Fuente: Avispa Midia

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08 jun 2022

 

Entre enero y mayo de este año, los asesinatos de líderes e integrantes de comunidades indígenas a manos del crimen organizado en el Perú muestran un alarmante incremento en relación al 2021, cuando el país ocupó el noveno puesto de los más violentos para defensores de territorios, según el registro de Global Witness.

De acuerdo a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y el Ministerio de Justicia, el año pasado se registraron cuatro muertes violentas, mientras la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos indica cinco. En solo cinco meses de 2022, se reportan cinco crímenes y el incendio de un pueblo asháninka por parte de invasores.

Los casos varían por la condición asignada a la víctima: protector de territorios o del ambiente, líder indígena o campesino, en las regiones de la sierra y la costa. Organismos internacionales han emitido alertas por una situación que se agrava en los últimos años.

Desde que empezó la pandemia en 2020, se cuentan entre 14 y 19 asesinatos. La mayoría de ataques, el 70% en promedio, se cometieron contra dirigentes de comunidades nativas de la Amazonía que se enfrentan al cultivo de hoja coca para el narcotráfico, a la tala y minería ilegal, a las invasiones para monocultivos, principalmente de palma aceitera, y para el tráfico de tierras.

Los asesinatos del defensor ambiental Juan Fernández Hanco, el 21 de marzo en la región Madre de Dios, y del líder del pueblo nomatsigenga Ulises Rumiche, el 19 de abril en la región Junín, fueron reportados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al segundo lo victimaron horas después de reunirse con la viceministra de Poblaciones Vulnerables.

A estos se suman, también en marzo, los de la comunera Nusat Benavides y los comuneros Jesús Antaihua y Gemerson Pizango, quienes vivían en pueblos asháninka y yanesha asediados por bandas criminales en la región Huánuco, de acuerdo a la denuncia de Aidesep, organización que agrupa a 2.400 comunidades amazónicas en nueve regiones del Perú. En mayo el presidente Pedro Castillo rechazó reunirse con sus representantes, ante lo que organizaron una vigilia en las calles de Lima el 27 del último mes.

Libre determinación

La titulación de tierras comunitarias es una de sus demandas para organizarse ante la violencia desbordada.

“En los últimos nueve años han sido asesinados 23 líderes de toda la Amazonía. No hay justicia, el gobierno no ha hecho nada. Las amenazas se evidencian en las propias comunidades, en las invasiones de personas foráneas, las autoridades tienen conocimiento, la policía, los fiscales, pero no se evidencian resultados, no se ve la intervención inmediata de estas amenazas. Pedimos que se titulen las comunidades para salvaguardar así los derechos de nuestros pueblos indígenas”, declaró Tabea Casique Coronado, integrante del consejo directivo de Aidesep.

Entre otras medidas, las organizaciones piden que se les garantice la libre determinación y manejo forestal comunitario, a través de una segunda reforma agraria. Asimismo, destinar el 1% del presupuesto nacional a financiar los planes de vida de los pueblos indígenas amazónicos. Estas propuestas transmiten su visión de autogobierno y políticas posibles surgidas del seno de las comunidades y sus tradiciones.

Autodefensa

El clima de violencia se refleja en los 171 casos de amenazas y atentados activos en el Registro de Situaciones de Riesgo para Personas Defensoras de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, en la que se incluyen a comuneros y guardianes de territorios ancestrales. De 31 solicitudes de garantías, 23 fueron admitidas hasta abril de este año.

 

Las condiciones de las comunidades originarias y sus defensores son la impunidad para quienes asesinan y mecanismos legales que no les protegen. El abandono se ve en las más de 203 mil hectáreas de bosques perdidos en 2021 en la Amazonía peruana, donde el crimen organizado es parte de una cadena de operaciones regionales y globales que alcanza picos de violencia en los vecinos Colombia (65 víctimas en 2021) y Brasil (20 víctimas en 2021), en el primer y el cuarto lugar, respectivamente, de las naciones más letales para guardianes del ambiente.

En lo que va del primer semestre de 2022, los índices de violencia en el Perú apuntan a aproximarse a los de Brasil, teniendo en cuenta la gran diferencia demográfica entre ambos.

Las comunidades resaltan que la principal medida de seguridad es el fortalecimiento de los comités de autodefensa. “Este gobierno que se llama del pueblo dice que quiere ayudar formalizando cultivos de coca, pero eso traerá más violencia. Ya hay plantaciones de cocaleros en nuestras comunidades, eso atrae al narcotráfico, la tala ilegal, son un peligro para nosotros, están matando a nuestras comunidades. Yo recibo amenazas, un año esperé para que me den garantías, eso no sirve. Necesitamos que el gobierno nos entregue recursos para nuestros comités de autodefensa, necesitamos presupuestos, armamento”, señaló a Avispa Midia el presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), Ángel Pedro Valerio.

Paros

El jueves 2 de junio, dirigentes de pueblos indígenas se reunieron con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, tras iniciales negativas de recibirlos.

El mandatario se comprometió a aprobar el fideicomiso indígena de inversiones inmediatas, la revisión de contratos petroleros y la creación de una comisión de la verdad para investigar los crímenes. De momento el gobierno no se pronunció sobre la reunión ni medidas concretas para enfrentar la ola de violencia que sufren las comunidades nativas.

