Colombia: El triunfo de Petro y las limitaciones del “progresismo tardío” (Parte I)

Una gran explosión de júbilo popular

El domingo 19 de junio, Gustavo Petro fue elegido como presidente de la República en la segunda vuelta de la elección presidencial. Colombia cuenta con un censo poblacional de 50 millones de personas y un censo electoral de un poco más de 39 millones; Petro obtuvo 11.281.001 votos y el candidato de la coalición de derecha Rodolfo Hernández, 10.580.412 elevando el monto de la votación al 58% de los potenciales votantes una de las cifras más altas en la historia electoral del país. Petro había obtenido 8.527.768, aumentando en 2.7 millones de votos con relación a los que obtuvo en la primera vuelta, de los cuales 1.000.000 los obtuvo en las ciudades, la mitad en Bogotá, y el resto principalmente en las costas tanto en la del Pacífico como en el Caribe. En las zonas más deprimidas y abandonadas del país ganó el Pacto Histórico, movimiento liderado por Gustavo Petro. Igualmente, en las ciudades votaron los barrios pobres y de clase media. En Cali, la ciudad en la que el estallido social del año pasado tuvo mayor repercusión, la huella de la rebeldía apareció en las votaciones de las comunas que experimentaron los mayores grados de enfrentamientos y el despliegue impune del terror de Estado que costó decenas de muertos.

Los resultados electorales por departamento confirman un mapa socio territorial que viene repitiéndose desde el plebiscito del 2016, el cual incluye desigualdades de ingresos. Efectivamente, en los departamentos en donde ganó el Pacto Histórico, que suman una franja poblacional del 40.37% del total nacional y una participación del PIB del 29.04 %, el porcentaje de la votación fue del 66,35 % contra el 31, 88% mientras que en los departamentos en que ganó Rodolfo Hernández con una población del 44.27% del total nacional y con una participación del PIB del 44. 91% la votación fue del 62.19% a favor y del 35.51% en contra.

Apenas conocido el resultado electoral, explotó el júbilo popular. Miles de personas se volcaron a las calles y a plazas de todas las ciudades para celebrar la victoria, al tiempo que circularon los videos de poblaciones en los sitios más recónditos del país compartiendo esa misma euforia por el logrado cambio histórico. Comenzando la noche, en el Movistar Arena, una sala de espectáculos situada en el noroccidente de Bogotá, miles de votantes y miembros del Pacto Histórico se concentraron para aplaudir la presencia en el escenario de Gustavo Petro y Francia Márquez.

El protagonismo de Francia Márquez debe resaltarse. Es la primera mujer afro que llega a ese cargo y fue el fenómeno electoral de la consulta inter partidaria realizada el 13 de marzo con una votación cercana a los 800.000 sufragios, la tercera de una lista larga de candidatos que se presentaron en esa ocasión. Proviene de los territorios costeros del Pacífico en donde el extractivismo minero desplaza recurrentemente a las comunidades. Esa votación expresó el rechazo de sectores populares al patriarcado y al racismo y posibilitó la emergencia a la vida pública de las llamadas minorías étnicas en un país en el que la tradición del ethos colonial ha destinado el ejercicio gubernamental a un reducido círculo de hombres blancos y de estratos altos que incluso comparten lazos familiares (“República oligárquica”, llegó a caracterizarla un conocido historiador del siglo XX).

En medio del discurso de Petro apareció en tarima la madre de Dilan Cruz, un adolescente de 18 años, que fue asesinado en el centro de Bogotá durante las movilizaciones de noviembre del 2019 por uno de los integrantes del ESMAD (Escuadrones Móviles Antidisturbios) de la Policía Nacional, asesinato que aún sigue impune. Levantó el retrato de su hijo y tomó el micrófono pidiendo justicia para él y para todas las víctimas del terror de Estado. Un reconocimiento a tanto dolor acumulado por los familiares de las víctimas durante décadas de asesinatos, torturas y desapariciones que continúan sin que aparezcan los rostros de los responsables. En fin, era la confirmación, tanto en ese auditorio como en las calles, de que la indignación frente al actual estado de cosas había tomado la forma de un triunfo político. Indignación frente al aumento de la pobreza, al desempleo de millones de jóvenes y mujeres que deambulan sin futuro cierto y que participaron en el reciente estallido social enfrentando el terror de Estado y una represión desembozada, a los familiares de los muertos por la pandemia del Covid-19 que constataron la indolencia de un gobierno que los abandonó a su propia suerte mientras entregaba el dinero público a gratuidad a los grupos financieros, a los millones de desplazados.

