Permitir que la ayuda humanitaria llegue a la región de Tigray, este es el objetivo del alto al fuego acordado el pasado 25 de marzo en Etiopía. La hambruna agravada por la sequía ha dejado a millones de personas expuestas a la hambruna en una región que lleva ya más de un año sin servicios públicos, electricidad, acceso a internet, cobertura, sistema bancario. Tras las acusaciones entre el gobierno etíope y el Frente Popular de Liberación de Tigray (TPFL) de usar el hambre como arma de guerra, en abril han empezado a llegar los convoyes de ayuda del Fondo de Naciones Unidas para la alimentación, y de la Cruz Roja Internacional.

En Tigray se necesitarían 2.000 camiones de ayuda humanitaria para empezar a dar cobertura a la población, pero hasta ahora, solo han llegado 20, protestaba el director general de la Organización Mundial de la Salud, el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, el pasado miércoles. Denunciaba Ghebreyesus, que la escasa atención que ha despertado esta guerra u otras como la de Siria o Yemen, en comparación con el conflicto en Ucrania, se fundamenta en el racismo. Sumado al desinterés, la imposibilidad de comunicarse desde la región de Tigray así como la prohibición de acceso a los periodistas extranjeros a las zonas en conflicto, han generado un hermetismo informativo apenas roto por las denuncias de entidades de derechos humanos y organismos internacionales.

Miles de muertos, poblaciones arrasadas, más de un millón y medio de desplazados y un gran silencio. Es lo que ha dejado más de un año y medio de guerra en Etiopía, después de que en noviembre de 2020 Addis Adeba iniciara su ofensiva contra la meridional región del Tigray, acusando a sus líderes de preparar un enfrentamiento contra el Gobierno federal desde 2018, cuando el actual presidente, Abiy Ahmed, llegó al poder al frente de una coalición que incluyó al Frente de Liberación Popular de Tigray, acusado hoy de conspirar contra el presidente.

No hay expertos en las principales cadenas que ofrezcan claves de esta guerra lejana, análisis que arrojen un poco de luz a un conflicto de orígenes complejos y un desarrollo confuso. Leído habitualmente en clave interétnica, el conflicto etíope está atravesado por una lucha por el poder y por los recursos, que asienta sus raíces en la historia del país y el reparto de la riqueza entre los distintos pueblos. Una vez estallado el conflicto la guerra ha dejado muerte y confusión. Crímenes y masacres que deberán ser abordados cuando en un futuro se firme la paz.

Silencio, hambre y propaganda

Ocurrió en noviembre de 2020, hubo más de 600 muertos. En solo unas horas, Mai Kadra, una población tigrina cercana a la frontera de Sudán, fue arrasada. Pero, ¿por quién? Mientras Amnistía Internacional y entidades de derechos humanos etíopes atribuyeron la autoría a jóvenes del Frente de Liberación del Pueblo Tigray y a las milicias de Amhara, diversos medios implicaron a estas mismas milicias junto al ejército federal etíope. Sin testigos y con las comunicaciones cerradas, incluso el testimonio de los refugiados que escaparon a Sudán fue dispar: algunos apuntaban haber sido golpeados por tigrinos, otros por ahmaras. Lo único que quedó claro es que los muertos eran jornaleros migrantes, civiles no relacionados con el conflicto.

Un año después, Abiy Ahmed, el Nobel de la Paz, estaba siendo señalado internacionalmente por un discurso de odio que califica a las fuerzas rebeldes como “ratas”, y llama a “enterrar las fuerzas del mal”. El propio Ahmed se enfundaría el uniforme militar para unirse a las tropas en el frente. Al tiempo que se concretaba la victoria militar, miles de personas de etnia tigrina eran detenidas en Addis Adeba. Ya en 2022, con un descenso de intensidad de la contienda fruto de la primacía militar del Gobierno, la guerra se prolonga por otras arenas: el ahogo de una población atormentada por el conflicto.

El pasado 6 de abril. Amnistía InternacionaI y Human Right Watch publicaban un informe conjunto en el que acusaban tanto al ejército etíope como a las fuerzas de seguridad de Tigray de Amhara, región vecina aliada con el gobierno, de estar implicadas en acciones de limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad, incluyendo violaciones, asesinatos, saqueos, desplazamientos forzosos, contra población tigrina y amhara.

Lo cierto es que más allá del alto al fuego humanitario y los movimientos de Addis Abeba para abrirse camino en el frente diplomático internacional, el único instrumento establecido por ahora para avanzar hacia la paz, la Comisión Nacional de Diálogo, constituida el pasado 29 de diciembre en el Parlamento, ha sido acusada de dejar fuera a la oposición, siendo formada mayoritariamente por integrantes del Partido de la Prosperidad liderado por Ahmed, mientras, no ha habido diálogo, más allá del cese temporal de hostilidades, con las autoridades de Tigray. Se trata así de un esfuerzo cuya legitimidad es contestada, simultáneamente, de fondo persisten algunos enfrentamientos en otras partes del país.