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Colombia se declara en Emergencia Humanitaria
26 abr CI. – Diversas organizaciones del movimiento social colombiano están realizando una Caravana Humanitaria desde diferentes regiones del país, con la intención de llegar a Bogotá el 28 de abril, para denunciar y visibilizar la crisis nacional con respecto a la sistemática violación de Derechos Humanos, los continuos asesinatos de líderes y lideresas sociales que configuran un genocidio político en impunidad.
El Coordinador Nacional Agrario -CNA-, el Proceso de Comunidades Negras -PCN-, Congreso de los Pueblos y el Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC-, son algunas de las organizaciones que se están movilizando por las carreteras del país y realizando audiencias populares en algunos municipios como Pasto, Popayán, Huila, Tuluá y Cajamarca, para recoger las voces, relatos y denuncias de las comunidades.
En este sentido, para el día 28 de abril se prevé un acto masivo en la capital con el encuentro de las delegaciones, para hacer la declaratoria de Emergencia Humanitaria ante las instituciones del Estado y las instancias de los organismos internacionales.
Recrudecimiento de la guerra
La violencia sistemática que se vive en cada departamento del territorio nacional, afecta a amplios sectores sociales que no tienen acceso a la tierra, ni las garantías para la reincorporación económica ni el apoyo del Gobierno Nacional.
Sin embargo, las constantes masacres y los desplazamientos forzados que estas originan son el sufrimiento de las comunidades campesinas, indígenas y negras de Colombia. Más de 200 personas al día fueron víctimas de desplazamiento forzado en 2021, año que culminó con 96 masacres y 225 ciudadanos asesinados por militares, paramilitares y fuerzas de seguridad del Estado.
Tan solo durante el 2022 ya suman 33 masacres con 122 víctimas, de las cuales 13 masacres se registraron en el suroccidente con 61 víctimas mortales en los departamentos de Putumayo, Cauca, Valle, Nariño y Chocó.
A estas cifras se suman las registradas durante el Paro Nacional del 2021, acción convocada por las centrales obreras, organizaciones sociales y estudiantiles en contra de las medidas económicas, sociales y políticas del gobierno del presidente Iván Duque. De acuerdo a una publicación de la ONG Temblores se registraron, al menos, 100 víctimas de traumas oculares a consecuencias del actuar desmedido de la Policía colombiana a través del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
Este cuerpo especializado en reprimir la protesta social, fue creado en 1999 en el marco del Plan Colombia, acuerdo bilateral entre EEUU y Colombia (…) En los primeros 20 años de existencia del ESMAD, al menos 34 personas muertas.
De acuerdo a las cifras presentadas por el Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la paz –CINEPP- los departamentos con mayores victimizaciones en el 2021 fueron Santander con 321 casos, Bogotá con 205 y Valle del Cauca con 180 casos.
El informe señala que el Estado colombiano incorporó la estigmatización como política para responder a la protesta social del año pasado. Resalta además el avance del paramilitarismo en connivencia con agentes del Estado en todo el país, cuyas estructuras continúan amenazando la vida de los líderes y defensores, mediante una especie de exterminio social que los declara objetivos militares.
Recientemente, la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia presentó en Nueva York el último informe trimestral sobre la implementación del Acuerdo de Paz en el país ante países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.
En este sentido, el Secretario General del organismo, Antonio Gutiérrez, advirtió sobre los riesgos a los que se enfrenta la consolidación de la paz, y destacó que “… las oportunidades de desarrollo en las comunidades afectadas por el conflicto seguirán siendo vulnerables a menos que se den pasos firmes y eficaces para consolidar la seguridad en todo el país de la manera integral prevista en el Acuerdo Final”. Además, recordó que desde la firma del Acuerdo Final de Paz han sido asesinados 315 excombatientes.
Así mismo, el jefe de la Misión en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, pidió al gobierno de Iván Duque investigaciones pertinentes respecto del asesinato de 11 personas, incluidas dirigentes indígenas y miembros de la comunidad en un operativo militar en Putumayo, por parte del Ejército Nacional. Esta operación fue ampliamente denunciada por estar dentro de las características de falso positivo –operación extrajudicial-, ejecutada aparentemente contra las disidencias de las Farc en Puerto Leguízamo.
Tras las inconsistencias de las pruebas el ministro de Defensa, Diego Molano, enfrenta una Moción de Censura ante la Cámara de Representantes.
Seis conflictos armados en el país
Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) presentó el pasado mes de marzo el informe “Retos Humanitarios 2022″, en el que destacó el aumento en la reconfiguración de grupos armados en el país.
“… la pobreza y deficiente presencia estatal en los territorios fueron factores que aumentaron la crisis humanitaria de comunidades que vieron cómo los armados irrumpieron contra sus hogares, escuelas, centros de salud y lugares de culto, sin respeto alguno por el principio de precaución, uno de los ejes del Derecho Internacional Humanitario (DIH)..”
Por lo tanto, la reciente confirmación del gobierno de Estados Unidos de convertir a Colombia en aliado principal no OTAN, le otorga un estatus especial que conlleva privilegios económicos y militares, para perpetuar la política guerrerista y alejarse del Acuerdo de Paz.
Vale resaltar que dentro del Concepto Estratégico 2022 de la OTAN -que busca el fortalecimiento político-militar con un enfoque global- los países como Colombia seguirán más dependiente del complejo andamiaje militar estadounidense, que pretende imponer un orden neocolonial a los pueblos del mundo.
CI AR/SM/27/04/22/