Miranda es clara: para refundar Honduras “hay que profundizar la construcción de poderes locales, territoriales, e integrados, que puedan sostener la lucha en esos territorios.” Ciertamente la asunción de Xiomara en el gobierno generó un cambio y le devolvió la esperanza al pueblo hondureño. Entre sus primeras acciones impulsó medidas necesarias para el cuidado de los territorios y sus defensoras como la cancelación de las concesiones de la minería a cielo abierto seguida de la liberación de los defensores que se oponían al proyecto minero de Guapinol.   Sin embargo, la lectura aguda de Miriam no se puede esquivar. La continuidad del modelo de saqueo y expansión sobre el territorio continuará hasta que la institucionalidad cambie de raíz. Sin la construcción de poderes locales y territoriales con apoyo real del nuevo gobierno, la persecución y militarización de los territorios seguirá. En ese marco, durante las primeras semanas de marzo, Miriam tuvo que denunciar nuevas amenazas y agresiones contra su vida y la de su pueblo. “Estamos hartos y hartas de que persigan a nuestro pueblo Garífuna. Lo hemos denunciado por décadas, quieren aniquilarnos, quieren matarnos y desaparecernos” denunció la Defensora. No habrá cambio ni esperanza si los derechos de quienes cuidan la vida son amenazados. Hasta entonces, desde el territorio garífuna se sostiene una resistencia colectiva y nos acerca una enseñanza: “Es necesario construir otros pactos de convivencia. Tenemos que romper eso que pasa en las ciudades con el individualismo, de no saber quién está a tu lado”. Camila Parodi, 2022

 

— ¿Cuáles son tus impresiones de tu primer Encuentro?

Fue importante haber venido, si bien el activismo me tiene en la lucha permanente, me encantó venir. El elemento que me gustó sobre todo es que, hoy en día, se refuerza que el movimiento de mujeres debe acercarse a las resistencias de las mujeres que estamos en la defensa de los bienes comunes y de los territorios, rompiendo entonces esa separación que había entre el feminismo urbano con lo que es rural.

El hecho de que se haga e insista en la convergencia de diversos pensamientos y luchas es muy importante. Sobre todo que termine con una gran marcha que evidencie el poder de las mujeres es muy interesante. Un montón de mujeres juntas causan tanto terror al poder patriarcal… Lo lindo, que este encuentro mueve ciudades, las mujeres se posicionan y se hacen sentir, y aunque no se crea genera cambios en la cosmovisión, en la gente; es algo que queda.

— ¿Y qué te llevas?

Es importante que las marchas de las mujeres caminen por todos lados marcando territorios, así como marcan nuestros cuerpos-territorios. Es el cuerpo-territorio el que se hace sentir como uno solo aunque haya diferencias políticas, el cuerpo mujer está presente con sus ideas, con su creatividad, con su sentimiento de libertad. Me llevo una gran experiencia a mi país respecto a esto. Sobre todo, me llevo el inicio de los juicios a la justicia patriarcal.

— ¿Y cuál es la situación de Honduras en este momento?

Vivimos en un lugar donde hay mucha agresividad de parte de los sistemas de opresión económicos y de la oligarquía, que responden al capital trasnacional, al oligopolio patriarcal, racista. 

Entonces, tenemos nuestras propias particularidades, como es el tema de la trata. En Honduras “se pierden niñas” todos los días, pero no se nombra. Por eso, cuando yo escuchaba aquí las historias como la de Maira Benitez en Chaco me decía: “esto está pasando allí a nuestras niñas”. Pero como somos un país con una inequidad tan fuerte, hasta eso se vuelve normal. Me lo llevo para ponerlo en la mesa, me conmovió muchísimo, y es un problema: se están llevando a las niñas para la prostitución. Celebro la vida de haber conocido a tantas compañeras.

Los tres poderes establecidos en la estructura democrática ahora se juegan con los poderes económicos

— ¿Qué denuncias viniste a visibilizar a la Argentina?

