Las metamorfosis del progresismo: neoliberalización y derechización del proceso bolivariano en La Gran Crisis venezolana (2013-2020)

Las metamorfosis del progresismo: neoliberalización y derechización del proceso bolivariano en La Gran Crisis
venezolana (2013-2020)

Emiliano Teran Mantovani

Del libro “Derivas y problemas de los progresismos sudamericanos”

I. Introducción
Con la llegada de Hugo Chávez a la Presidencia de la República en
1999, que inaugura la llamada ‘Revolución Bolivariana, se abrieron y
reabrieron varios debates en lo que respecta al rol de las izquierdas y
las vías para una transformación social de carácter progresista y ‘re-
volucionaria’. Desde entonces, mucha agua ha corrido. Terminando
la segunda década del siglo XXI, Venezuela se encuentra en medio de
una larga y profunda crisis, sin precedentes no sólo para el país, sino
para América Latina y el Caribe, lo que además ocurre en un contexto
regional y global de recesión económica que revela el crecimiento de
fuerzas y tendencias políticas sumamente regresivas.
En este marco, algunas de las líneas de debate que previamente
ocuparon buena parte de la atención –como la ‘transición al Socia-
lismo’ y la materialización de la ‘democracia participativa y protagó-
nica’– han sido desplazadas o desestimadas, mientras que otras se
mantienen. Para el caso de Venezuela, uno de los puntos más sensi-
bles y polémicos del debate político remite a la pregunta sobre cómo
se ha llegado hasta esta crisis, cuáles son sus causas y cuáles los prin-
cipales actores y factores responsables. Y evidentemente resurge un
examen crítico al rol de las izquierdas (gobernantes y dominantes),
y cuestionamientos sobre su propio rumbo histórico, justo cuando
estas se encuentran en una encrucijada existencial.

–219autonomía
va a ir configurando un escenario sui generis. En la tercera sección,
se analiza esta particular metamorfosis del progresismo, mostrando
los detalles de un viraje económico y político que apunta a una re-es-
tructuración basada en la flexibilización económica, y a un estrangu-
lamiento de la llamada ‘democracia participativa’ hacia un régimen
con claros visos dictatoriales. Partiendo de un análisis multi-escalar y
multidimensional, proponemos analizar el fin de ciclo no tanto como
una secuencia de cambios de gobierno, sino más bien como un cambio
de régimen, esto es, estudiarlo más allá de la estadía formal o no de
gobiernos de este cuño, para atender también a los rasgos particulares
de los modelos de acumulación y las transformaciones en los patrones
de gobernabilidad y control social, junto a otros factores materiales.
En la cuarta y última sección, serán examinadas algunas tenden-
cias, debates y lecciones que nos arroja esta experiencia reciente en
el siglo XXI. Serán evaluados los nuevos escenarios del extractivismo,
así como elementos para el debate sobre las izquierdas y, de manera
breve, los posibles desenlaces y potencialidades para las luchas popu-
lares en el país, tomando en cuenta el muy complejo escenario en el
que se desenvuelven.
II. Surgimiento del proceso bolivariano y rumbo neo-
extractivista: hegemonía, punto de inflexión y declive del
progresismo
La figura de Hugo Chávez y el proceso bolivariano emergen del seno
de una profunda crisis que se incubaba en Venezuela desde la década
de los años 70 y que estallaba a partir de los 80. Esta crisis iba a re-
velar el agotamiento del modelo petrolero tal y como lo conocemos,
e inauguraba un período de gran inestabilidad política y desequili-
brios económicos que, con fluctuaciones y grados de severidad varia-
bles, se ha mantenido hasta nuestros días.
De esta forma, la llegada de Chávez al poder en 1999 no sólo ocu-
rriría en medio de este torbellino histórico, sino que heredaba todas
las advertencias de los peligros de profundizar el modelo rentista
petrolero, registradas no sólo en los profusos debates políticos sino

220 –
también en la importante literatura sobre la cuestión petrolera –cabe
recordar la profecía del «desastre» de Juan Pablo Pérez Alfonzo (2009),
en la década de los 70–, advertencias estas que habían sido estudia-
das y hasta reconocidas por el entonces nuevo Presidente (Ministerio
del Poder Popular de Petróleo y Minería y PDVSA, s.f.). El entrante
Gobierno bolivariano va a encontrarse con procesos históricos de de-
clive de la rentabilidad del negocio petrolero y de las fuentes de crudo
convencional (livianas y medianas); límites estructurales para la ex-
pansión de los sectores productivos; indicadores macro-económicos
sostenidamente negativos (permanente devaluación de la moneda,
recurrentes procesos inflacionarios desde los 80s, etc); un desarrollo
capitalista muy ligado a la dependencia petrolera, y por tanto una
economía estructuralmente muy vulnerable; hiper-concentración
de la población en las urbes (ligada a los consumos rentísticos de pro-
ductos importados); procesos de cambio en el mercado energético
global; vaivenes en los precios internacionales del petróleo; expan-
sión de la corrupción como mecanismo de distribución política de
la renta; recurrencia al endeudamiento externo; y un Petro-Estado
que por ende estaba no sólo fragilizado por esta crisis, con una pobre
capacidad de negociación internacional, sino también afectado por
una crisis hegemónica y de legitimidad, que había puesto en entre
dicho el sistema de dominación tradicional.
En los primeros años de la Presidencia de Chávez (1999-2004), se
van a intensificar las disputas históricas por el control del Petro-Esta-
do entre el bloque bolivariano y los diversos grupos sociales, políticos y
económicos que confluían en el sector de oposición. Serán años de du-
ras pugnas y de mucha inestabilidad, en los cuales la conflictividad co-
mienza a subir de tono con fuertes movilizaciones en 2001 y la posterior
ocurrencia del Golpe de Estado cívico-militar en 2002, el Paro Petrolero
a fines de 2002 e inicios de 2003 y cortes de ruta denominados ‘Guarim-
bas’ en 2004. En esta fase inicial no hay hegemonía política consolidada
y la programática gubernamental tiene más bien un perfil reformista
–reformas hacia una democracia social– con vías al resurgimiento del
Petro-Estado, que se había intentado desmantelar previamente en el
llamado ‘período neoliberal’ (1983-1998). El devenir de estas pugnas va a
definirse con una victoria política del bloque chavista.

–221autonomía
Es a partir de 2004 cuando comienza a configurarse la hegemo-
nía del chavismo, y el Gobierno nacional va a lograr una notoria su-
premacía que no ha vuelto a recuperar en otros períodos posteriores.
Paradójicamente, es en este período de hegemonía (2004-2009) en el
que se decide la orientación del modelo, y en el que se van a profun-
dizar los males históricos del mismo, marcando el rumbo del proceso
bolivariano hacia su declive e inviabilidad. Se reformularon las pro-
gramáticas políticas, los rasgos y organización de las instituciones
del Petro-Estado; se fue gestando un reordenamiento y relanzamien-
to del extractivismo, de los mecanismos de distribución de la renta
petrolera, de las articulaciones regionales, todo desde una perspec-
tiva desarrollista y al calor del boom global de las commodities. Este
proceso fue principalmente impulsado por la política que, desde arri-
ba, promovió el liderazgo de Chávez y el aparato institucional esta-
tal, al tiempo que se comienza a definir claramente al Socialismo del
Siglo XXI como el horizonte y programa de transformación en el país.
La bifurcación histórica que se va a producir en este período va
a definir nuevos marcos en los patrones de gobernabilidad, en la
orientación de las luchas sociales y en el modelo económico im-
perante. Por un lado, la hegemonía del Petro-Estado a partir de
2004/2005 comenzó a modificar las formas de producción política
y a enmarcar, traducir y patrocinar sistemáticamente las movili-
zaciones y perspectivas de los sectores populares que componen el
bloque chavista, lo cual tuvo gran relevancia si tomamos en cuen-
ta que el Gobierno de Chávez llegaría a concentrar un apoyo social
que en este período alcanzaría entre 60 y 70% de la población. Si
bien en la primera etapa 1999-2004, las movilizaciones tuvieron un
perfil de efervescencia y arrojo, y prevalecía un clima de empodera-
miento social, en la siguiente fase estas se fueron corporativizan-
do, regulando, institucionalizando, verticalizándose y su potencia
fue progresivamente mermando. En esto juegan un papel central
la creación de la figura de los Consejos Comunales, el Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV), la abarcante narrativa del So-
cialismo del Siglo XXI y la muy alta concentración de liderazgo en
la figura del Presidente Chávez. Todo esto supuso el fin de un ciclo
de luchas populares de calle, que podríamos decir que se inició en-

222 –
tre 1987/1989, siendo el llamado “Caracazo”1 la expresión más clara y
emblemática del mismo.
Por otro lado, el despliegue del Socialismo del Siglo XXI como pro-
grama fundamental del Gobierno Bolivariano, se va a producir en
consonancia con la primera oleada desarrollista/modernizadora del
proceso ‘revolucionario’, en la cual prácticamente todos los proyec-
tos y emprendimientos económicos de gran escala son revisados, re-
formulados, relanzados y en su gran parte estatizados. Esto en sus
inicios implicó la recuperación, re-impulso y nacionalización de las
industrias extractivas y el plan desarrollista en el país, la reorganiza-
ción y promoción de numerosos polos de desarrollo, la asignación de
la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) como el gran bastión económico
de la Revolución Bolivariana, la propuesta de proyectos de infraes-
tructura energética y conexión con los planes regionales IIRSA –con
apoyo de Brasil−, la actualización de la noción de la ‘siembra del pe-
tróleo’ y la misión de convertir a Venezuela en una ‘Potencia Energé-
tica Mundial’ que, entre otras cosas, extrajera 6 millones de barriles
de crudo diario para el año 2021.
Es en este segundo período mencionado en el cual se consolida el
llamado “neo-extractivismo progresista” (Gudynas, 2009; Svampa,
2013; Acosta, 2011), el cual mantiene este patrón económico de ex-
tracción masiva de materias primas para la exportación, ahora con
un Estado que se hace más activo, que capta mayores rentas y genera
una repartición de las mismas dirigidas a programas sociales, lo que
le otorga mayor legitimidad social. Sin embargo, este formateo polí-
tico, económico, discursivo y socio-territorial allanó el camino hacia
la consolidación de esquemas de muy alta dependencia y endeuda-
miento público, corrupción, desmovilización social y enquistamien-
to del clientelismo político. El desarrollo de un nuevo fenómeno de
1 El “Caracazo” fue el nombre otorgado a una serie de protestas de enorme
magnitud que se dieron en numerosas ciudades de Venezuela desde el 27
de febrero de 1989. Dicho estallido ocurrió a raíz de la acumulación de las
desigualdades y descontentos históricos que había generado el modelo
rentista petrolero hasta entonces, lo cual fue detonado por las medidas
neoliberales anunciadas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. La
significación histórica del estallido fue tal, que hizo inviable el pacto de
gobernabilidad iniciado ya en 1959, denominado el ‘Pacto de Punto Fijo’.

