Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania: ¿cómo enfrentar esta nueva crisis?
Cepal - ONU
Auge de la
globalización
Consolidación de tres “fábricas”
manufactureras mundiales
Expansión industrial de China
Agenda para el desarrollo
Crisis financiera
internacional
Disminuye el impulso
del comercio al
crecimiento económico
Dicotomía entre la economía
real y la expansión financiera
Descontento de las clases medias
de países desarrollados
Pandemia de COVID-19
Corte de cadenas de suministro
Choques de oferta
Inflación
Tensiones comerciales
y tecnológicas
con China
Guerra en Ucrania
Inseguridad alimentaria
Cae la oferta de petróleo,
alimentos y fertilizantes
Respuesta monetarista
a la inflación
Estrategias de relocalización y
regionalización. Soberanía en defensa,
energía, alimentos y manufactura
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Fondo
Monetario Internacional (FMI). a Las cifras para 2022 son proyecciones.
Entre esos cambios, destacan los siguientes:
- La expansión del modelo de globalización basado en cadenas internacionales de producción,
que se concentró en tres grandes “fábricas” mundiales (América del Norte, Asia Oriental
y Europa), afectó negativamente el empleo y los ingresos de las clases trabajadoras y los
estratos de ingresos medios en los países desarrollados, lo que impulsó posturas nacionalistas
y antiglobalización en los Estados Unidos y los países de la Unión Europea.
- La disputa comercial entre los Estados Unidos y China y posteriormente la pandemia de
COVID-19 se tradujeron en rupturas en diversas cadenas productivas manufactureras. El
caso más destacado es el de los microprocesadores, por sus efectos en un gran número de
actividades que van desde la producción de hardware hasta la de automóviles y maquinaria
industrial. En este contexto, han surgido cuestionamientos al modelo de globalización basado
en cadenas de producción que operan con métodos productivos y de entrega justo a tiempo
(just in time) y con bajos inventarios.
- La guerra en Ucrania expande significativamente las disrupciones a los sectores de producción
primaria (petróleo, gas, aluminio y cereales) y a sectores industriales que producen insumos
de uso generalizado en la agricultura, por ejemplo, fertilizantes.
- En un sistema productivo tan integrado como el que se había desarrollado, las disrupciones
en el sistema de transporte marítimo (saturación de puertos, largos período de espera de los
barcos y alza de los fletes) tuvieron fuertes efectos en la logística de las cadenas y sus costos
de operación. Incluso hechos puntuales, como el bloqueo del canal de Suez en marzo de 2021,
mostraron la debilidad estructural de las cadenas y su gran vulnerabilidad a cambios exógenos.
- La conjunción de estos factores reforzó las tendencias a la regionalización con estrategias
de relocalización (reshoring), deslocalización cercana (nearshoring), combinación de
localizaciones interna y en diferentes países (multi-shoring) y localizaciones en países
considerados “amigos” (friend-shoring). Estas estrategias, que ya estaban en curso después
del inicio de las disputas comerciales entre los Estados Unidos y Europa, por un lado, y China,
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania: ¿cómo enfrentar esta nueva crisis?
por otro, se han acentuado con la guerra, en especial en el caso de Europa. En ello han influido
razones de seguridad (o soberanía) en materia de defensa, energía, alimentos y diversos
rubros manufactureros. Ante esto, los países desarrollados han respondido con políticas
industriales, concentradas en grandes inversiones en sectores de alta tecnología y fuentes
renovables de energía.
- La expansión monetaria derivada de las medidas adoptadas para superar la crisis financiera
internacional impulsó un auge en los mercados financieros y accionarios. Esa expansión,
conjugada con los apoyos masivos para compensar los efectos económicos y sociales de la
pandemia, se tradujo en un auge de la demanda, que contribuyó o hizo posible la aceleración
del incremento de precios. A nivel del consumo privado, los períodos de cuarentena o de
menor contacto social se combinaron con la mayor disponibilidad de ingresos para aumentar
la demanda de bienes, principalmente duraderos, en detrimento de la demanda de servicios.
La mayor demanda de bienes en un contexto de rupturas de los procesos productivos y de
transporte presionó sobre los precios. El peso relativo de los factores de oferta y de demanda
es un tema en discusión, pero ambos fueron importantes.
Los sucesivos choques han debilitado la estructura económica de la región, en particular en
aspectos vinculados a la inversión y el desarrollo de capacidades humanas y tecnológicas, dando
lugar a una situación de histéresis que se refleja en insuficientes avances de la productividad
laboral y de las capacidades tecnológicas.
B. El mundo en 2022: menor crecimiento, más inflación,
alza de tasas de interés
La guerra en Ucrania abrió una nueva fuente de incertidumbre para la economía mundial y tuvo
un impacto, en primer lugar, en su nivel de actividad: se estima que la economía mundial crecería
un 3,3% en 2022, es decir, 1,0 punto porcentual menos de lo que se proyectaba antes del inicio
del conflicto.
La dinámica del PIB de los principales socios comerciales de la región (Estados Unidos, China
y la Unión Europea) se ha deteriorado, lo que implica una disminución de la demanda externa
de la región.
En los Estados Unidos, el crecimiento sería de un 2,8%, es decir, 1,2 puntos porcentuales por
debajo de lo que se proyectaba en diciembre de 2021 (Sistema de la Reserva Federal, 2022).
En China, se espera un menor dinamismo de los sectores exportador e inmobiliario. Las medidas
adoptadas como parte del plan de “tolerancia cero” frente a los brotes de COVID-19 también han
afectado el ritmo de crecimiento.
Sin considerar a los países implicados directamente en la guerra, la mayor revisión a la baja
del crecimiento proyectado es la que corresponde a la zona del euro, cuya economía es muy
dependiente de fuentes rusas de energía: crecería un 2,8%, es decir, 1,4 puntos porcentuales
menos de lo esperado antes del inicio de la guerra.
La mayor caída del PIB pronosticada corresponde a los países en conflicto. En el caso de la
Federación de Rusia se espera una contracción de la actividad del 12%, según Capital Economics
(véase Peach, 2022). Otras fuentes son más pesimistas; por ejemplo, el Instituto de Finanzas
Internacionales prevé una caída del 15% (IIF, 2022).
El alza de los precios de los productos energéticos y, en general, de los productos básicos,
el pronunciado aumento de los costos del transporte internacional, el agravamiento de los
problemas de oferta y el aumento de la demanda interna en las economías desarrolladas,
analizados más adelante, han redundado en un impulso de la inflación global, que ha presentado
aumentos desde el segundo semestre de 2020, que han alcanzado máximos históricos en el
primer cuatrimestre de 2022.
Firma de la fase 1 del
acuerdo comercial
entre los Estados
Unidos y China, y
estímulos de China
Estímulos globales,
reapertura de algunas
economías y avances
en tratamientos contra
el COVID-19
Recuperación económica
global y avances en los
procesos de vacunación
contra el COVID-19
Vacunación y
recuperación
económica global Ofensiva militar
de la Federación
de Rusia
en Ucrania
Tensiones comerciales
y desaceleración global
Inicio de la pandemia de enfermedad
por coronavirus (COVID-19)
y expectativas de recesión global
Tensiones entre los Estados Unidos y China,
rebrote del COVID-19, investigaciones a la
banca global y recesión global Temores de retiro prematuro
de estímulos por parte de
la Reserva Federal de
los Estados Unidos
Crisis de la empresa Evergrande
en China, la Reserva Federal
inició la desaceleración (tapering)
de sus compras de activos
y respaldó que se acelerara
el retiro de estímulos
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del Instituto de Finanzas Internacionales.
