La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este jueves su informe anual 2021, en el que muestra un panorama de los avances y desafíos de los derechos humanos en la región. En Guatemala identificó una tendencia del Estado para debilitar la lucha contra la corrupción, la independencia judicial y la situación de operadores de justicia, la de la libertad de expresión, así como la institucionalidad de derechos humanos y los procesos de verdad y justicia.

La CIDH incluyó a Guatemala en el capítulo IV.b, junto a tres países más, en los que identificó que existen desafíos estructurales que afectan “grave y seriamente” el goce de los derechos humanos. La declaración de persona non grata del excomisionado Iván Velázquez y la expulsión, en enero de 2019, de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por el expresidente Jimmy Morales, señala, marcó el inicio de un progresivo debilitamiento de la democracia, los derechos humanos y los avances alcanzados en el combate a la impunidad y la corrupción.

La CIDH constató que en 2021, durante el gobierno del presidente Alejandro Giammattei, se agudizaron “acciones e injerencias sistemáticas” de irregularidades en la elección de magistradas y magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), para el periodo 2021-2026; la negativa de juramentar a Gloria Porras como magistrada electa para la CC y el retraso del Congreso de la República, para elegir las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia.

También señala que este debilitamiento de la democracia se expresó en la destitución de Juan Francisco Sandoval, como jefe de la Fiscalía de Especial contra la Impunidad (FECI). Así como acciones de “abuso” en el procedimiento de antejuicio contra jueces y juezas de Juzgados de Mayor Riesgo, con el fin de amedrentar y eventualmente retirar a los operadores de justicia de su cargo.

El caso del exilio de la jueza Erika Aifán, quien denunció a finales de marzo de este año  presiones, amenazas y hostigamientos en su contra, que le imposibilitaban continuar en el cargo y las recientes amenazas contra el juez Miguel Ángel Gálvez, por su resolución en el caso del Diario Militar, en el que envió a juicio a nueve militares en retiro y expolicías, ilustran lo señalado por el informe anual de la CIDH.

El documento señala que durante su visita al país, en 2017, la delegación recibió información sobre la existencia de estructuras paralelas de poder, que impedían la lucha contra la impunidad, la corrupción y el fortalecimiento del Estado de derecho.

La CIDH añade que recibió información de los sectores con los que se reunió, sobre acciones sistemáticas de la fiscal general, Consuelo Porras, en la que se cuestiona su obligación de combatir la impunidad en el país.

En ese contexto, señala el informe, se incorporó al Estado de Guatemala, en el Capítulo IV.b, que también incluye a Nicaragua, Venezuela y Cuba, países que considera afectan “seria y gravemente” la garantía de los derechos humanos fundamentales, establecidos en la Declaración Americana, la Convención Americana y otros instrumentos de derechos humanos.

Una de las conclusiones a las que llega la CIDH, fue que por falta de voluntad manifiesta, el Estado de Guatemala ha incumplido sistemáticamente con su obligación de combatir la impunidad.

Contexto de riesgo para la labor periodística

La CIDH también agrega el análisis de la Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión y dice que el escenario en el que los periodistas realizan su trabajo es grave. También menciona los procesos judiciales y las amenazas de investigación en contra de periodistas.

Algunos de los casos más recientes que se han registrado en el país son los de cuatro periodistas de Prensa Comunitaria, que fueron agredidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), cuando cubrían las manifestaciones de la población Q’eqchi’, de El Estor, Izabal, que denunciaban las operaciones ilegales del proyecto minero de la empresa Solway Investment Group de capital suizo-ruso.

Se hace énfasis en el caso del periodista comunitario maya Q’eqchi’, Carlos Choc, de Prensa Comunitaria, que  enfrenta una nueva denuncia presentada por 13 agentes de la PNC y por fiscales del Ministerio Publico (MP) del municipio de Morales, Izabal, que denunciaron haber recibido golpes y lesiones el 22 de octubre de 2021, en El Estor.