–223autonomía
enfermedad holandesa y la perturbación generada por la crisis eco-
nómica mundial (2008-2009), acentuó los factores estructurales de
agotamiento del capitalismo rentístico venezolano –la larga crisis
1983-2020– (Baptista, 2010; Teran Mantovani, 2014) en la medida en
la que se reforzaron los anclajes históricos con la débil y escasa pro-
ducción doméstica, la concentración de ingresos en la actividad pe-
trolera, la adicción por las importaciones o la hiper-centralidad del
Estado en el conjunto de la economía y las dinámicas socio-políticas,
además de la ampliación de los terribles impactos socio-ambientales
que provoca este tipo de desarrollo capitalista. De esta manera, con
las mejores y más favorables condiciones sociales, políticas, geopo-
líticas y económicas para el desarrollo de una agenda popular y de
transformación profunda, que tal vez se hayan tenido nunca en toda
la historia contemporánea de Venezuela, en el proyecto bolivariano
se optó por la profundización del extractivismo, y esto marcó deter-
minantemente el rumbo actual del mismo.
El período de caotización económica y beligerancia política en el
que se va a sumergir el país está precedido por una fase de estanca-
miento que se configura desde 2009 hasta 2013. En esta ya se eviden-
ciaban dinámicas de desgaste del poder constituido, crecimiento de
la desmovilización social en relación a períodos anteriores y los se-
rios impactos que la crisis económica global causa en la economía
nacional. El avance de la reformulación del extractivismo a escala
nacional se evidencia con el planteamiento del mega-proyecto del
Arco Minero de Guayana (nombrado posteriormente el Arco Minero
del Orinoco) en 2011 –el cual posee una extensión de casi 112.000 kms2
para la obtención de oro, diamantes, coltán, entre otros minerales
en la Amazonía venezolana– y la posterior sistematización en 2012
del llamado ‘Plan de la Patria 2013-2019’, que detalla geográficamente
múltiples ‘polos de desarrollo’ en todo el país. Se fueron delineando
progresivas mutaciones y sutiles virajes políticos de perfil regresivo y
conservador, que mostraban tendencias internas orientadas a rever-
tir avances que se llegaron a alcanzar en años previos. La muerte de
Chávez en 2013 genera el cisma que desencadena el inicio de la actual
etapa convulsa y crítica.

224 –
III. La emergencia de La Gran Crisis y el caos sistémico (2013-
2020): economía política del colapso de una nación petrolera
Desde 2013/2014 va a comenzar a desarrollarse una crisis, que lejos de
ser sólo económica, representa una crisis multi-dimensional, la cual
ha generado el colapso de todos los ámbitos de una nación que había
sido construida en torno al petróleo en los últimos 100 años. Esta, que
podríamos llamar La Gran Crisis es, como ya lo mencionamos, una cri-
sis no vista anteriormente en Venezuela o el resto de América Latina
–ni en la Crisis de la Deuda de los 80, ni en el Período Especial cubano,
la crisis argentina 1998-2002, e incluso ante conflictos armados como
los de Colombia o Nicaragua, se vieron colapsos tan profundos y que
abarcaran tantos ámbitos, incluyendo el propio Estado–, lo que está
evidenciando un muy significativo cambio histórico.
Dos factores desencadenantes, vinculados a los pilares del modelo
de acumulación histórica, van a ser cruciales para generar un verti-
ginoso efecto geométrico de colapso (reacción en cadena) y configura-
ción de caos sistémico: la muerte de Hugo Chávez en 2013 (que desata
una tremenda crisis hegemónica), y el derrumbe de los precios inter-
nacionales del crudo desde 2014 (que provoca una estrepitosa caída de
la renta, factor dinamizante de la economía y las instituciones del
país). A partir de entonces se va a reabrir y reavivar de forma extraor-
dinaria el escenario de las disputas por el control del Petro-Estado.
En términos meramente económicos, la contracción presenta ci-
fras record: el PIB viene en caída sostenida desde 2014 (-3,9% ese año;
-6,2% en 2015; -17% para 2016; -15,7% para 2017 [BCV, s.f.]); y descen-
sos que, ante la dificultad de acceso a datos oficiales en el país, han
sido estimados por el FMI en -19,6% en 2018 y hasta -35% en el terrible
2019 (IMF, s.f.), lo que arroja para 2018 una pérdida total estimada
de 52,3% del mismo en tan sólo 5 años (Singer, 2019). La producción
agrícola e industrial ha decaído notoriamente (Díaz A., 2017; Meza
J.G., 2017) –siendo que el índice de volumen de la producción manu-
facturera de 2013-2018 cayó un 70% (BCV, s.f.)–, aunque lo que más
destaca es el extraordinario hundimiento de la producción petrole-
ra que, para un país que por largo tiempo promedio los 3 millones
de barriles diarios, vio como en 2018 bajaba a 1.354.000 b/d, y conti-

–225autonomía
nuando el descalabro, en agosto de 2020 producía apenas 340.000 b/d
(Opec, 2020). Esto remonta a Venezuela a los niveles de producción
de la década de los años 40. Tómese en cuenta que por años el 95% de
los ingresos por exportación han provenido del petróleo y que sus pre-
cios internacionales se han mantenido bajos luego de su derrumbe
en 2014. Esto ha incidido negativamente en el volumen de las impor-
taciones, que en 2017 representaron sólo la mitad del ya complicado
año 2015 (de 36.901 a 18.546 millones USD) (Cepal, 2017b) y menos de
un tercio de lo importado en 2012.
La situación se ha desarrollado en el marco de un período previo de
expansión de la deuda pública que deja a Venezuela en situación su-
mamente comprometida, lo cual ha venido acompañado de una caí-
da sostenida de las Reservas Internacionales (25,9% en 2015 y 32,8% en
2016), siendo que para 2019 se ubicaban en 6.630 millones US$ (BCV,
s.f.), la cifra más baja en 30 años. Según el Estudio Económico de
América Latina y el Caribe 2017 de la Cepal, la deuda externa bruta de
Venezuela alcanzaba los 132 mil millones US$ en 2016 (Cepal, 2017a).
Toda esta situación se ha experimentado a nivel doméstico como
un proceso de desquiciamiento económico, del que podemos citar
dos ejemplos emblemáticos: la tasa de cambio y la inflación. El va-
lor del bolívar se ha depreciado prácticamente a diario, determinado
significativamente por un alto componente especulativo en el mer-
cado negro de divisas, que además tiene una fuerte relación con el
muy amplio comercio informal transfronterizo. El diferencial entre
la tasa oficial ‘Dicom’ (Tipo de Cambio Complementario Flotante de
Mercado), y el muy fluido dólar del ‘mercado negro’ ha sido por años
enorme –por ejemplo, para el 31 de enero de 2018 la primera se ubica-
ba en 3.345 bolívares, mientras que la segunda marcaba 249.872 bolí-
vares en la misma fecha. A pesar de que el Gobierno nacional decreta-
ra una gigantesca devaluación de la moneda (más de 2400%) en 2018,
reconociendo de facto el marcador del mercado paralelo y buscando
emparejarlo, en pocos días ya se generaba una nueva brecha entre las
dos tasas que alcanzaba 50% en favor del paralelo. Estos diferenciales
han generado considerables ingresos a redes de corrupción formal e
informal, a costa de la ruina de la gran mayoría de la población. Esto,
para una economía doméstica que está profundamente determinada

226 –
por su baja capacidad de producción y su alta dependencia a las im-
portaciones, tiene efectos muy perniciosos sobre el sistema interno
de precios.
Por otro lado, en 2015, la inflación ya superaba los 100 puntos
porcentuales, escalaba a 254% en 2016 y diversas estimaciones la ubi-
can para 2017 entre más de 1000% (Torino Capital, 2018; Sutherland,
2017) hasta 2600%, según la Comisión de Finanzas de la Asamblea
Nacional (Herrera, 2018). Para el año 2018 se había entrado en una
situación de hiperinflación, y el país ya tenía varios años teniendo
la inflación más alta del mundo. Según el Banco Central de Venezue-
la, la inflación marcó 130.000% para ese año, aunque fue señalada
por otros actores políticos como una cifra que se quedaba corta –la
Asamblea Nacional, controlada por los partidos de oposición fijaron
la cifra en 1.698.488,2%. En 2019 se registró una baja en estos indica-
dores, pero siguió con una marca astronómica de 9.585% (DW, 2020).
Sin embargo, como ya advertimos más arriba, todo este proceso de
colapso económico del modelo rentista petrolero ocurre en realidad en
profunda interrelación y articulación con la nueva fase del conflicto
político que también se abre en el país –con un mapa de actores muy
volátil, movible y fragmentado (que va más allá de la dicotomía Go-
bierno-oposición), y de múltiples campos en disputa– y con el desmo-
ronamiento de los canales institucionales y formales de gestión de lo
político. En el debate nacional e internacional sobre Venezuela, ha es-
tado muy presente una lectura economicista ortodoxa, que evalúa lo
ocurrido en el país única y aisladamente a partir de la ‘calidad’ de los
indicadores económicos –y por tanto la explicación sobre sus causas se
fundamenta únicamente en evaluar la calidad de la administración
en este ámbito. Dichas lecturas poco pueden explicar la propia economía
política del colapso de una nación petrolera en la cual, el colapso económico es
causa y efecto del conflicto político venezolano –que en esta crisis ha
alcanzado una muy alta intensidad, hasta ir tomando un cariz béli-
co extremadamente peligroso–, al tiempo que el conflicto político es
también causa y efecto del colapso económico. Más que una dinámica
lineal, la crisis ha evolucionado bajo un vertiginoso efecto geométrico
de colapso y caos sistémico, generando impactos multidimensiona-
les, reacciones en cadena y nuevos escenarios y espirales de crisis.