Mientras tanto los analistas políticos y periodistas de medios internacionales de comunicación acusaban el impacto por la llegada de un progresista a la Presidencia de un país en donde sus elites han sido incondicionales a los Estados Unidos, entregándole bases militares en su territorio y aceptando la injerencia militar directa durante la ejecución del Plan Colombia para citar los casos más recientes, pero cuya diplomacia abyecta puede graficarse desde los inicios del siglo XX con la entrega de Panamá.

El diseño de política económica para tranquilizar los mercados

En esa misma tarima, Petro anunció los propósitos centrales de su gobierno lejanos a este sentimiento popular. El primero de ellos, afirmó, es el de “desarrollar el capitalismo”, porque significa el desarrollo de las fuerzas productivas y posibilita acabar con los “residuos feudales” y señoriales que perviven en nuestra geografía desigual. La mayoría de la izquierda colombiana ha incluido en su acervo programático esta tesis que proviene de la política exterior de la ex Unión Soviética en la década de 1930, la cual acompañó el surgimiento de los partidos comunistas en América Latina. Petro proviene de otra tradición, la del M-19, una guerrilla urbana de orientación nacionalista.

Esta tesis deja de lado la crisis histórica del capitalismo sintetizada en la combinación contemporánea de crisis económica, alimentaria, ambiental y de pronóstico reservado frente al futuro de la especie humana producidas por un tipo de acumulación de riqueza que la concentra y destruye la naturaleza.

Deja de lado igualmente, la crisis actual del capitalismo expresada en la concentración de la riqueza, en el sufrimiento de millones de seres humanos condenados a padecer hambre y al desempleo en la precarización del trabajo para citar ejemplos relevantes de sus secuelas. Igualmente, desconoce las dificultades que la forma de acumulación de capital en el período neoliberal, que produjo una expansión inusitada de capital ficticio, les plantea a las elites financieras en la actual coyuntura por lo que la economía internacional camina hacia una de las peores crisis de la historia.

Desconoce, además, la actual división internacional del trabajo que, organizada por las empresas transnacionales a través de cadenas de producción de valor y suministro, les permite controlar el grueso de la inversión y de la distribución de la riqueza al punto que en el actual entorno del comercio internacional la mayor parte de los intercambios se realizan entre estas empresas: por tanto, el tal capitalismo nacional es un imposible. 1

En una entrevista que Petro dio a los pocos días de su triunfo electoral a la revista Cambio² precisó aún más esta caracterización con argumentos ya suficientemente conocidos presentando al capitalismo como el “gran disparador de las fuerzas productivas de una sociedad” como si ese desarrollo, dadas las exigencias de la acumulación capitalista, no haya producido una destrucción brutal de la naturaleza que tiene en vilo la propia subsistencia de la especie humana. Prometió igualmente, el desarrollo de “un capitalismo democrático, regulado, con respeto al medio ambiente y a la dignidad laboral humana”, como si desde un país periférico pudiera transgredirse la desregulación financiera, el soporte de las ganancias de los grupos transnacionales desde la década de los ochenta, cuando cayeron las “ganancias por productividad” y como si en un país periférico los salarios pudieran programarse por fuera de las exigencias de la tasa de ganancia de los inversionistas.

Debe agregarse que las opciones económicas del presidente electo incluyen la aceptación de la institucionalidad neoliberal. El primer elemento que confirma esta caracterización es el reconocimiento a la Constitución de 1991, en cuya redacción el M-19 ya reinsertado jugó un papel protagónico, como carta de navegación de su proyecto político en lo que viene insistiendo esa constitución oficializó la normatividad neoliberal en el país en temas claves como la internacionalización de la economía de mercado, la privatización de los servicios públicos, la inclusión de la salud y la educación en el catálogo de servicios transnacionales, la consolidación de una tecnocracia asociada a la tecnocracia internacional que define los planes de desarrollo y la política fiscal así como las garantías de pago a los inversionistas de portafolio.

