La lucha continua en las calles de Panamá. El 11 de julio el gobierno de Laurentino Cortizo impulsó la división de los sectores en lucha, a través de la instalación de una mesa de negociación con los sectores sociales aglutinados en la Alianza Nacional del Pueblo Organizado (ANADEPO), en la provincia de Veraguas

Fracasó el dialogo por separado

Ese mismo día, Diógenes Sánchez, dirigente de la Asociación de Profesores de Panamá (ASOPROF) se manifestó en contra de la instalación de mesas de dialogo por separado, abogando por la unión de todos los sectores en una sola mesa de negociación: “Yo espero que el gobierno no se equivoque y pretenda dividir a los actores fundamentales que estamos en esta lucha, estamos señalando que haya una sola mesa no sólo en la provincia de Veraguas, también en la ciudad capital, el caso de los gremios médicos, los sindicatos de trabajadores” (La estrella, 11/07/2022)

A las reuniones asistió José Gabriel Carrizo, vicepresidente de Panamá, y las negociaciones fracasaron, porque los gremios rechazaron la propuesta de congelación de los precios de los combustibles en 3,95 dólar. En una consulta, las bases de ANADEPO rechazaron la segunda propuesta del gobierno de fijar en 3,40 el precio de los combustibles.

Las movilizaciones han debilitado al gobierno de Cortizo

El jueves 14 de julio, el presidente Cortizo instaló otra mesa de negociación en Ciudad del Saber, en los suburbios de ciudad Panamá, a la que asistieron transportistas de carga, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), entre otros, pero la reunión fue boicoteada por la Alianza Pueblo Unido por la Vida (APUV)

La APUV solicitó a la ANADEPO evitar la división, por medio de la instalación de una sola mesa de negociación. La APU envió una comisión a Veraguas, se unificaron criterios para forzar una sola mesa de negociación con el gobierno, al mismo tiempo que se redoblaron los esfuerzos por crear piquetes para cerrar las calles y carreteras.

En los bloqueos participó activamente la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP).

Al final, el gobierno de Cortizo tuvo que retroceder en su pretensión de mantener mesas de diálogos por separado. Pero el problema central no es solo que exista una sola mesa de negociación, sino una agenda común, para evitar que las negociaciones caigan en un laberinto, sin salida concreta.

Luis Sánchez, dirigente de ANADEPO, planteó incorporar “una mesa anticorrupción, al Órgano Legislativo, a la Antai, con el propósito de buscar alternativas para acabar la corrupción y la evasión del impuesto tributario que suma más de 4,600 millones de dólares”. La intención es buena, pero la lucha contra la corrupción en los hechos desvía la atención sobre los principales problemas económicos.

La conducción: ANADEPO y APUV

La Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos (ANADEPO), es uno de los bloques que ha iniciado la lucha. La columna vertebral de ANADEPO es la Asociación de Profesores Veragüense (AEVE), pero también participan otras 22 organizaciones de docentes, civiles, ganaderas, pesqueros, agrícolas, de transportistas y estudiantiles

La Alianza Pueblo Unido por la Vida (APUV) está formada por el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS),

la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI), la Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP), la Central General de Trabajadores (CGT), Asociación de Médicos, Odontología y Afines de la Caja de Seguro Social (AMOACSS), Asociación de Profesores De Panamá (ASOPROF), Sindicato Nacional de Trabajadores de La Universidad de Panamá (SINTUP), Convergencia Sindical (CS), Movimiento Comunal Nacional Federico Britton y otros grupos.

Este bloque agrupa muchos sindicatos, centrales obreras y empleados públicos.

Mesa de negociación, algunas concesiones con represión

El 19 de julio, en la provincia de Coclé, se instaló una sola mesa de negociación entre el gobierno de Cortizo, la ANADEPO, la APUV, con la mediación de la Iglesia Católica. Mientras se instalaba el dialogo, el gobierno acentuó la represión contra los cierras de calles y carreteras, con el objetivo de debilitar la posición de los gremios unificados en la mesa de negociación

La represión fue tan violenta que el arzobispo Jose Domingo Ulloa, declaró:  “Repudiamos estos hechos, máxime cuando estamos iniciando este proceso de diálogo para construir un mejor Panamá (…) reitero, repudiamos la violencia y la represión que se pueda dar entre nuestros hermanos”. (La Estrella, 20/07/2022).

En las primeras sesiones del dialogo se avanzó en los siguientes puntos: “rebaja y congelamiento de la canasta básica sin afectar al productor nacional, rebaja y congelamiento del precio del combustible, rebaja y abastecimiento de medicamentos en la Caja de Seguro Social (CSS), discusión sobre su situación y la del Ministerio de Salud, sin privatizar; el cumplimiento por parte del gobierno de la ley del 6% del PIB para educación. El problema de la corrupción y transparencia”.

Los temas aprobados son generales, y se desconoce como seria su implementación. Todo indica que la táctica del gobierno de Cortizo, sumamente debilitado por el impacto de las protestas sociales, es aceptar una buena parte de las reivindicaciones, pero sin un compromiso concreto sobre el mecanismo de cumplimiento, pero la aceptación es solo para adormecer a las dirigencias que están en las mesas de negociaciones.

¿Congelación de precios o aumento general de salarios?

