México: El pacto del gobierno con el ejército

Increíble pero cierto. A cuatro años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador escuchamos en una de sus conferencias mañaneras un reconocimiento explícito de que ya no piensa igual que antes. “Si cambie de opinión, ya viendo el problema que me heredaron, ¿como enfrentar el problema de la inseguridad? Sabía yo desde el principio y estoy absolutamente convencido que la paz es fruto de la justicia y esa es la base de la política de seguridad”.

“El atender a los jóvenes, el mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de los mexicanos, el combatir la pobreza, el combatir la corrupción todo eso lo estamos haciendo, el que no se permita la impunidad, pero imaginense, ¿que íbamos a hacer con la policía federal? ¿Como estaba? Yo creo que sí se sabe que de la policía federal salieron todos los que ahora o están en la cárcel o están acusados o están prófugos por tremendas violaciones a derechos humanos”, expresó el presidente el pasado 6 de septiembre.

Al cuestionarlo sobre su propuesta de que la Guardia Nacional quede adscrita a la Sedena expresó su deseo de que este nuevo grupo conformado mayoritariamente por militares “no se eche a perder como pasó con la policía federal”, por eso reivindicó su postura “estoy convencido de que la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa, como una rama más, como la fuerza aérea, así sería la guardia nacional. Será una corporación con disciplina, con profesionalismo, con honestidad y con un mando militar”.

Contrario a lo que hoy manifiesta como titular del ejecutivo, el entonces candidato a la Presidencia de la República en febrero del 2012 asumió una postura progresista, acorde a las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos. Expresó con firmeza que regresaría a sus cuarteles al ejército en solo 6 meses si lograba ganar las elecciones del 1 de julio del 2012 . “No debe seguir exponiéndose al Ejército, ni socavarlo; regresarlo en la medida que se va profesionalizando la policía y eso nos llevará seis meses, en tanto la nueva policía federal sea la que se cargue de garantizar la seguridad”

Andrés Manuel insistió en que “el Ejército es una institución que debemos cuidar todos y puntualizó que su encargo es defender la soberanía nacional por lo que “una nueva Policía Federal debe ser la que se haga cargo de la seguridad pública del país”

A 10 años de distancia todo cambió, el presidente Andrés Manuel López Obrador optó por establecer un nuevo pacto con el ejército mexicano para adscribir la Guardia Nacional bajo los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, erigiéndose en un férreo defensor de la militarización y contraviniendo el artículo 21 constitucional. Este ordenamiento preserva la naturaleza civil de la Guardia Nacional y su incorporación a la Secretaria de Seguridad Publica y Protección Ciudadana. La nueva reforma que recientemente aprobaron los diputados y senadores atenta contra esta norma suprema que ponía un dique a la Guardia Nacional que dependía del poder civil.

En la exposición de motivos de esta nueva ley trata de diferenciar la nueva política de seguridad de la “estrategia fallida” que se impuso desde Felipe Calderon hasta Enrique Peña Nieto. Manifiesta que se impuso una lógica bélica y de exterminio percibiendo como enemigo al ciudadano en detrimento de sus derechos humanos. Resalta que en la 4T hay «una radical transformación en la conducta de las personas que integran las fuerzas armadas” teniendo como referencia la presunta disminución de quejas presentadas por violaciones a derechos humanos y acciones letales. Fundamenta, haciendo tabula rasa de las graves violaciones que ha cometido el ejército, al reivindicarlo como base principal para la consolidación de la Guardia Nacional.

Se hace una defensa a ultranza de que los militares respetan a la población y que es falso de que su formación y sus actuaciones se traducen en abusos contra los ciudadanos y ciudadanas. Apela  al gran consenso que supuestamente existe de que la Guardia Nacional se transforme en una corporación que vele por la seguridad de la población. Para cerrar su exposición de motivos traen a cuenta la idea de que el ejército mexicano es un ejército popular e institucional, que se distingue de los ejércitos del cono sur, de origen elitista.

Por otra parte caracteriza a la delincuencia organizada como una “fuerza cuasimilitar” que se ha erigido como una gran amenaza a la seguridad nacional, a la población civil y a las mismas instituciones públicas. Todas estas argumentaciones tienen la clara intención de hacer a un lado el contenido supremo del artículo 21 constitucional.

