Los exiliados del gobierno de Nayib Bukele

I. La última comisionada del IAIP

“Me sentí amenazada. Me mandaron a decir con la comisionada suplente que me preparara, porque me iban a meter presa”, relata la excomisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Liduvina Escobar, desde un país del continente donde gestiona asilo junto a sus hijos de cuatro y 11 años, y su esposo. 

Escobar salió de El Salvador el pasado 4 de mayo de 2021, dos días después de haber recibido aquella advertencia, y tres días después de que la Asamblea Legislativa controlada por el oficialismo desmanteló la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y la Fiscalía General. Fue separada temporalmente de su cargo el 23 de abril de 2021, luego de que concediera una entrevista a Revista Factum, en la que denunció irregularidades en materia de acceso a la información pública. El gobierno la acusó de filtrar información confidencial a la prensa desde su cargo como garante de la liberación de datos públicos. El presidente Nayib Bukele concretó su remoción definitiva el pasado 7 de febrero de 2022. 

La excomisionada se fue de El Salvador porque sintió que el sistema no le daba seguridad como ciudadana, ni garantías jurídicas. Dos denuncias en su contra en la Fiscalía la hicieron acelerar su decisión. Y no es la única. Once abogados, tres defensores de derechos humanos, tres políticas, un tecnólogo, seis exfiscales, tres periodistas, empresarios, un médico, cinco exfuncionarios, exempleados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y extrabajadores municipales salieron de El Salvador al sentirse vulnerables tras haber recibido amenazas, haber sufrido seguimientos de cuerpos de seguridad o por sentirse en riesgo ante la falta de garantías constitucionales. Son al menos 50 salvadoreños se han ido del país por persecución política en el último año, según un recuento de integrantes de la sociedad civil. 

En varios de los casos han sido pandilleros los que han hecho las amenazas, en su mayoría, a exfuncionarias, según explica Rina Montti, directora de monitoreo de Derechos Humanos de Cristosal, una organización que registra casos de desplazamiento forzado. Solo Cristosal contabilizaba 30 exiliados políticos hasta noviembre de 2021. 

 “Hay un tema de violencia social donde las pandillas son instrumentalizadas y reclutadas o contratadas para hacer ese tipo de amenazas. No siempre las razones del ataque estarían vinculadas a un tema de extorsión o del funcionamiento de pandillas en la zona”, dice Montti. 

Hombres tomando fotografías, llantas de vehículos pinchadas, amenazas de pandilleros, persecución fiscal por medio de auditorías del Ministerio de Hacienda, acoso digital con amenazas directas, denuncias en la Fiscalía General de la República y agentes de la policía o militares afuera de sus viviendas son algunas de las situaciones que activaron una alerta para que este grupo de salvadoreños decidiera marcharse de su país. 

Todos tienen una coincidencia: se convirtieron en opositores políticos, ya sea porque se desempeñaban en cargos importantes en las organizaciones de la sociedad civil que señalan las irregularidades del gobierno de Bukele, porque conocían a profundidad casos de corrupción o porque expresaron su descontento ante una política estatal. Todos, de alguna manera, eran voces críticas contra el oficialismo.

Escobar ha recopilado en una bitácora los sucesos que la alertaron para concretar su salida de El Salvador: las cuatro llantas de su vehículo fueron pinchadas con un destornillador, patrullas policiales y militares se estacionaban con frecuencia afuera de su casa, y siempre sospechó que su teléfono celular estaba intervenido por el gobierno. 

La familia de la excomisionada tuvo que mudarse antes de salir del país. Se sentían en riesgo. El día de la mudanza, cuando el esposo de la exfuncionaria colocó sus muebles en un pick up, un hombre que no se identificó y que cubría su rostro con una mascarilla y lentes oscuros le preguntó dónde estaba su esposa, hacia dónde se mudarían y porqué. Sin darle explicaciones el esposo de la comisionada se fue del lugar, según cuenta ella. 

En su exilio de 10 meses, sus amigos le han ayudado a sobrevivir. Con actividades de recaudación de fondos, como ventas de platillos típicos y de ropa usada, la exfuncionaria pudo pagar su alimentación, gastos personales y su factura de teléfono. Ella dice que está agradecida, porque también le prestaron un vehículo, pero preferiría estar en El Salvador y ejerciendo su profesión. Ahora depende de una respuesta migratoria para continuar con su vida. 