Nosotras estamos enfrentando una criminalización y judicialización muy profunda por defender nuestra tierra, nuestros bosques, nuestro mar. Vivimos cerca del mar, entonces las empresas turísticas son muy violentas con los pueblos garífunas, contra nuestras tierras y playas, y hay una presión muy fuerte del sistema inmobiliario. Sobre todo, nos enfrentamos en este momento a unos inversionistas canadienses. Personalmente, tengo dos querellas, no me he presentado en dos juicios. Una, por difamación y calumnias por el hecho que hemos denunciado que están acaparando las tierras. Y la otra, por el intento del Estado de silenciar a las radios comunitarias que nuestra organización, OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña), ha impulsado.

La empresa encargada de administrar el espectro radiofónico de Honduras está criminalizándonos al decir que no tenemos derecho a impulsar radios sin licencia. Pero el convenio 169 de la OIT establece que tenemos derecho a tener nuestros propios sistemas de comunicación y nosotras, amparadas en ese aval institucional, hemos instalado nuestra radio comunitaria.
 

La ONU y CIDH pidieron al gobierno de Honduras el cese de la criminalización de las defensoras garífunas En julio de 2021, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidieron al Estado de Honduras que se abstuviera de criminalizar a las defensoras y defensores de Derechos Humanos de la comunidad garífuna. En su declaración, instaron a “garantizar un ambiente libre de hostilidades para la defensa de los derechos humanos y a intensificar las medidas para respetar y proteger los derechos del pueblo garífuna sobre sus tierras, territorios y recursos naturales conforme a los estándares internacionales e interamericanos”. A su vez, observaron con preocupación que “el uso indebido del sistema penal sigue siendo utilizado, en ocasiones, como práctica de hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos en Honduras, especialmente en relación con la defensa del territorio de comunidades indígenas y afrohondureñas”. En ese mismo texto, sostuvieron que en la actualidad hay defensoras garífunas perseguidas y/o detenidas que estarán “sujetas a procesos penales derivados de dos requerimientos instaurados por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de daños, amenazas, robo y usurpación de tierras, que tendrían su origen en una disputa civil con terceros, por la falta de delimitación de las tierras ancestrales de las comunidades garífunas de Cristales y Río Negro”. Entre marzo y julio de 2021, fueron detenidas al menos cuatro defensoras garífunas, tres de ellas integrantes de OFRANEH.

 

Estamos también en una lucha muy fuerte contra el crimen organizado, hemos sido secuestradas, yo particularmente en 2014. Como comunidad y como mujeres trabajamos mucho la conservación de nuestra cultura e identidad, ya que la Constitución establece que es el castellano nuestro idioma oficial mientras que hay nueve pueblos diferenciados en nuestro territorio. Entonces, si bien Honduras es un país pluricultural, plurilundio, no lo reconoce el Estado; nos encontramos trabajando y luchando en un sistema donde oficialmente existe el racismo y la discriminación. 

Es muy fuerte porque ni desde los medios de comunicación ni desde las escuelas se te valida o respeta como pueblo indígena o negro. Sumado a eso la iglesia, sobre todo la evangélica, está muy agresiva, y eso es algo que pasa en muchos países de América Latina y el Caribe.

A su vez, con nombre y apellido, denunciamos la persecución de Randy Jorgenson, quien se ha hecho millonario por el negocio de la pornografía y nos ha denunciado con el objetivo de utilizar nuestras tierras. Es importante que el Estado cumpla con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por dos comunidades garífunas en 2015.

También en este marco, hacemos un llamado para que el Estado detenga esta persecución hacia las dirigencias, hay una clara campaña de judicialización, la intención es clara: mantenernos en ese clima de inestabilidad y eso desgasta y genera crisis. Es un escenario de terror y militarización. El objetivo de esta campaña de desprestigio es privilegiar los intereses de los inversionistas.
 