–227autonomía
A nuestro juicio, es fundamental un análisis multi-factorial que
pueda ofrecer lecturas más comprehensivas de un proceso tan com-
plejo y sui generis como este. Precisamente esta búsqueda de comple-
jidad intenta además esquivar las interpretaciones dominantes so-
bre el caso venezolano, en las cuáles prevalecen análisis unilaterales
–que suelen proponer que ‘toda la responsabilidad es de determinado
actor’. En estas interpretaciones difícilmente se yuxtaponen la inci-
dencia de la desastrosa política económica del Gobierno nacional y la
deriva hacia un régimen dictatorial; la lógica destructiva, violenta e
insurreccional de una parte importante de la oposición política del
país; los diferentes factores de intervención extranjera en el país (re-
saltando en rol de los Estados Unidos e incluyendo también a China
y Rusia); y los rasgos histórico-estructurales de la economía rentista
petrolera dependiente, entre otros factores. El actual escenario vene-
zolano se ha configurado como una composición de dichos factores.
No obstante, conjugar por sí solos estos factores sin jerarquizarlos
no permite ofrecer un balance crítico, desde la complejidad, sobre
causas y responsabilidades, que es lo que buscamos presentar en este
artículo. En toda esta complejidad y conflictividad, existen aún es-
tructuras de poder dominantes, regímenes de mando y dominación,
lógicas y cosmovisiones que, en muy buena medida, siguen vincula-
das y ancladas a los sectores dominantes del gobierno bolivariano y el
Estado, y que han sido absolutamente determinantes en el desarrollo
de esta crisis y el devenir del proceso chavista. En este sentido, se eva-
lúa no sólo el estado de la política, sino principalmente la política de
Estado (y su relación con la particular economía política de la crisis)
llevada adelante por el Gobierno de Nicolás Maduro.
En el marco de lo expuesto, el escalamiento de la conflictividad
política en el país, encabezada principalmente por los choques entre
gobierno-oposición, ha venido configurando un escenario de des-
composición y de prevalencia de una política de guerra, no recono-
cimiento y aniquilación. Se ha generado un campo de confrontación
abierta en el cual se han socavando los canales institucionales y los
marcos de convivencia, todo lo cual se desarrolla a la luz de un ace-
lerado proceso de disolución del Petro-Estado venezolano –lo que no
implica la desaparición del Estado en sí mismo.

A medida que ha avanzado el deterioro de la situación, se han
maximizado los rasgos más regresivos del Gobierno nacional. Este ha
venido bloqueando sistemáticamente las salidas electorales y demo-
cráticas, sobre todo desde 2015, cuando terminó desconociendo y anu-
lando la nueva Asamblea Nacional, que en ese año había sido ganada
en las elecciones por los partidos opositores de la Mesa de la Unidad
Democrática (MUD), ocupando dos terceras partes de los escaños, lo
que representaba una derrota histórica para el gobierno chavista.
La asfixia a los canales democráticos ha permitido que prevalezca
la impunidad y la resolución de los conflictos por la vía de la fuerza.
A su vez, la corrupción ha hecho metástasis –fundamentalmente la
de índole gubernamental–, contribuyendo no sólo a una de las cri-
sis institucionales más severas de toda América Latina −refiriéndo-
nos al conjunto de las instituciones jurídicas, sociales, económicas,
políticas, entre otras, que conforman la República−, sino también a
instaurar este fenómeno como el principal mecanismo de distribu-
ción de la renta petrolera. Esto se ha revelado en grandes desfalcos
que incluso involucran a algunos de los más importantes personeros
del Gobierno bolivariano y en relación a Pdvsa, la más importante
y sensible industria del país –como ha sido el caso del ex-ministro y
ex-presidente de dicha empresa, Rafael Ramírez, así como más de
una quincena de sus altos directivos, envueltos en tramas que seña-
lan miles de millones de dólares (El Nacional, 2017)−; pero también
a nivel capilar, con la expansión de economías subterráneas que van
desde importantes redes de extracción y contrabando (en buena me-
dida articuladas con grupos delincuenciales), hasta el extraordinario
auge de la economía informal, que termina siendo el principal canal
de intercambio y factor dinamizador de la economía doméstica. Es-
tas redes de corrupción y economías ilícitas han revelado la existen-
cia de facciones gubernamentales que se alimentan de estas, inclu-
yendo al sector militar, lo cual se ha venido agravando a medida que
el Petro-Estado ha venido colapsando.
El rol de los sectores dominantes de oposición partidista también
amerita ser señalado. Estos han pendulado entre los sectores mode-
rados (fundamentalmente de derecha) y los extremistas (ultradere-
cha), siendo que estos últimos apuestan por la liquidación total del

230 –
venezolano. A esto hay que sumar las enormes dificultades para la ob-
tención de créditos foráneos, las presiones internacionales y las san-
ciones de otros países que ejecutan la retención de fondos y bienes de
la República en el exterior. A pesar de esto, como se evidencia en lo
expuesto más arriba, la emergencia de La Gran Crisis se incuba con
antelación, y los primeros procesos de debacle económica son previos a
las sanciones que fueron determinantes para la economía venezolana,
esto es, las que se aplicaron desde 2017 (Sutherland, 2019). A su vez, la
radicalización del Gobierno de Trump se ha expresado a través de una
política exterior mucho más agresiva con respecto a Venezuela, con
amenazantes declaraciones de altos voceros norteamericanos –como
las del secretario de Estado Rex Tillerson, quien afirmó en febrero de
2018 que seguirán presionado al ‘régimen’ de Maduro e insinuó que en
situaciones de crisis surgen las posibilidades de un golpe militar (BBC
Mundo, 2018)−, hasta el despliegue de fuerzas navales militares esta-
dounidenses en el Caribe, frente a las costas venezolanas en abril de
2020. Como contraparte a esto, el Gobierno de Maduro ha establecido
estrechas relaciones internacionales con países como Rusia, China,
Turquía o Irán, siendo altamente estratégica la relación con los dos
primeros, y otorgando cada vez más facilidades para el acceso a recur-
sos y negocios, como contrapartida por su apoyo geopolítico.
En medio de estas disputas y estos diferentes niveles de conflicto,
la población venezolana ha quedado relegada en un segundo plano
en orden de prioridades. Todo esto ha generado un muy alto dete-
rioro y precariedad de la calidad de vida en general, una dramática
situación humanitaria, resaltando las severas dificultades para el
acceso a los alimentos y medicinas, así como una muy degradada si-
tuación de los servicios públicos en el país (agua, electricidad, gas,
transporte o gasolina, por mencionar ejemplos). Aunque se carezca
de estadísticas oficiales actuales, se hace evidente el recrudecimien-
to de los niveles de pobreza en el país, aumentos de los índices de des-
nutrición –Unicef alertó sobre el crecimiento en Venezuela de este fe-
nómeno en niños (Unicef, 2018)– y agravamiento de las condiciones
de salud de la población. Los factores descritos generan condiciones
para el incremento de la violencia social y unos dramáticos niveles de
emigración, principalmente de la población joven del país, que han

–231autonomía
sido estimados por la Organización Internacional para las Migracio-
nes (organismo de las Naciones Unidas) y ACNUR en más de cuatro
millones de personas en los últimos cinco años (ACNUR, 2019).
Los factores descritos reflejan una situación límite que puede des-
encadenar escenarios imprevisibles.
IV. Las metamorfosis del progresismo: fin de ciclo como
cambio de régimen y la mutación del chavismo en Venezuela
Fin de ciclo como cambio de régimen
La Gran Crisis venezolana ha venido generando profundas transfor-
maciones en la sociedad, al tiempo que es el resultado de reacomo-
dos y reajustes en las relaciones de dominación, de reestructuracio-
nes en los regímenes de apropiación de la naturaleza, acumulación
de capital y distribución de los excedentes, los cuales son orientados
en gran parte por los grupos de interés en disputa. En este sentido,
argumentamos que el devenir del proceso bolivariano no sólo refleja
el agotamiento del progresismo, sino también marca el final de una
fase histórica y el desarrollo de una nueva.
Esta interpretación se inscribe en el debate latinoamericano so-
bre “fin de ciclo progresista” (Modonesi, 2015; Svampa, 2016; Peters,
2016), que señala el agotamiento y fin de un período para la región
ante las transformaciones regresivas en curso, restauraciones con-
servadoras en avance y desgastes de las corrientes de cambio por la
izquierda. Desde una perspectiva multidimensional y multi-escalar,
proponemos analizar el fin de ciclo no tanto como un secuencia de
cambios de gobierno, sino más bien como un cambio de régimen
(político), entendiendo que este último no se compone únicamente
de los marcos jurídicos y las estructuras de gobierno formales, sino
también de los marcos de operación, tecnologías, prácticas y procedi-
mientos de poder −lo que en Foucault (2006) se denomina “guberna-
mentalidad”− así como el conjunto de mecanismos de organización
socio-económica predominantes que se configuran en torno al proce-
so de acumulación de capital extractivista.

