México: La estigmatización de los pueblos indígenas y las organizaciones sociales que defienden sus derechos

Desde hace varios meses el presidente de la república en sus conferencias mañaneras ha emprendido una ofensiva mediática en contra de las acciones legales –principalmente juicios de amparo- que han promovido personas físicas y morales impugnando actos de autoridad relacionados con la construcción de los llamados Megaproyectos. Las reclamaciones están relacionadas, con la vulneración del derecho a la consulta de pueblos y comunidades indígenas cuyos territorios resultaron afectados directa o indirectamente por las obras, con el derecho a un medio ambiente sano, con estudios de impacto ambiental, con la falta de expedición o la extemporaneidad de licencias de impacto ambiental, etcétera.

Las conferencias mañaneras han servido de plataforma para descalificar a priori toda acción legal emprendida contra los Megaproyectos. El primer mandatario ha echado en el mismo saco a los grupos de poder –que a través de asociaciones civiles- buscan descarrilar las obras de infraestructura, a las organizaciones sociales y a los pueblos y comunidades indígenas. La retórica presidencial es aplicada con el mismo rasero. Todos los que buscan frenar sus Megaproyectos son conservadores y tienen un interés distinto al jurídico, legítimo o simple, son meros instrumentos de la mafia del poder.

Las descalificaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), han encontrado eco en las voces de algunos juristas que otrora, fueron cercanos a las organizaciones sociales acompañándolas en sus reclamos; paradójicamente, estos colegas, concuerdan con la visión presidencial, deslegitimando los reclamos de los pueblos y comunidades afectadas.

El modelo de gobierno que prevalece en nuestro país, confiere al Poder Judicial de la Federación la función de órgano de control de constitucionalidad y convencionalidad y en los hechos, los tribunales funcionan como un contrapeso y freno a los posibles excesos del poder legislativo y el poder ejecutivo. A través de la función jurisdiccional los juzgados federales tienen la encomienda de vigilar que los actos de las autoridades se ajusten a los principios de legalidad y constitucionalidad.

La actividad de los órganos jurisdiccionales, se rige entre otras cosas, por el principio de imparcialidad, el cual conforme a la criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), consiste en“el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas” (https://bit.ly/3Jy9Nss). El principio de imparcialidad ha sido cuestionado acremente por el presidente de la república sobre todo en los casos en los cuales, los jueces de distrito han concedido la suspensión provisional y/o definitiva del acto reclamado –más no la concesión del amparo, como tendenciosamente algunos medios de comunicación lo hacen creer-, ordenando que las obras queden suspendidas. 

Objetivamente se puede afirmar, que no es del todo errónea la visión del ejecutivo federal sobre la falta de imparcialidad de algunos órganos jurisdiccionales. Una revisión somera de las redes sociales en las cuales publican sus opiniones  “a título personal” algunos de los juzgadores que tienen su cargo los juicios de amparo, dan cuenta clara de cuál es la línea ideológica que profesan y cuáles son los comentarios e ideas que les gusta replicar. La empatía que demuestran por las opiniones que desprecian todos los actos del actual gobierno, no sólo exterioriza sus preferencias, sus comentarios “a título persona” dan lugar al menos a un conflicto ético de intereses.  

Tampoco, es del todo equivocado el señalamiento presidencial que involucra a funcionarios y ex funcionarios judiciales (Ministros en retiro, Magistrados, Jueces, Secretarios de Estudio y Cuenta) en los litigios emprendidos por los grupos económicos. Es evidente que la actuación de estos personajes –con profundo conocimiento de los entramados judiciales- rompe con el principio de imparcialidad. La trayectoria profesional de algunos de los abogados que representan a los grupos económicos o las asociaciones civiles que éstos apoyan, da cuenta de su paso por el Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, si resulta incorrecto el juicio de valor que lleva a cabo el presidente López Obrador, al incluir los justos reclamos de los pueblos y comunidades indígenas y de las organizaciones sociales, como parte de la ofensiva de la llamada mafia del poder, deslegitimar las acciones de los grupos cuyos derechos son transgredidos por los megaproyectos, señalándolos como cómplices de sus enemigos políticos, ahonda la situación de vulnerabilidad de los grupos afectados, los expone al escarnio público -insinuando que son personas manipulables, incapaces de actuar por si mismos- y criminaliza sus actos de resistencia civil.

Contrario a lo que muchos de sus opositores sostienen, el presidente no es un político improvisado u ocurrente; es un zoon politikon, que conoce el alcance de sus acciones, que ha conseguido fijar la discusión política desde el púlpito de la mañanera. Es un político que la mayor parte de su vida vivió inmerso en el pueblo, que le expresa a la gente lo que quiere escuchar, más no lo que debe saber. Su cercanía y empatía con lo que el llama “el pueblo bueno y sabio” le permite asumir posiciones de intolerancia y autoritarismo hacia las comunidades y pueblos indígenas y hacia las organizaciones sociales que han decidido confrontar al poder por la vía legal y la movilización. 

Es poco probable que el presidente no esté enterado de que los pueblos y comunidades indígenas y organizaciones sociales, no son aliados de los grupos económicos ni están subvencionados por éstos, sin embargo, al medirlos con el mismo rasero, oculta la incongruencia de su postura ideológica y le permite enfrentarlos como enemigos políticos.

COMPORTAMIENTO JUDICIAL

Llegó el momento, después de 24 meses y dos aplazamientos del proyecto de sentencia. Por fin el próximo diez de agosto, la Primera Sala de la SCJN, discutirá el proyecto de sentencia del Recurso de revisión 51/2020, elaborado bajo la ponencia de la Ministra Margarita Ríos Farjat. El recurso de revisión derivó de un juicio de amparo en el que se reclamó la desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, quienes han sido reconocidos por el Ejercito Popular Revolucionario (EPR) como sus militantes.

La desaparición data del 25 de mayo de 2007 y fue perpetrada por elementos del Ejército, la policía ministerial del Estado de Oaxaca, la policía municipal de Oaxaca y también intervinieron indirectamente elementos adscritos a los organismos de inteligencia civil (CISEN) y castrense (Sección II).

Si bien, la desaparición se produjo durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (FCH), la regla de trato seguida por sus sucesores Enrique Peña Nieto (EPN) y Andrés Manuel López Obrador, no ha cambiado en las tres administraciones. A los dos luchadores sociales y a sus familiares se les ha dado un trato de enemigos del Estado y no de víctimas de un delito de lesa humanidad.

De nada sirvió que en el sexenio de EPN un Juez de Distrito ordenará la creación de una Comisión Especial y la apertura de los cuarteles militares para buscar a Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya; las autoridades hicieron caso omiso del mandato judicial. 

Tampoco, le ha importado a la actual administración que, en este sexenio, el Juez de Distrito que conoció del juicio de amparo, emitió  y dictó una sentencia en la cual reiteró la creación de una Comisión Especial; determinó que el Ministerio Público Federal, debe tomar las declaraciones de los principales mandos militares de la época en que se suscitó la desaparición, así como la búsqueda en el interior de los cuarteles militares de los dos desaparecidos. Frente a la determinación judicial, el Subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez ha mostrado un nulo interés por cumplir la resolución judicial.

La trascendencia de la sentencia que emita la Primera Sala, no sólo impactará otros casos de desaparición forzada, también pondrá a prueba la voluntad del gobierno de AMLO por acatar las sentencias y la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para hacer cumplir sus resoluciones. El tiempo será el que dilucide esas cuestiones.