La desaparición de los cuatro defensores  El 18 de julio de 2020, cuatro jóvenes líderes de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, en el norte de Honduras, fueron secuestrados y desaparecidos por un grupo de hombres armados que llevaban uniformes de la DPI (Dirección Policial de Investigaciones). Se trata de Sneider Centeno, presidente del patronato (consejo comunitario), Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García y Gerardo Mizael Róchez Cálix. A pesar de la presión popular y de la incansable lucha del pueblo garífuna, desde ese día no volvieron a aparecer. El gobierno de Juan Orlando Hernández no realizó las investigaciones necesarias para la búsqueda de su paradero y también criminalizó a los jóvenes acusándolos de ser integrantes del crimen organizado.  Sneider Centeno luchaba por la recuperación de las tierras ancestrales de la comunidad en el marco de una persecución y violencia sistemática contra la población garífuna llevada a cabo por empresarios extranjeros de  turismo y de industrias extractivas en complicidad con el gobierno hondureño para despojar a estas comunidades de sus tierras.  Miriam Miranda se convirtió en la principal denunciante de esta situación y visibilizó internacionalmente la historia de los cuatro jóvenes. En sus declaraciones asegura que su desaparición se vincula directamente con el avance de dichas empresas trasnacionales en su territorio.

 

— Es claro el rol de las mujeres en la defensa por la vida digna de los pueblos, lo vimos con Berta y lo vemos con ustedes. Con esa lectura, ¿Qué estrategias de cuidados se plantean?

Hace un tiempo, con Berta, impulsamos la Coordinadora de Mujeres Indígenas y Negras de Honduras. Ambas ocupábamos un puesto en organizaciones mixtas pero, en la práctica, veíamos la importancia de tener espacios propios de mujeres. Recién en diciembre pasado retomamos lo de la coordinadora y hace unas semanas hicimos un taller de planificación con las mujeres indígenas para preparar las condiciones y articular mejor con las mujeres, por ejemplo, campesinas. Estamos con la Red Nacional de Mujeres articuladas también con las compañeras de Tegucigalpa. Antes era impensable esta articulación, pero se entendió la importancia de unir lo rural con lo urbano.
 

 

Desde el golpe fue clara la necesidad: crear una Constituyente y crear nuevas condiciones. Actualmente, me encuentro coordinando el movimiento político y social de Honduras: se trata de una plataforma de 15 redes grandes y más de 30 organizaciones a nivel nacional. En mi territorio hicimos la asamblea de esa plataforma e instalamos una mesa de mujeres indígenas para impulsar un encuentro a nivel nacional de mujeres de todos los sectores. Va a haber peleas hacia adentro de los espacios mixtos, pero se tendrá que realizar un trabajo para superar la tarea desde adentro. Es indispensable en la renovación de cuadros.

— Con el antecedente de lucha contra el golpe que tienen en Honduras, ¿Qué experiencia podrías compartirnos?

Es claro de que es necesario repensar las estrategias, Honduras fue el experimento y después vinieron Paraguay y Brasil. Cambiaron mucho los mecanismos: antes los golpes de Estado eran con miles de muertos y ahora se dan en otro marco. Con lo del golpe, fuimos trabajando y pensando cómo construir lo que queremos de país. Lamentablemente, esa experiencia se fue construyendo en partido y perdió su componente social de lado, pero teníamos muy bien la idea que todos los sectores tenían que hacer una constituyente.

La historia nos ha enseñado que hay que abrir debate sobre los modelos democráticos que vivimos en nuestros países. Porque lo de Honduras fue que un poder del Estado le dio el golpe al otro; y es más, se lo volvió a dar en el 2012. Estamos hablando de que los tres poderes establecidos en la estructura democrática ahora se juegan con los poderes económicos, son tres patas una de estas le pega a la otra y le da el golpe y esto lo normalizan los medios.

Hay que construir el poder local porque desde ahí se va a sustentar y cuestionar cualquier cosa que pase en el futuro

— ¿Y a  qué conclusión llegaron?

Nosotras llegamos a la conclusión de que hay que trabajar en la comprensión colectiva de estos acontecimientos porque los medios le interiorizan a las personas que eso es lo normal, legítimo y legal. Ahí hay una situación complicada porque te dicen “en televisión lo dijeron así”, de esta manera es que se lo llevan a Mel (Manuel) Zelaya porque no había comprensión de la gente, y eso no era legal. Tenemos que ir trabajando esto, hay que construir el poder local porque desde ahí se va a sustentar y cuestionar cualquier cosa que pase en el futuro.