232 –
La instalación de los gobiernos de Mauricio Macri en Argentina
en 2015 y Michel Temer en Brasil en 2016, con el respectivo avance
de fuertes medidas de ajuste en sus gobiernos; el viraje político de
Lenin Moreno en Ecuador; la victoria de Sebastián Piñera en Chile en
diciembre de 2017; la significativa y amplia derrota electoral del Go-
bierno de Nicolás Maduro en las elecciones parlamentarias de 2015 en
Venezuela; o la asunción de la presidencia por parte de Jair Bolsonaro
en Brasil y Jeanine Añez en Bolivia en 2019 (esta última de maneras
irregulares ante la renuncia de Evo Morales); son expresiones claras
de este agotamiento, que se produce al calor de la caída de los precios
internacionales de las materias primas –desde 2014.
Sin embargo, como ya expresamos no es de nuestro interés un
análisis e interpretación del cambio de época en la región que esté ca-
racterizado fundamentalmente por la estadía o no de gobiernos “pro-
gresistas” o de centro izquierda en los Estados. Si ha existido un ci-
clo progresista, no ha sido únicamente por la llegada de líderes como
Hugo Chávez, Evo Morales o Rafael Correa, y el impulso de un con-
junto de políticas públicas y programas de gobierno de corte popular
reivindicativo, sino también por los nuevos sentidos comunes emer-
gentes, las nuevas subjetividades que irrumpen en el espacio político,
el desarrollo histórico de condiciones materiales que propician estas
transformaciones, y la nueva correlación de fuerzas que, desde abajo,
allana el camino para cambios de época en toda la región, incluyendo
en países donde este tipo de gobiernos nunca llegaron.
El ciclo progresista latinoamericano que se iniciara con el siglo
XXI puede ser también leído como la emergencia de una nueva ola
modernizadora para la región, impulsada no solo por el boom de los
commodities, sino también por ampliaciones y nuevos dispositivos
en la distribución social de los excedentes captados en este proceso.
Esta ola modernizadora ha generado importantes transformaciones
en los entramados sociales; en los territorios urbanos, campesinos e
indígenas; en sus estructuras políticas –lo que incluye a las formas
de ejercicio del poder y las luchas populares–; en las expectativas y
patrones culturales; y en los metabolismos sociales; lo cual tiene y
tendrá notables efectos para toda la vida en la región.
Además del desplazamiento de estos gobiernos en funciones de

–233autonomía
poder, o bien la pérdida de hegemonía adquirida en años anteriores
por parte de los bloques y partidos de centro-izquierda dominantes,
cuando pensamos en el cambio de una época es necesario analizar
también la complejización de los sistemas y clases sociales en los
últimos 15 años en la región; el surgimiento de nuevas burguesías
y nuevas derechas; la financiarización de las clases populares y el
robustecimiento cualitativo de las economías informales; el creci-
miento en los metabolismos sociales2 (al menos en términos absolu-
tos) (UNEP, 2013); la expansión, caotización y vulnerabilidad de las
ciudades latinoamericanas (United Nations, 2014); avances en las
fronteras extractivas, con el incremento de explotaciones no conven-
cionales (Oilwatch Latinoamérica, 2017); expansión y sofisticación
de bandas y grupos delincuenciales, con mayor presencia y control
de territorios; mayor versatilidad del neoliberalismo −lo que hemos
llamado un “neoliberalismo mutante” (Teran Mantovani, 2014)−; y
mayor presencia de otros actores geopolíticos, diferentes a los Esta-
dos Unidos, como los BRICS.
Estos factores descritos indican, por un lado, que el fin del ciclo
progresista no necesariamente nos remite a una “vuelta al pasado”
–a un regreso en la línea del tiempo a las décadas de los años 80 y 90−,
como ha sido afirmado por diversos líderes (Fariza, 2017) e intelectua-
les progresistas (Sader, 2017), y que en definitiva todo ha cambiado;
y por otro lado, evidencian que, ante estas significativas transforma-
ciones, se van también agotando y caducando los regímenes y modos
de gestionar y hacer política que configuraron a los progresismos en
sus inicios.
Es necesario aclarar que el análisis que proponemos de estos perío-
dos tiene fundamentalmente una proyección de ciclo corto, y que sin
duda podrían también ser analizados en ciclos temporales medios
y largos, pudiendo arrojarse otras conclusiones. A su vez, los perío-
2 Se entiende por metabolismo social al conjunto de flujos de materiales y de
energía que se producen en los procesos de transformación y apropiación
social de la naturaleza, desde escalas locales hasta regionales y globales.
Diversos indicadores físicos (aportados fundamentalmente desde la
economía ecológica) dan cuenta de estos flujos, tales como la huella
ecológica, tasa de retorno energético, huella hídrica, índice de consumo
doméstico de materiales, entre otros.

234 –
dos o ciclos son ante todo recursos analíticos que buscan facilitar la
comprensión de dinámicas socio-políticas que se desarrollan más o
menos coherentemente por un lapso de tiempo determinado. Enfa-
tizamos que los tránsitos de un ciclo a otro no implican cambios pu-
ros, que aunque contengan claras rupturas también expresan algu-
nas continuidades con los tiempos previos. Del mismo modo en que
hemos afirmado que en el ciclo progresista el neoliberalismo nunca
se fue (Teran Mantovani, 2014), planteamos un distanciamiento a
la denominación de “post-progresista” para caracterizar una nueva
etapa en la región (Modonesi y Svampa, 2016), debido a que el pro-
gresismo no va a desaparecer, aunque ya no constituya un rasgo do-
minante en la región, o incluso presente cambio cualitativos en los
perfiles de sus representantes, agrupaciones y políticas.
En este sentido, la entrada a un nuevo período supone también
reconocer qué modalidades y tendencias coexisten e incluso cuáles
de ellas se hibridan. Esto es fundamental para, antes que reificar el
binarismo progresismo-neoliberalismo, intentar detectar con mayor
claridad la manera cómo se ensamblan complejamente los modelos
de acumulación de capital a escala nacional; esto es, cómo políticas
entendidas como progresistas –vinculadas por ejemplo a la asisten-
cia social y la presencia del Estado–, ejecutadas desde gobiernos pro-
gresistas, han también operando en conjunto con otros dispositivos
neoliberales –vinculados por ejemplo a instrumentos de financia-
rización y de orientación a la globalización. Pero del mismo modo,
permite destacar la manera cómo gobiernos conservadores fueron
adoptando mecanismos de estabilización política, social y económi-
ca para que, a través de ciertas políticas “progresistas” de distribu-
ción social del excedente o de inclusión cultural, se pueda garantizar
la gobernabilidad ante la desregulación, privatizaciones y flexibiliza-
ción económica impulsada por estos.
Los altos niveles de hibridación y complejidad política que se pre-
sentan en esta nueva etapa regional no deben, sin embargo, atenuar
las alertas sobre los peligros y nuevos regímenes de poder que podrían
consolidarse, tomando en cuenta la profundización de las contradic-
ciones sociales y políticas latinoamericanas, el sobrecalentamiento
de las tensiones geopolíticas y las disputas territoriales por los lla-

–235autonomía
mados ‘recursos naturales’. En este sentido, interesa caracterizar la
relación que se va construyendo entre las re-estructuraciones econó-
micas en curso, las transformaciones en los patrones de gobernabi-
lidad y control social, y el devenir de la confrontación internacional,
básicamente entre los Estados Unidos (y sus aliados) y China y Rusia
(y sus aliados). Para el caso de Venezuela, este conjunto de factores se
expresan en la configuración de un cambio de régimen, aunque, fi-
nalizando la segunda década del siglo XXI, no se haya materializado
ningún cambio de gobierno.
La metamorfosis del chavismo
Argumentamos que el devenir del proceso bolivariano, antes ser una
excepción es una clara muestra de este fin de ciclo progresista, en el
cual se fue configurando un cambio de régimen sin cambio de go-
bierno –lo que podríamos llamar la metamorfosis del chavismo–, a través
de un progresivo y creciente proceso de neoliberalización económica
–lo que hemos llamado El Largo Viraje– y un proceso de derechización
política interna, que ha derivado en el fin de la ‘democracia partici-
pativa y protagónica’ y la configuración de un régimen con un clara
política dictatorial.
Este cambio de régimen ha supuesto la emergencia de una nueva
fase del extractivismo en el país –que claramente ya no es el llamado
“neo-extractivismo progresista”−, en la cual los pilares fundamenta-
les que servían de basamento al proyecto bolivariano (además de la
‘democracia popular participativa y protagónica’, resalta el naciona-
lismo energético y una economía de bienestar “anti-neoliberal” en
favor de los más desfavorecidos) han sido desplazados en el marco de
reconfiguraciones económicas y reformas jurídicas, normativas, po-
líticas y de gubernamentalidad que se han convertido en los modos
dominantes –aunque el contexto es de permanente inestabilidad y
conflictividad. El cambio de régimen se expresa también en una re-
formulación de las alianzas (populares) que conformaban el anterior
‘bloque contrahegemónico’, que mutan hacia unas menos heterogé-
neas y más elitistas, más verticales y autocráticas, adaptadas a las