El aumento de la volatilidad financiera y la aversión global al riesgo como resultado de la guerra
ha perjudicado los flujos de capital hacia los mercados emergentes. Esta tendencia podría
acentuarse en los próximos meses si persisten las presiones inflacionarias en las economías
desarrolladas y sus bancos centrales profundizan las políticas monetarias contractivas, incluidas
alzas de las tasas de interés de política monetaria y la reversión de los estímulos monetarios
(compra de activos).
Las políticas monetarias más restrictivas afectarán de forma negativa a los países altamente
endeudados de la región, pues limitarán su acceso al financiamiento para renovar deuda anterior
o incrementarla en términos netos.
Por su parte, el alza de las tasas de interés tendrá fuertes efectos en los países en que la deuda
a tasa variable alcanza una alta participación en el total de la deuda externa. Muchos países de
la región se encuentran en esa situación. En algunos de ellos, el efecto positivo en el saldo de su
comercio exterior de materias primas podría contrarrestar el alza del pago de intereses (véase
el cuadrante noreste del gráfico 3), mientras que en otros, que pueden tener saldo deficitario, la
combinación de ambas fuerzas podría generar situaciones de elevada vulnerabilidad (véase el
cuadrante noroeste del gráfico 3).
El aumento de las tasas también deteriorará la situación financiera del sector corporativo no
financiero, que presenta un elevado nivel de endeudamiento en la región.
C. Efectos en la región: grandes diferencias entre países
Al igual que en las crisis anteriores, los efectos diferirán según subregiones e incluso según países
de la región. Abundan los ejemplos: el auge de precios de los alimentos y las materias primas afecta
a los países según su situación en lo que se ha llamado la “lotería de los productos básicos” y las
estrategias de deslocalización cercana están muy influidas por factores de proximidad geográfica.
La distribución del daño económico es desigual: intenso en algunos países e industrias, y
prácticamente nulo en otros. El grado de dependencia de cada país en materia de petróleo, gas
y otros productos primarios determina los impactos de la ruptura del suministro. No obstante,
como quedó claro a partir de la pandemia, las interrupciones, aunque sean menores en una
región, pueden generar cortes de suministro importantes en lugares lejanos.
Pese a lo anterior, hay elementos en común, por ejemplo, el aumento de la incertidumbre y sus
impactos sobre la inversión en un contexto regional en el que la recuperación económica pospandemia
se agotó y las tasas de crecimiento volverán a su bajo nivel del período 2014-2019, apenas un 0,3%
como promedio anual, con la consiguiente caída del PIB por habitante. Los efectos de la escasez
puntual y los aumentos de precios, por ejemplo, del gas, el trigo o los fertilizantes, deben analizarse
en el contexto de un mundo que aún está recuperándose de los efectos económicos y sociales de
la pandemia.
Otro elemento común se refiere al efecto del aumento de las tasas de interés de referencia en las
economías industrializadas como respuesta al mencionado aumento de las tasas de inflación. La
salida (o menor ingreso) de capitales que ello tiende a ocasionar en los países de la región puede
constituirse no solo en una fuente adicional de incertidumbre financiera sino también, dependiendo
de su impacto en los tipos de cambio, en una fuente adicional de inflación. La paradoja del momento
—que distingue el actual aumento de los precios internacionales de materias primas del auge de
precios experimentado en la primera década de este siglo— es que el aumento de la inflación en los
países desarrollados puede, por sí mismo, constituirse en una fuente adicional de inflación en la región,
por el impacto de sus medidas de contracción monetaria en la cotización de las monedas locales.
La incertidumbre respecto de la duración y el tipo de desenlace del conflicto incide fuertemente en
la determinación de los efectos de los choques de oferta, particularmente debido al desigual origen
y magnitud de los choques. Por un lado, se debe tener en cuenta la destrucción de capacidad
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania: ¿cómo enfrentar esta nueva crisis?
productiva en Ucrania y, por otro, las sanciones económicas a la Federación de Rusia, cuya capacidad
de producción no ha sido destruida, pero podría deteriorarse por efecto de ellas. En ambos casos,
se producirían fuertes efectos a través de los aumentos de precios, que se analizan más adelante.
Las economías de la región enfrentan una coyuntura difícil en 2022. Por un lado, existe un
contexto externo que ya antes del inicio de la guerra mostraba una desaceleración del ritmo
de crecimiento de la actividad económica y el comercio internacional, pero que el conflicto, la
persistencia del COVID-19 y el incremento de los precios de la energía y de los alimentos han
vuelto aún más difícil. Por otro lado, se enfrentan contextos internos caracterizados por una fuerte
desaceleración de la actividad económica, aumentos de la inflación y una lenta e incompleta
recuperación de los mercados laborales, lo que aumenta la pobreza y la desigualdad.
1. Desaceleración del crecimiento económico: empeoran las previsiones
Después de la expansión económica observada en 2021, la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) anticipaba una desaceleración del crecimiento de la economía de
la región, que pasaría de un 6,3% en 2021 a no más de un 2,1% en 2022 (CEPAL, 2022). Se
retornaría así al patrón ya mencionado de muy lento crecimiento prevaleciente entre 2014 y 2019.
Sin embargo, dadas las repercusiones de la guerra, la tendencia anticipada se ha acentuado, lo
que ha llevado a una revisión a la baja de las estimaciones. A comienzos de mayo de 2022, se
preveía para la región un crecimiento anual promedio del 1,8%
A nivel subregional, se espera que, en promedio, las economías de América del Sur crezcan
un 1,5%, las de Centroamérica y México un 2,3% y las del Caribe un 10,1% (un 4,7% si se
excluye a Guyana, cuya tasa de crecimiento se estima que será de un 49,0%).
En cuanto a los países, las estimaciones apuntan a que los de mayor dinamismo en
América del Sur serían Venezuela (República Bolivariana de), con un 5,0%, Colombia, con un 4,8%,
y el Uruguay, con un 3,9%. En Centroamérica, las economías más dinámicas serían las de Panamá,
con un crecimiento del 6,3%, la República Dominicana, con un 5,3%, y Guatemala, con un 4,2%.
Entre las economías del Caribe de habla inglesa o neerlandesa, las de mayor crecimiento serían
Guyana, como ya se mencionó (49,0%), Santa Lucía (10,5%) y las Bahamas (8,5%).
2. Impactos en el comercio internacional: los más negativos,
en las economías del Caribe
En 2020, solo el 0,6% de las exportaciones totales de bienes de la región se dirigió a la Federación
de Rusia o a Ucrania, al mismo tiempo que el 0,6% de las importaciones regionales provino de
esos dos países. En el caso de las exportaciones, tres países se distinguen por el mayor peso
que revisten para ellos los mercados de la Federación de Rusia y Ucrania: Paraguay (5,6%),
Jamaica (5,5%) y Ecuador (4,5%). En cuanto a las importaciones, los países que más se
abastecen en la Federación de Rusia y Ucrania en términos relativos son el Brasil (1,8%),
Bolivia (Estado Plurinacional de) (1,6%) y el Paraguay (1,2%).
Los envíos regionales a la Federación de Rusia y Ucrania corresponden principalmente a
alimentos como banano, soja, carne bovina y salmón. Por su parte, las compras desde esos
países se componen sobre todo de fertilizantes y otros productos químicos. Especialmente en
materia de fertilizantes, la región muestra una fuerte dependencia de la Federación de Rusia
para su abastecimiento externo, como se analiza en la sección E.