La gente desde lo local, desde los territorios, desde la comunidad, tiene que defender cualquier modelo en el que pueda vivir. Ahí está el asunto: el sistema democrático debe ser cuestionado y debatido profundamente. Ahí entra el reto: porque tomamos partido sin construir algo colectivo ni que represente el bienestar de la comunidad por más utópico que suene, así es que terminamos arrastradas por corrientes que no nos representan. Por eso, insisto que es importante la acumulación de trabajo con las comunidades, romper el monopolio de la comunicación.

Estos medios están concentrados en los grupos económicos que nos friegan la vida, la suma de lo poco que cada una hace en su territorio es lo que nos puede hacer levantar. Y eso es lo más difícil porque no podemos sumar los poquitos, tenemos que tener esa capacidad. Este es un contexto muy difícil donde emerge el poder de los imperios pero también la bota militar. En Honduras es doblemente terrible: aquella ley que se había aprobado para que los militares no salgan de los cuarteles, con el golpe pudieron volver a salir a las calles a reprimirnos. Tal es el caso de los universitarios, donde la Universidad fue totalmente militarizada y luego esa situación se “normalizó” con  el mensaje de los medios de comunicación.

— Es necesario entonces cuestionar el rol de los medios desde las organizaciones…

Sí. Es importante para nosotras comenzar a hacer un juicio ético popular a cómo se manejan los medios de comunicación porque es terrible, tenemos que pedirles cuenta. En Honduras, durante la crisis, la gente consumía sólo lo que pasaba en Venezuela y no se hablaba nada de lo que pasaba en su propio país. Estos medios son complejos porque no sólo reproducen y generan opinión, sino también cambian la mentalidad y definen el pensamiento de las personas. Ya sabemos que la oligarquía va a protegerse entre ellos pero, como decía el padre Melo: “los pobres sosteniendo la mentira de los ricos”, y entonces la gente que está más jodida está sosteniendo a la oligarquía por esos mismos medios.

2020 | “La gente no tiene miedo. El miedo cambió de bando, ahora lo tiene el gobierno”

En los territorios garífunas

— ¿Cuál es la situación de los territorios hondureños, y particularmente los que habita la comunidad Garífuna?

Creo que hay que partir del hecho de que, en los últimos dos años –que precisamente coincide con la pandemia–, el pueblo Garífuna es el pueblo que ha sido más golpeado en Honduras. Durante los últimos cuatro años han sido asesinadas alrededor de 50 personas, y tenemos criminalizadas a más de un centenar de líderes y lideresas. El hecho más paradigmático fue cuando en abril del año pasado fue encarcelada Marianela Mejia de la comunidad LGTBIQ+ de OFRANEH, junto con su hermana Jenifer Mejia. Fue el detonante de la orden de captura contra 33 personas de la comunidad de Trujillo acusadas de usurpar su propio territorio. Esas son las acusaciones que hacen contra los pueblos indígenas y, en este caso, contra el pueblo Garífuna. También denunciamos algo que fue atroz: la detención de una señora de 73 años, cuando se estaba trasladando de su comunidad hacia una ciudad.
 

 

Creo que esta situación es producto, no solamente de esta práctica que ha venido desarrollando, impulsando y, sobre todo, fortaleciendo este narco-gobierno, la narco-dictadura, sino también un mensaje muy claro a la OFRANEH, una organización que en los últimos años ha jugado un papel preponderante en el país porque no solamente trabajamos y luchamos por el pueblo Garífuna. Por ejemplo, en el 2019 realizamos un Encuentro Nacional de Mujeres, el primero en el país, en el que participaron más de 1.500 mujeres provenientes de 16 departamentos, de la cual surgió la Asamblea de mujeres luchadoras de Honduras. Eso, de alguna manera, marca una diferencia, en cuanto a que somos una organización propositiva, que hemos demandado al Estado frente al sistema interamericano, que acompañamos y acuerpamos a una diversidad de luchas campesinas, feministas, obreras, indígenas, en las cuales OFRANEH tiene una presencia con su fuerza espiritual, cultural. Eso nos convierte en un objetivo principal del Estado, no solamente para la persecución política, criminalización, judicialización y asesinato, sino que también somos una organización muy vigilada

— ¿Cómo se organizaron frente a la pandemia en este contexto?