Más aún, esa constitución no es tan solo neoliberal: es monetarista. Oficializó un tipo de Banco Central acorde con la desregulación financiera cuya función principal es la de garantizar niveles bajos de inflación, lo que tiene graves consecuencias en la actualidad. Efectivamente, la inflación generalizada que de momento experimenta la economía mundial ha obligado a los bancos centrales, coordinados por el Banco Internacional de Pagos (BIS) a girar en contrario a lo que realizaron durante los últimos años hacia una política contraccionista expresada en el alza de las tasas de interés. En Colombia, el Banco de la República acaba de elevar la tasa de interés de referencia al 7.5% la más alta en toda la historia de esa entidad. ³

En un país con altos registros de desempleo, informalidad y pobreza y con una inflación en los precios de los alimentos que supera el 20%, esta política de contracción de la demanda agudizará el deterioro de las condiciones de vida de la población. Además, el problema no se reduce al plano interno, el alza de las tasas de interés por parte de la FED en Estados Unidos ha precipitado la fuga de capitales arrastrando el encarecimiento del dólar y dificultades mayores al endeudamiento externo que en marzo de este año llegó a US$101.557 millones con un crecimiento interanual del 14 % y mayores dificultades en el comercio internacional.

Adicionalmente, Petro aceptó las exigencias del Fondo Monetario Internacional para este período. En entrevista publicada por el diario El Tiempo el 14 de mayo, reconoció que se había comprometido con esa Institución crediticia “a reducir el déficit fiscal”. ⁴ Esta declaración tiene antecedentes y remite a exigencias que no se limitan tan sólo a la reducción del déficit fiscal, el cual actualmente asciende al 6.8% del PIB, (siendo relevante el aumento de la deuda pública que pasó del 36 % al 57 % del PIB entre enero de 2019 y el mismo mes de 2022), sino a preservar políticas económicas fondomonetaristas.

Efectivamente, unos pocos días antes de la declaración del entonces candidato, el jefe de la misión de ese organismo para Colombia, Hamid Faruqee, reconoció que habían aprobado “un nuevo acuerdo de dos años con Colombia en el marco del programa denominado Línea de Crédito Flexible (LCF) por US$ 9.800 millones de dólares”, por cuanto la totalidad de los candidatos que se presentaron en la primera vuelta acordaron “compromisos políticos en el sentido de que habría política de continuidad, de mantener los marcos de políticas sólidos”.⁵

La LCF constituye un programa de financiamiento del FMI creado tras la crisis financiera de 2008. Su propósito es el de facilitar el acceso a recursos de ese organismo a aquellos países que considera que cuentan con el soporte normativo y orientaciones macroeconómicas estables. En principio los créditos de este programa no vienen acompañados con las exigencias de realizar reformas estructurales, aunque incluyen la supervisión de políticas económicas que no coloquen en riesgo los recursos del Fondo:

En septiembre del 2020 el actual gobierno solicitó un monto de US$ 17.200 millones dentro de los lineamientos de la LCF solicitando un adelanto de US $5.300 millones. “En el marco del programa del FMI, Colombia se ha comprometido a un ambicioso programa de ajuste fiscal en los próximos años. Entre 2021 y 2023 el país deberá lograr una combinación de aumentos de ingresos y recortes del gasto por 7.4% del Producto Interno Bruto (PIB). Si existiera un Mundial de Austeridad post-Covid-19, el país ocuparía un lugar de honor a nivel global. Las metas fiscales sitúan a Colombia con el quinto programa de ajuste fiscal más considerable entre los 81 países que han recibido créditos del FMI en el 2020…” ⁶

Fue sobre la base de ese compromiso que en abril del 2021 el entonces Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentó al Congreso una propuesta de Reforma Tributaria que pretendía recoger $26 billones (2.5% del PIB) manteniendo el sesgo pro ricos de las anteriores y castigando principalmente a las capas medias y a los pobres lo que precipitó el estallido social que terminó por impedir el trámite legislativo de esta propuesta y por precipitar la salida del Ministro Carrasquilla. Al mismo tiempo dos de las calificadoras de riesgo que operan en el país, Fitch Ratings y Standard & Poor’s Global Ratings, le quitaron a Colombia el grado de inversión.