Los efectos de la guerra en el volumen del comercio aún no se reflejan plenamente en la
información disponible a mayo de 2022, pero el conflicto ha intensificado tendencias que se
observaban desde 2021: mayores precios de las materias primas, aumento de los costos de
transporte y perturbaciones en las cadenas internacionales de suministro. Además, la guerra
también ha hecho necesario desviar barcos desde los puertos del Mar Negro, lo que exacerba
las interrupciones del transporte marítimo y aumenta aún más los costos de envío.
Las previsiones sobre el crecimiento del comercio mundial han sido revisadas fuertemente a
la baja debido al conflicto en Ucrania. En abril de 2022, la Organización Mundial del Comercio
(OMC, 2022) redujo del 4,7% al 3,0% su proyección de expansión del volumen del comercio
mundial de bienes para ese año.
Los principales efectos comerciales que el conflicto ha tenido en la región son las alzas de los
precios de la energía (petróleo y gas), la minería (carbón, cobre y níquel), los alimentos (trigo,
maíz y aceites) y los fertilizantes, debido a la posición relevante de la Federación de Rusia y
Ucrania en la producción y el comercio mundial de dichos productos.
Las proyecciones sobre el comercio exterior de la región en 2022 se ven afectadas por este
nuevo escenario de mayores precios. Antes del inicio del conflicto, la CEPAL (2021a) proyectaba
un aumento del 10% del valor de las exportaciones regionales de bienes y del 9% del valor de
las importaciones, en el contexto de una marcada desaceleración de la actividad económica. Sin
embargo, el alza de los precios de varios de los principales productos que la región exporta e
importa, ocasionada por el conflicto, eleva la proyección para 2022 a una expansión del 23% tanto
de las exportaciones como de las importaciones. En ambos casos, prácticamente la totalidad de
la expansión prevista obedece a los mayores precios de las respectivas canastas, mientras que
el crecimiento de los volúmenes exportado e importado se ralentiza significativamente respecto
de 2021 (véase el gráfico 5).
El alza de los precios de los bienes primarios en los mercados internacionales afecta los términos
de intercambio de los países, dependiendo del peso relativo de esos productos en sus respectivas
canastas de exportación e importación (véase el gráfico 6). El marcado aumento del precio del
petróleo, el gas y el carbón beneficia a los exportadores netos de productos energéticos como
Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia, el Ecuador, Trinidad y Tabago y Venezuela (República
Bolivariana de). Sin embargo, dado que algunos de los países exportadores de hidrocarburos de
la región son importadores de derivados (como las gasolinas), el efecto neto no siempre es positivo
Por su parte, los países que son importadores netos de energía serán afectados negativamente
por presiones en su balanza comercial, en especial los países del Caribe de habla inglesa o
neerlandesa (excluidos Trinidad y Tabago y Guyana) y los de Centroamérica.
Los países exportadores netos de minerales también verán deteriorarse sus términos de
intercambio, debido al mayor costo de la energía requerida para su producción.
De manera similar, algunos de los países del Cono Sur que son exportadores netos de productos
agroindustriales se verán afectados por el doble impacto negativo del mayor costo de la energía
y de los fertilizantes, que no alcanzará a ser compensado por el aumento de los precios de sus
principales productos de exportación.
Los impactos del conflicto sobre la seguridad alimentaria de la región se analizan en la sección E.
3. Aumento de las presiones inflacionarias como consecuencia
de los choques externos
Las economías de América Latina y el Caribe comenzaron a experimentar un incremento de la tasa
de inflación en 2021. Aunque en 2020 la inflación regional se mantuvo en niveles históricamente
bajos (3,0%), desde el segundo semestre de 2020 se ha incrementado. Al cierre de 2021, la
inflación, excluidos los países que presentan inflación crónica1
, alcanzó un 6,6%, el mayor nivel
desde octubre de 2008, cuando la tasa llegó al 6,6%, en el marco de la crisis financiera mundial.
La inflación anual de la región en abril de 2022 fue del 8,1%, lo que supone un alza de 1,5 puntos
porcentuales respecto del valor registrado al cierre de diciembre de 2021 (véase el gráfico 7).
Muchos bancos centrales anticipan que la inflación se mantendrá elevada en lo que resta de año,
como consecuencia del alto nivel de incertidumbre en el contexto internacional, en especial de
los mencionados choques externos de oferta.
La importancia de los componentes de alimentos, transporte (combustibles) y vivienda
(electricidad, gas y agua) en el índice de precios al consumidor (IPC) contribuye al traspaso
del choque externo de oferta a la inflación general interna. El choque externo ha afectado los
costos de producción internos, como lo muestra el alza del índice de precios al productor,
que termina impactando la oferta local. Además, en un contexto de alta volatilidad del tipo de
cambio (fortalecimiento del dólar), el choque externo se potencia y se traduce finalmente en un
incremento de los precios de los bienes y servicios comercializables internacionalmente.
4. Recuperación lenta e incompleta de los mercados laborales
En las economías de la región en 2021 el número de ocupados, la tasa global de participación
y la tasa de ocupación aumentaron, en tanto que la tasa de desocupación disminuyó.
En 2021, pese al importante aumento del empleo, que presentó tasas de crecimiento intertrimestral
promedio del 1,9%, solo a partir del cuarto trimestre el número de ocupados superó el nivel
registrado al cierre de 2019.
La tasa de desocupación regional disminuyó 2,3 puntos porcentuales en el cuarto trimestre de
2021, alcanzando un 8,0%, cifra que supera en 0,2 puntos porcentuales la registrada al cierre de
2019. Con ello, más de 25,2 millones de personas se encontrarían desocupadas en ese trimestre
de 2021.
Si la tasa global de participación registrada en 2021 hubiera sido similar a la registrada en 2019,
es decir, si se corrige por la caída de la oferta laboral, la tasa de desocupación habría sido ese
año del 9,0%, equivalente a 28,7 millones de personas desempleadas.
La lenta recuperación del empleo afecta en particular a las mujeres, que son quienes han salido
en mayor proporción del mercado laboral durante la pandemia. Por otra parte, la aceleración
de la inflación también las afecta en mayor medida, pues al tener un menor ingreso disponible
destinan una mayor parte de él al consumo cotidiano, con lo que pierden capacidad de ahorro.
Los aumentos de precios de los alimentos son especialmente negativos para las mujeres debido
a que ellas destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo familiar diario, sobre todo en los
hogares monoparentales con jefatura femenina, en los que son proveedoras económicas y de
los cuidados que requieren las personas en edad de dependencia (niños, niñas, adolescentes y
personas mayores).
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La dinámica de creación de empleo se reduciría en 2022, tomado en su conjunto, en concordancia
con la desaceleración esperada del ritmo de crecimiento de la economía. Sin embargo, los
avances en el proceso de vacunación, las menores restricciones a la movilidad y la reapertura
de las escuelas impulsarán una recuperación de los niveles de participación laboral, en especial
de la femenina.
La aceleración que se espera de la inflación tendrá efectos sobre los mercados laborales.
• Un incremento en la estructura de costos de las empresas puede hacer aún más lenta la
generación de empleos en algunos sectores.
• Un alza de la inflación induciría un mayor deterioro del ingreso real de los trabajadores, lo que
desestimularía la recuperación de la participación, además de sus efectos en la capacidad
adquisitiva y el bienestar.
• La dinámica del empleo podría ser afectada también por acciones de las autoridades
monetarias para enfrentar el repunte de la inflación, en la medida en que alzas significativas
de las tasas de interés podrían frenar la recuperación de la actividad económica.
La acción conjunta de una mayor participación laboral y de un bajo ritmo de creación de empleos
impulsará un alza de la tasa de desocupación durante 2022.
