Introducción

En 2018, miles de personas por todo el mundo, denunciaron haber sufrido los impactos de la infraestructura gasística impuesta agresivamente sobre sus comunidades.

De ahí que, desde Norteamérica, América del Sur, África, Europa, Asia y Oceanía, se organizaron acciones descentralizadas con la intención de exigir se tomarán medidas que frenarán a la industria del gas, el método del fracking y la petroquímica.

Toda vez que, en muchas comunidades, para implantar el método del fracking, con frecuencia no se respetó la democracia local, así como se anularon derechos sobre las tierras y se envenenaron fuentes de agua.[1]

Y, frente a tal escenario, con la intención de contener las movilizaciones, empresas estadounidenses y el mismo gobierno de Estados Unidos, recurrieron a la consulta de expertos en contrainsurgencia, así como a expertos en operaciones psicológicas.

En tal sentido, en 2011, Matt Carmichael, manager de Asuntos Externos de Anadarko Petroleum Corporation, dijo a los asistentes a la Media and Stakeholder Relations Hydraulic Fracturing Initiative, que: estamos tratando con una insurgencia, refiriéndose a los ciudadanos preocupados por los impactos del desarrollo del petróleo y del gas en sus comunidades.

Dicho tras el cual, asesoró a los profesionales de relaciones públicas presentes en la habitación sobre los beneficios de usar el Manual de Contrainsurgencia de los cuerpos de marina y de la armada americanas, junto con el libro de Donald Rumsfeld, como guías para acabar con las discrepancias.

De ahí, se supo que la industria del petróleo en Polonia, empleo tácticas tales como espionaje u operaciones secretas contra grupos e individuos que cuestionaron el desarrollo del gas de esquisto.

Así como, Matt Pitzarella, quien representaba a Range Resources, dijo que su compañía utilizo tácticas de guerra psicológica (PSYOPs) con los ciudadanos que viven en la cuenca de esquisto Marcellus. Siendo, Marcellus, uno de los epicentros del boom de la fractura hidráulica global (“fracking”).[2]

Fracking y contrainsurgencia en México

Conforme al contexto arriba descrito, en México, también se impulsó la fracturación hidráulica a partir del año 2008. Empero, el avance de nuevos proyectos se consolidaría durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), entre otros temas con la promulgación de la Reforma Energética el día 20 de diciembre de 2013 (Presidencia de la República 2013, art. 25 y 27)[3].

Dado que, la Reforma legalizaría la posibilidad de establecer nuevas formas de exploración, así como concesionaría a la participación privada la explotación de yacimientos de minerales, permitiendo la participación de grandes empresas transnacionales en la producción petrolera[4].

Reforma a la que, se le sumaría, en agosto de 2014, la aprobación de la legislación energética para favorecer, facilitar y acelerar el desarrollo de proyectos sobre hidrocarburos y el uso de la fracturación hidráulica.[5]

De forma que, tras la reforma energética de 2013, el Estado pudo obligar a los dueños de tierras a rentarlas a las empresas. Arrendamiento que, puede aplicarse, incluso, cuando se trate de proyectos que afecten a pueblos indígenas.

Añadiéndose a ello que, tras la reforma, la Ley indicaría que los gobiernos locales deberían contribuir al desarrollo de los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos, entre otros. De manera que, tendrían que garantizar y agilizar la entrega de las autorizaciones y permisos bajo su competencia.

Es decir, las autoridades estatales y municipales tendrían la obligación de permitir los proyectos, sin importar las consecuencias que tuvieran en sus territorios.

Consecuencias que, se harían ostensibles a partir de que, en los principales estados en los que se encuentran hidrocarburos de lutita como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz y Puebla. Se tienen importantes problemas de escasez hídrica y sobreexplotación de acuíferos que se verían agravados por el uso de la fractura hidráulica, dado que, esta técnica requiere del uso y contaminación de grandes cantidades de agua, situándose entre 9 y 29 millones de agua.