Entonces, el gobierno Duque, impuso una reforma tributaria menos ambiciosa $15 billones (1.5% del PIB) y se comprometió a diferir el monto del endeudamiento insolvente en el lapso de tiempo 2022-2025 lo que fue establecido con carácter de regla fiscal (obligatoria) en una nueva ley de presupuesto. Mauricio Cárdenas quien fuera Ministro de Hacienda durante el segundo mandado de Santos, comentó a propósito de esa norma:

“En apenas un breve párrafo se define el techo al déficit fiscal que obligará al gobierno que se posesione el 7 de agosto de 2022. La ley establece que a partir de 2026 operará un mecanismo en función del nivel de la deuda. Pero, entre 2022 y 2025, regirán los números perentorios señalados en ese parágrafo transitorio. El próximo gobierno –independientemente de las promesas de campaña y los resultados en las urnas– tendrá que limitar el déficit a lo que ahí se fija (…) Según el parágrafo, el déficit tendrá que bajar a 3 % del PIB en promedio en 2024 y 2025. Esto significa un ajuste de 7 puntos del PIB, casi 80 billones de pesos de hoy en los próximos tres años. ¿De dónde va a salir la plata? ¿Quién tendrá la capacidad para hacer este ajuste?…” ⁷

Contabilizando proyecciones de los ingresos fiscales por el alza transitoria de los precios del petróleo y los de la reforma tributaria supletoria la nueva regla fiscal exige que a finales del 2023 el déficit fiscal merme en 2 puntos del PIB (de -5.6 a -3.6 puntos) lo que condicionará la gobernabilidad, la política social y las decisiones macroeconómicas. Como normalmente ocurre en estos casos, los comunicados oficiales del FMI que anuncian este tipo de acuerdos incluyen las perspectivas macroeconómicas:

“Colombia cuenta con fundamentos económicos muy sólidos y marcos de política anclados en un régimen de metas de inflación creíble, una sólida regla fiscal a mediano plazo, un tipo de cambio flexible y una eficaz supervisión y regulación del sector financiero. Las autoridades están firmemente comprometidas a mantener políticas macroeconómicas muy sólidas. Existe igualmente un amplio consenso sobre la necesidad de preservar la gran solidez de los marcos de política económica…”. ⁸

Las calificadoras de riesgo (Fitch y Standard & Poor’s) igualmente han declarado que esperan la programación oficial, con reducción del déficit público y con trámite parlamentario aprobado para modificar la calificación negativa de grado de inversión a finales del año en curso. ⁹

Para rubricar estos compromisos faltaba escoger una personalidad del mundo de la tecnocracia económica en el cargo de Ministro de Hacienda que pueda llevar adelante la aprobación de una reforma tributaria de gran envergadura que, además, incluya recursos para poder ejecutar gasto social. La persona escogida para cumplir con ese objetivo fue José Antonio Ocampo, destacado economista e historiador, reconocido en el país y en la región, quien fue director Ejecutivo de la CEPAL en el período 1998-2003 y Secretario General Adjunto del Departamento de asuntos económicos y sociales de Naciones Unidas (2003-2007) y propuesto por Joseph Stiglitz. como candidato para dirigir el Banco Mundial en el 2013. Fue Ministro de Agricultura en el gobierno de Cesar Gaviria y Ministro de Hacienda en el gobierno de Ernesto Samper durante la década de los noventa y codirector del Banco de la República en el lapso 2017-2019. Una vez oficializado su nombramiento y preguntado por la reforma tributaria en ciernes, Ocampo declaró, “el gasto social tiene que aumentar, pero cumpliendo la regla fiscal”. ¹⁰ Entonces llegó la tranquilidad en los mercados, la totalidad de los grupos económicos aplaudieron el nombramiento y abrieron las puertas a negociaciones sectoriales.

Igualmente, Ocampo ha aclarado que el monto proyectado a alcanzar con esta nueva reforma tributaria es de $50 billones (5% del PIB) los cuales se obtendrán principalmente con el aumento del impuesto a la renta de las personas naturales con mayor índice de riqueza, incluyendo la clase media alta, aquella franja de la población que obtiene ingresos de US$2500 mensuales y que según las estadísticas oficiales representa el 10% de la población. Esta orientación tributaria tiene soporte en recientes informes de la OCDE según los cuales, Colombia es el país que, perteneciendo a ese organismo, tiene la tributación más baja a la renta de personas naturales a pesar de la alta concentración de la riqueza. ¹¹

La reforma incluiría una revisión a las exenciones a las empresas y “todo ello complementado con un impuesto al patrimonio que también busca lograr una mayor equidad”. En el caso de la propiedad rural de la tierra asistiríamos a la implementación del catastro multipropósito aumentando ingresos territoriales que el peso político de latifundistas y ganaderos ha impedido recaudar.

