Palestina, las cosas por su nombre. Cuando el apartheid se mete en tu cama

«Cuando estaba en secundaria, mi profesor de historia enfatizaba que una de las señales más claras
de la transformación de Alemania en un estado totalitario en los años treinta era la intervención del gobierno en la vida afectiva de la ciudadanía: la prohibición a la población “aria”
de tener relaciones sentimentales con personas “indeseables” como las judías.»
Uri Yacobi Keller (investigador judío-alemán)

Hace poco más de una década, escribía en mi blog, a partir del caso de una pareja palestina amenazada de separación forzada: «En el marco de una escalada de leyes y políticas racistas, la Suprema Corte israelí recientemente ratificó la “constitucionalidad” (en un país que no tiene Constitución) de la Ley de Ciudadanía de 2003, que apunta, como tantas otras en ese país, a forzar una mayoría demográfica para justificar el carácter judío del Estado. Entre otras cosas, la ley niega a la población árabe palestina con ciudadanía israelí (que es el 20% del país) el derecho a vivir dentro del territorio israelí con cónyuges provenientes de los territorios ocupados o de “países enemigos” (definidos por la ley como Siria, Líbano, Iraq e Irán). Miles de parejas y familias palestinas, así, se ven amenazadas por la inminente “deportación” de uno de sus integrantes hacia su lugar de origen, en los territorios ocupados; la alternativa que les queda es vivir separados o abandonar Israel.»

La llamada Ley de Ciudadanía y Entrada en Israel −una “orden temporal” renovada 21 veces durante casi dos décadas− ha sido un rasgo definitorio del control israelí sobre la población palestina a ambos lados de la Línea Verde: ataca directamente su derecho a amar, a casarse, a criar a sus hijas e hijos y a vivir juntos bajo el mismo techo. El pasado 10 de marzo, y tras meses de discusión, el Parlamento israelí aprobó una nueva versión que hace aún más racista esa ley. «Resulta más xenófoba o racista (que otras leyes) porque no sólo da derechos y privilegios adicionales a la población judía, sino que niega ciertos derechos fundamentales sólo a la población árabe», dijo Reut Shaer, abogada de la Asociación de Derechos Civiles de Israel (ACRI).

Esta ley es uno de los tantos instrumentos racistas del Estado de Israel, que no solo refleja su obsesión por la demografía en todo el territorio de la Palestina histórica, sino también un objetivo aún más perverso, que está detrás de todas las políticas israelíes hacia la población palestina: hacer que su vida sea invivible e inviable para que abandone su tierra natal. En otras palabras, es una de las tantas expresiones del régimen de apartheid existente en Israel; más allá de la legislación militar que gobierna a la población palestina en los territorios ocupados, dentro mismo del Estado hay más de 65 leyes que discriminan a la población no judía y aseguran que tenga menos derechos, tal como ha documentado ADALAH, el Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel. Y es lo que justifica el creciente consenso internacional de que el apartheid existe desde el Mediterráneo al Jordán, como ya hemos explicado.

Son innumerables las familias y parejas palestinas que se ven afectadas por esta ley racista, que no solo niega la ciudadanía sino también la residencia y la unificación familiar a quienes tienen distinto estatuto legal y documento de identidad. Es especialmente grave en Jerusalén Este, donde la población palestina con documento azul no puede vivir en la ciudad con sus cónyuges de Cisjordania (con documento verde); por eso muchas parejas viven separadas, a ambos lados del Muro (a menudo a pocos kilómetros de distancia), o uno de los cónyuges tiene que vivir ilegalmente en la ciudad, sin derechos civiles ni sociales, y bajo riesgo de que se le descubra y se le “deporte” de la ciudad. El centro de derechos humanos Saint Yves (de la diócesis católica) lleva adelante muchos casos judiciales de familias en esta situación. Y cuando se trata de parejas o familias divididas entre Cisjordania/Jerusalén y la bloqueada Gaza, sus integrantes pasan muchos años sin poder siquiera viajar para visitarse, por lo cual solo pueden mantener relaciones virtuales. Bajo el slogan «Love under apartheid» diversos artículos, películas y otros materiales dan cuenta de esta realidad. «So close and yet so far» (Tan cerca y sin embargo tan lejos) es una serie de animaciones cortas de Visualizing Palestine que cuenta las historias de cinco familias palestinas separadas por esta política israelí.

