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Por Mariángeles Guerrero
El sol más caliente del país. La provincia más joven (su creación data de 1957). Geográficamente retiradita —como dice su gente. La identidad hermosa que le dio su nombre: Formosa. Un pedazo de tierra de siete millones de hectáreas definido con límites nuevos, arbitrarios, para los pueblos Wichí, Qom, Pilagá y Nivacle que la habitan ancestralmente. El mismo gobierno —el mismo hombre gobernando— hace un cuarto de siglo.
En la provincia de Gildo Insfrán la mayor tasa de mortalidad infantil (16 cada 1000 nacidos vivos) en 2017, según la Sociedad Argentina de Pediatría. El mayor índice de partos adolescentes, según datos del Ministerio de Salud. El primer lugar, en 2019, en la relación porcentual entre recursos coparticipables y recursos provinciales propios: el 93,4 por ciento provenía del Estado nacional, según el informe Nos pronunciamos y proponemos, firmado por diversas organizaciones sociales y parroquiales formoseñas.
Una reforma constitucional en 2003: la reelección indefinida, la clave de la perpetuación en el poder. Los mismos nombres repetidos una y otra vez en el gobierno provincial, en los gobiernos locales y hasta en las sociedades de fomento.
En Formosa, el Partido Justicialista está al mando del Poder Ejecutivo y compone los dos tercios de la Cámara de Diputados, lo que le permite definir, por ejemplo, quiénes serán los jueces de la Corte Suprema provincial. El resultado es la división de poderes totalmente licuada.
Bosque nativo arrasado
En los últimos 20 años, con la expansión del agronegocio, fueron incorporándose empresas agropecuarias que arrasaron con los bosques nativos y que limitaron la ocupación de los pueblos indígenas a 300 mil hectáreas, de aquellas 7.206.000 que habitaban hasta principios del siglo pasado. En los últimos años, la Formosa de Gildo Insfrán se ubica entre las tres con mayores tasas de pérdidas de tierras forestales: en 2016 encabezó ese ránking.
Los pueblos indígenas de Formosa han sido históricamente violentados por un sistema político que se autoreproduce a base de acuerdos entre amigos y reelecciones. Pero de esas mismas vulneraciones surge el reclamo: ya no se puede seguir esperando por agua potable, por una escuela, por un médico, por el día en que por fin la policía deje de llegar solo para repartir palos y balas de goma.
Siete mujeres wichí vulneradas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 16 de abril de 2021 la Resolución 32/2021, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de siete mujeres indígenas de la comunidad Wichí que se encontrarían cursando su embarazo a escondidas en la localidad de El Potrillo, por temor a las autoridades de Formosa.
Según información aportada por las personas solicitantes, la situación se enmarca en un contexto de denuncias sobre presuntos abusos por parte de autoridades provinciales en la implementación de medidas para combatir la pandemia de Covid 19. En ese marco, siete mujeres wichí afirman mantenerse ocultas por temor a que las autoridades las detengan por presuntas declaraciones falsas que fueron difundidas en un reportaje que relata la situación que se vive en Formosa. Según la denuncia presentada ante la Corte, las solicitantes tienen miedo de ser objeto de cesáreas forzosas, separadas de sus bebés al nacer, o de que sus bebés puedan ser entregados muertos. Por lo anterior -sostienen- se encuentran escondidas en condiciones de vulnerabilidad, sin acceso a agua potable, alimentación adecuada y servicios básicos, y sin acceso a la atención médica que requiere su Estado.
En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, se solicitó a Argentina que: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las beneficiarias. En particular, la adopción de medidas inmediatas que posibiliten el acceso a una atención médica adecuada, según los estándares internacionales aplicables. Estas medidas deben ser adoptadas de conformidad con el consentimiento previo, libre e informado de las beneficiarias, y con una perspectiva de pertinencia cultural y lingüística, tomando en cuenta su cosmovisión indígena y con un enfoque de género; y, b) concierte las medidas a adoptarse con los representantes y las beneficiarias.