Una de las cosas que impulsamos durante la pandemia fue un proceso para instalar las casas de atención de COVID-19, desde las cuales se generaba información, se elaboraró y se distribuyó té para fortalecimiento del sistema inmune, se distribuyen mascarillas y se protegió a nuestras comunidades, cerrando las entradas para evitar que entrara y saliera gente de otros lugares, y se distribuyeron alimentos en esos primeros meses de crisis. Eso provocó el asesinato de un compañero de una comunidad por negarse a entregar la llave del portón para que entraran personas extrañas a la comunidad. Estamos ubicados en la costa, que es una zona disputada por los cárteles, el crimen organizado, los megaproyectos, la palma africana. Todos estos intereses conviven en donde habitamos. Y por supuesto, la comunidad Garífuna es la más agredida.

— ¿Qué lugar ocupa la costa en los intereses y el recorrido del narcotráfico en Honduras?

La costa, es la zona de trasiego de drogas en este país. La gran cantidad de droga que transita por Honduras pasa por la costa. Los que vivimos en la costa, no solamente el pueblo Garífuna, somos los más afectados, porque se criminaliza, judicializa, y se genera terror en las comunidades, porque son tomadas incluso por el Ejército y la DEA ¿Qué significa eso? Que hay un proceso de colombianización en Honduras. Esa estrategia que hace Estados Unidos de “combate al narcotráfico” no es real. Lo vemos con lo que ha pasado en Colombia después de 30 años del “combate al narcotráfico” donde han impulsado y gastado millones de dólares. Honduras se convirtió ahora en un narco estado.

— ¿Encuentran una relación con el proceso de golpes de Estado?

En los golpes de Estado no solamente se destruyó la institucionalidad de Honduras, sino que se generó un Estado fallido y la falta de gobernabilidad. Nos hemos convertido en el país con mayor cantidad de personas que migran a través de las caravanas. También se ha impulsado y concretado ese plan del gobierno de Juan Orlando Hernández de rematar el país por pedazos, a través de las “Zona Especial de Desarrollo” (ZEDEs).

Honduras ha tenido tres golpes de Estado: en 2009, en 2012 y en 2017. En 2012, el Congreso Nacional dio un golpe a la Corte Suprema de Justicia siendo presidente en ese entonces Juan Orlando Hernández, para favorecer su política y aprobar la ley de “Ciudades Modelos”. En 2017, se dio el golpe electoral. Hemos tenido tres golpes de Estado sucesivos, que convierten a Honduras en un laboratorio político para la destrucción de la institucionalidad, para permitir que el capital transnacional, pueda apoderarse libremente de los recursos, de los territorios y de todo lo que son los bienes comunes de Honduras.

Las ZEDEs, tal como están planteadas por el gobierno de Honduras, son las mayores violaciones de los Derechos Humanos porque el poder económico se está asegurando, primero, que nadie va a poder organizarse bajo las leyes nacionales, porque el Estado no tiene control sobre eso. Segundo, que los impuestos no se pagan, o sea, son territorios autónomos dentro de Honduras en los cuales el Estado no va a tener ningún control. Es como dar un pedazo o la mitad de tu casa y tú no tienes nada que ver, ahí no tienes ningún control. Es un riesgo para los Derechos Humanos, para los derechos de las comunidades que podrían, eventualmente, ser desplazadas para la instalación de estas zonas especiales de desarrollo. Es un proyecto político de Juan Orlando Hernández, que responde a la lógica de los libertarios. Entonces ahí podemos ver que sí hay una relación y no es de ahora, sino desde que se dio el golpe en el 2009.

— Con la posibilidad latente de que el partido de LIBRE gane y, en caso de que se aceptara ese triunfo, ¿qué tipo de gobierno se puede prever? 

