Apuntes (modestos) para pensar (y superar) los límites que se imponen a los anhelos de la izquierda

Apuntes (modestos) para pensar (y superar) los límites que se imponen a los anhelos de la izquierda1

Mabel Thwaites Rey2

Tomado del libro “Derivas y problemas de los progresismos sudamericanos”

El ciclo de auge de gobiernos latinoamericanos que cuestionaron
al neoliberalismo, abierto con la llegada de Hugo Chávez a la pre-
sidencia de Venezuela en 1999, culminó con la muerte del líder bo-
livariano en 2013. La destitución de Dilma Roussef y el posterior
encarcelamiento de Lula, el triunfo del conservador “dizque moder-
no” Mauricio Macri, la ofensiva antichavista y la derechización del
ecuatoriano Lenin Moreno son los datos duros de una realidad en
mutación regresiva. Con sus desigualdades, limitaciones y trayecto-
rias nacionales peculiares, durante una década larga emergieron en
la región nuevos procesos constituyentes y experiencias de gobierno
que, en conjunto, conformaron lo que hemos dado en llamar “Ci-
clo de impugnación al neoliberalismo en América Latina”3. Esta fue
1 Texto originalmente publicado en el libro: Resistencia o integración. Dilemas de los
movimientos y organizaciones populares en América Latina y Argentina (2019). Buenos
Aires: Herramienta.
2 Doctora con especialización en derecho político-teoría del Estado. Profesora
Titular de “Sociología Política” y “Administración y Políticas Públicas” de la
Carrera de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
de Buenos Aires. Directora del Instituto de Estudios sobre América Latina y
el Caribe (IEALC) de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
3 Como algunos rasgos distintivos del “Ciclo de Impugnación al Neoliberalismo
en América Latina” (CINAL) podemos referir: “1- Surgió como resultado
de un proceso de activación de luchas populares iniciado en los años 90
y que puso límites a las salidas propuestas por la ortodoxia neoliberal; 2-
Se desplegó en un contexto de la economía mundial caracterizado por el

42 –
una etapa de conquistas sociales, plasmadas en políticas públicas
redistributivas y reparador de las injusticias sociales acumuladas
durante los años del ajuste privatizador noventista, que generaron
grandes expectativas de transformación social. Sin embargo, agota-
do el período de bonanza económica fundado en el alza de los precios
internacionales de los commodities exportables, la ofensiva del capi-
tal global volvió a ocupar el centro de la escena, llevándose puestos
a varios gobiernos y desestabilizando a otros. Las derechas sociales
y políticas lograron reagruparse y disputar con éxito la conducción
estatal, en un clima de revancha social y regresividad económica y
sociocultural muy acentuada.
Los interrogantes sobre las causas y azares que determinaron tan-
to el ascenso como la caída del ciclo impugnador, se vienen desple-
gando en los debates políticos y académicos desde hace más de una
década. En otros trabajos4 abordamos los rasgos distintivos de esta
etapa y también los límites del accionar estatal que la caracterizó.
En estas páginas pretendemos dar cuenta de ciertos supuestos sub-
yacentes a las críticas que se han efectuado desde varias perspectivas
de izquierda, y que consideramos que deben ser revisados a la hora de
plantear nuevas estrategias de lucha.
ascenso de China como comprador de los commodities que produce la región,
lo que generó crecimiento económico y posibilitó políticas redistributivas;
3- Reinstaló al Estado-Nación como actor preponderante, vis a vis el
mercado mundial y le confirió mayores márgenes de autonomía relativa”.
Thwaites Rey, Mabel y Ouviña, Hernán (2018) “El ciclo de impugnación al
neoliberalismo en América Latina: auge y fractura”. En Hernán Ouviña
y Mabel Thwaites Rey (compiladores) Estados en disputa. Auge y fractura del ciclo
de impugnación al neoliberalismo en América Latina . CLACSO-IEALC-Editorial El
Colectivo, Buenos Aires. ISBN 978-987-1497-96-6 – Páginas 17-65.
4 Thwaites Rey, Mabel y Ouviña, Hernán (2016) “Tensiones hegemónicas en
la Argentina reciente”. En Lucio Oliver (coordinador) Transformaciones recientes
en el estado integral en América Latina, UNAM, México. Páginas 211/248; Thwaites
Rey, Mabel y Ouviña, Hernán (2012) “La estatalidad latinoamericana
revisitada”, en El Estado en América Latina. Continuidades y rupturas, Mabel
Thwaites Rey (editora). CLACSO-UARCIS, Santiago de Chile. ISBN 978-956-
8114-97-8. Páginas 51-92.

–43autonomía
Luchas populares: potencia y límites
En nuestro análisis del CINAL partimos del supuesto de que surge
como resultado de un proceso de activación de las luchas populares
iniciado en los años 90, que puso límites precisos a las salidas pre-
tendidas por la ortodoxia neoliberal. El reconocimiento de la potencia
plebeya para constreñir las políticas económicas desplegadas en los
2000, sin embargo, exige comprender tanto la intensidad como los
obstáculos concretos que se presentaron en esta etapa para la expan-
sión de las luchas y la profundización de las transformaciones. Por-
que si bien los pueblos lograron que los estados internalizaran parte
de sus demandas, la activación política no alcanzó para conmover de
modo profundo las estructuras económicas y sociales dominantes.
Instalar gobiernos con agendas progresistas no derivó en cambios ra-
dicales, ni aún en la coyuntura favorable de la existencia de varios
procesos políticos simultáneos que intentaron acuerdos regionales.
La primera línea de críticas se ha dirigido a los límites propios
de los gobiernos para implementar agendas de cambio. Muchos de
estos cuestionamientos resultan válidos, pero también exigen ser
analizados desde una óptica que tenga en cuenta, también, ciertos
supuestos subyacentes que, al subestimar o ignorar otras variables,
no permiten dar cuenta cabal de las debilidades de los procesos de lu-
cha, cuya comprensión y superación son indispensables para encarar
proyectos transformadores.
Un supuesto que queremos discutir es el que finca en una especie de
“romantización” del movimiento popular y su capacidad de lucha. En
muchos análisis críticos de las experiencias del CINAL subyace la idea de
que siempre es posible identificar una “presión desde abajo”, que pugna
por radicalizar los procesos con pulsión anticapitalista, pero que son las
direcciones políticas o los gobiernos los que la frenan deliberadamente.
Algunos analistas, por ejemplo, describen con la sugerente catego-
ría de “pasivización”5-reelaboración en clave latinoamericana del con-
5 Modonesi, Massimo (2012) “Revoluciones pasivas en América Latina. Una
aproximación gramsciana a la caracterización de los gobiernos progresistas
de inicio del siglo”. En Mabel Thwaites Rey (Editora). El Estado en América
Latina: continuidades y rupturas. Editorial Arsis-Clacso: Santiago de Chile.