D. Otro retroceso en la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema
Los resultados respecto del limitado desempeño económico esperado para 2022 y una creciente
inflación generan un contexto adverso para las condiciones de vida de la población y su
posibilidad de adquirir bienes y servicios esenciales. La CEPAL prevé que, la pobreza extrema
y la pobreza se elevarán por sobre los niveles estimados para 2021 (véase el gráfico 9). La
incidencia de la pobreza regional alcanzaría un 33,0% (0,9 puntos porcentuales más que el
valor proyectado para 2021). Por su parte, la pobreza extrema alcanzaría un 14,5% (0,7 puntos
porcentuales más que en 2021). Este resultado refleja la tendencia a un mayor aumento de los
precios de los alimentos en comparación con el resto de los bienes.
Estos niveles son notoriamente superiores a los observados antes de la pandemia y alejan la
posibilidad de una pronta recuperación. Si bien en 2021 se había producido una reducción de la
pobreza de 0,9 puntos porcentuales en comparación con los niveles de 2020, la pobreza extrema
mantuvo ese año la tendencia al aumento de los años previos. En consecuencia, la incidencia
prevista para 2022 supera los valores de 2019 en 2,5 puntos porcentuales en el caso de la
pobreza y 3,1 puntos porcentuales en el caso de la pobreza extrema.
Una aceleración de la inflación se traduciría en niveles de pobreza aún más altos. El escenario
base ya considera 2,0 puntos porcentuales adicionales a las expectativas de inflación vigentes
en el primer trimestre de 2022. Si la inflación se incrementa 2,0 puntos porcentuales por sobre
el valor previsto en el escenario base, la pobreza total crecería 1,6 puntos porcentuales y la
pobreza extrema 1,1 punto porcentual, en comparación con el valor proyectado para 2021. En
ese caso no solo la pobreza extrema, sino también la pobreza llegaría a niveles superiores a los
registrados en el primer año de la pandemia.
El aumento de 1,1 punto porcentual de la pobreza extrema implicaría que 7,8 millones de personas
se sumarían a los 86,4 millones cuya seguridad alimentaria ya está en riesgo.
El impacto del alza de precios y de la baja del crecimiento en la pobreza será diferente de un
país a otro. En Colombia, México, el Paraguay y el Brasil tendrá lugar un fuerte retroceso de la
lucha contra la pobreza (véase el cuadro 2). Si la inflación se comporta según lo previsto en el
escenario base, la pobreza total aumentaría 1,7 puntos porcentuales en Colombia, 1,3 puntos
porcentuales en México, 1,2 puntos porcentuales en el Paraguay y 1,1 puntos porcentuales en el
Brasil, en comparación con 2021. En caso de que la inflación supere en 2,0 puntos porcentuales
el escenario base, la pobreza aumentaría 2,9 puntos porcentuales en Colombia, 2,3 puntos
porcentuales en México y 1,6 puntos porcentuales en el Brasil y el Paraguay. En cambio, en otros
países (Estado Plurinacional de Bolivia y Panamá) es previsible que la pobreza disminuya incluso
en el escenario de 2,0 puntos porcentuales de inflación por sobre el escenario base.
La tendencia de un crecimiento de los precios de los alimentos superior a la inflación general en
la mayoría de los países perjudica no solo a las personas extremadamente pobres, sino también
a los hogares de las partes media y media baja de la distribución del ingreso. Esto se debe a que
la participación de los alimentos en la estructura de consumo de los hogares aumenta a medida
que disminuye el ingreso. De mantenerse la relación entre el incremento anual de precios de los
alimentos y del resto de los bienes observada hasta marzo de 2022, en el agregado el quintil
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más pobre sería afectado por una inflación 1,0 punto porcentual mayor que la que enfrentaría el
quintil más rico, mientras que en el caso de los quintiles segundo y tercero esta diferencia sería
de 0,9 y 0,6 puntos porcentuales, respectivamente (según el valor de la mediana para 17 países
de la región)
Aunque las diferencias entre las tasas de inflación por quintiles de ingreso no parecen tan altas,
un aumento de precios más o menos similar entre distintos grupos socioeconómicos penalizará
desproporcionadamente a los hogares de los quintiles más bajos, ya que se verán obligados a
reducir o sustituir el consumo de bienes esenciales, lo que no ocurrirá en el caso de los hogares
más ricos. Estos efectos serán mayores en el caso de los hogares muy pobres, en los que
incluso pequeñas alzas de precios pueden obligarlos a ingerir alimentos de menor calidad, lo
que afectará el desarrollo cognitivo y la salud de sus hijos.
En consecuencia, un alza de la inflación, y en particular de los precios de los alimentos, afectará
las posibilidades de consumo de gran parte de la población regional, especialmente de los
segmentos de ingresos más bajos, lo que puede contribuir a un aumento de los niveles de
malestar y conflicto sociopolítico, que ya son altos en algunos países de la región. A su vez, la
inestabilidad social puede afectar los mercados de capitales y las decisiones de inversión, al
mismo tiempo que los recortes del gasto público para limitar el avance de la inflación también
pueden desencadenar el malestar social.
E. Seguridad alimentaria: una prioridad
La destrucción de capacidad productiva agrícola en Ucrania y la paralización de gran parte del
comercio de cereales y fertilizantes con la Federación de Rusia abren la perspectiva de una crisis
alimentaria mundial (véase el recuadro 1).
Recuadro 1 La Federación de Rusia y Ucrania en los mercados de cereales
En 2021, la Federación de Rusia generó el 1,7% del PIB y el 2,2% de las exportaciones mundiales,
mientras que las cifras correspondientes a Ucrania fueron del 0,2% y el 0,3%, respectivamente.
Ambos países concentran sus exportaciones en recursos naturales o manufacturas intensivas en
dichos recursos: la Federación de Rusia, en petróleo crudo y refinado, gas, oro, trigo, carbón y
fertilizantes; Ucrania, en acero, carbón, petróleo, productos químicos y granos.
En 2020, la Federación de Rusia y Ucrania en conjunto fueron el origen del 28% de las exportaciones
mundiales de trigo, el 15% de las de maíz y alrededor del 60% de las de aceite de girasol.
Un tercio de los cultivos y tierras agrícolas no podrán cosecharse o cultivarse en Ucrania en 2022
(FAO, 2022). Esto representa alrededor de 26,4 millones de toneladas de trigo, maíz y cebada, que
podrían desaparecer de los mercados.
El impacto podría ser una reducción de entre 19 millones y 34 millones de toneladas de exportaciones
en 2022 (Peach, 2022). En 2023, la cifra podría estar entre 10 millones y 43 millones de toneladas. Esto
representa la ingesta calórica de un total de entre 60 millones y 150 millones de personas.
Todo esto ocurre en un mercado de oligopolio, en el que seis megaempresas comercializadoras
privadas controlan el 85% del mismo (Wiggerthale, 2021). Más aún, sus acciones se han valorizado a
un ritmo similar al aumento de los precios de los alimentos.
La Federación de Rusia y Ucrania no son los principales proveedores de granos de los países de la
región, pero estos son afectados por los mayores precios internacionales de esos productos.
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), “The importance of Ukraine and the Russian Federation for global agricultural markets and the risks associated with the current
conflict. 25 March 2022 Update”, Information Note, 2022 [en línea] https://www.fao.org/3/cb9236en/cb9236en.pdf; L. Peach, “Energy embargo
to deepen Russia’s contraction”, Capital Economics, 10 de marzo de 2022 [en línea] https://www.capitaleconomics.com/publications/emergingeurope-economics/emerging-europe-economics-update/energy-embargo-to-deepen-russias-contraction/; y M. Wiggerthale, “Corporate power
in the food system: facts and figures on market concentration in the agri-food sector”, enero de 2021 [en línea] http://marita-wiggerthale.de/
mediapool/16/163463/data/Corporate_power_food_system_Jan_2021_1_.pdf.