Las organizaciones han anunciado paros y movilizaciones las próximas semanas en las nueve regiones del Perú que comparten territorios amazónicos.

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Perú: La consulta previa en debate

 
 

 

Los pueblos originarios y comunidades campesinas del Perú requieren participar en las decisiones sobre el uso de sus territorios y recursos naturales. En el papel, la consulta previa, promulgada por ley en 2011, es un mecanismo para el diálogo, el consenso. Un derecho que el Tribunal Constitucional desconoció como fundamental en una sentencia dictada en febrero de este año, en contra de convenios internacionales. 

Frente a la desatención de la justicia del Estado en favor de los extractivismos, hay voces en las comunidades que proponen alternativas de participación directa, en un país que no ratificó el Acuerdo de Escazú y que en 2021 fue el quinto con mayor deforestación en el mundo, de acuerdo a Global Forest Watch.   

Para las lideresas indígenas, el problema radica en replantear el mecanismo. Cuestionan cuándo y con qué fines se les consulta, por qué de antemano la condición es la ejecución de actividades industriales, las que contaminan el medio ambiente y destruyen sus fuentes de vida.

 

“La consulta previa no es de buena fe, después de violar nuestros territorios, nuestros derechos, hacen la consulta”, señala Melania Canales, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap).

La situación ambiental en el Perú, crítica, en conjunto, se agudiza en la Amazonía, donde en 2021 se registró la mayor pérdida de bosques en las últimas dos décadas: 203,272 hectáreas, según el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático. Lo que proponen las comunidades es invertir el rol pasivo que les asigna este enfoque legalista. 

“Primero, se ha hecho sin consulta previa, para que no sea como un proceso administrativo, debería ser como su nombre lo dice: previa. Pero lo hacen sin consultar, siempre nos avisan cuando el proyecto ya está en marcha, ya está aceptado, cerca, no nos avisan previamente”, añade Mayra Macedo, presidenta de la Organización de Comunidades de Mujeres Shiwilu (Ocidmushi).

Como observan, la ley determina que se consulte a las comunidades con respecto a una licitación, dando esta por un hecho aceptado. Lo que deriva en un trámite, un sondeo, sin considerar la voluntad de la población. De esta forma se originaron parte de los 203 conflictos socioambientales que la Defensoría del Pueblo identificó activos en febrero. Participación con iniciativa y voz en la toma de decisiones es la respuesta que ofrecen las poblaciones nativas. 

“La consulta previa es un engaño, dice previa, pero nunca nos han consultado nada, debería ser también para las concesiones, antes de que concesionen. Ya no debe haber ni siquiera consulta cuando (la concesión) es en las cabeceras de cuenca, porque sabemos que es el nacimiento del agua, no vemos motivos para que haya consulta. Lo que queremos es que tengamos representación y participación efectiva en la toma de decisiones”, expresa Guadalupe Flores, fiscal de Asociación de Mujeres Centralizada Sumac Tika (región Puno, en el Altiplano).

El narcotráfico, la minería -legal e ilegal-, la explotación de hidrocarburos, la infraestructura terrestre y fluvial,  además de la deforestación -para agricultura de monocultivos y ganadería, principalmente-, están destruyendo la Amazonía y ecosistemas altoandinos a niveles que cada año se superan. Estas actividades, lícitas e ilícitas, tienen como objetivo común el despojo de territorios de los pueblos ancestrales. 

“Han hecho carreteras y electrificación sin consulta previa, como ahora que personas foráneas nos despojan. Arriesgamos nuestra vida sin tener un instrumento internacional (de protección), aquí en el Perú la justicia solo existe para los que tienen dinero. No hay justicia ambiental, siguen contaminando en cabeceras de cuenca, tenemos ríos muertos, animales muertos, hermanos con metales pesados en el cuerpo, enfermedades desconocidas. Nos han despojado de nuestros territorios las mineras, sin hacer de cuenta que hay consulta previa para nosotros. La mujer altoandina vive con la tierra, comemos, vivimos de esa tierra, no vemos de qué forma vamos a sobrevivir”, subraya Guadalupe Flores. 

La violencia, contra las personas que defienden los territorios, contra las mujeres y en forma de trata de personas en particular, se agrava en las áreas donde se desarrollan las actividades. A estas condiciones se suman otras políticas estatales cuestionadas por su planteamiento, como la creación de áreas de conservación por parte del gobierno, debido a que el diseño y la administración de estos proyectos queda en manos de las instituciones públicas, ONGs y organizaciones privadas. Y a la explotación extendida a estas zonas, supuestamente protegidas. 

“Las empresas traen la violencia a las comunidades, los gobiernos miran a otro lado, las áreas de conservación son un engaño, el gobierno sigue quitando territorios, las áreas protegidas son una forma de despojo territorial”, opina Melania Canales.

Desde los medios de comunicación y los partidos políticos que la toleran, la consulta previa se presenta como un instrumento intercultural de inclusión, el mejor posible. En el debate no se consideran otras formas de escuchar y materializar las voces, sin condicionamientos ni intermediaciones, de quienes han sabido proteger los recursos naturales durante siglos. No se toman en cuenta otras nociones, como la representación y participación directa. La autodeterminación es el camino en el que creen los pueblos originarios para detener la depredación de uno de los territorios de mayor biodiversidad del planeta.