–45autonomía
“realmente existentes”, donde las disputas son múltiples, los con-
tendientes se exhiben poderosos, y las confrontaciones y negociacio-
nes resultan muy diversas, algunos autonomismos corren el riesgo
de quedar anclados en una idealización extrema de la potencialidad
de la acción popular inorgánica. Hay, en muchas de las críticas a los
partidos y gobiernos del CINAL, una sobredimensión de las posibili-
dades reales de los movimientos sociales y políticos para trascender
los límites de sus espacios territoriales e impulsar procesos genera-
lizables de mayor aliento. No es errada la afirmación de que los go-
biernos tienden a cooptar y subordinar las energías transformadoras
de los movimientos, en la medida en que ganar gobernabilidad es
un rasgo constitutivo de toda conducción estatal bajo formato bur-
gués. Lo que no resulta convincente es que estos análisis parten de la
premisa de que existiría algo así como una infinita voluntad de par-
ticipación antagonista y activa desde abajo, casi ontológica, inalte-
rable y en permanente disponibilidad, que solo estaría coartada por
la acción deliberada desde arriba. Estas perspectivas parecen mirar
a los procesos desde una dicotomía tajante entre la soreliana “revo-
lución total” y la persistente “revolución pasiva”, que acecha a todo
intento de transformación social que interpele al estado. De ahí que
cualquier acción de los gobiernos, por más que atienda a demandas
populares, siempre reconducirá las energías a la supervivencia del
sistema y no a su superación.
La experiencia histórica, sin embargo, es pródiga en situaciones
muy distintas y variadas, que exhiben una complejidad mayor a la hora
de plantear estrategias revolucionarias. En primer lugar, la voluntad
rebelde, consciente y sostenida, no suele brotar de modo espontáneo,
sino que es producto de acciones políticas concretas. La disconformi-
dad, la rabia, el odio por las condiciones de existencia opresivas pueden
generar reacciones violentas, protestas, manifestaciones, pero no son
una condición suficiente, lo sabemos muy bien, para encauzar procesos
de cambio radical. Siempre será reivindicable el momento del estalli-
do espontáneo, como expresión genuina de la potencialidad de escisión
popular, como enseñaba Rosa Luxemburgo, pero ello no exime de la
cuestión clave de la organización consciente y orientada, capaz de en-
cauzar la energía disruptiva en un sentido políticamente productivo.

46 –
El grito contra las condiciones del presente no se transforma auto-
máticamente en el anhelo de un mundo completamente distinto al
conocido, ni la desigualdad padecida conduce por sí sola a la solidari-
dad y la acción común. Antes bien, las demandas populares tienden
a orientarse a la conquista de las condiciones materiales existentes
en el presente capitalista. Se lucha por mejores salarios, por trabajo,
por salud, por educación, por vivienda digna, por acceso a la tierra y
a los bienes y servicios que produce la organización social en la que se
vive. Los pueblos avasallados por emprendimientos capitalistas que
destruyen el medioambiente en el que habitan también resisten y
combaten, y a partir de allí cobran sentido concreto las reivindicacio-
nes ecologistas. Sabemos que las rebeliones y luchas populares, en
general, no se inician con el propósito de lograr autonomía política
y social, sino que es en el proceso de lucha -y en la medida en que se
despliegue un trabajo político consciente y enraizado-, que el hori-
zonte se podrá ampliar desde las metas particulares a las de carácter
general. Agregamos, para abundar en nuestro argumento, que la
frustración por las limitaciones del presente y las amenazas que de-
para el presente, bien pueden ser manipuladas por extremismos de
ultraderecha, como los ejemplos europeos y de nuestro vecino Brasil
lo están mostrando.
Volviendo al CINAL, observamos que en el caso venezolano fue
más el impulso consciente y “desde arriba” el que habilitó la confor-
mación de espacios participativos desde abajo, que una incontenible
emergencia desde las bases con anhelo de involucramiento activo en
los temas comunes. Era el proyecto político del chavismo el que im-
pulsaba la creación de espacios de acción comunal y fomentaba la
participación popular activa, lo que no impidió que, en su despliegue
concreto, estos impulsos entraran en contradicción y disputa con
sectores del propio gobierno que pretendían subordinarlos.
En Bolivia, a diferencia de Venezuela, los movimientos sociales
tuvieron un protagonismo muy claro en el surgimiento del liderazgo
y triunfo electoral de Evo Morales, y su participación en tareas de ges-
tión de lo público resultó intensamente disputada. No obstante, el
repliegue de la actividad autónoma de los movimientos con relación
al aparato gubernamental que se dio en muchos niveles y espacios,

–47autonomía
no puede atribuirse solamente a la voluntad y capacidad del gobier-
no para reconducir el proceso y resubalternizar a los movimientos.
Antes bien, la experiencia parece mostrar que resultó más complejo
de lo supuesto por las dirigencias de los movimientos sostener una
participación activa de sus bases, una vez consagrado un gobierno
que inspiraba confianza y despertaba expectativas.
En Argentina, la rica trama de movimientos sociales y políticos
conservó una parte sustantiva de su capacidad organizativa, de mo-
vilización y confrontación. Pero un punto crucial para entender la
complejidad de la conformación de los actores políticos y de las or-
ganizaciones en lucha es que varios de los movimientos que se inte-
graron a la estructura estatal, lo hicieron por afinidad ideológica y
política antes que por una ramplona cooptación.
Uno de los supuestos a poner en cuestión, entonces, es el que los
pueblos están naturalmente dispuestos a luchar por sus derechos,
a participar activamente, a involucrarse de manera continua en los
asuntos comunes, a destinar tiempo personal a la acción colectiva y
que si no lo hacen es porque desde el poder político se les expropia tal
capacidad innata. Esta suerte de mito sobre la vocación participativa
choca con una evidencia potente: dadas las condiciones de socializa-
ción del capitalismo a escala global, su mayor fortaleza arraiga en la
internalización de los valores y anhelos que promueve, que privilegia
el consumo individual, la competencia, las jerarquías sociales basadas
en el individualismo, la meritocracia y el aislamiento social. Comba-
tir estos (des)valores, por cierto, debe ser una tarea primordial para
cualquier proyecto de transformación social, que tendrá que alentar de
modo activo las instancias colectivas, la solidaridad y la construcción
común desde la conformación misma como espacio político. Pero que
lo aliente, incluso, no significa que lo logre en el corto plazo, ya que la
potencia de la subjetivación capitalista no reside en meros dispositivos
intelectuales propagandísticos, sino que arraiga en la propia materia-
lidad de las condiciones de vida y de los bienes de consumo masivos,
convertidos en artefactos aspiracionales que cumplen un papel muy
poderoso como cemento del orden social.
Las aspiraciones sociales no brotan de ideas abstractas, sino que se
basan en las condiciones materiales del presente. Lo que anhelan los

