Aprendiendo a negociar con los gobiernos: Se levantan las protestas en Panamá tras un mes de lucha: lo que se consiguió y lo que falta

A prácticamente un mes del estallido de las primeras huelgas y protestas, con marchas diarias, piquetes en las principales carreteras del país y cierres de calles por los pueblos originarios y campesinos, se terminan de levantar luego de acuerdos alcanzados en la mesa única del diálogo entre el Gobierno de Laurentino Cortizo y de las direcciones de los movimientos de las protestas, que finalizó en su primera etapa este sábado 30 de julio. La Iglesia Católica participó como mediadora. Qué se ha acordado y cómo queda la situación.

Panamá llegó a quedar paralizado en medio de las más grandes protestas vividas por el país en décadas. La gran mayoría de las provincias y comarcas del país centroamericano fueron foco de las manifestaciones, con cortes de carreteras, bloqueos y una huelga indefinida del magisterio. De un punto a otro del país prácticamente no hubo lugar donde las protestas no se hicieron sentir.

Durante casi dos semanas se abrieron negociaciones con la intermediación central del Episcopado panameño. Para entrar en las conversaciones con el Gobierno de Cortizo, tanto la Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos (ANADEPO), que tiene su principal base social en la provincia de Veraguas, incluyendo la Asociación de Profesores Veragüense (AEVE), como la Alianza Pueblo Unido por la Vida (APUV) que agrupa a sindicatos de empleados públicos y centrales obreras, entre ellos al el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS), y los representantes de los pueblos originarios de la Comarca Ngäbe-Buglé y comunidades campesinas del Oriente chiricano, llegaron a un acuerdo para establecer una mesa única de negociación y presentar un pliego único de reclamos.

Todos estos sectores venían divididos, pero se vieron obligados a coordinar y centralizar las demandas a ser negociadas con el gobierno, tras varios intentos fracasados por parte del gobierno y algunos sectores de las protestas que rápidamente eran desbordados ante del desconocimiento de las bases en lucha, tan fuerte era el descontento por abajo. Acuerdos llegados durante 72 horas se caían en unas cuantas horas.

Luego de las largas negociaciones, recién este 30 de julio se presentaron los primeros acuerdos de esta primera ronda. Al momento de escribir este artículo, el miércoles 3 de agosto por la tarde se dará en Coclé la siguiente ronda para los otros temas pendientes. Con todo esto, las protestas y huelgas que sacudieron a Panamá y que no se veían desde hace varias décadas, amenazando un verdadero estallido social, se han levantado.

¿Qué se consiguió?

En la mesa única se llegaron a acuerdos en temas sobre la gasolina, canasta básica familiar, medicamentos y educación, bajo un esquema que se estableció como “consensos y disensos”, una forma eufemística para decir en qué cedía el gobierno o no con respecto a los reclamos. En una apretada síntesis y de manera general, se puede especificar que en el tema de la canasta básica de alimentos, se aprobó lo que se denominó la canasta básica saludable familiar ampliada con 72 productos, sin afectar al productor nacional, en donde el gobierno aceptó reducir su costo en un 30 %.

En cuanto al combustible se mantuvo en 3,25 dólares para todo tipo de maquinaria a motor de combustible, excepto yates o embarcaciones de lujo y placer, así como vehículos con placa de gobierno. No se llegó a acuerdo en el punto sobre el control del margen de ganancia, porque ponía al descubierto las enormes ganancias con los aumentos de los combustibles, incluso, a pesar de esta reducción.

En cuanto al tema de la rebaja en los precios y el desabastecimiento de medicamentos en la Caja del Seguro Social, el gobierno se comprometió a crear mecanismos para la compra directa a agentes internacionales como Naciones Unidas y el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, de igual manera, el establecer precios topes para 150 medicamentos. Aquí tampoco se llegó a acuerdo en el punto referido a la regulación del margen de ganancia en medicamentos en la cadena de compra y distribución de medicamentos de farmacia privadas.

Por su parte, los gremios del magisterio lograron un acuerdo en que el gobierno se comprometía a invertir 5,5 % del PBI para el año entrante y el 6 % para el 2024, lo que representaría 1.122 millones de dólares, en base a un crecimiento del 5 % del PBI. Otro punto fue en cuanto al Fondo de Equidad y Calidad de la Educación conocido como FECE, ya que se propuso modificar el Decreto Ejecutivo 439 del 2020 que regula la Ley de Contrataciones Públicas en beneficio de los docentes.

En función de esto, el magisterio acordaba el levantamiento del paro nacional que decretaron en julio, que mantuvieron durante 26 días, tanto por sus propias demandas como en apoyo a las protestas surgidas por el alto costo de la vida. La decisión permitirá que los profesores retornen este miércoles 3 de agosto a las aulas para continuar con el año escolar.