Según el analista Amjad Iraqi (palestino con ciudadanía israelí), cuando la ley se promulgó por primera vez en 2003, se buscó justificarla como una política de inmigración “normal” o como una “medida de seguridad” en medio de la segunda intifada; ambos argumentos son falaces: otra ley racista, la Ley del Retorno, otorga solo a un grupo étnico-religioso –el judío– el derecho a inmigrar y recibir la ciudadanía israelí, mientras lo niega a la población árabe originaria expulsada en 1948 y a sus descendientes (y a la del territorio ocupado); además, a miles de trabajadores palestinos se les permite entrar en Israel cada día (siempre y cuando regresen al territorio ocupado al terminar la jornada).

Con el paso del tiempo, y haciendo a un lado las sutilezas del lenguaje, la clase dirigente israelí fue dejando claro el verdadero objetivo de la ley: la ingeniería demográfica. Ya en 2005, al renovar la ‘orden temporal’, el entonces primer ministro Ariel Sharon declaró: «No hay necesidad de esconderse detrás de argumentos de seguridad. Lo que importa es la existencia de un Estado judío.» El más alto tribunal de Israel siguió la misma línea: en su sentencia de 2012, que confirmaba la prohibición, el presidente de la Corte Suprema, Asher Grunis, opinó: «Los derechos humanos no son una receta para el suicidio nacional.»

La nueva versión señala explícitamente que su objetivo es restringir el estatus de las personas procedentes de «países hostiles o de la región», haciendo hincapié en la identidad y los intereses de Israel como «Estado judío y democrático». En resumen, el número de personas «no judías» con ciudadanía israelí −palestinas nativas− debe ser reducido activamente y por cualquier medio. En 2021, el arquitecto de la coalición post-Netanyahu y ministro de Relaciones Exteriores, el ‘centrista’ Yair Lapid, declaró abiertamente: «No hay necesidad de rehuir la esencia de esta ley. Es una de las herramientas para garantizar una mayoría judía en Israel.» Y en febrero de este año, la derechista ministra del Interior, Ayelet Shaked, que actualmente se encarga de supervisar las solicitudes de unificación familiar, también dejó claro: «No hay que andarse con rodeos: la ley tiene razones demográficas.»

Algunos miembros del Knesset dijeron expresamente que la ley pretende impedir el retorno de la población palestina refugiada desde la limpieza étnica (la Nakba) que acompañó la implantación del Estado; y todo ello, mientras Israel se disponía a acoger a miles de personas refugiadas de Ucrania (preferentemente judías, por supuesto). «El Estado de Israel es judío y así seguirá siendo», dijo Simcha Rothman, del partido de extrema derecha Sionismo Religioso, que presentó la ley junto con la ministra del Interior. «Ahora, si Dios quiere, el escudo defensivo de Israel se verá significativamente reforzado», dijo en el Knesset horas antes de la votación.

ADALAH ya presentó un recurso ante la Corte Suprema contra la nueva Ley de Ciudadanía y Entrada en Israel. El recurso exige que la ley sea revocada porque es intrínsecamente discriminatoria, viola los derechos constitucionales fundamentales y es contraria al derecho internacional. Pero fue la Corte Suprema la que en 2012 avaló la versión anterior de dicha ley; por ello el activista y académico Uri Yacobi Keller afirmó entonces: «Ahora es cuando la comunidad internacional debería (…) aplicar una fuerte presión sobre el Estado racista del cual la Corte forma parte, y debería expulsar a Israel de la comunidad de Estados “democráticos”. (…) La comunidad internacional también tiene que dejarle claro a la Corte Suprema de Israel que no va a tolerar leyes antidemocráticas, y que nadie va a tomar en serio a un órgano que dicta semejantes leyes.»

Y Amjad Iraqi –diez años después− señaló: «La comunidad internacional tiene asumido como un dogma que Israel será para siempre un “Estado judío”. Lo que no se ha preguntado −o no se ha cuestionado− es qué implica hacer cumplir esa visión. La respuesta está en esta horrible ley, una de las muchas que invaden y despojan los espacios más íntimos de la vida palestina para preservar la supremacía de un grupo sobre otro.» Y concluyó de manera contundente: «¿Cuántos gobernantes israelíes más tienen que declarar descaradamente sus intenciones, y cuántas leyes racistas más tienen que aprobarse, para que el mundo acepte que Israel es y quiere ser un Estado de apartheid?»