México: Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visita Chiapas

Luego de que hace casi cuatro años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado mexicano la adopción de medidas para garantizar la vida e integridad de habitantes en comunidades de Chiapas inmersas en conflictos territoriales, una delegación de esta comisión inició ayer una visita en esta región para supervisar su cumplimiento, después que en diciembre pasado alertó que, pese a los acuerdos, persisten factores de riesgo.

La visita, que concluirá el próximo 15 de julio y tiene el fin de constatar la aplicación de las medidas solicitadas para 22 comunidades tsotsiles en los municipios de Chenalhó y Aldama, Chiapas, está encabezada por la comisionada y relatora para México y Pueblos Indígenas, Esmeralda Arosemena de Troitiño, y la secretaria ejecutiva Tania Reneaum Panszi.

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Gobernación informó que la delegación de la CIDH tuvo una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, quien reiteró el compromiso del gobierno de México con el cumplimiento de las medidas cautelares e informó sobre los avances en los trabajos en materia agraria, de seguridad social y de vivienda en la zona.

Como parte de sus actividades, están proyectados recorridos en las comunidades, reuniones con personas beneficiarias y sus representantes, con autoridades estatales y federales y con representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para conocer posibles situaciones de riesgo.

El Frayba señala omisiones

Desde abril pasado, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha advertido que el Estado mexicano no había tomado acciones efectivas para garantizar la seguridad de las personas que viven y transitan dentro de estas comunidades, lo que motivó a la CIDH a avalar la visita.

Desde 2018, afirmó Gobernación, “el Estado mexicano ha implementado medidas a fin de garantizar un incremento de seguridad en la zona, ha otorgado ayuda humanitaria y acceso a servicios de salud”. Apuntó que desde 2017 representantes del gobierno mexicano han tenido reuniones con las personas beneficiarias para acordar acciones de seguridad y de mejoramiento de vivienda para un reasentamiento digno.

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Ciudad de México | Desinformémonos. Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició este lunes una visita a comunidades indígenas de tres municipios de Chiapas, ante la falta de resultados del Estado mexicano para adoptar las medidas cautelares que otorgó hace casi cuatro años para protegerlas de la violencia paramilitar, los desplazamientos forzados y el despojo territorial.

La visita de la CIDH, que concluirá el 15 de julio, recorrerá las 22 comunidades indígenas de Chiapas beneficiarias de las medidas cautelares, ubicadas una en Chenalhó, nueve en Chalchihuitán y doce en Aldama.

“La CIDH ha evidenciado que a la fecha las investigaciones ministeriales no cuentan con elementos que permitan indicar que se ha logrado el desarme y desarticulación de las personas pertenecientes a los grupos armados que operaran en las zonas afectadas, pese a las acciones implementadas como el programa de canje de armas y las actividades de inteligencia, lo que permite que persista los ciclos de violencia incluyendo disparos y agresiones de armas de fuego que atenta contra la vida de las personas”, explicó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) en diciembre de 2021.

A finales de 2021, el Frayba informó que, debido a la falta de acciones para implementar las medidas cautelares en las comunidades beneficiarias, la CIDH anunció una visita in situ, y el 22 de abril de este año el Estado mexicano notificó al Centro la anuencia de la llegada, por lo que aún se esperaba la confirmación de la fecha.

Debido a la violencia por parte de grupos paramilitares contra las comunidades tsotsiles y tseltales en Chiapas, que ha provocado muertes, heridos y miles de desplazados indígenas, la CIDH solicitó al Estado mexicano desde hace casi cuatro años la adopción de medidas cautelares a favor de las comunidades de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó. Sin embargo, las medidas no se implementaron y la violencia se acrecentó en las comunidades, sin ninguna intervención efectiva del Estado.