Incluso antes de la pandemia, la prevalencia de la subalimentación en la región estaba
aumentando (de un mínimo del 5,4% en 2014 a un 7,1% en 2019).
La pandemia exacerbó la tendencia negativa: en 2020, la prevalencia de la subalimentación
alcanzó un máximo del 9,1% (un nivel que no se veía en la región desde 2005). En comparación
15
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con 2019, alrededor de 14 millones de personas más en la región fueron afectadas por el hambre
en 2020. Los países del Caribe son particularmente vulnerables: un 16,1% de sus habitantes
padecieron desnutrición en 2020.
Los precios de los alimentos aumentaron en la región en la segunda mitad de 2020 debido a
problemas en las cadenas de suministro. Antes de que la inflación se convirtiera en un problema
mundial en 2021, la inflación de alimentos ya había aumentado y se ha mantenido alta desde
entonces
La inflación de alimentos a marzo de 2022 dio una señal de alerta sobre la debilidad de la
seguridad alimentaria en la región.
El crecimiento de los precios de los alimentos se aceleró y superó la inflación general en todos
los países informantes, con la excepción del Ecuador (véase el cuadro 3). La inflación interanual
de alimentos y bebidas alcanzó un valor de dos dígitos en Colombia, el Paraguay, México, Chile,
el Brasil y el Uruguay, países sin antecedentes recientes de inflación crónica.
Las altas cifras se deben principalmente al traspaso de los altos precios internacionales de
las materias primas agrícolas (principalmente cereales y aceites) y de las materias primas
relacionadas con la energía y el transporte.
Aunque la región en su conjunto es superavitaria en el comercio exterior de alimentos, muchos
países tienen déficits, en particular algunas economías del Caribe (véase el cuadro 4). Un
superávit en el comercio de alimentos puede no reflejar adecuadamente la situación respecto
de los alimentos básicos en un país determinado. Los déficits son particularmente importantes
pues, dada la naturaleza de los ciclos agrícolas, es probable que los efectos de las alzas de
precio se sientan durante varios años.
También en una perspectiva de mediano plazo, si los altos precios de los alimentos de base
agropecuaria se mantienen, aumentará la presión en el sentido de incrementar la extensión de las
superficies agrícolas y de pastizales, con el consiguiente impacto negativo en las áreas forestales
y de matorrales, como ya se ha comprobado en el caso de los decenios de 2000 y 2010 a partir
de información de GlobeLand302
.
En contraste con la situación superavitaria en el comercio exterior de alimentos, la región es
fuertemente deficitaria en materia de fertilizantes: un 78% de los fertilizantes utilizados en la
agricultura son importados.
2 Véase [en línea] http://www.globallandcover.com/home_en.html.
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El porcentaje de autoabastecimiento de fertilizantes en la región es uno de los más bajos del
mundo y solo supera al de Oceanía, continente que cuenta con menos del 10% de la población
de América Latina y el Caribe.
En 2020, el 88% de las importaciones regionales de fertilizantes a base de nitratos y fosfatos
provino de la Federación de Rusia, al igual que el 74% de las compras de nitrato de amonio.
En 2021 la Federación de Rusia fue el primer exportador mundial de fertilizantes a base de
nitrógeno, el segundo de fertilizantes a base de potasio y el tercero de fertilizantes a base de
fósforo (FAO, 2022).
No solo los aumentos de precios de las materias primas, sino también las interrupciones físicas
afectaron el suministro de fertilizantes en 2021; por ejemplo, las restricciones a la exportación a
fin de asegurar suficiente suministro para el mercado interno en China, la Federación de Rusia,
Egipto y Türkiye; las interrupciones físicas relacionadas con el clima que han dificultado la
producción de nitrógeno y fosfatos en los Estados Unidos, y las sanciones a Belarús, que afectan
el suministro de potasa.
La escasez de fertilizantes incide significativamente en los costos agrícolas, en porcentajes del
costo total que van desde cerca del 20% en el caso del arroz, las papas y la caña de azúcar,
hasta el 40% en el caso del maíz amarillo y el café (Aldana Rosillo, 2022; Perfetti y otros, 2012).
La insuficiente aplicación de fertilizantes puede disminuir los rendimientos por hectárea e incluso
reducir el área sembrada de ciertos cultivos, por ejemplo, la soja, en la próxima primavera
(octubre de 2022) en América del Sur.
En la Argentina, un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario (2022) estimó que, en un escenario
crítico de escasez de fertilizantes, los rendimientos en la producción de maíz y trigo podrían
caer un 19,4% y un 25,9%, respectivamente (frente a un 13,4% y un 21,4% en un escenario
moderado). Ello causaría disminuciones de los ingresos de exportación de ambos cultivos por
un monto de 3.388 millones de dólares en el escenario moderado y hasta 4.576 millones de
dólares en el escenario crítico, cifras que representan entre el 9% y el 12% del valor total de las
exportaciones agrícolas esperadas para el ciclo 2021/22.
En el caso del Brasil, estimaciones de la CEPAL elaboradas sobre la base del Censo Agrícola
de 2017 indican que los insumos intensivos en energía (fertilizantes, pesticidas, combustibles
y electricidad) representan, en promedio, el 33,5% del total de gastos de las explotaciones
agrícolas. Esta cifra se eleva hasta un 44,4% en las fincas dedicadas a los cultivos anuales.
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Considerando los incrementos observados de los precios de los fertilizantes y de la energía, tales
porcentajes deberían haber aumentado de manera significativa.
Por otra parte, el alza de costos y las limitaciones para producir café, cacao o bananas afectarían
negativamente a economías medianas y pequeñas de la región altamente dependientes de la
producción y exportación de esos bienes.
F. Combustibles fósiles: la región unida gana, separada pierde
En la región, el déficit comercial de hidrocarburos estuvo en un rango del 0,3% al 0,4% del PIB entre
2017 y 2020 . Pero si se excluye a los mayores productores de petróleo de la región, la balanza
comercial de hidrocarburos como porcentaje del PIB, en un promedio de 25 países, presenta un
déficit mucho mayor: de un 3,9% en el período 2017-2019 y un 2,3% en 2020
Al igual que en el caso de los alimentos y otros rubros, la guerra tendrá diferentes impactos en
los países de la región que, en este caso, pueden dividirse en tres grupos:
- Grupo 1: Se trata de los países productores de hidrocarburos que son exportadores netos,
como el Brasil, Colombia, el Ecuador, Trinidad y Tabago y Venezuela (República Bolivariana de).
Este grupo también incluye al Estado Plurinacional de Bolivia, que exporta gas natural, y a
Guyana y Suriname, que tienen una pequeña participación en el mercado petrolero mundial
y regional, pero cuentan con reservas significativas y gran potencial de producción. Estos
países —si bien, como el resto de los países de la región, necesitan importar productos
refinados (por ejemplo, gasolina) para satisfacer su demanda interna— tienen una balanza
comercial de hidrocarburos positiva, cuyo saldo, con excepción del Brasil y Suriname, supera
el 3% del PIB. La economía de algunos de estos países es dependiente de las exportaciones
de hidrocarburos, como ocurre con la de Venezuela (República Bolivariana de) (dependencia
alta), Trinidad y Tabago y Colombia (dependencia moderada).