En las mesas de negociación, los lideres populares han solicitado el congelamiento de precios o reducción del 30% de los precios de la canasta básica, que por el índice de inflación se calcula en 1600 dólares. En las reuniones, los lideres populares propusieron una oficina de control de precios. De esta manera, las negociaciones entraron en arenas movedizas.

El problema no es solo controlar precios o márgenes de ganancias de los grandes comerciantes, sino que la inflación ha devorado los salarios de los trabajadores, mermando su capacidad de consumo. Control de precios sin aumento de salarios, conduce a un callejón sin salida. Además, es conveniente aclarar que el control de precios mal aplicado puede quebrar a los pequeños comerciantes.

El Gobierno de Cortizo aceptó reducir el costo de la canasta básica en un 30%, subsidio al consumo de productos nacionales, reducción arancelaria con control de margen de comercialización. El tope de precios de 72 productos se establecería en un Decreto Ejecutivo y con una vigencia de seis meses, aunque prorrogable.

Esta es una promesa vacía, sin contenido concreto para los próximos días, que solo pretende ganar tiempo y cansar al movimiento de masas para dispersarlo. Si lograsen implementar un control de precios, los grandes comerciantes sencillamente esconderán sus productos y los venderán en el mercado negro. Por qué la verdadera recuperación de la capacidad adquisitiva de los trabajadores pasa por el aumento de salarios conforme el costo de la vida, y una regulación de las ganancias y precios de los grandes comerciantes, bajo la vigilancia y control de los sindicatos y organizaciones populares.

La demanda de aumento salarial ha sido relegada, priorizando la congelación de precios.

La Gran Alianza Nacional por Panamá (GANP) amenaza boicotear cualquier acuerdo

Debido al peligro que representa la unidad de los gremios en lucha, el gobierno de Cortizo alentó la participación de los empresarios en la negociación, como un mecanismo para equilibrar fuerzas, y para crear una torre de Babel en la que los diferentes sectores sociales hablarían lenguajes diferentes por los intereses antagónicos que representan.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), pidió su inclusión en la mesa de diálogo. Marcela Galindo, presidente de la CCIAP, pidió al gobierno que indique, cuanto antes, la hoja de ruta para la implementación de planes de austeridad. “Esto incluye la revisión del presupuesto del Estado, la eliminación de la ley de incentivos fiscales al turismo, la renuncia de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí y la aprobación de la ley de conflicto de intereses”. (La Estrella, 22/07/2022)

Como una concesión a los empresarios, para atraerlos a su terreno, Cortizo ordenó la derogación de las polémicas leyes 314 del 20 de junio de 2022 y 122 de 2019. A los grandes empresarios les horrorizó la mención del control de precios y cinicamente se convirtieron en falsos defensores de los pequeños comerciantes: “No se puede continuar debilitando más a los micro y pequeños productores y empresarios, quienes generan cerca del 60% de los empleos; es decir, más de 475,000 personas a nivel nacional cuya sustentabilidad ya se encuentra en peligro (…) Sólo con un acuerdo inclusivo y consensuado, que tenga como estandarte los intereses del país y sus ciudadanos, logrará los resultados positivos que Panamá requiere” (La Estrella, 24/07/2022).

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) declaro que era “inadmisible que se tomen medidas en materia económica, sin tomar en cuenta a los sectores productivos. Las propuestas planteadas no sólo resolverán los problemas de costo de la vida, sino que provocarán el cierre de muchas empresas, con la consiguiente pérdida de empleo.” (La Estrella, 24/07/2022)

La CCIAP insistió en que “si cuatro de los ocho puntos acordados entre el mediador y los manifestantes deben ser ejecutados por el sector empresarial, es necesario que este participe de la negociación en la mesa”. (La estrella 25/07/2022)

Para forzar una negociación tripartita (gobierno, sector popular y empresarios) los grandes empresarios crearon un nuevo bloque denominado “Gran Alianza Nacional por Panamá (GANP), amenazando con desconocer acuerdos si ellos no participan.

Una etapa critica

Después de mas de tres semanas del colosal estallido social que sacude a Panamá, la situación comienza a complicarse para las masas en lucha. En la medida que la lucha gremial se prolonga, sin haber obtenido resultados inmediatos, los bloqueos de calles y carreteras se convierten en el eje de la lucha.

En los hechos hay una huelga general dispersa, de carácter parcial que, si no logra atraer a nuevos sectores sociales, es probable que la táctica del gobierno de Cortizo de hacer concesiones formales y prolongar las negociaciones, incorporando a los empresarios, termine cansando a un sector de masas, lo que puede llegar a tener un efecto negativo en la movilización popular.

El contubernio Cortizo-empresarios busca torpedear la negociación, para que no haya acuerdos de fondo, y al prolongar el conflicto para asestar el golpe final. Luis Fernando Ábrego, dirigente de la ASOPROF, tiene razón al afirmar que al incluir a los empresarios en la negociación, el gobierno quiere romper las negociaciones.

ANADEPO y APUV debe ser conscientes de la trampa que esta tendida en la mesa de negociaciones. La única manera de derrotar las maniobras de Cortizo y los empresarios, es redoblando la movilización hasta paralizar completamente el país, y forzar la suscripción de acuerdos concretos, no promesas vagas. Debemos aprender la lección de las anteriores luchas que terminaron disolviéndose en la nada.