“Venir a la nada, vivir de solidaridad. Yo preferiría mil veces estar en mi país, en mi casa, comiendo frijoles con mi familia. En lugar de estar aquí. Jamás un país, por más gente buena que encuentre, va a ser el suyo, va a ser su tierra”, recalca. 

A finales de 2020, el gobierno de Bukele tomó el control del Instituto de Acceso a la Información, una institución que le había empezado a incomodar por ordenarle transparentar el uso de recursos públicos. El oficialismo nombró como comisionados a Roxana Soriano, excandidata a diputada del presidente, y a Luis Suárez, ahora magistrado de la Sala de lo Constitucional. Según Escobar, con la llegada de sus nuevos compañeros empezó un ambiente laboral hostil hasta con el personal administrativo de la institución.  

En los meses previos a su remoción, Escobar lideraba el quinto proceso sancionatorio contra el director general de Centros Penales, Osiris Luna, porque no entregó la información del viaje que hizo en un jet privado a México en octubre de 2019. La excomisionada también abanderó la orden institucional para que el Ministerio de Defensa hiciera una nueva búsqueda de archivos de operativos militares en la Universidad de El Salvador.  Dos de las últimas causas que empujó fueron la entrega de información de los atestados de la jefa de Gabinete en el gobierno de Bukele e incluida en la lista Engel, Carolina Recinos, y la entrega de información de plazas y salarios de empleados de gobierno-

Los planes de Escobar y su familia están lejos de El Salvador. Contempla iniciar una nueva vida en un país donde les permitan trabajar y vivir con tranquilidad. “Ahora, después de varios meses de separación, estoy con mi familia resistiendo en otro país. No es justo”, expresa la excomisionada, mientras muestra un video de su hija de cuatro años jugando en el patio de una casa ajena, la tarde del sábado 12 de marzo de 2022. 

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La falta de confianza en las instituciones del Estado frenó a los exiliados por persecución política para interponer una denuncia en El Salvador, según las organizaciones de la sociedad civil que registraron las salidas. El presidente Nayib Bukele controla las decisiones de la mayoría de los diputados de la Asamblea Legislativa, que nombraron a magistrados de la Corte Suprema y a un fiscal general afines al oficialismo. La Sala de lo Constitucional, que podría frenar abusos cometidos por el Ejecutivo; y la Fiscalía General, que podría perseguir penalmente actos ilícitos, están alineadas con el partido de gobierno. La persecución política recrudeció desde el 1 de mayo de 2021, cuando el oficialismo tomó el control de los tres órganos de Estado, según la documentación de casos.

Verónica Reyna, directora de programas de Derechos Humanos en el Servicio Social Pasionista, una organización que durante años ha analizado la violencia y la migración en El Salvador, dice que si bien es cierto el factor económico y la violencia siguen provocando la mayoría de las migraciones, se debe prestar atención a los exilios por persecución política, aunque no sean masivos como para representar la tercera causa de migración. 

“Esto puede ir avanzando en la medida que ciertos perfiles de la población, que han sido denominados por las autoridades como opositores, pero que son voces críticas, como empresarios, partidos políticos, periodistas, organizaciones sociales e incluso personas que identifican un riesgo probable en el ejercicio de su profesión, puedan ir tomando más seguido la decisión de salir del país para evitar una posible criminalización o agresión hacia su integridad o hacia su vida”, dice Reyna.

El Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) documentó tres casos de periodistas que se vieron obligados a salir del país luego de recibir amenazas, sufrir persecución y vigilancia.

“Y la corrupción no es nueva, a ningún poder de turno le gusta que le señalen sus errores. Los políticos quieren una prensa que los alabe y solo ataque a sus adversarios. Y cuando se ven descubiertos por el periodismo lo que hacen es tratar de desacreditar al periodista», afirma Susana Peñate, síndica de la APES.

Otras organizaciones de la sociedad civil compartieron sus registros de exiliados por motivos políticos, pero pidieron mantener el anonimato en este reportaje para su seguridad y la de quienes buscaron auxilio con ellos antes de abandonar el país. 

Un total de 13,404 salvadoreños solicitaron asilo por diferentes razones en diversos países del mundo en el primer semestre de 2021, según los registros de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR, por sus siglas en inglés). Los países que más solicitudes de asilo de salvadoreños reportaron son Estados Unidos y México. En la región, los salvadoreños buscaron asilarse en Guatemala y Costa Rica