- Grupo 2: Son países productores y exportadores de hidrocarburos, pero que tienen una balanza
comercial negativa porque su producción de productos refinados para el mercado interno es
altamente deficitaria. Este grupo incluye a la Argentina, México y el Perú. El déficit de los dos
países sudamericanos es menor que el promedio ponderado de la región, a diferencia del de
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México, que es mayor. Las exportaciones de bienes de estos países están más diversificadas
(aunque, en los casos de la Argentina y el Perú, concentradas en otros recursos naturales), por
lo que el peso de los hidrocarburos es bajo.
- Grupo 3: Los restantes países, que cuentan con una producción de hidrocarburos muy
pequeña, en su mayoría destinada a la refinación, presentan una balanza comercial deficitaria
permanente para estos productos. El déficit comercial de hidrocarburos de este grupo de
países representa un promedio ponderado de más del 1% del PIB.
La capacidad de refinación de hidrocarburos de la región (a nivel agregado) es excedentaria
(véase el cuadro 5), pero, como en el caso de la producción de petróleo, la situación varía de un país
a otro, dependiendo de si es productor de crudo, si los precios internos favorecen la refinación, si ha
realizado inversiones en mantenimiento de plantas o si tiene capacidad e infraestructura exportadora,
entre otros factores. Por ejemplo, la Argentina, el Brasil, Colombia y el Ecuador han mantenido una
capacidad utilizada superior al 60%, incluso durante 2020, mientras que las de México y el Perú han
estado bajo el 50% y la de la República Bolivariana de Venezuela ha sido inferior al 10%.
Teniendo en cuenta las capacidades de producción y refinación, los países del grupo 1 se
beneficiarían de precios altos de los combustibles fósiles por su efecto positivo en la balanza
comercial y los ingresos fiscales. El impacto final dependerá de su situación presupuestaria y del
destino del gasto de los recursos excedentes (por ejemplo, si se destinan a subsidios al consumo
o la producción de combustibles). Asimismo, dependiendo de las perspectivas de su duración, el
alza de precios generaría incentivos para incrementar la producción de hidrocarburos, mediante
mayor inversión en exploración y explotación.
Los países de los grupos 2 y 3 verían afectadas de forma negativa sus balanzas comerciales
(el efecto en los ingresos fiscales del sector dependerá de si son productores o no) y deberán
aplicar medidas de política a muy corto plazo para lograr un equilibrio interno entre la oferta
y la demanda de combustibles fósiles, considerando las necesidades de los hogares y las
actividades económicas clave.
- La dinámica de los precios podría provocar incentivos contrarios en estos dos grupos. Por un lado,
en el grupo 2, podría promover la industria de hidrocarburos a corto plazo, ya que estos países
cuentan con reservas y capacidades instaladas. Por otro, en el grupo 3, podría impulsar una
aceleración de la transición energética hacia las fuentes renovables. En ambos casos, las políticas
públicas serán fundamentales para dar señales sobre el futuro de la seguridad energética.
Las capacidades de producción y refinación de la región (a nivel agregado) serían suficientes
para abastecer a todos los países de crudo y de ciertos derivados del petróleo, en el supuesto
de una utilización total de la capacidad. Más allá del desafío que representa en los aspectos
técnico, económico, de infraestructura e institucional, esto indica la necesidad de avanzar en una
agenda regional de integración energética que incluya estas fuentes de energía fósiles, además
de las energías renovables, para lograr la seguridad energética regional.
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G. Políticas para el corto y el largo plazo
1. Política monetaria y fiscal procrecimiento y antiinflacionaria
En un entorno de mayor inflación y con tendencias a la depreciación de las monedas, después
de que las tasas de interés de referencia de la política monetaria alcanzaran en 2020 los menores
niveles de la última década, en 2021 y 2022 la mayoría de los bancos centrales de la región han
decidido incrementarlas. En respuesta al alza de la inflación, la política monetaria se ha tornado
más restrictiva.
Las tasas de referencia de la política monetaria de la mayoría de los bancos centrales de la
región han alcanzado niveles similares a los observados en 2017. Los bancos centrales del
Brasil, el Paraguay y el Perú son los que han incrementado las tasas en más oportunidades,
mientras que el Brasil, Chile y el Paraguay son los países que presentan los mayores aumentos
acumulados de este instrumento.
a) La coyuntura presenta un importante desafío para la política
monetaria-cambiaria
Las autoridades monetarias de la región se encuentran en un dilema, pues mantener una política
de alzas de las tasas para frenar las presiones inflacionarias reduce el espacio de política
monetaria para sostener la actividad económica y la demanda agregada, lo que podría frenar el
crecimiento económico, de por sí débil.
Adicionalmente, condiciones financieras menos favorables (normalización de la política monetaria
y reversión de los estímulos monetarios en los países desarrollados) que redundaran en una
mayor volatilidad cambiaria también podrían impulsar alzas en las tasas de política. A su vez,
esto podría repercutir en salidas repentinas de capitales (como las observadas al inicio de la
pandemia), junto con una mayor aversión al riesgo y apreciación del dólar, que podría aumentar
el riesgo de inestabilidad macrofinanciera y acelerar la inflación en los países de la región a
través del canal cambiario.
Por ello, las autoridades monetarias de la región deben emplear todos los instrumentos de
política disponibles para mitigar el arbitraje costoso entre los objetivos de estabilidad de precios
y crecimiento económico. Una política de tasas para moderar la inflación puede tener poca
efectividad ante choques de oferta y efectos no deseados en la recuperación de la actividad.
Ante la intensificación de los riesgos macrofinancieros, el manejo de las reservas internacionales
ha cobrado importancia, no solamente como instrumento de política monetaria, sino también
como parte central de la política macroprudencial.
La actuación de los bancos centrales de la región dependerá de las características de
cada país, en función del grado de apertura de su cuenta corriente y de capital, su régimen
cambiario, su regulación macroprudencial y su capacidad de acceso al financiamiento externo.
La gestión proactiva de las reservas internacionales es una opción de política adecuada para
responder de manera rápida a choques financieros. Mientras tanto, se deberá mantener la
complementariedad con otros instrumentos macroprudenciales que fortalezcan la resiliencia
de la posición de liquidez internacional.
b) La política fiscal debe seguir siendo un elemento central
en la política de desarrollo
Los subsidios a la energía y los alimentos, y las transferencias a los sectores más vulnerables de
la población deben emplearse para evitar el impacto inflacionario en el ingreso y el bienestar de
estos sectores y un mayor deterioro del consumo privado.
El impulso fiscal mediante gasto público empezó a ralentizarse en 2021, con una reducción de
las erogaciones por subsidios y transferencias corrientes. En gran medida, la reducción del gasto
público como porcentaje del PIB se debió al término de programas de transferencias monetarias
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que no fueron extendidos. No obstante, el gasto público sigue por encima de los niveles previos
a la pandemia (un 23,4% del PIB en 2021, frente a un 21,4% en 2019).
Los ingresos tributarios aumentaron con fuerza en 2021, impulsando los ingresos totales y
contribuyendo a la reducción de los déficits fiscales. La recaudación de los principales impuestos
(el impuesto sobre el valor agregado y el impuesto sobre la renta) repuntó como resultado de
la reactivación de la actividad económica, el alza de las importaciones, los precios favorables
de los recursos naturales no renovables y un efecto de base de comparación, producido por la
aplicación de medidas de alivio tributario en 2020. En 2021, los ingresos totales representaron el
19,2% del PIB, mientras que en 2019 alcanzaron al 18,4% del PIB.
