Ciudad de México. Los megaproyectos que impulsa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador son una muestra de que la dinámica de “despojos” continuará en esta administración y que su prioridad no es la población más vulnerable, afirmó María de Jesús Patricio Martínez, vocera del Congreso Nacional Indígena (CNI).

Al presentar un balance de las actividades que ha realizado la Caravana por el Agua y la Vida –la cual comenzó el pasado 22 de marzo en el municipio de Juan C. Bonilla, Puebla–, Marichuy señaló que existe “complicidad” entre gobiernos, empresas y grupos criminales para quitar sus recursos naturales a comunidades indígenas.

“Ahora que se supone que hay un gobierno del cambio que está con los pobres, queda demostrado que no”, como lo indican tanto la persistencia de megaproyectos como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, además del asesinato de activistas como Samir Flores, lamentó la vocera zapatista durante un acto en la sede del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), ocupada desde el 12 de octubre de 2020 por otomíes de la Ciudad de México.

Luego de advertir que “el despojo capitalista va a seguir” en la actual administración, Patricio señaló que muchos gobiernos se han aliado con grupos criminales para despojar de sus recursos naturales a las comunidades indígenas.

Peligran cenotes

En igual sentido, el activista y poeta Pedro Uc Be, integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, denunció que la construcción de las vías del Tren Maya podría generar daños graves al sistema de cenotes y ríos subterráneos de la zona cercana a Playa del Carmen y Tulum.

“Vemos con dolor la decisión de implementar este proyecto que amenaza al agua de los cenotes que los campesinos utilizan para sembrar maíz. Este es un proyecto de destrucción y muerte, que está proyectado para pasar sobre nuestro cadáver y borrar nuestra historia”, alertó Uc vía teleconferencia.

A su vez, una integrante de la asociación Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de Los Volcanes hizo un recuento de los daños generados por la planta embotelladora de Bonafont, y señaló que, a pesar de que la fuerza pública retomó el inmueble para devolverlo a la trasnacional, los pobladores de Juan C. Bonilla se mantienen en lucha para no dejar que se reinicie la extracción del líquido.