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La guerra de contrainsurgencia implantada como política de Estado fue operada por caciques y generales que adiestraron a la tropa y a las brigadas blancas en tortura y desaparición forzada de personas. El caso de Rosendo Radilla es emblemático, pues desenmascaró las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército durante la guerra sucia, cuando desaparecieron de manera forzada a más de 600 personas, ejecutaron a gran número de luchadores sociales e implantaron el terror, con la práctica de la tortura.
El cacicazgo político y la bota militar encarnaron a los personajes siniestros que sometieron a una población insurrecta, ávida de justicia y democracia. Los caciques de Guerrero emergieron de las castas militares del porfiriato y del movimiento revolucionario. Con las armas se abrieron paso para tomar el poder. Se adueñaron de amplias franjas del suelo guerrerense y consolidaron sus empresas con el presupuesto público.
La producción de mariguana en Guerrero adquirió fama mundial con la variedad conocida como Acapulco Gold por su potencia sicoactiva que atrajo al turismo internacional. Desde la década de 1960 la guerra y la droga fueron el gran negocio para los caciques y los generales que, además de reprimir a la población civil, expandían la siembra de mariguana y amapola en las zonas costeras y serranas. Acapulco se transformó en el paraíso de los capos de la droga.
La explotación de maderas preciosas en reservas boscosas se transformó en otra minita de oro para los caciques regionales, que aprovecharon la ausencia de las instituciones gubernamentales, para acelerar el saqueo. En la sierra de Petatlán se urdió la alianza entre empresas extranjeras, caciques y crimen organizado con la complicidad de los mandos militares. Rogaciano Alba fue el prototipo del cacique que encompadraba generales para afianzar negocios ilícitos, como la explotación ilegal de la madera, la venta de armas y el trasiego de la droga. Fue famosa la operación del gobernador Rubén Figueroa con la empresa Boice Cascade, que arrasó los bosques con la protección del Ejército. En esas operaciones ilegales trasladaban la goma de opio en los troncos de los árboles. Los Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán encararon a los caciques y al Ejército bloqueando la salida de sus camiones. Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fueron detenidos y torturados por militares acusados por portación de armas y siembra de enervantes.
El cacicazgo de Rubén Figueroa Figueroa fue desquiciante, porque aplicó el lema porfirista de matar en caliente, usando los cuerpos de seguridad y el Ejército para ejecutar a los guerrilleros y a la población civil. El Ejército, con el general Acosta Chaparro al frente, controló la seguridad pública del estado. La proliferación de filtros militares, además de imponer el estado de sitio, aseguraba el trasiego de la droga trazando rutas trasnacionales por aire, mar y tierra. En Pie de la Cuesta no sólo despegaban los aviones de la muerte, también llegaban naves de Sudamérica con cocaína. Los lancheros obtenían mejores ingresos con la droga que caía en el mar, que con la pesca y el turismo.
Los caciques, con apoyo de las autoridades federales y estadunidenses, abrieron la ruta de Iguala a las ciudades de Chicago y Atlanta. En estos viajes varios autobuses fueron adaptados para transportar droga. No es casual que en el informe de la Comisión de la Verdad se comente que el quinto autobús, contenía mercancía
(droga y/o dinero), y que llegó a Morelos, librando todos los retenes. Policías federales y el Ejército garantizaban el trayecto seguro de los autobuses hasta la frontera. Iguala es la boca sierra y el centro estratégico para el trasiego de la droga a los estados de México, Morelos y la capital del país. La sierra de Tlacotepec es el enclave más prolífico para procesar heroína. En el corredor de Iguala, Cocula y la Tierra Caliente las firmas mineras pagan cuotas al crimen organizado para asegurar la extracción de oro.
Desde que un comando guerrillero liberó a Genaro Vázquez de la cárcel de Iguala en 1968, el gobierno federal militarizó la región y expandió su dominio en sierra. La política de contrainsurgencia incorporó la guerra contra el narcotráfico que incrementó la violencia por la disputa territorial y los negocios trasnacionales. En 2005 el general Clemente Vega cedió un predio en Iguala para la plaza Tamarindos, que construyó el alcalde José Luis Abarca.
La matanza de Chilpancingo cometida por el Ejército en 1960 en el gobierno del general Raúl Caballero Aburto; la de Aguas Blancas, ordenada por Rubén Figueroa, asesorado por el general Acosta Chaparro; la masacre de El Charco, perpetrada por el Ejército en el gobierno interino de Ángel Aguirre Rivero; las dos ejecuciones de estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2011 por policías estatales y federales, que tuvo al mando al general Ramón Miguel Arriola y la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en septiembre de 2014, con Ángel Aguirre, marcaron con sangre el rastro de los caciques desalmados. Las autoridades federales prefirieron destituirlos en lugar de encarcelarlos. A los mandos militares los premiaron con ascensos e impunidad.
Los caciques y los generales son parte de la historia negra de Guerrero. Son los responsables de las ejecuciones arbitrarias, las desapariciones y torturas de indígenas, campesinos, colonos, maestros y estudiantes normalistas. No son ajenos a la tragedia de los 43. Sus atrocidades los delatan. De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, las 30 órdenes de aprehensión giradas contra militares, el involucramiento del entonces gobernador Aguirre; de la presidenta del tribunal de justicia Lambertina Galeana; el procurador Iñaki Blanco; el secretario de seguridad pública Leonardo Vázquez, forman parte de la urdimbre delincuencial en Guerrero. A 95 meses de la tragedia de Iguala, los padres de los 43, no claudicarán hasta que haya justicia y tengan la certeza sobre el paradero de sus hijos.
*Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan