La reciente medida que ha tomado el gobierno de Maduro de no cancelar el bono vacacional a los maestros de la educación básica y a los profesores y trabajadores universitarios, aduciendo supuestas limitaciones presupuestarias, no es más que un nuevo escalón en la aplicación de un bárbaro esquema laboral neoliberal que se viene aplicando desde hace años.

El salario de los trabajadores venezolanos, que tuvo una curva ascendente en la primera etapa del gobierno de Hugo Chávez, entre 1999 y 2007, comenzó una vertiginosa caída a partir de 2008, llegando en 2020 a una increíble disminución del 99 % (como lo han establecido diferentes investigadores como Mateo Tomé y Manuel Sutherland). Hasta marzo del presente año 2022, el salario mínimo venezolano alcanzaba el irrisorio monto de 1,59 dólares mensuales.

Siempre es necesario recordar que en Venezuela el salario mínimo no obedece a las “fluctuaciones del mercado”, sino que es fijado anualmente por el Estado atendiendo a los costos de la canasta básica de alimentos (art. 91 CRBV). Esto quiere decir que el descenso del salario real (por salario real se entiende la capacidad de adquirir bienes con el monto salarial que el trabajador percibe; hay que entender que el salario nominal puede ser aumentado, pero que debido a la inflación existente, la capacidad de compra de dicho salario puede disminuir) en Venezuela, no se ha producido de manera espontánea, sino que ha respondido a una política explícita y consciente del gobierno para reducir al mínimo ese salario real.

No conforme Maduro con haber acabado con los salarios de los trabajadores venezolanos, a partir de 2018, con el memorándum 2792 del Ministerio del Trabajo, procedió a desconocer todas las contrataciones colectivas del país, borrando de un plumazo derechos laborales que se habían conquistado en Venezuela en los 80 años anteriores, derechos que, por cierto, se habían fortalecido con la Ley del Trabajo aprobada por Hugo Chávez en 2012.

Para remate de esta política neoliberal clásica, denominada de “flexibilización laboral”, y que ha formado parte de todos los paquetazos neoliberales aplicados en América Latina desde hace 40 años, el gobierno de Maduro generó el tristemente célebre “instructivo Onapre”, en marzo de este año 2022, escamoteando los legítimos y legales aumentos salariales que correspondían a todos los trabajadores públicos, a partir del aumento de salario mínimo decretado ese mes. El mentado instructivo Onapre impidió que los salarios de los trabajadores públicos se ajustaran de acuerdo a las contrataciones colectivas que las federaciones sindicales oficialistas habían firmado recientemente con el gobierno, resultando en una rebaja de casi el 100 % del salario que correspondía aumentar según las tablas firmadas por ellos mismos.

Este ha sido el caso de la IV Convención Colectiva Universitaria (IV CCU), firmada por el gobierno y su federación sindical afín, la FTUV, en agosto de 2021. Esas tablas salariales aprobadas por ellos mismos el año pasado (ese sindicalismo oficialista actúa desde hace tiempo como representantes del patrono, desconociendo los derechos de los trabajadores que dicen representar), fueron “inaplicadas” en marzo de este año, violentando descaradamente esa IV CCU que tanto habían propagandizado hacía apenas unos meses.

Toda la protesta que a lo largo de este año 2022 han protagonizado los trabajadores universitarios de todo el país, ha estado centrada en la exigencia de que se calculen los salarios en base a esas mismas tablas aprobadas por gobierno-FTUV en 2021. Protesta que ha incluido la introducción de diversos recursos legales ante el Tribunal Supremo de Justicia, exigiendo la derogación del Instructivo Onapre por violatorio de la Constitución Nacional y la LOTTT.

Pero el gobierno de Maduro no solo se ha hecho el sordo ante todas estas movilizaciones de los trabajadores universitarios (docentes, empleados administrativos y obreros), sino que ahora, en el pasado mes de julio, ha dejado de pagar el Bono Vacacional correspondiente, y esta misma semana, ha formulado una infame propuesta de pagar dicho bono en diez partes, en un plazo entre agosto de 2022 y julio de 2023.

Demás está decir que la FTUV ha salido rápidamente a respaldar esa infamia laboral que pretende aplicar Maduro. Otra vez es bueno recordar que desde hace más de medio siglo el Estado venezolano cancela los bonos vacacionales y de fin de año tanto a los trabajadores de la educación básica como de la educación universitaria, pago que nunca ha faltado ni ha sido cancelado “en partes” ni en las crisis económicas más profundas que ha pasado el país en dicho lapso.