Mientras que, en los estados del sur de la república, el fracking también amenaza con contaminar importantes ríos y acuíferos de los que dependen miles de personas.

Así que, la explotación de hidrocarburos en esas zonas tendría un impacto en el derecho humano al agua[6] y al saneamiento. Además de que, en muchas de esas regiones habitan pueblos indígenas y campesinos, por lo que la fractura hidráulica amenaza a esas poblaciones y su derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales.

Aun así, se constituiría la Gendarmería, como complemento contrainsurgente del fracking, once días después de la aprobación de la legislación complementaria de la reforma energética.[7]

Siendo que, la Gendarmería estaría compuesta por militares o policías que recibieron entrenamiento militar en países como Colombia, Francia e Israel. Y dicho entrenamiento, pondría en riesgo a la población civil, siendo que, su entrenamiento estaría dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección y control de civiles.[8]

Y, la Gendarmería tendría entre sus principales funciones, actuar frente a quienes atentaran contra los ciclos productivos y las fuentes de ingresos, es decir, las inversiones.

Lógica dentro de la cual, de acuerdo con declaraciones publicadas en el diario La Jornada Veracruz el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) denunció que: “Gendarmería Nacional y Ejército ya tienen proyectos de ubicación de campamentos en la Huasteca veracruzana, buscan sus puntos estratégicos para vigilar que las operaciones del fracking sigan adelante sin la protesta de las poblaciones que se verán afectadas, y los municipios para que operen los cuerpos de seguridad en Ixhuatán de Madero en el lado veracruzano y Huautla y Huejutla, Hidalgo.”

Además, se señaló la paramilitarización de la Huasteca- ubicada en Veracruz uno de los estados que más pozos con fracking tiene- y la creación de nuevos campos militares con el falso discurso de “combatir” la inseguridad.[9]

Tesitura dentro de la que, Luis Videgaray Caso, en 2014 [10], como secretario de Hacienda declararía, en reuniones anuales convocadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que la Gendarmería sería utilizada para proteger los proyectos energéticos. E incluso, se planteó crear una división especial dentro de ese cuerpo para el sector minero.[11]

Hechos conforma a los cuales, se ha venido señalando que, durante los gobiernos neoliberales, se criminalizo las resistencias sociales frente al impacto territorial de las industrias extractivas, como toda una política de Estado.

De ahí que, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), calificaría a los movimientos sociales opositores a las reformas estructurales, donde se incluye la Reforma Energética de 2013, como amenazas a la seguridad nacional en segundo lugar, después de la delincuencia organizada.[12]

Añadiéndose a ello que, un estudio del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) encontró que en 2014-2015, 13 % de los ataques contra los defensores del medioambiente consistieron en la criminalización, superados solo por las agresiones físicas y amenazas.

Mientras que, la organización no gubernamental Global Witness encontró que en el año 2015 la mayoría de los asesinatos de defensores y defensoras de la tierra y el medioambiente estaban vinculados con las industrias extractivas y que 36 % de las víctimas fueron personas indígenas.

Registrándose en México, 33 asesinatos de defensores de la tierra y el medioambiente entre 2010 y 2015, de los cuales cuatro ocurrieron en el año 2015. En tanto que, CEMDA documentó 109 casos de ataques contra defensores y defensoras del medioambiente entre mayo de 2014 y junio de 2015, los cuales incluyeron no solo asesinatos, sino también amenazas e intimidaciones, detenciones ilegales, criminalización y otras agresiones físicas.[13]

Situación que, quedo detallada en la siguiente gráfica elaborado por CEMDA, donde se puede apreciar que ha sido en los estados de Sonora, Oaxaca y Estado de México, donde se han dado los mayores índices de violencia contra las y los defensores del medioambiente:

Bibliografía

Universidad Veracruzana. El fracking sólo beneficia a inversionistas: Aroa de la Fuente. Por: Alma Celia San Martín. 2022.