Finalmente, tomando en cuenta que, dada una solicitud de confidencialidad, el Estado no tuvo la oportunidad de conocer el nombre de las siete beneficiarias de manera previa al otorgamiento de las presentes medidas, de acuerdo con el artículo 25.5 del Reglamento, la Comisión revisará la pertinencia de mantener vigente, o bien proceder con el levantamiento de la presente medida cautelar, en su próximo período de sesiones.
El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables.
“Solo pedíamos agua”
En Formosa el Pueblo Wichí tiene unos 20.000 habitantes, distribuidos en unas 120 comunidades. El 7 de noviembre de 2020, las comunidades wichí de Pozo de Maza y de Pocitos (ubicadas a 495 kilómetros de la capital provincial) protestaron frente a una cisterna por el acceso al agua potable. Integrantes de esa comunidad, en comunicación con Tierra Viva, cuentan que hace 18 años que toman agua de lluvia. Y que cuando no llueve, no hay agua que acarrear. Entonces beben de una represa.
Algo que se desprende del relato es la distancia territorial, que también es una distancia política. Luis Eusebio, representante de la comunidad de Pozo de Maza, relata que las soluciones llegan —o mejor dicho, deberían llegar, porque no siempre ocurre— con “la gente que viene de Formosa”. Es decir, de la capital formoseña, donde se aloja y se centraliza la toma de decisiones que impactan en el día a día de poblaciones que viven a 500 kilómetros.
“Los políticos son así. Por ahí mienten, por ahí no sé si tienen interés en resolver los problemas de la comunidad. Cuando viene la gente de Formosa dicen ‘muy pronto va a salir el pedido’ y la gente se va contenta a la casa. Pero pasan los días y no hay respuestas. Siempre nos mienten. Nosotros apoyábamos a Gildo Insfrán pero hicieron las cosas muy mal, trataron muy mal a la gente originaria”, se angustia Luis.
Y el pergamino de reclamos crece con la conversación: “Tenemos el pedido de la escuela, hace rato. Tenemos una escuela muy viejita, del año 92, y ahora se está partiendo al medio. No tenemos salita, no tenemos enfermero que nos atienda. Los médicos de Pozo de Maza llegan cada dos o tres meses. A veces no tenemos luz. El intendente (Adolfo Pérez) nos promete y no cumple con su palabra. El año pasado llevaron detenidas varias personas porque hubo reclamos. Pero si no hacemos protestas, no hay nada para nosotros”.
Mientras relata cómo es la relación entre las comunidades y las eternas promesas de quienes deberían dar respuestas, Luis Eusebio menciona a un hermano de la comunidad wichí que fue baleado mientras pedía agua limpia para beber en la cisterna de Pozo de Maza durante una represión el 6 de noviembre de 2020.
Héctor Santiago, herido entonces por la policía de Formosa, relata: “Estábamos pidiendo agua, que es fundamental. El intendente de Pozo de Maza decía: ‘hay que esperar’. Pero vino la policía y metieron tiros, sin avisar nada. Apenas ellos bajan, meten tiros. En vez de preguntarle a la gente, porque no es que la gente quería pelear con ellos. Nada más quería el agua. El agua, nomás”. Y la respuesta que sigue se parece a las otras:
—¿Y tuvieron novedades con el agua?
—Hasta ahora no hay nada.
En 2018, el Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge González, y el diputado provincial Roberto Vizcaíno se habían comprometido, mediante un acta firmada junto con dirigentes y caciques de las comunidades y otras autoridades gubernamentales locales, a dar cumplimiento a este reclamo.
Además de herir a Héctor y otras personas más, otros doce manifestantes fueron golpeados y arrojados a los móviles policiales de manera brutal para ser trasladados a la localidad de Ingeniero Juárez, unos 40 kilómetros al sur. “Llegados a la comisaría son obligados a firmar un acta desconociendo su contenido”, denunciaron desde la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo y el Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen, entre otras organizaciones. Al día siguiente, los detenidos fueron llevados a Formosa. En el viaje fueron, otra vez, brutalmente golpeados.