236 –
nuevas condiciones materiales y a las necesidades de re-estructura-
ción económica.
Es necesario caracterizar con mayor detalle tanto el viraje econó-
mico como el político de esta nueva época.
a) El «Largo Viraje» en el proceso bolivariano: la evolución del
neoliberalismo mutante (2014-2020)
Aunque el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro ha insistido en
utilizar el cuño del ‘Socialismo del Siglo XXI’ para describir el mo-
delo económico existente en Venezuela, estamos ante la segunda
oleada de re-estructuración económica de la llamada ‘Revolución
Bolivariana’, esta vez en el contexto de un nuevo escenario histórico
de acumulación por desposesión en el país.
Esto debe ser comprendido en el marco de un complejo proceso de
neoliberalización que se va colando y tomando forma en la política
económica del Gobierno de Maduro. Hemos planteado anteriormen-
te la necesidad de analizar la presencia de un neoliberalismo mutante.
Esto supone, por un lado, distanciarse de una lectura pura y ortodoxa
que sólo comprende el neoliberalismo desde el recetario del Consenso
de Washington (primordialmente estructurado por el FMI), vincula-
dos a los “paquetazos”, la « terapia de shock» o poniéndole especial
énfasis a las privatizaciones. Por otro lado, implica reconocer que,
dado el alto costo político que ha supuesto la imposición de súbitos
programas de ajuste –provocando numerosas revueltas populares y
caída de gobiernos–, autoridades gubernamentales han también ve-
nido impulsando este modelo con matices, adaptaciones, grados di-
ferenciados de intensidad y flexibilidad.
En este sentido, el neoliberalismo mutante es una faceta de este
modo de acumulación que se caracteriza por su carácter heterodoxo,
híbrido, estratégico y flexible; de permanentes reacomodos, ajustes y
mutaciones, en la cual, sus mecanismos fundamentales de operación
–a saber flexibilización y desregulación, mercantilización y financia-
rización (Harvey, 2007), comercialización (orientación a las exporta-
ciones y al mercado global), corporativización (organización según el

–237autonomía
modelo de negocios) (Bakker, 2007) o privatización– se articulan, hi-
bridan y coexisten con políticas de intervención estatal, mecanismos
selectivos de distribución social de la renta o políticas de inclusión so-
cial y cultural. Esta faceta neoliberal allana transiciones socialmente
más tolerables para el sostenimiento de los procesos de acumulación
de capital y puede preparar el camino para un eventual giro a la orto-
doxia u horizonte de despojo masivo, apuntando con posterioridad a
políticas más crudas, verticales y explícitas de neoliberalismo.
Argumentamos que el caso venezolano es útil para comprender las
particulares dinámicas del neoliberalismo mutante, el cual se desa-
rrolló fundamentalmente en el período de La Gran Crisis. A diferen-
cia de las medidas neoliberales impuestas por el Gobierno de Carlos
Andrés Pérez en 1989 bajo el formato de la terapia de shock –denomi-
nadas estas “El Gran Viraje”– y con el auspicio del Fondo Monetario
Internacional, desde el año 2014 se inicia un proceso de re-estructu-
ración económica en el país el cual se ha desarrollado más bien como
un Largo Viraje, en el que se van llevando adelante reformas legales,
normativas, políticas y medidas económicas, que van dándole cada
vez mayor cabida a formas de acumulación neoliberal. Esto merece
ser analizado detalladamente en su complejo ensamblaje.
A partir de 2014/2015, una corriente pragmática va tomando el ti-
món de ciertos sectores económicos, como lo fue por ejemplo la ges-
tión de Eulogio del Pino en la presidencia de Petróleos de Venezuela
S.A. (quien sería posteriormente detenido por casos de corrupción en
la empresa en 2017), comenzando a estructurar lo que llamó un “régi-
men especial de inversiones” (AVN, 2016). A partir de dicho régimen se
irían configurando reformas en los marcos de negocios que apuntaban
a la flexibilización progresiva en favor de las corporaciones transnacio-
nales, principalmente en lo que respecta a la Faja Petrolífera del Ori-
noco, lo que posteriormente se tomaría como modelo en los marcos del
resto de los sectores extractivos. Estas medidas ‘especiales’ han sido
fundamentalmente elaboradas como solución a los problemas inter-
nos de liquidez y como arreglo favorable a los inversores foráneos.
Las medidas fueron evolucionando, hasta ir componiendo los pla-
nes y programas nacionales. En 2016 es lanzada la “Agenda Econó-
mica Bolivariana” (AEB), un plan nacional que expresaba la inten-

238 –
ción de avance hacia las nuevas fronteras de la extracción, a través
de los llamados 15 “Motores Productivos” y el objetivo de incrementar
las exportaciones no petroleras (Mppef, S/F). Ya en 2015 comienza a
re-emerger y tomar fuerza el mega-proyecto ‘Arco Minero del Orino-
co’, lo que va a ir oficializándose en 2016, de la mano de la AEB, jun-
to a los planes de abrir nuevos polos extractivos para la captación de
divisas y el relanzamiento de otros ya existentes (como por ejemplo
Carbozulia). Todo esto le daba a la minería un rol nunca visto ante-
riormente en la historia contemporánea venezolana. Por otro lado, el
“Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica”
(PRCPE), de agosto de 2018, promueve también el favorecimiento a la
inversión extranjera para el deseado aumento de la “producción” de
los sectores extractivos (claramente para la exportación), a lo que se
le añaden la creación de unidades de cuenta y bono (el llamado ‘Pe-
tro’) que serían respaldados en petróleo y demás ‘recursos naturales’
en el subsuelo; y otras políticas macro-económicas de orden moneta-
ria (como la devaluación del tipo de cambio).
Entre las políticas de flexibilización y desregulación económica
se pueden destacar la creación de las “Zonas Económicas Especia-
les” o Zonas de Desarrollo Estratégico Nacional, oficializada desde
los inicios de este Largo Viraje en 2014 (Ley de Regionalización Inte-
gral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria), la cual es una
figura de una muy alta significancia que plantea una liberalización
radical de territorios para un “desarrollo” acelerado de los mismos.
A su vez se cuenta la “Ley Constitucional de Inversión Extranjera Pro-
ductiva” (28/12/2017), la cual persigue promover y atraer la inversión
extranjera, así como el otorgamiento de “beneficios especiales” a la
misma (como exenciones arancelarias o amortizaciones aceleradas)
(Gaceta Oficial, 2017); eliminación de la tasa de cambio protegida
“Dipro” para la importación de alimentos y medicinas (26/01/2018,
Gaceta Oficial No. 41.329), unificando la tasa oficial en torno a la tasa
‘libre’ “Dicom” que, como ya se ha dicho, fue devaluada en agosto de
2018 buscando nivelarla con la del mercado negro; o la exoneración
del Impuesto Sobre la Renta a los enriquecimiento de PDVSA y sus
empresas filiales y mixtas (que abarca a las corporaciones petroleras
foráneas asociadas) –siendo que el cobro de dicho impuesto ha sido

una especie de emblema histórico del ejercicio de soberanía por parte
del Estado venezolano.
Otra clara expresión del desplazamiento del nacionalismo energé-
tico es la invitación que ha realizado el Gobierno nacional a las em-
presas para participar en los emprendimientos no sólo como accio-
nistas, sino también como financistas de los mismos, cubriendo la
parte de la inversión que en la actualidad ya no puede aportar Pdvsa
u otra empresa estatal. Esto otorga de facto mucho mayor grado de
influencia política y económica a las corporaciones sobre la explota-
ción, y en su conjunto, sobre el ejercicio de la soberanía nacional por
parte del Estado.
Mecanismos de mercantilización de la naturaleza se evidencian
con la búsqueda de respaldos cuantificados de pago a partir de la cer-
tificación de reservas de ‘recursos naturales’, como ha sido planteado
a partir del Proyecto Magna Reserva Minera, el cual persigue regis-
trar todas las reservas de este tipo en el país; a su vez, el Gobierno
nacional ha ofrecido estímulos a la inversión en proyectos extracti-
vos a partir de la propuesta de pagar una parte del financiamiento
adquirido por el Estado venezolano, directamente con el commodity
explotado, como fuese propuesto por Eulogio Del Pino para levantar
la ‘producción’ de Carbozulia, ofreciendo el carbón de ‘alta calidad’
como retribución (Del Pino, 2016). El anuncio de creación de la crip-
tomoneda venezolana “Petro” –eje central en el PRCPE–, respaldada
en los crudos del campo 1 del bloque Ayacucho de la FPO, así como en
otros minerales como el oro y los diamantes, apunta a la financiari-
zación masiva de la naturaleza al inscribir ‘recursos’ que ni siquiera
han sido extraídos a dinámicas financieras que, aunque parezcan
autónomas, están en directa relación y función con los procesos glo-
bales de acumulación y flujos de capital en y desde el país. Se trata de
una lógica que intenta expandir el circulante monetario doméstico a
partir del hipotecamiento de la vida ecológica y sus ciclos.
Formas variadas de privatización fueron emergiendo, como se
refleja en las figuras de participación mayoritariamente privada, en
casos particulares contemplados para actividades petroquímicas, ex-
plicitado en la reforma de la Ley Orgánica para el Desarrollo de las Ac-
tividades Petroquímicas (Decreto N° 2.171, 30/12/2015). El incremento

–241autonomía
permanentes aumentos de los salarios nominales, así como otras po-
líticas de corte social como el “Plan Chamba Juvenil” (para incorporar
jóvenes al campo laboral) o el “Plan Parto Humanizado”, que buscaría
proteger a la mujer en el proceso de gestación. Sin embargo, dichas
políticas contrastan con la imposición de sacrificios u omisiones en
relación a las dramáticas carencias de bienes de primera necesidad y
servicios públicos; una absoluta falta de transparencia de las cuentas
públicas y asignaciones a discreción de los excedentes con base en
criterios partidistas; y un brutal aumento de la represión y control
social, ante las protestas crecientes. Recursos como la emisión ma-
siva de dinero inorgánico –reconocida por el Gobierno nacional– han
permitido matizar lo que hubiese podido ser una mayor austeridad
en el gasto público.
El conjunto de estas medidas no sólo no logran paliar la crisis ac-
tual –sobre todo en el caso de los sectores sociales más desfavoreci-
dos–, sino que básicamente representan formas compensatorias que
no afectan el proceso de re-formateo conservador del régimen pro-
gresista previo. Por otro lado, el proceso de maduración neoliberal
que se alcanza en Venezuela para fines de la década del 2010 se va
a entrelazar con una profundización del colapso económico que se
registra desde 2019, influido también en buena medida por las san-
ciones estadounidenses y el posterior surgimiento de la pandemia de
la Covid19 en 2020. Esto acentúa el ya accidentado, inestable, volátil
y conflictivo contexto político en el cual se desarrollan estas refor-
mas, al tiempo que hace del mismo un escenario más voraz. Lo que
es quizás necesario resaltar es que, aunque Venezuela está atravesada
por disputas nacionales e internacionales, los grupos de poder que se
encuentran en pugna comparten los principios de re-estructuración
neoliberal –en consonancia con los intereses de las grandes potencias
foráneas, sea EEUU, China, Rusia, etc.
El proceso de acumulación por desposesión en curso viene cohe-
rentemente de la mano de la configuración de un régimen represivo
y autoritario que se contraponga a los descontentos y protestas popu-
lares que se resisten a aquel. Veamos.