Es una cuestión complicadísima, porque el tema de las alianzas y con quién te alías es una de las cosas más complejas. No hay certezas, por la gente que está alrededor, por la gente con la que se hizo la alianza de oposición, etc. Será un gobierno muy complicado, por la composición de la alianza y porque se encuentra con un país totalmente destruido. Si no hay capacidad de generar, por parte de Xiomara como presidenta o como oposición, algún tipo de convergencia de todos los sectores, para el futuro no va a haber ninguna posibilidad de que salga. Hay una destrucción total de la institucionalidad, un vaciamiento de los territorios tomados por los narcotraficantes o el crimen organizado; hay una crisis sin precedentes.

Entonces, hay que entender que se necesita ir más allá de tener una presidenta, porque también están los poderes territoriales, y si no se llega a un nivel de alianzas, de convergencias, para poder construir desde los territorios algo diferente, esto es muy complicado. Si bien es cierto que este país no aguanta un nuevo golpe de Estado, hay otras formas de no permitir que la gente pueda ejercer su gobierno. Ya lo hemos visto en América Latina con lo que pasó en Bolivia. Hay que profundizar, entonces, en la construcción de poderes locales territoriales integrados que puedan sostener la lucha en esos territorios, porque de lo contrario se vuelve bastante complejo.

— ¿Y los narcos están teniendo algún tipo de acción para el acceso al Parlamento como en Colombia y en otros lados?

No es tan claro, porque tampoco aquí se tiene identificado, muchos diputados han sido involucrados. En el sistema de narco, de hecho, algunos están investigados en Nueva York. Por ejemplo, vemos políticos que han sido señalados como ligados al narcotráfico, tal es el candidato Yani Rosenthal, que estuvo privado de libertad por dos años en Estados Unidos acusado de lavado de activos y ahora es el candidato del Partido Liberal. Es otro tema para trabajarlo en el futuro: construir algunos criterios y principios de la gente que es candidata, porque eso es como normalizar la situación. Por ejemplo, hace unos meses hicieron una reforma al Código Procesal Penal, precisamente pensando en las elecciones, en la que no debe haber ninguna movilización para evitar que la gente pueda llegar a las manifestaciones. Se criminaliza todo lo que son las movilizaciones. Eso lo hizo el Congreso Nacional reciente, y entró en vigencia para que la gente no salga a las calles como en el 2017 donde fue brutal la represión.

Es claro que hay mucho terror, pero también hay esperanza de que la gente pueda tomar sus decisiones, porque aquí han estado entregando incluso hasta camas, estufas, de todo. Hay algo muy certero: este gobierno está con miedo, porque hay todo un movimiento de personas que sí quieren rendición de cuentas. También es cierto que hay una diferencia con el 2017: la gente no tiene miedo. El miedo cambió de bando, ahora lo tiene el gobierno. En 2017 hubo gente a la que secuestraron, que hasta asesinaron cuando salían a denunciar, pero este año la gente no tiene miedo: está harta, harta, porque tampoco es posible seguir viviendo en estas condiciones de vida, hasta de vulnerabilidad ambiental; por eso creo que son elecciones muy particulares.

— ¿Cuál es la situación de las defensoras?

Nos encontramos en el país con mayor violencia hacia las defensoras y defensores de Derechos Humanos. Honduras, en proporción geográfica, es el país más violento y más inseguro para las defensoras y defensores a nivel mundial. Entonces, esa es una de las cosas que hay que tomar en cuenta, por eso estamos tejiendo redes. Hay muchas personas observadoras que han llegado al país así como los organismos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otras instancias que están visitando a muchos de los líderes y lideresas para hablar un poco sobre el contexto.
 

 

No le hemos dado la debida atención a esta situación de haber convertido un país en un laboratorio político que puede ser replicado en otros países. No le hemos puesto atención, no lo hemos analizado como debe ser, y de hecho luego de esta experiencia vino Paraguay, Brasil, Bolivia. El fascismo y la ultraderecha se están posicionando cada día más en nuestras Américas. Por eso es necesario construir otros pactos de convivencia. Por qué tenemos que pensar que la única forma en la que se puede construir poder o participación es a través de un proceso electoral. Hoy, en América Latina, la democracia electoral se encuentra totalmente desgastada porque ya la gente no va a votar, no llega a votar. Ya no creen ese proceso y eso hace mucho daño, como en este caso.