La Jornada. El gas shale, Ucrania, Okinawa y el narco. Por: Víctor M. Quintana S. Viernes 4 de julio de 2014.

WATERLAT-GOBACIT NETWORK Working Papers Thematic Area Series – TA10 – Vol 4 Nº 4/ 2017.

La Jornada del Campo. Suplemento informativo de La Jornada 15 de noviembre de 2014 • Número 86 • Año VIII.

Rebelión. La nueva y alarmante Gendarmería mexicana. Por Alberto Buitre | 31/01/2013

Proceso. No 1985. 16 de noviembre de 2014. El Ejército cuidará a los empresarios, no al pueblo. Autor: Luciano Campos Garza.

Rebelión. El Council on Foreign Relations y la proyección del dominio estadounidense en México.

Notas:

[1] Food and Water Europe. COMUNIDADES DE SEIS CONTINENTES SE MOVILIZAN CONTRA EL GAS Y EL FRACKING. 5 de octubre de 2018

[2] El esquisto Marcellus («marcellus shale» en inglés) o cuenca Marcellus es el nombre de una formación geológica de rocas sedimentarias ubicadas en América del Norte en la cuenca de los Apalaches, principalmente bajo el territorio de Pensilvania y a caballo entre Virginia Occidental, Nueva York.

Ecologistas en Acción. La industria del gas de esquisto trae a Polonia operaciones de espionaje y tácticas de guerra psicológica. Viernes, 15 de noviembre de 2013.

[3] El 20 de diciembre de 2013 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia energética en México. Esta reforma modificó tres de los cuatro artículos más importantes para el desarrollo nacional, pero específicamente marcó un cambio en materia energética; los artículos modificados fueron el 25, el 27 y el 28.

El artículo 25 es conocido por otorgar las pautas para la rectoría económica del Estado, lo que se puede entender como delimitante de directrices del desarrollo nacional. El artículo 27 es conocido por establecer la propiedad de los recursos naturales, al momento de que estos recursos son 29 parte del desarrollo nacional.

Y por último el artículo 28 hace referencia a la planeación de ese desarrollo. Esta reforma constitucional abordo 6 temas medulares: los hidrocarburos, la electricidad, el diseño institucional, las empresas productivas del Estado, los ingresos de la nación y la sustentabilidad

El Colegio de la Frontera Norte. AGUA Y ENERGÍA. LA ILUSIÓN DE FRACKING COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO: EL CASO DEL NORESTE DE MÉXICO. Tesis presentada por Mayra Alejandra Zaragoza Cuevas para obtener el grado de MAESTRA EN GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA. Monterrey, N. L., México 2018.

[4] La Reforma Energética de diciembre de 2013, supondría la modificación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la participación del sector privado en la industria de hidrocarburos.

Esto implicó un cambio muy profundo a la operación de dicho sector, que desde 1938 estaba reservada al Estado a través de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El principal argumento esgrimido por el gobierno para impulsar esta modificación fue la necesidad de revertir la caída en la producción de petróleo observada desde 2004, que pasó de 3.5 millones de barriles diarios (mmbd) a 2.5 mmbd en 2013.

Observatorio petrolero sur. México: el fracking y las profundas raíces de la violencia. Por Aroa de la Fuente López. Agosto 26, 2015.

[5] Si bien el gobierno mexicano comenzó a colocar en el debate público la necesidad de extraer el gas y el petróleo de yacimientos de lutitas a partir de la Reforma Energética de 2013, se ha constatado que esta actividad se ha realizado en el país desde 2010. A través de solicitudes de información a PEP y de documentos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos ya no disponibles al público, se ha podido conocer que existen, al menos, 28 pozos exploratorios en este tipo de yacimientos, en los que ha sido utilizada la técnica de fractura hidráulica.