242 –
Tiempos violentos: derechización del proceso bolivariano,
estado de excepción y deriva dictatorial
El régimen nacional-popular que caracterizó el ‘bloque contra-hege-
mónico’ desde inicios del proceso bolivariano, se ha venido trans-
formando significativamente tanto en su composición, en su perfil
político, como en su marco general de operación, aunque mantenga
algunas nominaciones ‘revolucionarias’. Desde el período de estan-
camiento (2009-2013) hasta el surgimiento de La Gran Crisis, se ha
generado un proceso de pulverización de la llamada ‘democracia
participativa y protagónica’, derivando en un régimen dictatorial en
el cual el sector militar tiene un rol central.
La situación de alta conflictividad política, colapso, presiones in-
ternacionales y sanciones extranjeras descritas, así como los intere-
ses económicos y políticos de los grupos de poder ligados al Gobierno
de Nicolás Maduro, han generado el marco para la configuración de
una “situación extraordinaria”, una especie de estado de conmoción
en el cual se ha impulsado una creciente militarización de todos los
ámbitos de la vida y la instauración, de hecho y de derecho, de un
estado de excepción en el país. Dicho estado de excepción se ha con-
vertido en condición permanente –lo cual es formalmente un absolu-
to contrasentido– dada su ejecución por medio de decretos oficiales
emitidos desde enero de 2016, declarando el “estado de excepción y
emergencia económica en todo el territorio nacional”, y siendo pro-
rrogados continuamente hasta nuestros días. En el Decreto N° 2.849
del 13 de mayo de 2017 se indica que podrán ser restringidas las garan-
tías para el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución,
con algunas salvedades.
En nombre de la lucha contra la “guerra económica”, el avance de
la delincuencia y del paramilitarismo, y los avances subversivos de los
sectores más radicales de la oposición, numerosas mediaciones institu-
cionales y procedimientos democráticos han sido omitidos y la violen-
cia va cobrando un rol más importante en los mecanismos de control y
coerción social por parte del Estado. Destacan diversos mecanismos de
intervención policial directa en barrios urbanos, zonas rurales y áreas
de instalación de la minería ilegal para “combatir el hampa” y las acti-

–243autonomía
vidades ilegales, como la llamada “Operación de Liberación del Pueblo”
(OLP), que ha implicado choques directos de los cuerpos de seguridad
del Estado en dichos territorios, los cuales solían tener polémicos saldos
en muertes (Ministerio Público, 2017). A pesar de que estas particulares
operaciones de seguridad fueron relegadas por el Gobierno nacional en
2017 –debido a las denuncias nacionales e internacionales–, ese mismo
año se crearon las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un comando
que ha mantenido e incluso intensificado estas modalidades de acción
sumamente violenta, siendo señalada de graves violaciones de derechos
humanos y cientos de ejecuciones extrajudiciales (junto a otros cuerpos
de seguridad) (Consejo de Derechos Humanos ONU, 2019; Consejo de
Derechos Humanos ONU, 2020).
Se han registrado crecientes represiones y excesos policiales ante
las protestas de calle, la disidencia política y el descontento social
producto de la situación en el país (tanto hacia sectores opositores
como a grupos afectos al Gobierno nacional), encarcelamientos po-
líticos sin respetar ningún tipo de procedimiento legal, así como
también desapariciones –como los conocidos casos de Alcedo Mora
en 2015 y Carlos Lanz en 2020. A su vez, ha proliferado la aparición
de civiles armados (generalmente motorizados) que, como fuerzas
para-estatales o para-policiales, ejercen mecanismos de represión
contra las manifestaciones y protestas contra el Gobierno de Maduro
(haciendo el ‘trabajo sucio’) –los mal llamados ‘colectivos’. Su proce-
dencia es variada y pueden ser funcionarios policiales y militares que
actúan de civil, funcionarios de las fuerzas de seguridad que están
desmovilizados y luego se organizan, o “colectivos de escoltas” que
nadie sabe cómo están regulados, así como también hampa común
(Ávila, s.f.) u organizaciones territoriales politizadas simpatizantes
del Gobierno bolivariano. A estas también se le atribuyen el provo-
car muertes en manifestantes (Consejo de Derechos Humanos ONU,
2019). Con la pandemia de la Covid19, la situación de impunidad se
ha incrementado sensiblemente (Plataforma Ciudadana en Defensa
de la Constitución, 2020).
Se ha hecho evidente una intensificación de procesos de militariza-
ción en todo el país, en especial en las zonas fronterizas y las declara-
das de ‘recursos naturales estratégicos’, lo que se expresa, por ejemplo,

244 –
con la instauración de Zonas Militares Especiales en áreas como el Arco
Minero del Orinoco (YVKE Mundial, 2016). El objetivo central en este
viraje político se centra en hacer prevalecer por sobre todas las cosas los
intereses de ‘Seguridad Nacional’ y la razón de Estado, así como gene-
rar marcos para la securitización y ‘pacificación’ de la sociedad.
El campo de la deliberación política, y el escenario electoral y de
los partidos han sido extremadamente precarizados y se encuentran
sumamente desacreditados. Los procesos electorales están siendo
afectados de manera arbitraria por parte del Gobierno nacional, tal y
como ocurrió con la paralización del referéndum revocatorio en 2016;
la suspensión y/o posposición sin mayor criterio de elecciones estata-
les y municipales; el abierto bloqueo a la emergencia de candidatos y
partidos alternativos, como ocurrió con la negativa a Marea Socialista4
para su oficialización como partido político por parte del Consejo Na-
cional Electoral (CNE) en 2015, o con la desaparición virtual de la can-
didatura de Eduardo Samán, reconocido dirigente del bloque chavista
que se postulara como alternativa al PSUV en las elecciones munici-
pales de diciembre de 2017, y que fuera excluido del tarjetón electoral,
quedando con una candidatura ‘invisible’ (La Nación, 2017); o frau-
des electorales ejecutados incluso contra el propio chavismo de base,
como sucedió con la victoria que el comunero Ángel Prado obtuviera
en el municipio Simón Planas (estado Lara) en diciembre de 2017 con
el partido Patria Para Todos (PPT), la cual fue desconocida por el CNE
mediante operaciones fraudulentas y tecnicismos manejados a conve-
niencia, adjudicándole finalmente el cargo al candidato del PSUV Jean
Ortiz (Cardozo, 2017). La instalación formal de la “plenipotenciaria”
Asamblea Nacional Constituyente en agosto de 2017, ha supuesto la
imposición de un poder indiscutible que se coloca de manera autori-
taria sobre el resto de los poderes y actores de la sociedad venezolana.
Para 2019/2020, luego de los intentos infructuosos de Juan Guaidó
y sectores de la oposición radical de tomar el poder y/o crear estructu-
ras de gobierno paralelas, el Gobierno de Maduro ha logrado dividir
4 Marea Socialista es un movimiento político de izquierda que, aunque
ha tenido fundamentalmente una orientación chavista, es opuesto al
Gobierno de Nicolás Maduro, y busca la construcción de una alternativa
política más allá de la polarización imperante en el país.

–245autonomía
al conglomerado opositor, proclamar una nueva Asamblea Nacional
(enero 2020) con diputados de oposición que pactaron con el gobierno,
y posteriormente intervenir varios partidos –tanto de oposición de de-
rechas como disidencias del chavismo– a través del Tribunal Supremo
de Justicia, designándole nuevas juntas directivas a los mismos. Con
las disidencias del chavismo y la conformación de nuevas facciones
partidistas de izquierda –como la Alternativa Popular Revolucionaria
(APR)– el Gobierno de Maduro ha realizado amedrentamientos y ata-
ques contra sus dirigentes a través de los cuerpos de seguridad.
El esquema de gobernabilidad que se ha ido configurando no sólo
persigue garantizar la re-estructuración económica en curso, sino
también expresa el conjunto de alianzas que serían beneficiadas de la
misma. Sostenemos que el Gobierno nacional no sólo ha desarrolla-
do mecanismos de defensa ante el avance insurgente de los sectores
más radicales de la oposición venezolana y los ataques de coalicio-
nes foráneas encabezadas por el gobierno de los Estados Unidos, sino
que también, en este proceso ha buscado recuperar, re-centralizar,
re-apropiarse y garantizar las iniciativas de acumulación de capital
y de captación del beneficio en el país. Esto, como ya hemos afirma-
do, ha sido promovido en buena medida por el sector militar, un actor
fundamental en la historia de Venezuela y en la configuración de po-
der del Estado venezolano, el cual reformula su composición de alian-
zas dándole mayores privilegios e incidencia al capital transnacional.
La alianza fundamental de poder planteada entre el sector mili-
tar y las corporaciones transnacionales, traza las rutas más estables
y predecibles del rumbo económico a partir del mapeo de los «recursos
naturales» del país. Junto a los formatos de flexibilización para las cor-
poraciones foráneas, se han ido formalizando mecanismos de gestión
de emprendimientos extractivos entre estas y la institución armada,
la cual se autonomiza como actor económico, como ocurre con la con-
formación de la empresa militar Camimpeg (Compañía Anónima Mi-
litar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, Decreto No. 2.231.
Gaceta No. 40.845, 10/02/2016), la cual queda facultada para realizar
una muy amplia lista de operaciones que abarca “todo lo relativo a las
actividades lícitas de Servicios Petroleros, de Gas y Explotación Minera
en general, sin que esto implique limitación alguna”.