En 2021, el crecimiento del PIB nominal se tradujo en una reducción del nivel de la deuda pública
bruta como porcentaje del PIB. El elevado crecimiento del PIB nominal compensó con creces el
aumento de la deuda pública en términos absolutos y los posibles efectos de depreciación de la
moneda o aumentos de las tasas de interés. En 2021, la deuda pública bruta de los gobiernos
centrales representó el 53,7% del PIB, en tanto que en 2019 alcanzó el 45,3% y en 2020 se
ubicó en un 56,5%. Aunque el nivel alcanzado en 2021 representa una mejora en comparación
con el de 2020, la deuda pública bruta sigue siendo alta en términos históricos. El nivel de
endeudamiento de los gobiernos centrales en 2021 superó en 24,3 puntos porcentuales del PIB
el nivel registrado en 2008, que fue del 29,4% del PIB.
Para 2022, el contexto macroeconómico se ha complejizado, planteando retos al manejo de la
política fiscal que se manifestarán de forma diferente en los distintos países, como reflejo de la
heterogeneidad de sus situaciones fiscales. Destacan los problemas de los países con elevados
niveles de deuda, importadores netos de energía y alimentos, y con estructuras productivas
altamente expuestas a condiciones internacionales como el turismo.
La mayor desaceleración del crecimiento del PIB esperada para 2022 debilitaría la recaudación
tributaria, acotando el espacio para mantener políticas fiscales activas. La ralentización del
consumo privado y la inversión representaría un lastre para los ingresos tributarios. No obstante,
el alza de los precios de la energía y otras materias primas podría impulsar los ingresos públicos
en los países exportadores netos de estos productos.
El riesgo de deterioro de las condiciones financieras y de menores flujos de capital hacia los
mercados emergentes elevaría el costo del financiamiento. El posible aumento de las tasas
de interés y del riesgo soberano, sumado al riesgo de depreciación de la moneda, redundaría
en mayores costos en el servicio de la deuda. Estos factores podrían ser acentuados por una
política monetaria restrictiva en los países desarrollados, lo que es esperable dado el contexto
inflacionario. Al mismo tiempo, los riesgos de rebajas en las calificaciones crediticias podrían
aumentar las presiones para efectuar ajustes fiscales.
La aceleración de la inflación impondría presiones adicionales al gasto público. El alza de
los precios internacionales de la energía y los alimentos agudizaría el impacto negativo de la
desaceleración económica sobre el poder adquisitivo de los hogares, especialmente de los
más vulnerables. Esto implicaría presiones en el sentido de aumentar los subsidios dirigidos a
mitigar los efectos de la inflación. Al mismo tiempo, los mayores precios de insumos agrícolas
empujarían en favor de la adopción de medidas de apoyo al sector agroindustrial. De igual
manera, los mayores precios de los productos energéticos presionarán en el sentido de subsidiar
estos productos.
Si bien el contexto macrofiscal de la región se ha complicado como consecuencia de la
incertidumbre global y una política monetaria más restrictiva, la política fiscal debe seguir siendo
un elemento central en la política de desarrollo. La región requiere de una política fiscal que
dinamice el crecimiento económico y la inversión, impulse la sostenibilidad ambiental y reduzca
los rezagos sociales y las brechas estructurales, en un marco de sostenibilidad fiscal basada en
el fortalecimiento de los ingresos públicos.
Resulta indispensable adoptar una visión estratégica del gasto público para convertirlo en un
instrumento de desarrollo, favoreciendo acciones con alto rendimiento económico y social. Para
ello se debe impulsar la inversión pública a fin de fomentar inversiones en sectores estratégicos
sostenibles con alto potencial de transformar la estructura productiva y generar empleo de
calidad con igualdad de género. Al mismo tiempo, es fundamental fortalecer los sistemas de
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania: ¿cómo enfrentar esta nueva crisis?
protección social, salud y educación para cerrar las brechas estructurales de desarrollo (en
materia de desigualdad, pobreza e informalidad, entre otras), que conllevan costos sociales y
económicos considerables.
Ante la necesidad de ampliar el espacio fiscal para proveer financiamiento que responda a las
mayores demandas de gasto y dar sostenibilidad a la política fiscal se requiere de estrategias
dirigidas a fortalecer los ingresos públicos. A corto plazo, se deben implementar acciones
para reducir la evasión tributaria, que en América Latina representó un 6,1% del PIB en 2018,
equivalente a 325.000 millones de dólares, así como revisar los gastos tributarios, que implican
ingresos no percibidos equivalentes al 3,7% del PIB. Hacia el mediano plazo, se requerirá de
pactos fiscales y sociales para fortalecer la recaudación de los impuestos sobre la renta y la
propiedad a fin de dar mayor progresividad al sistema tributario. Asimismo, se deberá considerar
la tributación de la economía digital, impuestos ambientales y relacionados con problemas de
salud pública, además de revisar y actualizar de forma progresiva las regalías por la explotación
de recursos naturales no renovables.
En todos estos esfuerzos, la agenda de las instituciones financieras internacionales debe incluir
medidas más firmes en favor del financiamiento para el desarrollo.
2. Seguridad en alimentos y fertilizantes
La historia importa. El mundo enfrenta la tercera ola de altos precios de los alimentos en menos
de dos décadas. Aunque los detalles difieren, pues esta es la primera ola que se originó en una
crisis geopolítica y no financiera, siguen siendo pertinentes algunas lecciones, que se sintetizan
a continuación.
Restringir el comercio de alimentos (y fertilizantes) puede exacerbar el alza de precios a corto
plazo y dañar significativamente a los países más vulnerables, por ejemplo, los pequeños Estados
insulares en desarrollo del Caribe.
Los puntos más altos de los precios de los alimentos, entre otros factores, se correlacionan con
los disturbios civiles y la inestabilidad política. Los altos precios de los alimentos y del transporte
fueron la chispa de las protestas que estallaron en el Perú a fines de marzo de 2022.
Con miras al futuro, a largo plazo, la seguridad alimentaria (y de fertilizantes) debe ser la
prioridad. La región es un exportador neto de alimentos, con lo que contribuye a la seguridad
alimentaria global, pero el comercio intrarregional de alimentos es bajo como proporción de las
exportaciones totales. La posición de la región como productora neta de alimentos es favorecida
por su riqueza en cuanto a biodiversidad y recursos naturales biológicos y la disponibilidad de
agua y de tierras agrícolas, sobre todo en los países del cono sur. Sin embargo, los costos de
las externalidades negativas de las cadenas de suministro de productos básicos agrícolas se
absorben en la región.
Entre las medidas de corto plazo adoptadas en la región, destacan la reducción o la eliminación
del impuesto sobre el valor agregado a los alimentos (entre otros bienes y servicios), los
acuerdos de contención de precios de la canasta básica con los productores y las cadenas de
comercialización, el impulso al autoconsumo en las zonas productoras y la eliminación de los
aranceles a la importación de granos y otros productos básicos, como lo han hecho, por ejemplo,
el Brasil y México.
Es crucial reducir la dependencia del uso de fertilizantes de origen fósil o mineral, mejorando
la eficiencia de los fertilizantes y desarrollando modalidades alternativas de fertilización. Los
programas nacionales de mapeo y digitalización de la información sobre suelos pueden ayudar a
mejorar la eficiencia de la aplicación de fertilizantes. La creación de un entorno propicio para los
mercados de insumos agrícolas de base biológica puede promover el desarrollo de biofertilizantes
y modelos de gestión de los suelos para mejorar la disponibilidad de fertilizantes nitrogenados o
fosfatados a través de microorganismos beneficiosos. Dado que la expansión de la producción
de fertilizantes demanda inversiones importantes con largos períodos de maduración, las
políticas industriales para impulsarla deben combinarse con acciones para reducir la carga de
fertilizantes por hectárea, lo que es factible mediante el uso de tecnologías digitales.
