Servindi,

22 de agosto, 2022.-

Comunidades nativas de los pueblos Kukama y Urarina bloquearon desde el lunes 22 de agosto por 24 horas el río Marañón como protesta pacífica contra la postergación del gobierno para atender la agenda indígena.

La protesta se realiza en respaldo a la comunidad San José de Saramuro por otras 60 comunidades bases de las federaciones Acodecospat, Fediquep, Feconacor y Opikafpe.

Mediante un pronunciamiento se otorga un plazo de 45 días para que el gobierno reactive un diálogo de alto nivel con las federaciones con la presencia del Primer Ministro en territorio de las comunidades.

Si en el plazo otorgado el gobierno continúa de espaldas a las demandas indígenas las comunidades evaluarán y decidirán en asambleas tomar medidas más efectivas para cambiar el comportamiento del Estado.
 

Las organizaciones anuncian que no permitirán el ingreso de una nueva petrolera en el Lote 192 hasta que no inicie o haya avances concretos en la implementación de acuerdos suscritos con las comunidades en el Acta de Acuerdos de Consulta Previa.

Exigen atender el daño petrolero ocasionado en las cuencas de los ríos Marañón, Chambira, Corrientes, Tigre y Pastaza por cincuenta años de actividad hidrocarburífera.

El Estado peruano debe reparar mínimanente los crímenes ambientales como es el caso de la comunidad kukama San José de Saramuro que sufre de un abandono histórico.

Ocurre lo mismo con las comunidades urarinas La Petrolera, Santa Teresa, Nueva Alianza y Nueva Reforma, impactadas recientemente por un derrame en el Lote 8  por la empresa Pluspetrol y reportado a inicios de junio.

Cuestionan la débil intervención del estado que ha permitido que la petrolera Pluspetrol abandone el territorio sin terminar de remediar y sin dotar de agua apta para el consumo humano, tal como lo exige la normatividad.

Agenda pendiente

La Comunidad Nativa San José de Saramuro tiene una agenda pendiente con puntos como: la remediación ambiental de los sitios contaminados; el pago de servidumbre y compensaciones a la comunidad afectada por los derrames petroleros.

Asimismo, la recategorización y construcción del puesto de salud y la construcción de la escuela de la comunidad. Ninguno de esos compromisos tiene algún avance de cumplimiento.

Además, la comunidad denuncia el atropello de la Dirección de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas que pretende imponerles un proyecto rechazado por la comunidad por insuficiente y no adecuarse a sus necesidades.

Estos son solo dos ejemplos de “decenas de casos de postergación y ninguneo del actual gobierno, hechos que perjudican la vida concreta de nuestras comunidades”.

A ello se agrega la inseguridad presupuestal para el 2023 del Plan de Salud Intercultural de las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre, Marañón y Chambira, que debe beneficiar a más de 500 comunidades indígenas de distritos donde se realizan actividad petrolera.

Cabe agregar que el gobierno tampoco pretende otorgar más presupuesto para remediar ambientalmente las zonas contaminadas en los Lote 192 y Lote 8.

Finalmente, las federaciones y comunidades plantean que el estado apruebe el presupuesto para el Plan de Salud Intercultural por 5 años y transfiera 100 millones de soles durante el periodo fiscal 2023 en el marco de la Ley 30321 para remediación ambiental.

Otras demandas son formular, ejecutar e implementar el proyecto de una Universidad Intercultural en Datem del Marañón y Nauta; la solución de problemas e implementación de los proyectos de Establecimientos de Salud en las cuatro cuencas.

De igual modo, cumplir en el más breve plazo con de la sesión del Grupo de Trabajo Multisectorial de las Cuatro Cuencas en la comunidad 12 de Octubre de la cuenca del Tigre, con presencia del Primer Ministro y otros ministros de sectores involucrados en el Grupo de Trabajo.