48 –
pueblos y por lo que luchan es por acceder a aquello que, con sus ma-
nos y su intelecto, producen las sociedades en las que viven. Un reparto
igualitario y justo de los bienes socialmente creados está en la base de
cualquier demanda popular. Eso no significa que la justicia y el mereci-
miento sean interpretados de modo homogéneo, ni que de ese anhelo
surja por sí sola la comprensión de las causas profundas que determi-
nan las posibilidades desiguales de unos y otros. Por eso, correr el velo
de las formas de producción que impiden la igualdad de acceso a estos
bienes y, más aún, mostrar la insostenibilidad medioambiental de la
irracional y anárquica modalidad capitalista de crear y satisfacer ne-
cesidades humanas es una tarea política de primer orden, compleja y
ardua. Demanda una batalla intelectual y moral de largo aliento, que
requiere la reflexión y la pedagogía práctica que permita la compren-
sión del cómo y el por qué de las desigualdades. Por tanto, lo que se
plantea como tarea política inmediata y de primer orden es cómo dar
cuenta de las demandas populares del aquí y ahora, ancladas ineludi-
ble e indefectiblemente en el presente capitalista, para avanzar hacia
nuevas formas de conciencia y compromiso en la acción transforma-
dora. Socializar los medios de producción fue la potente opción que se
planteó desde el movimiento obrero y que fundamentó la organización
política de las clases trabajadoras durante el siglo XX. Eliminar la pro-
piedad y ganancia privadas ha sido concebido como un requisito básico
para permitir la plena expansión productiva, que sería liderada por los
trabajadores. Esta fe productivista, sin embargo, no consideraba los
estragos producidos por la explotación descontrolada de la naturaleza.
Hoy nos planteamos dilemas aún más profundos y enfrentamos con-
tradicciones más intensas, que es preciso volver conscientes para lidiar
con ellas.
Una contradicción básica es que la conquista popular de demandas
materiales, en sí misma legítima y plausible, al mismo tiempo puede
profundizar los rasgos de un sistema productivo ecológicamente depre-
dador e insustentable. A su vez, la obtención de logros materiales pue-
de hacer decaer la intensidad de las luchas populares que se despliegan
para obtenerlos y las conquistas obtenidas pueden terminar solidifi-
cando el orden burgués, en lugar de cuestionarlo. Esas contradicciones
son constitutivas de las prácticas políticas en pos de la transformación

–49autonomía
social y no hay forma de obviarlas. De lo que se trata, en cambio, es de
advertir que el camino para su resolución en términos superadores no
pasa por el absurdo de renunciar a conquistas sociales dentro del sis-
tema -como antídoto anti domesticación de los impulsos rebeldes-, ni
por subestimar la entidad de las demandas que impulsan las luchas.
La urgencia por responder a reivindicaciones legítimas de corto pla-
zo es un imperativo de toda conducción política y más aún si tiene que
validarse electoralmente a intervalos cortos y regulares. Para satisfa-
cerlas, al menos parcialmente, se utilizarán las herramientas dispo-
nibles, es decir, las que provee el capitalismo, por lo que las respuestas
tendrán carácter reformista y, además, podrán terminar validando el
sistema capitalista en el que se inscriben. Esto les ha pasado a todos
los gobiernos del CINAL y a otros, cuando dieron satisfacción parcial a
reclamos populares, pero no avanzaron más allá -por límites propios
o por fortaleza enemiga- en el camino de transformación económica,
social, política y cultural. Aquí se abre también un debate en torno a la
cuestión del reformismo, que abordaremos más abajo.
Las bases materiales de la reproducción social
Esto nos lleva a considerar otra crítica que se le ha hecho a la totalidad
de los gobiernos integrantes del CINAL: la continuidad y expansión
del extractivismo como rasgo productivo dominante. Sostenemos que
el segundo de los rasgos distintivos del CINAL es que su despliegue
obtuvo basamento material en el boom de los precios de los commodi-
ties, por la expansión de la economía china y la especulación finan-
ciera. El ciclo de la economía capitalista global profundizó sus rasgos
predatorios, lo que Harvey llama “acumulación por desposesión”6, y
esto supuso la intensificación de la extracción de recursos energéti-
cos y agroalimentarios en los países de la periferia. Es un dato que
América Latina obtuvo beneficios de la explotación de sus bienes na-
turales y que los gobiernos del CINAL aprovecharon la circunstancia
para apropiarse de una porción de la renta y destinarla a financiar
6 Harvey, David (2004) “El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión”
Socialist Register 2004 (enero 2005). Buenos Aires: CLACSO, 2005

50 –
políticas distributivas. A la par que esta bonanza brindó la posibili-
dad de eludir, por un tiempo, el conflicto abierto con las clases pro-
pietarias mientras se incluía, con políticas sociales, a los sectores
más desfavorecidos, sirvió para profundizar los rasgos estructurales
preexistentes y desplazó la posibilidad de encarar modelos alterna-
tivos. Algunos análisis ponen el énfasis casi exclusivo en el carácter
extractivista de esta etapa e invalidan la existencia de los rasgos espe-
cíficos que distinguen a los gobiernos de la región. Para estos, lo que
caracteriza a toda la región -con independencia de sus gobiernos- es
el haber aprovechado las ventajas del aumento de los precios de los
bienes primarios exportables y aceptado pasivamente la depredación
del medioambiente que le es correlativa a este tipo de producción. Así,
el llamado “Consenso de los commodities” igualaría a Bolivia con Perú,
a Venezuela con Colombia, a Argentina con Chile, a Brasil con Para-
guay. Ninguna diferencia sería lo suficientemente significativa como
para distinguir unos casos de otros.
Este tipo de análisis absolutiza la dimensión medioambiental y
hace abstracción de las condiciones materiales reales del despliegue
económico para resolver carencias básicas y de los límites estructurales
de raigambre histórica. Es evidente que las políticas implementadas
por los gobiernos del CINAL no transcendieron la etapa de acumulación
neoliberal, entre cuyas características centrales están el predominio de
la financiarización globalizada y la intensificación de la explotación de
bienes naturales (extractivismo). Pero esto no significa que la continui-
dad del extractivismo pueda erigirse como la clave interpretativa única
y definitoria para ubicar a los gobiernos del CINAL. Katz acierta cuando
afirma que el extractivismo “constituye un importante elemento del
contexto regional, pero no determina el perfil adoptado por cada go-
bierno. Para caracterizar esa fisonomía hay que considerar el sustento
social, los intereses de clase y las alianzas geopolíticas privilegiadas por
cada administración. Esos factores son más influyentes que la orienta-
ción seguida en el manejo de las materias primas”7.
7 Katz, Claudio (2015) “Miradas posdesarrollistas” en Herramienta web 16 Febrero,
Buenos Aires, página 17. Otros trabajos del mismo autor: Katz, Claudio
(2014a). “¿Qué es el neodesarrollismo?”. Disponible en http://katz.lahaine.
org/?p=232, recuperado el 12 de septiembre de 2015. Katz, Claudio (2014b).