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania: ¿cómo enfrentar esta nueva crisis?
Una articulación regional para la producción y comercialización de fertilizantes, si bien daría
resultados recién a mediano y largo plazo, puede ser producto y a la vez motor de esfuerzos
de integración, impulsados, por ejemplo, por la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (CELAC). El plan de autosuficiencia sanitaria para América Latina y el Caribe
elaborado por la CEPAL a solicitud de la CELAC, aprobado por esta en septiembre de 2021 y
actualmente en proceso de implementación, muestra la viabilidad de encarar esfuerzos desde
esa base institucional regional.
3. Seguridad energética: avanzar en las fuentes renovables
Para acelerar la transformación energética, la CEPAL recomienda: i) aumentar la participación de
las energías renovables en la matriz energética, ii) universalizar el acceso a la electricidad basada
en fuentes renovables, iii) aumentar la eficiencia energética en todos los sectores económicos,
hogares e instituciones, iv) fortalecer la complementariedad y la integración energética entre
países para aprovechar economías de escala y v) avanzar en la consecución de la seguridad
energética regional y la resiliencia energética ante choques externos.
Como consecuencia de la guerra, han aumentado significativamente los precios de los
combustibles fósiles, y las energías renovables se hacen aún más competitivas, en un contexto
en que los costos de producción de las tecnologías de fuentes renovables han ido disminuyendo
de manera constante. Aunque represente una oportunidad para acelerar la transición energética,
esta condición de mercado no es suficiente.
En 2020, el 30% del suministro de energía primaria de la región provino de fuentes renovables,
mientras que el promedio mundial era solo del 13%. La matriz de generación eléctrica regional
es aún más baja en carbono, ya que el 61% correspondía a fuentes renovables en 2020 (un
75% es hidroeléctrica y un 25% es solar, eólica, de biomasa o geotérmica), aunque la región es
muy heterogénea en este aspecto (véase el gráfico 15). Si bien la región en su conjunto es un
poco más resiliente, la dependencia estructural de los combustibles fósiles para las actividades
económicas hace que la mayoría de los países sean vulnerables a los choques de oferta, aun
cuando algunos países ricos en combustibles fósiles se beneficiarán del aumento de los ingresos
a corto plazo.
En América Latina y el Caribe, los mayores precios de los combustibles fósiles tendrán un
impacto en los precios de la electricidad que será menor que en otras regiones, debido a la mayor
participación de las energías renovables en su matriz eléctrica. Como se ha hecho en México,
los países productores de petróleo de la región probablemente subsidiarán la termoelectricidad
para que el aumento del precio del petróleo no se traslade a las cuentas eléctricas; algunos
podrán hacerlo para todas las tarifas, mientras que otros subsidiarían de manera focalizada para
beneficiar solo a los grupos de población más vulnerables.
Es importante preocuparse por algunos países de la región que dependen del petróleo y el gas
natural para generar electricidad y para la industria y el transporte, pues se verán afectados.
Además, los países importadores netos de combustibles fósiles seguramente enfrentarán más
dificultades para controlar las tasas de inflación, que disminuyen el poder adquisitivo de los
quintiles más pobres.
Dado que la transición hacia las energías renovables requiere tiempo y una transformación
sistémica a fin de construir el ecosistema adecuado para aprovecharla, impulsar su aceleración
en el contexto de los precios más altos de los combustibles fósiles puede resultar difícil a corto
plazo, particularmente en los países productores de petróleo y gas, que se beneficiarán de
mayores ingresos durante algún tiempo.
El conflicto puede impulsar la transición energética, acelerando la adopción de fuentes
renovables, o bien retrasarla en los países productores de combustibles fósiles, que podrán
atraer inversiones y generar ingresos adicionales debido a los precios más elevados. Estos
ingresos podrían invertirse en infraestructura, estímulos y tecnologías renovables. La aceleración
o el retraso de la transición energética dependerá de: i) la duración del conflicto; ii) el éxito de
las iniciativas de uso de reservas estratégicas, como las de los Estados Unidos, o de aumento
de la producción de petróleo y gas natural; iii) el balance energético de cada país (exportador o
importador neto de hidrocarburos), y iv) la estructura productiva de cada país.
En los países que son importadores netos de combustibles fósiles, la situación ocasionada por
la guerra debería redundar en un fuerte impulso a la transición hacia las energías renovables,
mediante políticas públicas, inversiones e instrumentos innovadores.
La CEPAL ha mostrado que es necesario, así como económica y socialmente factible, generar
nuevos empleos e ingresos verdes en el camino hacia la neutralidad en carbono, estableciendo
una integración energética regional más sólida. Esta, a su vez, se retroalimentaría positivamente
con la recuperación económica y la seguridad energética y alimentaria (CEPAL, 2021b).
Entre las propuestas específicas, destacan:
- avanzar en la integración energética regional;
- mayor financiamiento de los objetivos sociales con la renta económica de las materias primas
y de una mayor progresividad de los regímenes fiscales para que el aumento extraordinario de
los precios de los productos básicos se refleje en la renta capturada;
- mecanismos regionales de diálogo y coordinación para el intercambio de experiencias sobre
las respuestas a los efectos del conflicto, a fin de fortalecer la posición estratégica de la región
a nivel global;
- mecanismos de estabilización de los precios de los combustibles que eviten que los aumentos
de los precios internacionales se trasladen a la población y a los sectores productivos
orientados al mercado interno, y
- subsidios focalizados y temporales a los grupos de población más vulnerables y a los sectores
económicos más relevantes en términos de transmisión de los efectos del alza de precios al
resto de la economía.
4. Los nuevos escenarios geopolíticos
La factibilidad de las propuestas presentadas dependerá en gran medida de la forma que
adopten las relaciones internacionales, que oscilarán entre un multilateralismo limitado, varios
modelos de regionalismo e incluso bilateralismo.
Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania: ¿cómo enfrentar esta nueva crisis?
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
La ruptura del modelo de globalización puede llevar a diferentes configuraciones regionales
que determinarán muchas de sus políticas sobre la base de objetivos de soberanía o seguridad
en materia de defensa, energía, alimentos y sectores industriales clave, desde los de más alta
tecnología hasta algunos de insumos de amplio uso, como los fertilizantes.
En la medida en que tomen forma nuevas configuraciones de países, como, por ejemplo, una
“nueva globalización” centrada en una renovada articulación entre los Estados Unidos y la Unión
Europea, o la implementación de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, la región no puede
continuar actuando de manera fragmentada.
Ir más allá de la fragmentación implica, por un lado, aumentar la confianza en las instituciones
nacionales (de por sí muy baja en la región) y solucionar los problemas de gobernabilidad interna,
por ejemplo, de gobiernos con insuficiente peso en los parlamentos para adoptar medidas
importantes. Por otro lado, implica aumentar el papel de la articulación regional en las respuestas
a la crisis. Para superar la práctica de responder unilateralmente a los eventos globales, se debe
avanzar en la formulación e implementación de respuestas de la región en su conjunto o de los
bloques de integración.
El actual conflicto ha acentuado la tendencia a una mayor regionalización del comercio y de
la producción que se observa desde hace algunos años a nivel mundial. La región no puede
sustraerse a esta tendencia, mediante la cual los países buscan una mayor autonomía estratégica
en el abastecimiento de productos e insumos clave. La coyuntura constituye, pues, una nueva
oportunidad para dinamizar el proyecto de la integración regional, poniendo en el centro la
generación de cadenas productivas intrarregionales que reduzcan la excesiva dependencia de
proveedores de fuera de la región.
Bibliografía
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