246 –
La combinación de esta potestad militar con el mayor nivel de in-
cidencia territorial formal por parte de compañías transnacionales
a través de las Zonas Económicas Especiales, plantea no sólo la es-
tructuración de una modalidad oligárquica de gobernanza sobre los
bienes comunes para la vida, sino también una nueva configuración
general de poder. La extraordinaria expansión de la corrupción en
todo el tejido de las instituciones estatales, y los altos niveles de im-
punidad y despotismo reinantes, amenazan notablemente cualquier
posibilidad de sortear por otras vías más democráticas y de horizon-
tes populares y emancipatorios el curso de los acontecimientos. El
proceso de descomposición política que se ha desarrollado durante La
Gran Crisis ha abierto canales para la rutinización de prácticas crimi-
nales en el seno del Estado (Le Billon, 2001), lo que supone estrechos
vínculos del mismo con economías ilícitas (como las redes ilegales
de la extracción de oro), y por tanto, con el crimen organizado. Estas
tendencias se acentúan en 2019/2020, con la profundización del co-
lapso societal venezolano y tienen impacto en la propia reconfigura-
ción de alianzas de poder.
A la par de todo este proceso descrito, el Gobierno nacional ha
mantenido la acostumbrada narrativa revolucionaria que resalta el
“legado de Chávez” y el Socialismo del Siglo XXI, la inclusión social,
la “independencia nacional” y la lucha contra el imperialismo. La si-
tuación real ha creado una brecha tan grande entre este discurso y la
vida cotidiana, que ha socavado parte de los sentidos comunes que
han sostenido el proceso bolivariano desde sus inicios. La creación
de un Ministerio de ‘Minería Ecológica’ o la afirmación del Presiden-
te Maduro de que los Comités Locales de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP) encarnan las comunas organizadas y representan el po-
der comunal (Contrapunto, 2017) –siendo los CLAP básicamente los
mecanismos organizativos para distribuir los alimentos regulados a
los hogares– son ejemplos que revelan el vaciamiento del horizonte
emancipatorio en la vocería oficial de la Revolución Bolivariana.

–247autonomía
IV. En la encrucijada histórica: tendencias, debates y lecciones
La frontera de un extractivismo predatorio y la política del
saqueo
La evolución de los acontecimientos en las dos décadas que van de
este siglo XXI nos ha llevado hacia nuevos escenarios no antes vistos
en Venezuela, en un contexto regional y global sumamente comple-
jo, inestable y conflictivo. El proceso de descomposición política y
desestructuración histórica del complejo societal venezolano, acen-
tuado en el período 2019/2020 con la profundización del colapso in-
tegral que vive el país, ha devenido nada más y nada menos que en
la disolución del centenario Petro-Estado y el capitalismo rentístico.
Las implicaciones de esto son tremendas, dado que los procesos
que hemos examinado en este artículo están evolucionando en el
marco de un escenario abierto y volátil, del cual es importante resal-
tar tres aspectos: a) el colapso del rentismo, del Petro-Estado y toda
su institucionalidad ha hecho perder centralidad a la disputa por la
renta, lo que le otorga cada vez más fuerza a la apropiación directa de
los recursos y el control de los territorios, algo que se evidencia en los
múltiples conflictos territoriales que se desarrollan en el país; b) el
colapso del Petro-Estado ha implicado que el propio Estado venezola-
no sea hoy fundamentalmente una colección relativamente articula-
da de grupos de poder (que pueden tener conflictos y tensiones entre
sí) y un conjunto de instituciones precarias y discontinuas; c) la des-
estructuración de la economía formal ha hecho que la economía que
prevalezca en el país sea la informal/ilícita, y esta está esencialmente
controlada por redes de criminalidad organizada locales y transfron-
terizas; y d) estos factores revelan que Venezuela está más expuesta
que nunca a los flujos salvajes de la economía globalizada, y que la
geografía venezolana también cruje, jaloneada por múltiples actores
del despojo y la re-colonización –de ahí que en los últimos años haya
aumentado la internacionalización del conflicto en el país.
Esto nos ha abierto a un patrón de apropiación y acumulación ex-
tractivista de nuevo tipo en el que las dinámicas de neoliberalización
y estado de excepción descritas anteriormente, convergen con for-

248 –
mas políticas de perfil predatorias. El extractivismo queda claramen-
te fragmentado, promoviendo una multiplicación de operaciones de
extracción y despojo, en las cuales prevalece la minería (y ya no tanto
el petróleo) como una actividad fundamental para la reproducción
simultánea de estructuras de poder local y nacional (continúa ha-
biendo una conexión con poderes centrales del Gobierno nacional,
ubicado en Caracas). Entre los actores que operan y disputan en estos
escenarios tenemos a grupos corruptos del sector militar o policial,
gobiernos locales (alcaldías, gobernaciones, etc.), la criminalidad
organizada (como los llamados “sindicatos mineros” dedicados a la
extracción ilegal de oro), o grupos armados para-estatales de diverso
proceder (nacional e internacional, como facciones de la guerrilla co-
lombiana, ELN, disidencias de las Farc o grupos de garimpeiros pro-
venientes de Brasil). Estos grupos se orientan por la geografía políti-
ca de los recursos, siendo los principales focos de extracción las zonas
del oro ubicadas en la Amazonía venezolana (alejados de los territo-
rios históricos de la explotación petrolera, al norte del río Orinoco),
donde existen además reservas de diamante o coltán; pero también
diferentes minas no metálicas, así como la apropiación de tierras de
vocación agrícola.
Lo que le otorga el carácter predatorio a este nuevo tipo de extrac-
tivismo es, por un lado, que todos estos actores involucrados, a pe-
sar de lo revuelto y fragmentado del escenario, se orientan y operan
fundamentalmente a partir de una política del saqueo, sea porque esta
representa el mecanismo esencial de operación en los territorios, o
bien porque se produce como una forma de aprovechar la vorágine
dominante. En esta forma de política, la violencia juega un rol cen-
tral y se establece como la mediación principal, instalando lógicas
de guerra en las geografías. Por otro lado, la predominancia de las
economías ilícitas, de la emergencia de poderes locales, así como la
rutinización de prácticas criminales en el Estado, han permitido la
instalación de gobernanzas criminales que hacen evidentes que no
sólo las fronteras entre lo legal y lo ilegal se han hecho muy borrosa,
sino incluso que se van conformando regímenes de poder híbridos
entre estos dos ámbitos, que van gestionando economías de enclave.
El conjunto de factores que presenciamos, en el que se conjugan

–249autonomía
recursos naturales, conflictos armados y colapso del Estado, son más
propios de casos en el continente africano, lo que revela un escenario
sui generis para el país e incluso América Latina. Esto ejerce una fuerza
sobre la problemática que busca llevarla más allá de las fronteras de la
posibilidad de hacer política, de la preservación de contratos sociales,
de la reproducción de lo público, y nos pone ante tremendos desafíos
para buscar revertir estos procesos, desactivar dinámicas beligerantes
y allanar caminos hacia modelos alternativos al extractivismo.
Lecciones de un período agotado y potencialidades para las
luchas populares en el país
En este complejo contexto, conviene evaluar cuáles son las lecciones
adquiridas desde esta y el conjunto de las experiencias recientes de los
progresismos latinoamericanos y las izquierdas, cuál es el horizonte
emancipatorio y cuáles son las posibilidades de resistencias popula-
res que puedan hacer contrapeso a estas preocupantes tendencias.
En primer lugar y respecto a las lecciones, existieron en los prime-
ros años del proceso bolivariano francas posibilidades de transforma-
ción y cambio de rumbo favorable para los pueblos, principalmente
por la fuerza de la efervescencia social. No obstante, se expresaron
varios límites para la expansión de estas potencialidades, que no
tenían que ver únicamente con la dependencia internacional y el
imperialismo/colonialismo, sino también con factores endógenos a
los propios procesos. En medio de las disputas, se impusieron a las
fuerzas sociales orientaciones trascendentales y abstractas donde
prevaleció la razón de Estado y la lógica de conservación del poder,
las matrices (neo)desarrollistas y la expansión del extractivismo, el
pragmatismo y el realismo político, neutralizando las agendas lo-
cales concretas y la territorialización del proyecto emancipatorio, y
favoreciendo en cambio a viejas y nuevas élites políticas y económi-
cas, mismas que años después impulsarían avances conservadores
en contra de los propios procesos de cambio.
Pero lo que queremos resaltar es que estas orientaciones fueron
sostenidas tanto por posturas teóricas como por narrativas políticas

que, ante la idea de la “defensa de la Revolución Bolivariana”, como
uno de los principales bastiones de la izquierda y la revolución en
América Latina (y para parte del mundo) terminaron, por un lado,
implantando un fiel y centralizado respaldo a las élites representan-
tes del proceso, que cada vez entraban más en contradicción con las
bases sociales de apoyo, y por tanto, generando un sostenimiento de
los factores que contribuyeron al declive del proceso popular; y por
otro lado, la defensa incondicional a estas élites gobernantes fue ins-
talando una situación de chantaje a la diferencia, que contribuyó a
la criminalización de la crítica necesaria y clausuró múltiples rutas
para pensar e impulsar alternativas.
Es inútil insistir en que la debacle del proceso bolivariano, y prin-
cipalmente, la neutralización de los sectores sociales que tomaron ver-
daderamente la bandera de cambio revolucionario; así como la re-es-
tructuración de la economía con crecientes rasgos neoliberales en el
gobierno de Nicolás Maduro, eran un camino inevitable. Hay ya un lar-
go registro de críticas y señalamientos que, desde diversos sectores del
campo popular –incluyendo amplios sectores del chavismo de base– fue-
ron alertando de medidas y políticas que debían tomar otros rumbos.
Mientras se ha utilizado sin cesar el ‘indiscutible’ enfoque de la
geopolítica del imperialismo estadounidense para explicarlo absolu-
tamente todo, han sido las clases populares, habitantes de los barrios
urbanos, mujeres, pueblos indígenas, comunidades campesinas y pes-
cadoras, e incluso sectores más vulnerables de la clase media, los que
sufren y enfrentan las consecuencias de las políticas de flexibilización
económica y de la militarización de la vida promovidas por el Gobierno
de Maduro. Mientras la población ha sufrido el desparramamiento de
la violencia política opositora o de las sanciones estadounidenses, tam-
bién lo hace con el pago puntual gubernamental de la deuda pública en
detrimento de las importaciones, con el crecimiento de las agresiones
de los cuerpos de seguridad del Estado contra organizaciones campe-
sinas, comuneros y trabajadores precarizados por la situación actual.
Mientras los venezolanos son afectados por las redes de contrabando
transfronterizo, del mismo modo lo son por la devastadora corrupción
de la burocracia ‘revolucionaria’, que se ha devorado los fondos públicos.
Es en este sentido que retumba la pregunta sobre ¿cuál es el rol de