Mensaje ambientalista a los países dominantes: “Ustedes contaminan y nosotros tenemos la Amazonía”

En el mismo discurso victorioso y en la misma tarima del Movistar Arena el 19 de junio, Petro ratificó otra de las líneas estratégicas de su gobernabilidad, sobre la que había insistido en campaña, que es el de incorporarse a las campañas internacionales en pro de la descontaminación del planeta asociando ese propósito con las desigualdades en la responsabilidad de los daños ambientales, mucho mayor en el caso de los países dominantes; “ustedes contaminan y nosotros tenemos el Amazonas” afirmó y llamó a los “gobiernos progresistas” de la región a coordinar actividades bajo esta perspectiva.

Desde la COP 21, la Conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático, realizada en 2015 en París en la que 195 países y “actores no estatales” se comprometieron a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y principalmente aquellas asociadas a las de dióxido de carbono, lo que ha sido ratificado en otras cumbres, la última en Glasgow en noviembre del año pasado. Más allá de la discusión sobre el incumplimiento de estos acuerdos, que ha sido recurrente, importa resaltar el hecho de que abrieron un segmento en el mercado de capitales, el de los mercados verdes, un área importante de la financiarización de la naturaleza.

Las instituciones financieras de inversión encargadas de proveer este segmento del mercado son los fondos verdes o sostenibles “que integran su cartera en función de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG)”.

La definición de servicios ambientales en cuanto incluye un amplio espectro de acciones hacia el medio ambiente, codificadas en estándares internacionales y el pago de las mismas soportan estos activos financieros. ¹²

Uno de esos activos son los bonos de carbono. “Un bono de carbono se convierte en un Certificado de Emisiones Reducidas (CER) y, por lo tanto, un CER equivale a una tonelada de CO2 que se deja de emitir a la atmósfera. Los bonos de carbono pueden ser vendidos a países del Anexo I del Protocolo de Kioto, es decir, a todos los países industrializados”.

Dado que en la Amazonía existen grandes sumideros naturales de carbono y que una parte del territorio colombiano incluye a esa región selvática, el país ha suscrito protocolos de descontaminación del 51% del carbono para el año 2030 en los que el impedir la deforestación selvática y recuperar la parte que ha sido convertida en praderas constituye uno de los elementos claves para cumplirlos. ¹³ El gobierno de Duque ha venido realizando adecuaciones institucionales en esta perspectiva y en línea de continuidad con la tradición uribista diseñó zonas de accionar militar coordinadas en la denominada operación Artemisa bajo la justificación de “frenar la deforestación en el país, recuperar la selva húmeda tropical y judicializar a quienes están detrás de la tala y quema de bosques”.

Igualmente ha abierto la oferta de negocios verdes en el Amazonas a grandes inversionistas internacionales. En marzo de este año el propio presidente sobrevoló con Jeff Bezos, el dueño de Amazon, el parque de Chiribiquete para mostrarle los avances en la lucha contra el cambio climático y los programas ambientales que impulsa el Gobierno Nacional. “El parque de Chiribiquete es la zona protegida más grande del país y fue declarado por la Unesco como patrimonio natural y cultural de la humanidad. (…) Además, posee 62 tipos de ecosistemas que brindan beneficios relacionados con la regulación del clima, provisión de agua, purificación del aire y almacenamiento de carbono…”. ¹⁴

Debe resaltarse la forma de integración de las comunidades étnicas y campesinas en los territorios escogidos para ejecutar proyectos orientados hacia la economía verde. La REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación evitada) un programa definido dentro de los acuerdos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es un ejemplo de ello. Se trata de un programa que “otorga compensaciones a los países del Sur para mantener sus bosques en pie, por parte de los países del Norte que tienen compromisos de reducción de emisiones en el Protocolo de Kioto. REDD se transformó en REDD+ al agregarle como funciones para mitigar el cambio climático la conservación, el manejo sustentable del bosque y el incremento en los inventarios de carbono. Se busca que estos certificados puedan entrar a los mercados secundarios y puedan venderse y comprarse tantas veces como sea necesario, incluso en los mercados especulativos. (…)