–51autonomía
Por cierto, Perú y Bolivia se vieron beneficiados simultáneamente
por los precios internacionales de sus producciones mineras y gasífera.
Sin embargo, no puede decirse que hayan seguido derroteros similares
en materia social ni que las condiciones de vida de los respectivos pue-
blos hayan tenido evoluciones equivalentes. Se ha impugnado a Boli-
via por seguir explotando sus recursos naturales, como si la salida de
una economía históricamente extractiva fuera algo sencillo en el corto
plazo y como si el país estuviera en condiciones de renunciar sin más
a los recursos que precisa para satisfacer las enormes necesidades de
su población. Está claro que son repudiables las políticas predatorias,
contaminantes o que vulneran los derechos de los pueblos indígenas
que habitan territorios con reservas naturales, pero plantear una salida
económica socialmente sustentable no puede ignorar las restricciones
del presente. Hay impugnadores ambientalistas que parecen pedirle a
un país con altos índices de pobreza y escaso desarrollo, como Bolivia,
que se convierta en abanderado de la defensa de la naturaleza y de la
humanidad toda, aún a costa de sus propias y urgentes necesidades y
de sus enormes limitaciones productivas. Luchar contra el gravísimo
problema medioambiental que, a causa de la depredación capitalista
está llevando a la humanidad a un peligroso camino de degradación y
extinción, es una tarea que no puede quedar a cargo de los países más
pequeños e históricamente pobres. Es más razonable que las mayores
exigencias se dirijan a los más prósperos y poderosos, que son los prin-
cipales consumidores de las riquezas que genera el trabajo colectivo de
las clases trabajadoras de todo el mundo y los principales responsables
de la destrucción del medioambiente. Dicho esto, sin subestimar en
absoluto la imprescindible lucha común por impedir el arrasamiento
planetario que empuja el capitalismo en su etapa actual.
En esa misma línea, resulta tentador acusar al chavismo por no haber
salido del rentismo, característico de su economía basada exclusivamen-
te en la explotación del petróleo, por falta de voluntad o por incapacidad.
Seguramente se podrá hacer una larga lista de los errores y debilidades
del proceso bolivariano en muchos frentes, pero con honestidad intelec-
“Concepciones social-desarrollistas”. Disponible en marxismocritico.
com/2014/11/21/concepciones-social-desarrollista/

52 –
tual no se puede desconocer que, tanto desarrollar industrias como hacer
producir el campo para satisfacer necesidades alimentarias no son tareas
rápidas ni sencillas. Para reformular la estructura productiva y diversi-
ficarla se requieren cuantiosos recursos y cambios profundos, también,
en las lógicas de funcionamiento societal. Como con tanta maestría des-
cribía Fernando Coronil8, la abundancia de petróleo fundó la creencia ge-
neralizada de que era posible vivir del recurso caído como Maná del cielo,
administrado por un “estado mágico”, sin que hicieran falta inversiones
de dinero y esfuerzo en cambiar las formas de producción y consumo. Se
reprocha al chavismo el haber distribuido entre las clases populares el
producto de la super renta petrolera, imprescindible para saldar deudas
históricas -y así ganar consenso electoral y hegemonía política-, en lugar
de haber sentado las bases de una economía diversificada y autosusten-
table. Es indudable que la raíz de muchos de los actuales problemas de
Venezuela se encuentra en su extrema debilidad productiva, que la vuel-
ve completamente dependiente de la importación de casi todo lo que ne-
cesita para vivir. Sin embargo, la solución a ese dilema no parece todo lo
clara que el rigor de muchas críticas exigiría. Invertir para crecer y a la vez
redistribuir la renta a gran escala no son objetivos fácilmente compati-
bles, más allá de las injustificables burocratizaciones, mezquindades y
corrupciones variopintas.
El presente pone trampas cada vez más complejas para las salidas
anti capitalistas que se propongan, además, preservar los bienes natu-
rales. Porque si ya era difícil pensar en hacer una revolución que suponía
expropiar los medios de producción existentes para generar la riqueza
colectiva, pensar en renunciar al uso de recursos para preservar el eco-
sistema es aún más difícil. Requiere actores muy conscientes y decidi-
dos a cambiar sus hábitos y expectativas de vida -y a recrear imaginarios
de convivencia social y usos de los bienes sociales muy distintos a los que
promueve el capitalismo-, que exceden con mucho a los legítimos pero
acotados protagonistas territoriales de despojos y abusos concretos.
8 Fernando Coronil (2016) El Estado mágico: Naturaleza, dinero y modernidad en
Venezuela, Editorial Alfa, Caracas.

–53autonomía
La persistencia estatal
Una tercera característica del CINAL es que el estado asumió un pa-
pel muy activo en la conducción del ciclo económico, en la amplia-
ción de políticas sociales y en la promoción de pactos de consumo y
empleo, aunque lo hizo basándose en las estructuras administrati-
vas y políticas heredadas. No obstante, incluso, las reformas cons-
titucionales de Bolivia, Venezuela y Ecuador, los aparatos estatales
permanecieron casi incólumes y se respetaron los formatos de repre-
sentación parlamentaria, sin que se crearan formas alternativas de
participación, deliberación y decisión de base popular altenativas.
Solo las Comunas de Venezuela constituyen el intento más radical
de implementación de ámbitos de poder popular capaces de contra-
pesar las instancias democrático representativas tradicionales. En
Bolivia se avanzó en el ingreso a las burocracias de los sectores popu-
lares e indígenas históricamente excluidos, mientras que en Ecua-
dor se emprendió un camino de profesionalización tecnocrática de
los cuerpos estatales, pero no se impulsaron reformas profundas en
la gestión de lo común, encaminadas a otorgar poder real a las co-
munidades en la decisión sobre los aspectos sustantivos de la vida
social.
Por encima de la crítica a las conducciones políticas, sin embargo,
es preciso tener en cuenta ciertos determinantes de tipo estructural.
En la medida en que los estados permanecieron anclados en la lógica
de reproducción capitalista y no lograron alterar sus fundamentos, las
funciones estatales no pudieron modificarse de modo sustantivo y las
agencias públicas siguieron cumpliendo, en lo esencial, su papel clási-
co. Porque los estados no giran en el vacío ni se estructuran por fuera
de las condiciones de reproducción social en las que están inmersos.
Si un país tiene que garantizar el despliegue de su sistema productivo
-capitalista-, las herramientas de administración estatal difícilmente
puedan apartarse de aquel propósito. Es más, su efectividad y eficacia
serán juzgadas conforme den satisfacción a las exigencias reproduc-
tivas del capital (promover inversiones, atraer capitales, facilitar la
obtención de lucro, generar “clima de negocios”, asegurar el funciona-
miento de la legislación laboral). Eso no quiere decir que la conducción