Informes de organismos internacionales
Según un informe de Amnistía Internacional, en la primera etapa de emergencia sanitaria ocurrida entre marzo y diciembre del 2020, las autoridades impusieron restricciones al ingreso a la provincia. Más de 8500 personas estuvieron por meses varadas fuera de la provincia de Formosa aguardando el regreso a sus hogares. Familias enteras permanecieron en la ruta sin alimentos, medicamentos o condiciones sanitarias aptas para atravesar la pandemia.
En una segunda etapa, ocurrida entre enero y febrero del 2021, se registraron detenciones compulsivas en centros de aislamiento para personas con COVID-19 y todos sus contactos estrechos. En numerosas ocasiones, los ciudadanos fueron trasladados en horas de la madrugada a los llamados “Centros de Alojamiento” o “Centros de Atención Sanitaria” (CAS), donde —según las denuncias recibidas por Amnistía Internacional— no se respetaba el distanciamiento social, ni las condiciones de higiene recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, no se brindaba información acerca de cuánto tiempo debían permanecer en esos centros y hubo casos de personas que estuvieron en los CAS más de 30 días.
El 6 de febrero pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) habló de “información preocupante” sobre “cuarentenas obligatorias e involuntarias en centros de aislamiento”. Dijo que las medidas eran “desproporcionadas” y que podrían ser contrarias a “normativas y estándares interamericanos de derechos humanos”. En ese entonces el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, viajó a Formosa y desmintió las denuncias sobre la situación de los centros de aislamiento.
A principios de marzo, las fuerzas de seguridad reprimieron violentamente a manifestantes que salieron a las calles a reclamar contra las medidas restrictivas adoptadas en el marco de la pandemia Covid 19. Según pudo conocer Amnistía Internacional, luego de conversaciones con afectados, más de 100 personas resultaron heridas y más de 80 personas fueron detenidas en el marco del operativo llevado adelante por las fuerzas de seguridad. Las imágenes difundidas y los relatos dan cuenta de individuos con hasta más de 10 heridas de bala de goma, con impactos en los ojos, cara, el cuello, el pecho y los brazos.
Según Human Rights Watch, entre abril de 2020 y marzo de 2021, más de 24 mil personas han sido obligadas a permanecer confinadas en centros de aislamiento y cuarentena en Formosa, algunas por períodos mayores a los 14 días que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, en muchos casos, bajo circunstancias que podrían considerarse detenciones arbitrarias.
Entre enero y marzo de 2021, el organismo entrevistó, por teléfono, a 45 personas de Formosa, incluidas 30 que habían estado confinadas en centros de aislamiento o cuarentena, así como a médicos, abogados, víctimas de abuso policial, periodistas, una legisladora y dos concejalas.
“La mayoría de los entrevistados temen sufrir represalias en Formosa y accedieron a dar su testimonio con la condición de que no divulgáramos sus nombres y otros datos que permitiera identificarlos”, afirma HRW.
Algunos manifestaron ser empleados públicos y el temor por perder su trabajo. En Formosa, el índice de trabajadores del sector público provincial en relación a los del sector privado es del 166,9 por ciento. A nivel nacional, ese promedio es del 35,1 por ciento.
Según el relevamiento, en algunos centros de cuarentena las personas compartían habitaciones y espacios comunes, incluidos baños. Las autoridades también mezclaban en las mismas habitaciones a personas que llegaron en distintas fechas y no tomaban en cuenta su edad, género, estado de salud y otros factores de riesgo.
El informe de HRW indica que las autoridades sanitarias y la policía de Formosa realizaron “búsquedas activas” en barrios donde vivían personas que tuvieron un resultado positivo. Once personas entrevistadas dijeron que policías, en algunos casos acompañados de profesionales de la salud, los llevaron de sus casas en medio de la noche a centros administrados por la provincia, alegando como justificación que habían tenido contacto estrecho con algún familiar que había dado positivo.
Muchos afirmaron que la policía no les permitió empacar la ropa ni los artículos de higiene personal que necesitaban. En algunos casos, los trasladaron en vehículos durante horas, mientras la policía recogía a otras personas que supuestamente también habían tenido contacto con casos positivos, y las mezclaba en camionetas o ambulancias. Los entrevistados afirmaron que no les proporcionaron tapabocas durante los viajes.