Para la mayoría de las organizaciones presentes en la mesa única, que se le haya logrado arrancar estas exigencias al gobierno de Cortizo se trata de un triunfo de las protestas. Sin embargo, otros ven con serias dudas los acuerdos alcanzados pues, con una inflación que continúa, los precios acordados pueden volver aumentar, más aún si no fue establecido tope alguno para los márgenes de ganancia de los sectores empresariales. La vía libre y el secreto contable es lo que ha venido engordando los bolsillos empresarios, como se expresa sobre todo en el sector de las farmacéuticas, que vienen estableciendo precios con márgenes de ganancias exorbitantes.

Las cuestiones nodales que nunca estuvieron sobre la mesa

Las direcciones de las protestas nunca pusieron sobre la mesa tres temas cruciales, como la cuestión central de los salarios, los acuerdos con el FMI que es lo que está en la base de todo el ajuste que viene aplicando y lo seguirá haciendo el gobierno de Cortizo, y sobre los despidos en la administración pública, parte de ajuste fiscal. En este marco, las concesiones que se le arrancaron al gobierno al ser una economía dolarizada pueden ser efímeros debido a la inflación internacional, pues el “congelamiento” de precios es relativo y seguirá aumentando a medida que aumenten los precios internacionales.

Esto ocurre en una situación en que los ataques del gobierno de Laurentino Cortizo continúan en función de los acuerdos con el FMI. Así, por ejemplo, apenas iniciadas las negociaciones se hizo público un brutal ataque a los trabajadores estatales. De acuerdo al plan de “austeridad” que no es otro que el dictado por el FMI, se prepara el despido de aproximadamente 27.000 empleados públicos. Se trata de la “ajustar las cuentas”, no mediante el ataque a la alta corrupción o haciendo pagar a los grandes empresarios y capitalistas, sino a los trabajadores. Detener este ataque nunca estuvo en la mesa de negociaciones llevado a cabo por el gobierno y las direcciones de las organizaciones que estuvieron sentadas en la mesa de negociación.

Otro punto que nunca fue tratado ni puesto sobre la mesa de negociación fue el aumento de los salarios al nivel de la canasta básica y que sean indexados de acuerdo a la inflación, tanto en el sector público como el privado. Este hubiese sido un importante mecanismo de defensa frente a los constantes ataques al ingreso de los trabajadores y la inflación ante el alto costo de vida. Pero iba a contramano de las políticas de austeridad que el gobierno de Laurentino Cortizo pretende aplicar, de la mano de los despidos en el sector público, y dando vía libre en el sector privado.

Luego de presionar para estar en la mesa, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), que ha formado la Gran Alianza Nacional por Panamá (GANP), ingresaría en las siguientes etapas de negociaciones. Son los que en durante las protestas exigieron al Gobierno que actúe con mano dura, aduciendo que los cierres de carreteras les “han causado pérdidas millonarias”, cuando son ellos los que vienen golpeando a los trabajadores con los aumentos indiscriminados de los productos básicos y la ola de despidos, como se observó durante la pandemia, empeorando drásticamente las condiciones de vida y aumentando los servicios.

Es lo que, a su manera, ha anticipado el Episcopado, el principal mediador en los diálogos, en la voz del monseñor José Domingo Ulloa, quien reiteró que, finalizada esta primera etapa, los demás “actores sociales” serán incluidos en el diálogo nacional: “Hemos llegado a hacer está primera, vuelvo a insistir, está etapa nos prepara ahora para poder en un tiempo corto poder seguir fortaleciendo el diálogo con todos los actores que construyen nuestro querido Panamá” sostuvo el arzobispo. Y no se refiere a otro, centralmente, más que al sector empresarial.

La lucha que sigue planteada

En Panamá la informalidad roza el 50 %, según datos oficiales de la Contraloría General de la República (CGR), de acuerdo con los informes oficiales, el precio del combustible se había incrementado en hasta un 47 % entre enero y julio, lo que disparó las primeras movilizaciones y la actual ola inflacionista ha supuesto un especial shock para los trabajadores y las grandes mayorías populares panameñas.

El gobierno de Cortizo siempre apuntó a la desmovilización con sus mesas de diálogo. Lamentablemente, los representantes de los que estaban en las calles, cuando apenas se dio inicio a la mesa única de negociación, bajaron la intensidad de las mismas, cuando lo que se planteaba era profundizarla hacia sectores claves de la economía, y derrotar completamente la política del gobierno que ahora avanzará con sus planes del FMI, como ya se ha hecho público, y seguirá descargando la crisis sobre pueblo trabajador panameño.

En este extenso período de lucha, fueron las bases las que consiguieron mantener las acciones en las calles logrando incluso que las direcciones se unificaran. Aunque se han alcanzado puntos parciales que no van hasta el final con los problemas estructurales para el pueblo trabajador en Panamá, este es un primer round de la pelea, y plantea la necesidad de avanzar hacia un nivel superior de la lucha, organizarse frente a los ataques ordenado por el FMI, como la amenaza de despido de los miles de empleados estatales, para solo poner un ejemplo. Lo que Cortizo ha cedido ahora con una mano, lo sabrá sacar con la otra mano, junto a los empresarios y los organismos internacionales de ajuste. Este es el desafío que tiene el pueblo trabajador panameño, avanzando en niveles de organización y coordinación desde abajo, sacando las primeras lecciones de casi un mes de protestas en las calles.