Como se señaló, fue en el marco de la presentación de la propuesta de la reforma constitucional en materia energética por parte del Ejecutivo Federal en 2013 que se hizo pública la intención de explotar los hidrocarburos no convencionales en lutitas utilizando la fractura hidráulica.

Los cambios a la Constitución y a la legislación secundaria en materia de energía no incluyeron disposiciones específicas referentes al uso de esta técnica. Sin embargo, los cambios introducidos que conllevaron el debilitamiento y flexibilización de la legislación y la institucionalidad fiscal, social, ambiental y climática son medidas que también facilitan la extracción de gas y petróleo no convencional mediante la fractura hidráulica, al reducir los límites a esta actividad.

Las actividades extractivas en México: Estado actual. Anuario 2016. Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. Año 2017 Coordinación Aroa de la Fuente López Beatriz Olivera Villa Autoría Aroa de la Fuente, Beatriz Olivera, Óscar Arredondo, Tamar Hayrikyan, Mariana Castillo, Omar Escamilla, Javier Garduño, Sandra Guzmán y Manuel Llano

[6] La entrega del petróleo y los recursos energéticos a Estados Unidos no sólo necesita de la Reforma Energética y Laboral sino que requiere de leyes como la de Aguas -pieza clave y necesaria para el uso de la técnica del fracking- que permitirá redirigir y restringir el consumo de agua en beneficio de los intereses de transnacionales como Chevron y British Petroleum.

Izquierda Diario. Reforma Energética: ¿Militarizar para poner en marcha el fracking? Por: Leah Muñoz. Sábado 18 de julio de 2015.

[7] La Gendarmería fue una división de la Policía Federal de México creada el 22 de agosto de 2014 por decreto del presidente Enrique Peña Nieto a través de la Secretaría de Gobernación como parte de su estrategia de seguridad para combatir el crimen organizado en ese país. Disolución: 1 de octubre de 2019.

[8] UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ. Facultad de Derecho. Facultad de Psicología. Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. “Política criminal en México: Estudio del caso de líderes indígenas presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Guerrero, (CRAC-PC)”. T E S I S para obtener el grado de MAESTRO EN DERECHOS HUMANOS presenta Mario Andrés Hurtado Cardozo. San Luis Potosí, S.L.P., a julio de 2017.

[9] Izquierda Diario. Reforma Energética: ¿Militarizar para poner en marcha el fracking? Por: Leah Muñoz. Sábado 18 de julio de 2015.

[10] En el marco de las reuniones anuales del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, fue cuestionado en torno a cómo el gobierno mexicano promoverá la seguridad de las inversiones en el país. Su respuesta mandó señales de alarma a las organizaciones de la sociedad civil pues indicó que la nueva Gendarmería será puesta a disposición de las empresas privadas que desarrollen proyectos en territorio mexicano. La Gendarmería fue creada por decreto presidencial el 22 de agosto de 2014 como cuerpo de élite de formación policial-castrense con más de 5,000 efectivos, que será activado frente a tres amenazas, una de las cuales refiere a aquellos casos en que haya actores que atenten contra los ciclos productivos o las fuentes de ingresos.

Este cuerpo elite de seguridad pública se crea tan sólo unos días después de la promulgación de las leyes secundarias en materia energética el pasado 11 de agosto, que reglamentó la Reforma Energética constitucional de diciembre de 2013. Lo anterior no es un hecho menor, ya que estas leyes establecen entre otras medidas: el acceso preferente al territorio de las empresas petroleras a través de figuras de renta obligatoria, como es la servidumbre legal; el debilitamiento de la política ambiental para facilitar la aprobación de los proyectos petroleros en detrimento del medio ambiente y la población; la promoción de técnicas de extracción de hidrocarburos con fuertes impactos socioambientales, como la fracturación hidráulica (fracking); y la creación de impuestos que beneficiarán a los estados y municipios, pero que están condicionados a que estos garanticen que no se interrumpa la operación de los proyectos petroleros por circunstancias “externas”.