La conducta de Maduro hacia los trabajadores universitarios puede ser una represalia por la reciente y contundente derrota electoral sufrida por el PSUV en las elecciones celebradas en la UCV para seleccionar los representantes de los egresados ante el Claustro Universitario. Maduro pensó que por las reparaciones ejecutadas a la infraestructura física de la UCV (que por lo demás son obligaciones del mismo gobierno y no pueden ser tomadas como una dádiva o “regalo generoso” de quien se conduce como caudillo decimonónico), el oficialismo representado por el PSUV iba a conquistar victorias electorales en dicha universidad. Pero el resultado no pudo ser peor para ellos, pues perdieron la representación en absolutamente todas las facultades de la universidad. Derrota por lo demás muy significativa si se toma en cuenta que los votantes, egresados de la UCV, son en su casi totalidad empleados públicos al servicio del mismo gobierno, los cuales, no obstante, votaron por candidaturas opositoras, que pese a ir divididas en varias planchas, terminaron triunfando en todas las facultades.

Si el PSUV no pudo ganar ni una facultad en la votación de los egresados, nos podemos imaginar el tamaño de la derrota electoral que sufrirá cuando la votación se realice a nivel de los profesores, estudiantes, empleados administrativos y obreros de la misma UCV. Pensamos por eso, que esta medida brutal de Maduro de no pagar el Bono Vacacional es una forma de represalia contra los universitarios y contra toda la administración pública (que según han anunciado, tampoco le cancelarán el bono vacacional).

El resultado para la historia de esta política laboral neoliberal de Nicolás Maduro, por lo menos a nivel de las universidades y el magisterio, ha sido la gigantesca fuga de cerebros que se escenifica a diario, con la salida de miles y miles de maestros, profesores y profesionales, que buscan en otros países del continente obtener los ingresos que aquí les están negados para poder mantener mínimamente a sus familias.

La destrucción casi total del sistema educativo venezolano viene siendo uno de los resultados del plan neoliberal de Maduro.

Afortunadamente, se ha venido produciendo una reacción muy positiva de los trabajadores y docentes que aún se mantienen en el país, y a lo largo de este año se han conformado espacios de coordinación sindical que han potenciado las protestas laborales que de manera más dispersa se habían mantenido en todos estos últimos años.

Las grandes manifestaciones que esta semana se han sucedido en más de 30 ciudades de Venezuela, incluyendo Caracas y las capitales de todos los Estados, están haciendo despertar el espíritu de lucha que históricamente ha caracterizado al pueblo venezolano.

Se han producido numerosas declaraciones de dirigentes universitarios afines al gobierno, rechazando el Instructivo Onapre y exigiendo se retome la legalidad laboral hoy violentada. Incluso instituciones académicas como CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) ha tenido el pronunciamiento de sus Centros reconocidos en el país, denunciando el carácter antipopular y antilaboral del instructivo Onapre (https://www.clacso.org/la-protesta-laboral-en-venezuela/).

El abismal derrumbe de los salarios reales en un 99 %, explica la enorme migración de seis millones de personas que han salido de Venezuela en los últimos 9 años. El retroceso salarial de los trabajadores venezolanos es tan pronunciado, que el salario en tiempos de la gran huelga petrolera del año 1936 (paradigma de la lucha obrera en Venezuela), 5 bolívares de salario diario (equivalente a 1,57 $ diarios por jornada), implica, como bien dijo Javier Biardeau, que en 2021 un trabajador en Venezuela recibía como salario mensual casi el mismo monto que un trabajador petrolero ganaba en +apenas un día de trabajo hace 84 años.

La realidad es que hoy, en agosto de 2022, cada vez más se consolida una fuerza sindical poderosa que se moviliza casi a diario en todo el país, enfrentando con decisión esta brutal política laboral madurista, que ha dejado atrás las flexibilizaciones laborales adelantadas por connotados gobiernos neoliberales del continente, como Pinochet y Piñera en Chile, Macri en Argentina y Bolsonaro en Brasil.

El carácter de traidor a la clase obrera de Nicolás Maduro, hoy se difunde ampliamente por todo el mundo, a la luz de estas grandes movilizaciones de trabajadores a lo largo y ancho de Venezuela. No solo son traidores los dirigentes de la CBST. La gran traición contra los intereses más sagrados del pueblo venezolano, la ha cometido Nicolás Maduro y todo el alto gobierno, que en menos de una década han acabado con todas las conquistas obreras logradas en casi un siglo de luchas.

Ya no engañan con su discurso manipulador que achaca al imperialismo norteamericano toda la culpa de la política neoliberal que ejecuta Maduro. Ciertamente existen las sanciones y la política intervencionista del imperio. Pero las mismas en nada justifican el brutal giro a la derecha de Maduro, y su actual componenda con Fedecámaras y con las mismas trasnacionales yanquis y europeas, que nunca se han ido del país, y que hoy se aprovechan del mínimo salario existente en el país, de las facilidades otorgadas por la Ley Antibloqueo y la Ley de Zonas Económicas Especiales, para hacer negocios en Venezuela a costa del hambre del pueblo.

Hoy más que nunca se hace vigente la consigna histórica de los trabajadores en todo el mundo: ¡¡¡ LA CLASE OBRERA UNIDA, JAMÁS SERÁ VENCIDA !!!