Hace varias semanas atrás el país observó la movilización de trabajadores en todo el territorio nacional, principalmente pertenecientes al gremio docente y trabajadores de la salud. El desencadenante de esta movilización fue el reclamo por el pago completo del bono vacacional, pues de manera unilateral y violando todos los derechos laborales; la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) había decidido reducir el monto de este beneficio a la mitad. Además de esta drástica reducción del bono vacacional, el pago se haría fraccionado, de modo que los docentes terminarían recibiendo la última cuota en el 2023.

Producto de la presión de las protestas sociales, el Ejecutivo Nacional, decidió hacer el pago completo y no fraccionado del bono vacacional. Sin embargo, la lucha reivindicativa continua hasta que deroguen el instructivo que la ONAPRE ha aplicado a todos los trabajadores de la administración pública, que echa por tierra derechos adquiridos anteriormente por diferentes gremios.

Extractivismo que beneficia a unos pocos

La desmejora sustancial de las condiciones de vida de los trabajadores  de la administración pública venezolana es un hecho palpable, ahora institucionalizado, que se da en medio de un proceso cada vez más agresivo de explotación de la naturaleza. La extracción intensiva de minerales en el Arco Minero del Orinoco no sólo está acabando con nuestros pueblos indígenas y la biodiversidad, sino que además que las ganancias por la explotación de minerales no se expresa en una mejora salarial de la mayoría de los trabajadores o en los servicios públicos. Y no sólo eso sino que las reservas de oro están en caída libre. ¿A quiénes realmente está beneficiando el Arco Minero? ¿ A dónde va ese dinero?.

La precarización de los trabajadores de Venezuela, tanto del sector público y privado, va de la mano también de la promoción de un turismo de élite en áreas naturales y parques nacionales que no solo violentan los planes de ordenamientos y reglamentos de uso de muchas Áreas Bajo Régimen de Administración Especial sino que además deja en evidencia las abismal desigualdad social en Venezuela. Asimismo, como se va desdibujando en los hechos la legalidad de protección de los derechos laborales, se hace lo propio en materia de derechos ambientales y para la naturaleza.

Mientras algunos pocos pueden gastar 500 dólares por noche en una posada de lujo en Mochima, la mayoría de los trabajadores en Venezuela, apenas puede subsistir con un salario mísero en bolívares en una economía en la cual prácticamente todo está a precios internacionales y en dólares. La desigualdad se incrementa exponencialmente, junto con la inflación general y la erosión del marco jurídico de protección y garantías de los derechos.

Paralelo a esta situación, se ha visto que quienes luchan para salvaguardar y defender estos derechos; laborales, ambientales, derechos humanos en general; son perseguidos, judicializados y amedrentados por las autoridades nacionales. Así vemos casos emblemáticos como el de los defensores de FUNDAREDES, igualmente como el de otras organizaciones; y el más reciente, las implicaciones de la decisión del TSJ sobre el recurso de nulidad y amparo contra el instructivo ONAPRE, en el cual además de declarar su inadmisibilidad, multaron y amenazaron con causa penal a los demandantes.

La realidad venezolana es un crudo ejemplo de un modelo extractivista que beneficia a unos pocos y sólo acentúa las desigualdades sociales. Las instituciones se erosionan en función de los intereses empresariales vinculados a las actividades extractivas; lo cual se ha incrementado con la agudización del modelo y su diversificación.