Para el legislativo la intervención de la Sedena en la conformación y control operativo y administrativo de dicha institución de seguridad resulta concordante con el respeto de los derechos humanos, así como con las estipulaciones contenidas en el artículo 21 constitucional y los criterios jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional. Es una argumentación falaz y una visión equívoca que el poder legislativo trata de maquillar la actuación de la Sedena al asignarle el control absoluto de la Guardia Nacional. Contraviene flagelantemente el  artículo 21 constitucional que a la letra dice “las instituciones de seguridad pública incluyendo la Guardia Nacional serán de carácter civil disciplinada y profesional” Es inadmisible que por vía de las leyes secundarias se pretenda legalizar la militarización de la Guardia Nacional tirando por la borda la norma constitucional de que la Guardia Nacional este adscrita a la Secretaría del Seguridad Pública.

El artículo 12 de la Guardia Nacional rompe con la cadena del mando civil al establecer que la estructura de esta institución lo tendrá la Secretaria de la Defensa Nacional a la que estará subordinada la comandancia de la Guardia. De un plumazo las legisladoras y legisladores diluyeron el carácter civil que debe de tener la Guardia Nacional de acuerdo con lo que mandata la constitución. Este apretón de tuercas se redondea con el artículo 14 al determinar que “la persona titular de la comandancia de la Guardia Nacional será nombrada por la persona  titular de la presidencia de la república a propuesta  de la Secretaría de la Defensa Nacional” con este gran sofisma la Guardia Nacional se erige en un cuerpo militarizado.

El artículo 13 Bis asigna al secretario de la defensa nacional las siguientes facultades: (I) ejercer el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. (II) expedir los manuales de organización de procedimientos y de servicio al público de la Guardia Nacional. (III) elaborar programas operativos y estrategias de la Guardia Nacional. (IV) autorizar los planes y programas al que se refiere el artículo 15. (V) organizar la distribución territorial de la Guardia Nacional. (VI) (proponer adecuaciones a la estructura orgánica de la Guardia Nacional. Es decir, todo el control de la Guardia Nacional queda en manos del ejército en menoscabo de lo que mandata el artículo 21 constitucional.

El artículo 21 de la Guardia Nacional propone que en su estructura orgánica cuenten con servicio de investigación e inteligencia, dando mayores facultades a una policía militarizada para que intervengan en labores de investigación de los delitos. Actualmente existe una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos para abrogarse esta facultad la Guardia Nacional, que solo es competencia del ministerio público. Además se expande el fuero militar a los elementos castrenses de la Guardia Nacional que seguirán sujetos al régimen penal militar cuando cometan delitos tipificados en el código de justicia militar. Esta extensión del fuero militar contraviene al carácter civil de la Guardia Nacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto para el presupuesto del 2023 se destinen a la Guardia Nacional la cantidad 34 mil 525 millones 322 mil 208 pesos en prevención, investigación y persecución de delitos. Por otro lado se plantea la Sedena se le destine 111 mil 911 millones de pesos 638 mil 277 pesos. Se un desglose de los gastos de 836 millones para el aeropuerto internacional Felipe Angeles y otros 4 mil 965 millones de pesos para apoyo a la seguridad pública. En el artículo sexto transitorio de la Guardia Nacional se plantea que la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana “transfiera en un plazo de 60 dias naturales, los recursos presupuestarios y financieros para cubrir las erogaciones por concepto de servicios profesionales y gastos de operación de la Guardia Nacional”.

Las fuerzas armadas además de acumular poder y recursos millonarios siguen gozando de total impunidad. La Sedena forma parte de las instituciones más opacas al grado que se maneja como un pequeño estado dentro del Estado mexicano. Las autoridades civiles siempre se han supeditado al poder militar y les tiembla la mano para investigar delitos en el fuero civil y negándose a imponerse sanciones ejemplares. El poder judicial no se atreve a tocar al ejército, porque forma parte de las normas no escritas de que a los militares se les encubre y se les premia, como ha pasado con muchos generales que han sido campeones de graves violaciones a los derechos humanos. Un ejemplo funesto es lo que ha sucedido en el estado de Guerrero.

Se ha sacrificado la norma constitucional y los principios internacionales de los derechos humanos en aras de un pacto del presidente de la república que ha optado por militarizar la Guardia Nacional sin que existan controles ni contrapesos civiles, para que llamen a cuentas a los militares. La etapa sombría de la guerra sucia que enlutó decenas de hogares por las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y múltiples casos de tortura cometidas por el ejército, siguen multiplicándose ante la acción letal de los militares, que buscan imponer el terror contra la población civil que defiende sus derechos y que es tratada como enemiga del régimen.

Publicado originalmente en Tlachinollan