252 –
propia crisis, sino también han evidenciado intentos, tentativas y
posibilidades para recuperar la vía política para el país.
En relación al ámbito de la arena de la política nacional, los ma-
los resultados de los intentos destituyentes del ciclo de movilizaciones
masivas de 2014 y 2017, han generado desaliento en las expectativas de
cambio, decepciones de los seguidores respecto a los partidos de oposi-
ción y el aprovechamiento del Gobierno para atornillarse más al poder
del Estado. Esto se une al desencanto y descontento creciente que se ha
producido en las bases del chavismo, y al hartazgo generalizado de la
población por las extraordinariamente precarias condiciones de vida
del país, que en su conjunto han provocado que la polarización esté
en franca decadencia, siendo que más de la mitad de los venezolanos
no se siente identificada ni con el Gobierno ni con la oposición. Esto,
de hecho, ha abierto canales para la emergencia de otras expresiones
políticas que, sin embargo, navegan también en las inestables y tur-
bulentas aguas de la crisis venezolana, por lo que, un elemento agluti-
nante de los descontentos no ha logrado establecerse.
Al finalizar la segunda década del siglo XXI, tenemos un alto nivel
de fragmentación de las fuerzas políticas en el país –lo que contrasta
con la mayor aglutinación de fuerzas en el Gobierno de Nicolás Ma-
duro, fundamentalmente el poder del sector militar, que es su núcleo
vital– y la disputa de lo que podemos entender como dos corrientes:
una radical, que promueve la violencia extrema, la aniquilación del
otro a cualquier costo y se desentiende de cualquier vía negociada y
democrática –corriente presente en sectores del chavismo y de la opo-
sición–; y otra más conciliadora e institucional, que busca la conse-
cución de acuerdos mínimos de convivencia y reglas compartidas y la
reconstrucción de vías institucionales para canalizar las diferentes
cuestiones políticas y económicas del país. Esta última corriente ha
permitido la articulación de actores del chavismo y la oposición para
algunas iniciativas, aunque sin lograr mayor trascendencia hasta
la fecha. Pero estos grupos se movilizan teniendo como uno de sus
principales fines el evitar una guerra civil con participación interna-
cional, así como atenuar las penurias que la crisis humanitaria ha
generado en la población.
En relación al ámbito de las luchas y disputas territoriales, este es

–253autonomía
quizás el que exprese las más interesantes manifestaciones de otras
políticas en el país, aunque cabe acotar que también estas navegan
en las inestables y turbulentas aguas de la crisis venezolana, y se en-
frentan a la violencia del Gobierno dictatorial de Maduro y del crimen
organizado. Como ya hemos mencionado, este tipo de movilizaciones
suelen ser colocadas mediáticamente siempre a la retaguardia de las
grandes marchas orientadas por la política y las agendas de los parti-
dos, pero en realidad estas logran reflejar la sustancia del antagonis-
mo popular y social venezolano, en relación con sus particularidades
socio-culturales y territoriales. De estas podemos destacar dos tipos:
las movilizaciones por servicios públicos y salarios, y las que se dan en
defensa de los bienes comunes naturales, medios de reproducción de
la vida y el territorio. Ambas han estado en permanente actividad en
este período de crisis, con sus altibajos y variaciones de expectativas.
Respecto a las primeras, se registran constantes protestas de diver-
sos sectores gremiales, como el de los docentes, enfermeras y sector
salud, sindicatos petroleros, entre otros, pudiéndose expresar algunas
posiciones autónomas ante la cooptación de los partidos y líderes de
la polarización, así como nuevas narrativas. Por otro lado, las movi-
lizaciones por la dramática situación de los servicios públicos (agua,
electricidad, gas, transporte, gasolina, etc) se han vuelto centrales en
Venezuela y han evolucionado de la mano del propio colapso. Desde
2019 han venido creciendo y multiplicándose, y en 2020, en plena pan-
demia, han llegado a alcanzar escala nacional –incluyendo sector rural
y territorios amazónicos–, siendo que en septiembre de este año el país
estaba encendido en protestas en toda su geografía, algo que ocurría
de manera simultánea sin ser convocado por algún gran actor políti-
co, sino por las iniciativas de los propios pobladores. También en estas
protestas se evidencian un nuevo umbral de hartazgo por la situación,
nuevas narrativas, cierta identificación común entre las movilizacio-
nes y diversas formas de organización local.
En relación a las luchas en defensa de los bienes comunes natura-
les, medios de reproducción de la vida y el territorio, estas han sido
una constante, incluso en tiempos de crecimiento económico y bo-
nanza petrolera. En la crisis, ha seguido emergiendo movilizaciones
y demandas que reivindican los valores ecológicos y territoriales, así

254 –
como otras que articulan dichas demandas con el reclamo por servi-
cios públicos y salarios. En este contexto, podemos resaltar luchas
como la de los pobladores de Sarare en defensa del Cerro La Vieja –en
el estado Lara, así como otros movimientos ambientales en dicho es-
tado–, las oposiciones a la minería en Bailadores (Mérida) y en los
morros de Macaira (Guárico), o las luchas de los pobladores de Maripa
(criollos e indígenas) en el bajo Caura contra la instalación de balsas
mineras en dicho río (estado Bolívar). También se registran diversas
luchas campesinas por la propiedad y/o gestión de la tierra, las cuales
se han articulado en la Plataforma de la Lucha Campesina que, en
julio de 2018, inició una marcha desde Guanare (estado llanero de
Portuguesa) con un grupo de 200 campesinos, recorriendo 430 kms
a pie durante 21 días hasta llegar a la capital Caracas, en lo que re-
presenta una movilización inédita en Venezuela, y de gran simbolis-
mo político para los movimientos populares de izquierda. También
vale la pena resaltar procesos organizados de resistencia territorial
indígena, ante los grupos armados que practican la minería ilegal en
la Amazonía venezolana, como se evidencia en comunidades de los
pueblos pemón, y en la conformación de guardias indígenas wottuja
y yekwana.
Aunque el panorama nacional no es alentador, estamos ante una
crisis tan profunda que está generando mayores espacios a factores
desencadenantes y nuevos escenarios que producen condiciones
para el surgimiento de nuevas subjetividades, registros y códigos po-
líticos. Es importante señalar que, aunque en un estado inicial de
fragmentación, el rol de estas potenciales nuevas subjetividades es
esencial para generar una masa crítica que promueva resistencias y
alternativas ante la situación, más si se toma en cuenta que la con-
figuración de nuevos tiempos deberá necesariamente trascender e ir
más allá de los códigos fundamentales de la polarización.
Las posibilidades de articulación de una gama ya mucho más va-
riada de actores son inciertas, debido a que los puentes de comunica-
ción entre sectores sociales y políticos han quedado vulnerados, a raíz
de la determinante polarización. Sin embargo, se ha hecho evidente
en los últimos años la búsqueda de puentes entre diferentes grupos y
actores no polarizados, para comenzar a construir plataformas más

–255autonomía
amplias y diversas de acción y movilización.
Si mirásemos las causas profundas de la crisis actual, sus vínculos
con los actores dominantes y con el modelo de desarrollo imperante,
podríamos resaltar que la situación de potencial impago de la deu-
da externa unido a la descomunal corrupción que se ha devorado las
cuentas públicas puede hacer converger a numerosas organizaciones
populares, movimientos y comunidades en torno a una campaña na-
cional por la auditoría de todas estas cuentas del país. Se presentaría
además una oportunidad para evidenciar los vínculos de la deuda y el
desfalco con el extractivismo, en la medida en la que el respaldo ma-
terial de estos procesos de despojo financiero global contra Venezuela
son precisamente sus ‘recursos naturales’ y sus territorios. El relan-
zamiento del Arco Minero del Orinoco y todo el conjunto de proyectos
que buscan re-colonizar viejas geografías y las nuevas fronteras de
los commodities se realiza bajo esta racionalidad. De esta manera,
podríamos tener la convergencia de luchas por la justicia en la distri-
bución económica y por la justicia ambiental al mismo tiempo. Algo
nunca visto en la historia de las luchas populares venezolanas.
Estamos ante dos momentos cruciales: el actual, en el cual cada
cosa que se haga tiene y tendrá impacto en el desenlace de esta crisis,
y será esencial para determinar que la misma tenga un curso posibi-
litante para lo emancipatorio-popular; y de no ser así, es necesario
pensar en un segundo momento en el cual, ante lo delicado de los
posibles escenarios, las organizaciones sociales, comunidades, mo-
vimientos populares, y diversas agrupaciones ciudadanas, puedan
estar al máximo preparadas para enfrentar situaciones de muy alta
conflictividad o de colapso de las condiciones básicas de vida, las cua-
les podrían profundizarse en los próximos tiempos.

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