estatal logre hacerlo siempre, ni que lo haga bien, ni que las élites polí-
ticas que lo conducen sepan el modo más efectivo de intervenir en cada
momento, ni que exista una suerte de lógica del capital que conduzca
siempre a decisiones acertadas. Tampoco quiere decir que no se pueda,
desde la conducción gubernamental, definir e implementar políticas
sociales redistributivas y desmercantilizadoras, que además introduz-
can cambios en las formas de producción y distribución que beneficien
a las clases populares. Si se conforma una relación de fuerzas favorable
a los intereses populares, es factible que puedan ampliarse los escena-
rios de disputa para impulsar cambios sustantivos en la reproducción
social. Esto es, el acceso al gobierno del estado puede servir para em-
pujar cambios estructurales que alteren la estructura social. Claro que
para que ello sea posible hace falta bastante más que ganar elecciones y
ocupar los sillones gubernamentales: es preciso promover activamente
y generar un despliegue de fuerzas populares muy significativo. Porque
ganar elecciones y llegar al gobierno es una condición necesaria pero no
suficiente para producir cambios radicales. Es preciso amasar un poder
popular territorial que impacte en la gestión estatal y la transforme en
un sentido emancipador.
En el caso de los gobiernos del CINAL, las relaciones de fuerzas fue-
ron distintas en cada espacio nacional y permitieron una mayor o me-
nor profundidad en las políticas públicas, aunque en ningún caso la
correlación fue lo suficientemente poderosa como para producir trans-
formaciones revolucionarias. Lo cierto es que la experiencia de esta
etapa ha venido a confirmar que la llegada al gobierno de un sector
político de raigambre popular y con pretensiones de cambio social, no
significa que acceda al poder del estado ni que logre, desde allí, cam-
biar las estructuras económicas y sociales arraigadas en un sistema de
producción de alcance planetario. El aparato estatal se constituye como
sostén del esquema de reproducción social, que es el resultado de las
luchas que lo van configurando y de una larga historia que lo coloca en
un espacio y un tiempo determinados. Porque lo que llamamos estado
es una relación social de dominación y como tal relación expresa, en
su materialidad (sus edificios, sus burocracias, sus políticas públicas,
su hacer cotidiano en cada una de sus oficinas públicas, hospitales,
escuelas, comisarías, cuarteles), la presencia no solo de los intereses

56 –
pre existe el riesgo de que la institucionalización de sus demandas
domestique a los movimientos, los burocratice y debilite su papel de
organizadores sociales y su potencialidad transformadora. Aquí está
presente la contradicción entre conquista y domesticación. Pero tam-
bién es cierto que mantenerse a distancia del estado no se traduce,
necesariamente, en la conservación de la capacidad de antagonismo
y de lucha, porque la ausencia de respuestas públicas concretas a de-
mandas societales -por derrota o imposibilidad de concretar conquis-
tas- también es una causa recurrente de frustraciones, que llevan a
la desilusión, la desmovilización y la pasividad. No es fácil sostener
luchas sin victorias, aunque sean parciales.
Se afirma, con acierto, que la independencia de los movimientos
sociales con respecto al estado es un requisito indispensable para poder
defender sus intereses y proyectos. Pero cuando se pretende que el es-
tado cumpla con las demandas que le formulan los movimientos, que
destine recursos y que ejecute acciones concretas para hacerlas efecti-
vas, hay que considerar otros aspectos. Porque las “conquistas arran-
cadas” por la lucha de cualquier movimiento, el más autónomo que se
precie, tienen que ser plasmadas de algún modo por el estado/espacio
público. Las tareas que implica, por parte del estado, el cumplimento
de las demandas que se le formulan deben ser asumidas por agentes
concretos dentro de las instituciones públicas, existentes o a crearse a
tal fin. Ahí podemos ver que, si hay un “afuera” de los movimientos
con relación al estado, en tanto estructura, en tanto aparato, también
hay un “adentro” estatal, constituido por personas y recursos, que im-
primirán sus propias prácticas, intereses, percepciones y rutinas, en
función de las cuales darán cuenta –o no- de las demandas “externas”
de los movimientos sociales y de otros grupos sociales.9
No es un tema menor pensar en la tensión entre mantener la in-
contaminación con relación al aparato estatal -para evitar su tenden-
cia a la subordinación- y obtener de él las ventajas materiales -y sim-
bólicas- reclamadas. Más aún: hay que tener en cuenta que la trama
del estado está integrada por redes disciplinadoras, burocráticas y
represivas, pero también por espacios de legitimación y garantía de
9 (Thwaites Rey y Ouviña, 2012).