Tenemos que romper eso que pasa en las ciudades con el individualismo, de no saber quién está a tu lado

— Cuando hablamos en 2017 nos comentabas, justamente, que había que abrir debates sobre los modelos democráticos. Después salió Ecuador a las calles, luego Chile, Paraguay, Guatemala, Colombia, un año antes la caravana en Centroamérica… Y no sólo salieron, sino que también buscaron nuevas formas de organización. Vemos experiencias que, de alguna manera, se enfrentan a la falta de respuestas que tienen las democracias ¿Cómo vieron este proceso de revueltas y cómo se imaginan que podría continuar?

Estos procesos que se han dado en los últimos años en algunos países de América Latina es como cuando se dice “la gota que colmó el vaso”. Una cuestión de expresión de la gente que ya está harta; es la necesidad de seguir construyendo esos otros procesos, modelos diferentes. Modelos autónomos, espacios territoriales de autonomía, soberanía alimentaria. No podemos replicar los errores que se han cometido en las últimas décadas. A la par de que estamos hablando de inclusión, participación, soberanía alimentaria, tenemos que hacerlo en la práctica. Es lo mismo cuando se habla de los derechos de las mujeres, tú no puedes hablar del derecho de las mujeres si como mujer no ejerces primero esa libertad que es tan difícil porque tenés que romper esquemas.

Por eso, nosotras hemos venido trabajando en un espacio territorial que se llama “Vallecito” para ejercer nuestra autonomía, nuestra soberanía alimentaria. Estamos construyendo en este país algo que sirva para mostrar que sí podemos y debemos generar espacios territoriales, autónomos y autogestionarios. Incluso en las ciudades también hay territorios, lo que pasa es que no lo hemos sabido construir. Los barrios, las colonias, son territorios. Tenemos que romper eso que pasa en las ciudades con el individualismo, de no saber quién está a tu lado.

— El tema de la refundación de Honduras, que tanto hemos hablado en su momento con Berta y con vos, es uno de los proyectos políticos más importantes que, tal vez, se ponga a la orden, porque en cualquiera de los dos escenarios, gane Xiomara y se legitime ese gobierno o no gane por fraude será necesaria esa construcción de un modelo político diferente…

No vamos a resolver el problema de Honduras con que gane Xiomara. Algunos creen que sí, pero entonces ahí es donde está esa cuestión de lo que tenemos que analizar sobre dónde está el peso político, dónde está el peso de la toma de decisiones, quién toma las decisiones. Porque Xiomara puede llegar a ser presidenta, pero cómo va a gobernar cuando hay toda una plataforma de poder económico, político, militar, etc… Va a estar siempre luchando contra ella. Por eso, gane quien gane, tenemos que ir construyendo otra forma de convivencia, pactos diferentes que nos permitan salir adelante y que podamos enfrentar temas claves como, por ejemplo, la crisis climática. Las empresas están destruyendo el hábitat y están saqueando todos los recursos naturales. Ahí hay que construir conciencia por un lado, pero también toma de decisiones sobre esa empresa que está destruyendo tanto la naturaleza. Es un debate que se está dando a nivel de todo el mundo.

Entonces me pregunto, ¿Cuál es el poder que tendrá ella si no está acompañada de un movimiento social que pueda posicionarse contra esto? No es únicamente una decisión ejecutiva, deben crearse las condiciones para que las comunidades estén empoderadas territorial y comunitariamente, para poder enfrentar la voracidad del capital que destruye día a día nuestros recursos y nuestra vida, y así construir con autonomía un proyecto popular, que es la base para la refundación de Honduras.

Esta entrevista hace parte de la serie “Defensoras. La vida en el centro”, un trabajo conjunto de Marcha Noticias y Acción por la Biodiversidad, editado por Chirimbote, con apoyo de la Fundación Siemenpuu.

Las entrevistas fue realizada por Camila Parodi y  Nadia Fink en 2017. Y por Camila Parodi y Claudia Korol en el año 2021.