Los trabajadores mineros de la empresa minera estatal Colquiri, protagonizan desde el miércoles de la semana pasada un bloqueo radical de la carretera La Paz – Oruro. No sólo el impacto que tiene el impedir el tránsito de miles vehículos en una ruta principal, especialmente de camiones de transporte pesado y flotas de pasajeros, sino, fundamentalmente, las demandas de los obreros expresadas con un lenguaje radicalmente anti-oficialista, han hecho temblar al gobierno. Los ministros de Arce han negado las intenciones de los decretos observados y buscan desesperadamente entablar negociaciones con el sindicato para convencerles de lo equivocados que están al acusar al gobierno de intentar destruir a las empresas estatales.

En primer lugar, es preciso recordar que, desde hace un tiempo, han crecido las alusiones a la insolvencia del Estado para garantizar la distribución de bonos y subsidios. En mayo de este año circuló un proyecto de Ley de Creación de Aportes Solidarios para el Fondo de la Renta Universal de Vejez (FRUV), que establecía un aporte de los asalariados de entre 0.3% y 3%, la transferencia del 30% de sus ingresos por venta de carbonato de litio y cloruro de potasio a la estatal YLB y el aporte del 10% de sus ingresos por venta de servicios de telefonía móvil e internet a las empresas de telecomunicaciones, para financiar la Renta Dignidad. Aunque, como siempre sucede, el gobierno negó la existencia de ese proyecto y afirmó con soltura que las fuentes de financiamiento establecidas al crearse ese beneficio, tenían los recursos suficientes; paradójicamente, dirigentes de la COB también salieron a respaldar la versión del gobierno diciendo que eran versiones “sin sustento”.

La verdad es que las fuentes del FRUV: las utilidades de las empresas “capitalizadas” en los años 90 y el 30% del IDH percibido por gobernaciones, municipios, Fondo Indígena y TGN, fueron perdiendo capacidad para sostener el pago de la renta. Por una parte, debido al incremento constante y sostenido del número de beneficiarios -de 752 mil en 2008 a 1.142.000 en 2021- y el incremento del monto anual de la renta: de 1.800-2.400 Bolivianos en 2007, a 3900-4.550 Bolivianos en 2019, que ocasionaron que el monto total subiera de 1.616 millones en 2008 a 4.752 millones en 2021. Pero, sobre todo, por la caída del IDH y de las utilidades de las empresas capitalizadas, explicados, fundamentalmente, por la reducción de la producción de hidrocarburos desde el año 2015.

Así, el gobierno ya no pudo ocultar lo evidente y en diciembre de 2021 dispuso la transferencia excepcional de los saldos no utilizados de los bonos pagados por el COVID -más de 287 millones de Bolivianos- en favor del FRUV. Seguidamente, en mayo de este año, dispuso mediante el DS4716 que las utilidades de la Gestora de Pública de la Seguridad Social pudiesen ser utilizadas en el pago de dicha renta. Ambas disposiciones desmienten al gobierno y confirman la insolvencia creciente del fisco para cubrir ese beneficio de los adultos mayores.

Por estas razones, es innegable la legitimidad de los temores de los mineros de Colquiri, sobre la intención gubernamental de afectar las finanzas de la empresa con el fin de financiar las políticas gubernamentales, ante una situación evidente de crisis fiscal.

Más aún, el rechazo a la intención gubernamental de recurrir a las utilidades de las pocas empresas públicas rentables, se agrava en el caso de las minas estatales, debido a que la política del MAS en el poder ha sido desde un principio, contraria al fortalecimiento de la minería estatal. Tanto la Ley de la Empresa Pública como la Ley de Minería y Metalurgia, disponen que, mientras una parte de las utilidades de las filiales de la COMIBOL, después de la reinversión, deben ser transferidas a ella, la COMIBOL está prohibida de asumir las deudas de sus filiales y cualquier transferencia que haga hacia ellas será a título de “devolución obligatoria”, es decir a título de deuda. Además, de 2010 a 2019, el gobierno dispuso que la COMIBOL, tanto su oficina central como sus filiales, transfieran recursos para el pago del bono Juancito Pinto, recursos que, obviamente, provienen de sus utilidades. Es decir, que el gobierno central se abstiene de invertir en las empresas mineras estales, sino es mediante créditos, pero impone la transferencia de parte de sus utilidades para el financiamiento de sus políticas sociales.

En resumen, la movilización de los mineros de Colquiri se convierte en un profundo cuestionamiento al fracaso de la política del MAS, que ha llevado a su nuevo gobierno a “rascar la olla” para financiar los gastos estatales. Esto es, un cuestionamiento a su orientación rentista basada en la captura del excedente producido por el trabajo de los obreros de las empresas productivas, no para impulsar la industrialización del país, sino para financiar sus políticas sociales convertidas -en ausencia de un genuino fortalecimiento de la producción para erradicar la pobreza- en mecanismos populistas para afianzar a ese partido en el poder. Asimismo, confirma que el gobierno antiobrero del MAS, está acostumbrado, como lo hacían también los neoliberales, a cargar los costos de sus políticas «solidarias» a espaldas de los trabajadores, como sucede, por ejemplo, con el financiamiento de la pensión solidaria con aportes adicionales de los trabajadores o de los programas de vivienda social con los aportes patronales del 2% sobre sueldos y salarios.

Carlos Arze es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario – CEDLA