–57autonomía
derechos conquistados. El estado es conducido por funcionarios que
trabajan para la continuidad-administración de lo dado, más tam-
bién lo integran trabajadoras y trabajadores que reproducen, pero
además resisten, las tramas de poder dominante, generando sus pro-
pios reclamos y dando cabida a demandas y necesidades populares. Y
esto se da al mismo tiempo, de modo yuxtapuesto, conformando tex-
turas diversas, contradictorias, más o menos permeables al contex-
to, más o menos resistentes. Aún algo más: son enormes las tareas
imprescindibles para la vida social que se despliegan en el ámbito de
lo público estatal, comenzando por las imprescindibles salud, edu-
cación y asistencia social, pero también la gestión de muchos servi-
cios esenciales para la vida cotidiana. Por eso, ampliar los espacios
públicos desmercantilizados es un objetivo básico de toda fuerza de
izquierda. En las actuales condiciones de desarrollo material y social,
esa ampliación no solo no puede prescindir del formato estatal, sino
que creer que es posible hacerlo en favor de colectivos como movi-
mientos sociales, ONGs o cooperativas pasa por alto que, en muchí-
simos casos, sería equivalente a dejarlos librados a su propia suerte,
a empobrecerlos y a empujarlos a la inefectividad e irrelevancia. No
en vano el Banco Mundial y el pensamiento neoliberal de los noven-
ta cantaba loas al reemplazo del estado por las “organizaciones de
la sociedad civil”, como mecanismo de ajuste del sector público y el
consecuente ahorro presupuestario. En esos años se quería vender
un romántico “hágalo usted mismo”, que era más bien un “arréglese
cada uno como pueda”. Insistimos en que no hay que romantizar la
carencia y no hay que cargar de más responsabilidad sobre las espal-
das de los más débiles, con la excusa de la autogestión incontamina-
da de corrupción, burocratismo y falta de democracia. La cuestión
pasa por la acumulación colectiva y horizontal del poder suficiente
para forzar la distribución equitativa, con la mira puesta en crear for-
mas de producción no capitalistas y de gestión social de lo común.
Los estados realmente existentes, con sus limitaciones de poder en el
concierto global y todo, condensan recursos indispensables a los que
no se puede ni debe renunciar y que, por el contrario, tienen que ser
crecientemente ampliados y expandidos para desmercantilizar cada
vez más el orden social. En cualquier proceso de cambio radical que se

58 –
intente, el terreno estatal se tensará en la disputa entre conservar lo
viejo y sus privilegios y producir lo nuevo, lo demandado, lo necesa-
rio para transformar a fondo no ya la mera gestión pública con técni-
cas administrativas modernizadas, sino las condiciones materiales
sobre las que esta se encarama, que son las que la determinan.
Cómo construir poder popular nos conduce a una reflexión nece-
saria sobre el tema de la participación, que también carga con una
impronta de romantización proclive a convertirse en fuente de frus-
tración y desaliento. Cuando se piensa en la participación popular
no es sensato imaginar un permanente flujo de masas en estado de
movilización y deliberación, ni un involucramiento directo y cons-
tante en los asuntos comunes de toda aquella persona real o poten-
cialmente implicada. Partimos de reconocer que la construcción de
instancias participativas en aspectos decisivos de la vida social, que
sean relevantes y se mantengan en el tiempo, es un norte insosla-
yable de cualquier proyecto emancipador. Pero es necesario tener en
cuenta que el involucramiento sostenido en asuntos comunes requie-
re niveles de conciencia muy importantes, porque implica destinar
tiempo y esfuerzo a la tarea colectiva y resignar, por tanto, lo indi-
vidual. La tendencia dominante, en las sociedades capitalistas con-
temporáneas, es a que las personas gasten la mayor parte de su vida
en resolver su subsistencia cotidiana y a que se entretengan con los
formatos recreativos dominados por el capital. Por eso los momen-
tos participativos más intensos se dan en situaciones críticas, para
resolver problemas inmediatos, para reclamar soluciones urgentes,
para protestar por lo intolerable. Resuelto o no el tema que origina
el involucramiento directo, la tendencia más frecuente es a que las
personas vuelvan a sus asuntos cotidianos y, con suerte, solo quede
un grupo empujando el reclamo y la lucha de largo plazo.
Como ya señalamos en otro lugar, “la vocación participativa es
algo mucho más complejo de lo que solemos admitir quienes apos-
tamos a la democracia plena, a la horizontalidad. La tendencia a la
delegación es más relevante de lo que estamos dispuestos a recono-
cer, como si el hecho de hacerlo fuera en contra de nuestras convic-

–59autonomía
ciones emancipatorias”10. Solo en la práctica concreta se resuelve la
constante tensión entre participación y delegación, porque no es su-
ficiente cantar loas a las virtudes de la participativas, y tampoco al-
canzan los enormes esfuerzos militantes para lograr niveles de invo-
lucramiento “óptimo” y persistente de todo el colectivo implicado en
la toma de decisiones que impactan sobre la vida en común. Es frus-
trante apostar a la participación masiva y permanente en los asun-
tos comunes, porque equivale a creer que se puede vivir en estados
de climax ininterrumpidos, cuando la experiencia histórica mues-
tra que existen flujos y reflujos en todo ciclo de lucha. La cuestión es
otra: de qué modo establecer mecanismos democráticos y sencillos
que permitan el involucramiento de toda persona que quiera hacer-
lo, cuando lo considere pertinente, y complementarlo con formas de
delegación en las que la confianza, la transparencia en el accionar y
la rendición de cuentas cumplan un papel central. Importa mucho
establecer diseños organizativos –e institucionales- que no repitan
formatos representativos clásicos, pero que también le pongan freno
a la degradación de la delegación de buena fe en “sustituismos” que
consoliden la subalternidad.
5. En torno al “reformismo”.
Ligada a todas estas problemáticas hay otra importante para ana-
lizar desde las perspectivas de izquierda: la “cuestión del reformis-
mo”. Los procesos del CINAL podemos decir que se inscriben en lógi-
cas reformistas de mayor o menor radicalidad, no solo si ponemos
el foco en las diferencias entre los distintos casos nacionales, sino
si prestamos atención a las medidas específicas adoptadas en cada
uno de ellos. Decir “reformismo”, en este momento histórico, supo-
ne asumir que en ninguno de los casos del CINAL se puede hablar
de que existieron procesos de ruptura con el capitalismo. No esta-
mos hablando de revoluciones que produjeron cambios estructura-
les, sino de formatos políticos que introdujeron modificaciones en la
10 (Thwaites Rey y Ouviña, 2012).

