Continúan las escandalosas condenas por las protestas del 11J y la burocracia fustiga a “La Joven Cuba”

En el mes de marzo se han llevado a cabo dos juicios por las protestas del 11 de julio. El primero por las que protagonizaron los sectores pobres de Esquina de Toyo y La Güinera en La Habana, donde se condenó, en juicio masivo, a 127 personas con penas de hasta 30 años; el segundo por las protestas en San Antonio de los Baños contra 17 manifestantes con condenas de hasta 10 años.

El 23 de marzo, un total de 17 personas fueron condenadas a entre 3 y 10 años de cárcel por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio pasado en San Antonio de los Baños (occidente de la isla). En esta ciudad, a 35 kilómetros de La Habana, fue donde se produjo la primera manifestación de aquel día, que luego se reprodujo por otras ciudades provocando las mayores protestas en Cuba en décadas.

Según el fallo del Tribunal Municipal de San Antonio de los Baños, los 17 acusados —de entre 22 y 67 años y casi todos hombres— fueron mayoritariamente condenados por “desacato” y “desórdenes públicos”, aunque alguno fue asimismo considerado culpable del “delito de atentado”. Todos los condenados, subraya el fallo del Tribunal Municipal de San Antonio de los Baños, “se desempeñaron como líderes del disturbio y cometieron las acciones delictuosas”.

Esta sentencia se dio a conocer días después del fallo conjunto por las seis causas ligadas a las mismas protestas en Esquina de Toyo y La Güinera, dos puntos barriadas pobres de La Habana. Este fallo condenó a penas de hasta 30 años de cárcel —1.916 años en total— a 127 de los 129 encausados, mientras que uno recibió cuatro años de “trabajo correccional” y otro quedó absuelto. Ocho condenados tenían entre 16 y 17 años.

Se trata de sentencias escandalosas violando los más mínimos derechos elementales. Sobre estas condenas masivas solo se ha informado de manera general, se desconocen las causas dictadas a cada detenido y sus respectivas edades.

Estos juicios de marzo con fuertes condenas se suman a otros que fueron realizados entre julio, octubre, diciembre, enero y febrero en los que las condenas han variado desde multas hasta dictámenes que van de los 14 a 30 años de cárcel. Son constantes las denuncias de familiares y activistas por fabricación de pruebas. El objetivo de la burocracia cubana con estas condenas y toda su política represiva es amedrentar a quienes están descontentos con su política económica y social, y acallar todo tipo de protestas, mientras aceleran un giro aperturista y medidas económicas que recaen violentamente contra el pueblo.

Desde esa histórica jornada de movilizaciones del 11 de julio, se ha producido un profundo giro represivo por parte del gobierno de Miguel Díaz-Canel que detuvo violentamente a alrededor de 1500 manifestantes (durante las protestas y en los días posteriores). De ellas, al menos 756 continúan en centros de reclusión. Según la Fiscalía General de Cuba, en el país se ha procesado por las protestas del 11 de julio a 790 personas, de las que 55 tienen entre 16 y 17 años.

Destaca entre las sentencias de San Antonio de los Baños, los seis años de prisión por dos delitos de desacato y un delito de desórdenes públicos para Yoan de la Cruz Cruz, unos de los primeros jóvenes que empezó a retransmitir en directo por redes sociales las protestas. La sentencia asegura que “transmitió en directo por las redes sociales lo que acontecía, con lo que provocó que tales actos fueran visualizados dentro y fuera del país y que en diferentes municipios y provincias se imitaran las nocivas acciones”. Ejemplo de que la burocracia prohíbe y persigue la más básica libertad de expresión.

Recalquemos que el pasado 11 de julio se produjeron en Cuba las mayores protestas antigubernamentales en décadas, unas manifestaciones espontáneas y masivas ligadas a la grave crisis económica que atraviesa el país y que fueron una respuesta, en los hechos, a las políticas de la burocracia gobernante como fue el plan de ajuste y apertura económica Tarea Ordenamiento, que representó una verdadera política de shock contra los trabajadores y el pueblo, con un 2400 % de devaluación de la moneda y aumentos a las tarifas y los precios de los productos básicos.

El procesamiento y los procesos judiciales contra los manifestantes, así como las terribles y severas penas que incluyen estos cargos de “sedición” como respuesta al simple hecho de manifestarse, muestran el carácter represivo del gobierno cubano de Díaz-Canel. que viene impulsando las mencionadas medidas económicas y sociales profundamente antipopulares.

Incluso, cualquier protesta en defensa de los recluidos por las manifestaciones del 11J es reprimida inmediatamente, tal como sucedió a finales de enero de este año cuando fueron reprimidos y detenidos Leonardo Romero Negrín, Alexander Hall, Tata Poet, Carolina Barrero, Camila Rodríguez y Daniela Rojo, que luego fueron liberados, y en el caso de Carolina Barrero, impulsora del movimiento Justicia 11J, obligada a exiliarse. Lo mismo aconteció con la detención del joven universitario, poeta y músico, Abel Lescay a comienzos de febrero, y sobre quién aún está pendiente un juicio.

Es urgente el llamado a la solidaridad internacional con los detenidos y manifestarse abiertamente contra la represión y los juicios sumarios en Cuba, así como por el derecho a la protesta y por la libertad inmediata y plena de todos los detenidos de las protestas del 11 de julio.

El hostigamiento a los responsables del portal de izquierda La Joven Cuba

A la par de estas aberrantes condenas a los presos de las protestas del 11J, y en el marco del giro represivo del gobierno, un canal oficialista en un programa arremetió contra los integrantes del portal La Joven Cuba, tildándolos de “contrarrevolucionarios y fascistas”. En dicho programa el portavoz justifica sin ningún problema todas las detenciones y condenas escandalosas contra los presos de las protestas del 11J, aludiendo que se respetaron todos sus derechos.

Como declaran los integrantes del colectivo Comunistas “Que en Cuba un medio de prensa sea señalado como ‘contrarrevolucionario y fascista’ por parte del gobierno, es dar la orden de destruirlo y perseguir a los miembros de su comité editorial y colaboradores”.

El supuesto motivo que sirvió de pretexto a estos ataques contra La Joven Cuba fue la publicación del “Manifiesto contra el silencio, por la justicia” del 21 de marzo, dirigido “A la Comunidad Artística e Intelectual cubana”, el cual en lo esencial aboga por el derecho a la manifestación y por los presos de las protestas del 11 de julio exigiendo su libertad, y reclamando por una amnistía para los detenidos. Entre los firmantes figuran Leonardo Romero Negrín, Fernando Pérez, Alex Fleites, Teresita Díaz-Canals, Alexander Hall, Alina Bárbara López, Mario Valdés y Miguel Hayes, entre otros y otras.

Defender el derecho de prensa y manifestación en Cuba es fundamental, como parte de defender el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a organizarse y asociarse sindical y políticamente de manera independiente del Estado y sus organismos, si así lo desean. El derecho a la libertad de reunión, a las asambleas y deliberaciones en los lugares de trabajo, a la manifestación, a la huelga, a la libertad de prensa, el pleno derecho a la libertad de los sindicatos y toda forma de organización que se puedan dar los trabajadores. Por eso, repudiamos el hostigamiento y la persecución contra los responsables de la Joven Cuba por parte del gobierno cubano y los medios de comunicación oficialistas.