REDD+ es un instrumento para dinamizar y hacer crecer los mercados de carbono. Estos mercados existen aún sin REDD+ y tienen como trasfondo la privatización del aire, que es un bien común. Por más ciencia ficción que parezca, a partir de contratos de compra-venta los países industrializados están comprando a los países del Sur la capacidad de sus bosques de capturar carbono. Es decir, están comprando y vendiendo aire. (…) Uno de los mayores riesgos que entraña REDD+ es la ruptura de la gobernabilidad de los territorios que participan en el Programa, pues implica la entrada de actores ajenos a la vida de las comunidades forestales, como los funcionarios de instituciones multilaterales, las organizaciones internacionales de conservación, los inversionistas y empresas, y los gestores o consultoras ambientales. Además, para cumplir con los compromisos de captura de carbono y conocer y medir sus existencias, REDD+ involucra una mayor presencia de los distintos niveles de gobierno…” ¹⁵

La resistencia a estas políticas a escala internacional por parte del movimiento campesino e indígena organizado y de asociaciones ambientales ha sido continuo y expresado de diversas maneras. Previo a la cumbre y en las propias calles de Glasgow, coordinaciones activas de las mismas se pronunciaron en contra de instrumentos como los bonos de carbono y de la financiarización de la naturaleza. Citamos los apartes relevantes de uno de ellos:

– “Estas estrategias empresariales deliberadas, distraen la atención de la necesidad urgente e innegable de eliminar las emisiones de combustibles fósiles;

– Encubren la responsabilidad de las grandes empresas y las élites por sus emisiones de carbono, así como la responsabilidad de los gobiernos de regularlas; y:

– Profundizan la financiarización de la naturaleza, reduciendo a carbono comercializable la increíble diversidad de los bosques, pastizales y humedales de nuestro planeta y desencadenando una nueva y masiva apropiación de recursos de los Pueblos Indígenas, campesinos y comunidades locales, principalmente en el Sur global.

– Los bosques, las tierras, los ecosistemas son mucho más que el carbono almacenado en ellos. Son ecosistemas vivos, que respiran, sitios culturales y espirituales, fuentes de vida para millones de personas en todo el planeta. (…)

– Pero la compensación de emisiones no reduce realmente las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono (CO2). En el mejor de los casos no conducen a un aumento neto de las concentraciones atmosféricas.

Sin embargo, y las emisiones a nivel mundial, y por lo tanto las concentraciones de CO2, continúan aumentando a un ritmo letal…”. ¹⁶

Contrario a estas reivindicaciones anti-sistémicas en uno de los apartes del programa de la campaña presidencial Gustavo Petro Presidente sobre el Amazonas, puede leerse:

“Usaremos al máximo los bonos de carbono con la garantía de recuperación de la selva amazónica hasta su frontera natural. Se crearán concesiones para familias campesinas actualmente residentes en la Amazonía, quienes podrán producir sosteniblemente con la condición de recuperar la selva en las áreas de praderización Las comunidades rurales se vincularán a la rehabilitación, conservación y manejo sostenible de los bosques mediante el pago de servicios ambientales…”. ¹⁷

13 julio 2022

 

https://correspondenciadeprensa.com/?p=27632

Por Daniel Libreros Caicedo, docente de la Universidad Nacional de Colombia -Sede Bogotá- y militante del Movimiento Ecosocialista.

 

Notas:

1. Este dato ha sido reconocido por la UNCTAD desde el 2013, “El 80% del comercio tiene lugar en las cadenas de valor vinculadas a las empresas transnacionales. https://unctad.org/es/press-material/el-80-del-comercio-tiene-lugar-en-las-cadenas-de-valor-vinculadas-las-empresas
2. “Petro, si nos aislamos nos tumban”, Revista Cambio en https://cambiocolombia.com/articulo/poder/petro-si-nos-aislamos-nos-tumban
3. El Banco de la República subió 150 puntos básicos las tasas de interés, llegando hasta el 7,5 %. Este es el aumento más alto en la historia de la entidad. Para esta decisión, el Banco tuvo en cuenta la alta tasa de inflación anual que alcanzó niveles de 9,23 % en abril y 9,07 % en Mayo (subrayados nuestros) “Banco de la República incrementa tasa de interés a 7,5%”, https://www.portafolio.co/economia/finanzas/tasas-de-interes-decision-banco-de-la-republica-junio-2022-en-vivo-567654
4. “Gustavo Petro: Yo me comprometí ante el FMI a reducir el déficit fiscal “, El Tiempo, 14 de Mayo, https://www.eltiempo.com/elecciones-2022/presidencia/elecciones-2022-gustavo-petro-habla-n de-su-plan-si-gana-la-presidencia-672404
5. El Espectador, “Garantías políticas en elecciones permiten renovación de crédito del FMI a Colombia” https://www.elespectador.com/economia/garantias-politicas-en-elecciones-permiten-renovacion-de-credito-del-fmi-a-colombia/
6. Daniel Munévar, “Colombia : El FMI ha llegado para quedarse en Colombia: austeridad post-Covid 19”, 20 de Diciembre del 2020, https://elcomejen.com/2020/10/21/el-fmi-ha-llegado-para-quedarse-en-colombia-austeridad-post-covid-19/
7. Mauricio  Cárdenas, “La  Cuadratura del círculo”, El Tiempo, 6 de Agosto del 2021, https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/mauricio-cardenas-santamaria/la-cuadratura-del-circulo-columna-de-mauricio-cardenas-608932
8. El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un nuevo acuerdo de dos años a favor de Colombia por USD 9.800 millones en el marco de la Línea de Crédito Flexible, Comunicado de prensa 22/135, https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/04/29/pr22135-imf-executive-board-approves-two-year-us-billion-flexible-credit-arrangement-for-colombia#:~:text=Washington%2C%20DC%3A%20El%20Directorio%20Ejecutivo,que%2
9. Declaraciones del director senior de Fitch Ratings, Richard Francis y de Manuel Orozco Escudero, director y analista principal de Standard & Poor’s Global Ratings, en La W-Radio, 21 de Junio, https://www.wradio.com.co/2022/06/21/calificadoras-de-riesgo-analizan-el-panorama-economico-del-gobierno-de-gustavo-petro/
10. Revista Cambio, “El Gasto social tiene que aumentar pero cumpliendo con la regla fiscal” https://cambiocolombia.com/articulo/economia/jose-ocampo-el-gasto-social-tiene-que-aumentar-pero-cumpliendo-la-regla-fiscal
11. “Los registros de la Dian señalan que el 51% de los ingresos brutos declarados por las personas naturales se concentra en el decil más alto de ingresos, el decil 10, y no solo eso, el ingreso del uno por ciento más rico es 294 veces más grande que el ingreso de las personas de menores ingresos, las del decil 1; y el ingreso del uno por mil más rico es mil trecientas (1300) veces superior al del decil 1…” Libreros&Espitia; “Reforma Tributaria, ¿qué pasa con la deuda pública?”, periódico de la Universidad Nacional, abril 21 del 2021, https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/reforma-tributaria-que-pasa-con-la-deuda-publica/
12. El Ministerio de Ambiente de Colombia utilizando criterios convencionales los define como “el incentivo económico que reconocen los interesados de los servicios ambientales a propietarios o poseedores  por las acciones de preservación y restauración en áreas y ecosistemas estratégicos, mediante la celebración de acuerdos voluntarios (..)”. La EM clasifica los servicios ecosistémicos en cuatro (4) categorías: servicios de provisión, como alimentos, agua, madera y recursos genéticos; servicios de regulación, como regulación climática, desastres naturales y purificación hídrica; servicios de sostenimiento, https://www.minambiente.gov.co/negocios-verdes/pagos-por-servicios-ambientales/
13. Los países que comparten territorio amazónico han conformado la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela) en el que han realizado compromisos ambientales en esta misma perspectiva.
14. La República, “Fundador de Amazon puso su atención en Chiribiquete y apoyará metas ambientales”, viernes 4 de marzo de 2022, https://www.larepublica.co/empresas/fundador-de-amazon-puso-su-atencion-en-chiribiquete-y-apoyara-metas-ambientales-3315488
15. “REDD+ y los territorios indígenas y campesinos”, Centro de Estudios para el Campo Mexicano (CECCAM), México, Agosto del 2012.
16. “En Busca de Unicornios de Carbono”, Amigos de la Tierra Internacional, La Vía Campesina, Indegenous Enviorement Network, Corporate Accountability, Asian Peoples, Movement on Debt and Development, Third World Network, Corporate Accountability, Asian People, Movement on Debt and Development, , Third World Network , CrassRoots Global Justice Alliance, Climate Justice Alliance, Justicia Ambiental. https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2021/02/Amigos-de-la-tierra-internacional-unicornios-de-carbono-espanol-1.pdf
17. Programa-Territorios-Amazonía, “Pacto Histórico”, https://gustavopetro.co/programa-de gobierno/temas/propuestas-por-territorio/amazonia/
18.