60 –
relación capital-trabajo y que posibilitaron mejores condiciones de
vida para los sectores populares. Tales cambios, por cierto, han sido
insuficientes para subvertir las bases materiales de la dominación
capitalista e, incluso, hasta terminaron consolidándola. Pero ello
no obsta a que muchas de las políticas adoptadas hayan significado
avances notables para la vida de los pueblos, porque dieron respuesta
a demandas sociales. Nada de esto es minimizable ni puede ser pasa-
do rápidamente por alto, porque aun cuando los gobiernos del CINAL
no tomaron medidas radicales que afectaran los intereses nucleares
del capital, la virulencia con la que los poderosos se plantaron ante
las más tibias reformas que rozaron alguno de sus intereses de corto
plazo -materiales o, incluso, simbólicos-, muestra el poderío al que
deben enfrentarse los sectores populares en lucha.
Como decíamos en otro trabajo11, “quedó expuesto en el CINAL que
un estado dirigido por un gobierno surgido de procesos democráti-
co-electorales, aunque se conciba a sí mismo como revolucionario
por sus propósitos de cambio, no sale sin más y de modo aislado de
la lógica del capitalismo y, aún con una voluntad expresa y sostenida
de avanzar hacia escenarios post-capitalistas, continuará -como “Ca-
pitalista de Estado” o como “Estado burgués sin burguesía”- supedi-
tado al capital nacional e internacional12. Por eso entendemos que la
transición hacia formatos alternativos al neoliberalismo o, más aún,
post-capitalistas, no se puede definir y juzgar por las medidas que
11 (Thwaites Rey y Ouviña, 2018).
12 Como señala Almeyra, “en el mejor de los casos, el estado dirigido por un
gobierno revolucionario puede ser capitalista de estado o, si se quiere, un
`Estado burgués sin burguesía ́, una maquinaria sin consenso social de
ninguna de las clases fundamentales pero que sigue sirviendo al capital
nacional e internacional. Ese estado es, al mismo tiempo, un terreno de
lucha entre explotadores y explotados, que proponen políticas divergentes
y disputan posiciones en el gobierno, donde se codean los que aspiran al
socialismo con los partidarios del status quo y con aquéllos, poderosos y
descarados, del gran capital internacional y de la reacción” (Thwaites Rey,
Mabel (2010) “El Estado en debate: de transiciones y contradicciones”, en
Crítica y emancipación Año II Nº4, Segundo semestre 2010, CLACSO, Buenos
Aires, ISSN 1999-8104. Páginas 9-24). Ver también las reflexiones de Juan
Carlos Monedero, Víctor Moncayo, Raúl Prada en la misma Revista Crítica y
emancipación N º 4.

–61autonomía
sostienen la continuidad sistémica, sino por aquellas que apuntan a
prefigurar escenarios alternativos, aún en los marcos vigentes. Es en
este plano donde se pueden establecer las diferencias entre las políti-
cas que se encaminan en uno u otro sentido.
Todos los gobiernos del CINAL partieron de un poder apropiado de
manera coyuntural y ratificado (o no) a través de elecciones periódi-
cas definidas por la institucionalidad burguesa. No se basaron en un
poder propio, gestado desde abajo y a partir de un “espíritu de escisión”
respecto de las clases dominantes y la normatividad estatal que ga-
rantiza su situación de privilegio. La democracia liberal representa-
tiva se mantuvo como soporte político principal, con elecciones regu-
lares que marcaron tanto los ritmos de la legitimidad política, como
las posibilidades de introducir cambios profundos en la estructura
económica y social. Esto también tuvo efectos paradójicos: dotó a los
gobiernos una gran legitimidad, pero los empujó a impulsar medi-
das de corto plazo que aportaran resultados inmediatos y a postergar
acciones de largo alcance, más disputables, pero de mayor enverga-
dura transformadora. Es decir, sus acciones pueden ser definidas
como “reformistas”, más tibias o más profundas, pero presas de los
límites del capitalismo como marco global sistémico.
Si, para ciertas miradas, lo máximo que produjeron los procesos
políticos de comienzos de siglo fueron revoluciones pasivas de carác-
ter progresivo, que internalizaron algunas demandas populares para
preservar la dominación del capital, para otras se trató de reformismos
siempre engañosos y traicioneros de las verdaderas pulsiones revolu-
cionarias de las masas. Para este conjunto de perspectivas, el objetivo
central de la izquierda siempre debe estar puesto en la denuncia de las
claudicaciones del reformismo, y los reformistas, por ende, serán los
principales enemigos a combatir. El supuesto de estos enfoques radica
en que, como la meta es hacer una revolución estructural, toda refor-
ma resultará un obstáculo para su consecución, porque desviará a las
masas de su camino estratégico, adormeciéndolas con conquistas pa-
sivizadoras que refuerzan el capitalismo. Aunque tal vez sería injusto
acusar a todas estas corrientes de adherir al “cuanto peor, mejor”, lo
que supone una relación directa entre condiciones de vida deterioradas
y conciencia de clase revolucionaria, permanece subyacente en ellas el

62 –
convencimiento de que la mejor pedagogía para la rebelión la provee
la descarnada materialidad del capitalismo mismo. De ahí su rechazo
frontal a toda opción que denuncie o rechace los males capitalistas,
pero procure repararlos o atenuarlos sin confrontar de inmediato con
el sistema, sea cual fuere la relación de fuerzas, el tiempo y el lugar.
Todos los procesos políticos del CINAL fueron cuestionados desde estas
posiciones, sin matizar sus condiciones particulares, sus propósitos y
el carácter de sus oponentes.
En cambio, creemos que lo que distingue al “reformismo”, como
expresión política, es que no se propone superar las relaciones de pro-
ducción burguesas ni las problematiza. El reformismo es esa estra-
tegia de reformas dentro del capitalismo constituidas como fin en sí
mismo, y no como parte de un proyecto que se esfuerce en ser cohe-
rente y comprensivo hacia formas de emancipación social más avan-
zadas, que tenga en la mira el horizonte socialista. Como decíamos
en otro texto, lo que distingue a un estrategia auténticamente revo-
lucionaria de una de tipo reformista es “la capacidad de intervención
subjetiva en los procesos objetivos de desarrollo contradictorio de
la sociedad, sustentada en la vocación estratégica de mantener, en
cada fase y momento de la lucha de clases, una estrecha conexión en-
tre cada una de las acciones desplegadas por los grupos subalternos
organizados de forma autónoma -sean éstas pacíficas o violentas- y la
perspectiva de totalidad que tiene como horizonte el trastocamiento
del conjunto de la sociedad capitalista”.13
Si hay una estrategia revolucionaria que impulsa los cambios, pode-
mos hablar de “transición” al poscapitalismo. Esta puede darse a par-
tir de la llegada al gobierno de fuerzas políticas y sociales que impulsen
transformaciones sustantivas del orden social, pero es improbable que
pueda configurarse una transición propiamente dicha en entornos me-
nos radicales, cuando el triunfo electoral solo habilita al manejo acota-
do de unos pocos segmentos de la maquinaria estatal. Entre reforma y
transición no solo hay una cuestión de grados y objetivos, sino de rela-
ción de fuerzas. Un gobierno de matriz y raigambre popular, pero en-
frentado a un contexto desfavorable para cambios sustantivos, puede
13 (Thwaites Rey y Ouviña, 2012)

–63autonomía
ver bloqueadas sus propuestas de transformación o jaqueado por intere-
ses antagónicos poderosos, nacionales e internacionales.
Tener como principales enemigos a los proyectos que asumen ta-
reas reformistas o, incluso, a los reformistas “asumidos” no parece
ser una estrategia productiva para las izquierdas con vocación de
crecimiento y construcción de hegemonía. Porque es en el camino
de la conquista de reformas donde se pueden profundizar los sende-
ros de transformación. Una cosa es no subordinarse a las dirigencias
reformistas y sus propios ritmos y proyectos y embestir contra sus
intentos de frenar procesos de dinamismo social, y otra distinta es
plantarse en una posición de principios que hostiga a las propias ba-
ses populares por sus reclamos de reformas inmediatas. La clave pasa
por construir relaciones de fuerzas que permitan avanzar en trans-
formaciones profundas, lo que implica gestar los apoyos suficiente-
mente amplios como para sustentarlas. Porque no se trata de aceptar
lo dado como límite sino de impulsar, a partir de lo que el presente
dibuja, un horizonte de emancipación.
No se trata de rechazar las reformas conseguidas ni de denostar o
subestimar los reformismos, sino de incorporarlos como pisos a par-
tir de los cuales radicalizar los cambios. Nada suma confrontar con
las expectativas reformistas de las masas populares, si estas se basan
en necesidades y anhelos genuinos. Se trata de partir de ellas para
desenmascarar los mecanismos estructurales que las hacen metabo-
lizables por el sistema, apelando a la empatía con aquello que viven,
sienten y actúan los desfavorecidos, los humillados, los que no tie-
nen nada y necesitan todo. La invitación a la lucha, al arduo camino
de la disputa con los poderosos tendrá sentido a partir de la compren-
sión amorosa de las urgencias y de los imperativos del aquí y ahora
que padece el pueblo más desposeído y vulnerable. Y también hace
falta hacer un esfuerzo enorme en la batalla intelectual y moral para
que comprendan los que tienen algo, los que lograron subir algún
peldaño más en la escala social, que su destino está implacablemente
ligado a los de más abajo, que las humillaciones sutiles a las que los
someten los de arriba no se calman con el sufrimiento de los más po-
bres. Eso tampoco surge solo, arraiga en la creación y manipulación
de sentidos comunes reaccionarios, amasados en el resentimiento y

64 –
el temor, el aislamiento social y la ausencia de lazos comunitarios.
El mayor imperativo consiste en amalgamar todas las luchas, en
crear un espacio donde las izquierdas de toda laya se reconozcan en lo
esencial y construyan una “casa común” que sirva de hogar y trinchera
a todes. “Una praxis política radical requiere establecer un nexo dialéc-
tico entre, por un lado, las múltiples luchas cotidianas que despliegan
-en sus respectivos territorios en disputa- los diferentes grupos subal-
ternos y, por el otro, el objetivo final de trastocamiento integral de la
civilización capitalista. Se trata de que cada una de esas resistencias,
devenga un mecanismo de ruptura y focos de contrapoder, que apor-
ten al fortalecimiento de una visión estratégica global y reimpulsen,
al mismo tiempo, aquellas exigencias y demandas parciales, desde
una perspectiva emancipatoria y contra-hegemónica. Esta dinámica
de combinar las luchas por reformas con el horizonte estratégico de la
revolución, se constituye en el eje directriz para modificar la correla-
ción de fuerzas en favor de las clases subalternas”14.
Toda reforma que signifique arrancar una conquista al estado, en
la medida en que sea producto de la movilización y la presión desde
abajo, puede devenir un sendero propicio para ensanchar el horizon-
te a construir y acelerar la llegada. “Esta es, en última instancia, la
verdadera diferencia sustancial entre una perspectiva socialista y una
de tipo reformista: mientras que la primera considera siempre las rei-
vindicaciones inmediatas y las conquistas parciales en relación con el
proceso histórico contemplado en toda su complejidad y apostando al
fortalecimiento del poder de clase antagónico, en la segunda se evi-
dencia la ausencia total de referencia al conjunto de las relaciones que
constituyen la sociedad capitalista, lo que los lleva a desgastarse en la
rutina de la pequeña lucha cotidiana por reformas que terminan per-
petuando la subordinación de la clase trabajadora”.15
Trayendo al presente el pensamiento vivo de Rosa Luxemburgo,
es preciso concebir, de manera dialéctica, la lucha de clases en su
compleja relación con lo estatal, en la medida en que la clave reside
en cómo conjugar las luchas por satisfacer las necesidades concre-
14 (Thwaites Rey y Ouviña, 2012)
15 (Thwaites Rey y Ouviña, 2012)

tas y cotidianas, el ahora mismo, con la constitución ya desde ahora del
horizonte estratégico anhelado. La profesora marxista Ana Cecilia
Dinerstein16, a partir de una reelaboración formidable del legado blo-
chiano, habla del “arte de organizar la esperanza”, de construir des-
de las experiencias cotidianas las acciones colectivas que prefiguren
el mañana de emancipación que perseguimos. Los elementos de la
nueva sociedad no son meras ensoñaciones utópicas, sino que pue-
den germinar en las condiciones materiales de existencia del sistema
capitalista, y encarnarse en las prácticas anticipatorias que ensayan
las clases subalternas en su despliegue estratégico como sujeto po-
lítico contra-hegemónico. Este construir comunidad, empatía, so-
lidaridad, mutualidad amorosa en los vínculos sociales y políticos,
en las luchas y en la defensa común cotidiana por la supervivencia
material y afectiva, es una posibilidad existente y una tarea mayús-
cula en insoslayable. La enorme expansión de las iglesias pentecosta-
les, menos jerárquicas y más autónomas que la Católica, más próxi-
mas a las necesidades espirituales y materiales de los desprotegidos
y vulnerables, es una provocación para que las izquierdas redoblen
los esfuerzos para construir esas “casas comunes” de la solidaridad
emancipatoria, esa contención mutua frente a los embates duros del
capitalismo feroz que hoy acecha. El dinamismo de los feminismos
populares, su irreverencia, su audacia y su transversalidad está mos-
trando un camino posible para tramar la lucha política en los terri-
torios de la cotidianidad popular, liderando la marcha hacia eman-
cipaciones anticapitalistas, antipatriarcales y anticoloniales arduas,
difíciles, desafiantes y cada vez más imprescindibles.
16 La politóloga argentina, marxista y profesora en la Universidad de Bath-
UK, Ana Cecilia Dinerstein, desarrolla la sugerente noción del “arte de
organizar la esperanza” en su libro The Politics of Autonomy in Latin America:The Art
of Organising Hope (2015), Palgrave MacMillan. En castellano se puede leer Ana
Cecilia (2016) “Organizando la esperanza: utopías concretas pluriversales.
Contra y más allá de la forma valor”, en Educ. Soc., Campinas, v. 37, nº. 135,
p.351-369, abr.-jun.