México. Montaña adentro: La casta privilegiada del actual gobierno

Desinformémonos

Uno de los grandes logros de las madres y padres de los 43 es que su lucha emprendió un vuelo impredecible que ha puesto en jaque a las mismas instituciones del estado, que quedaron en entredicho por sus flaquezas ante el poder militar. La persistencia y organización autónoma de las familias  lograron remover del camino las piedras que en todo momento los gobernantes les pusieron para dividirlos y debilitarlos. Tuvieron la fuerza para nunca doblegarse, mucho menos para creer sus versiones falaces sobre el destino final de sus hijos. Develaron el grave problema de las desapariciones forzadas que por varias décadas venimos arrastrando en nuestro país. Ha sido tan evidente la colusión que se urdió entre actores del estado y grupos del crimen organizado, que permitieron que las presidencias municipales se transformaran en el negocio de los jefes del narcotráfico y en la guarida de los narcopolicías, como sucedió con Abarca en Iguala. Actualmente el gobierno federal ha asumido la trágica realidad de que en México la desaparición forzada ya no se puede tapar con el manto de la impunidad.

En esta batalla desigual, las madres y padres de los 43 lograron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos proporcionara asistencia técnica al gobierno de México con la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Fue muy importante su trabajo porque pusieron en el centro a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos. Sus informes son impecables porque refutaron con pruebas científicas la verdad histórica. Lo más grave fue la perversidad con la que actuaron los funcionarios de la fiscalía general de la república porque trataron de encubrir a las autoridades responsables y ocultar la red de macrocriminalidad que está arraigada en las estructuras gubernamentales. La misma oficina de la ONU en México publicó su informe doble injusticia donde plasmó 33 testimonios de personas que fueron torturadas para que se auto inculparan como responsables de la desaparición y asesinato de los 43 estudiantes normalistas, que supuestamente fueron incinerados en el basurero de Cocula.

Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se creó la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa (CoVAJ), que retomó la propuesta del primer tribunal colegiado de circuito de Reynosa, Tamaulipas. Las madres y padres plantearon al ejecutivo federal la creación de esta comisión, así como la Fiscalía Especial (UEILCA), para que se avanzara en las investigaciones.

Con esta unidad especial se tuvieron algunos resultados. El trabajo profesional que realizaron fructificó   con la presentación de varias líneas de investigación que demuestran que los estudiantes fueron divididos en varios grupos. Lamentablemente no hay indicios de que los estudiantes se encuentren con vida, por el contrario hay evidencias de que fueron arteramente asesinados y desaparecidos. Los militares tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde la salida de la escuela Normal hasta su desaparición. Sus acciones y omisiones los hace responsables de sus ejecuciones y desapariciones. También documentaron la participación de policías federales y policías del estado de Guerrero. Acreditaron el involucramiento de policías de cuatro municipios, liderados por los narcopolicías de Iguala.

Lo insólito fue que cuando se tocó al ejército, se empezó a golpetear a Alejandro Encinas por la publicación del informe que presentó como presidente de la Covaj. También arremetieron fuertemente contra el fiscal especial Omar Trejo y contra el abogado Vidulfo de Tlachinollan. Las madres y padres constataron que se tocaban las fibras más sensibles del sistema político de nuestro país. Se dio un golpe de timón al más alto nivel para que no se ejecutaran las 20 órdenes de aprehensión que la fiscalía especial había solicitado contra elementos del ejército.

Actualmente los militares han ejercido una fuerte presión contra las autoridades civiles para que no se ponga en riesgo su supuesta honorabilidad. Se niegan a comparecer ante los tribunales civiles. Lo más grave es que las autoridades federales han cedido a sus pretensiones de no ser investigados. Una de las pruebas de esta claudicación es que se han cancelado 16 órdenes de aprehensión contra elementos del ejército. Al mismo tiempo el fiscal especial fue obligado a renunciar. Lo inaudito es que ha sido nombrado un nuevo fiscal ignorando a las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos. Esta imposición unilateral pone en grave riesgo a la misma Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia sobre el caso Ayotzinapa.

Su creación fue producto de un diálogo intenso y respetuoso en aras de construir un mecanismo extraordinario de justicia que terminara con el pacto del silencio. Fue un gran avance, sin embargo, al toparse con el ejército todo parece desmoronarse. El mismo secretario de la Sedena se ha puesto al frente para poner un dique e impedir que se proceda contra los militares que tienen órdenes de aprehensión. Ha manifestado públicamente que existen personas que buscan desprestigiar a las fuerzas armadas, que tienen intereses ajenos a la justicia y que buscan romper con la unidad de los mexicanos. Es un discurso que sólo busca encubrir las tropelías que han cometido las fuerzas castrenses, que en todo momento se niegan a rendir cuentas y a someterse a la jurisdicción civil.

El nuevo fiscal no tiene un compromiso probado con los derechos humanos de las víctimas, tampoco es una persona que esté inmersa en el asunto y que conozca a profundidad el caso de los 43 estudiantes. Desconoce la compleja problemática que enfrentamos en México relacionada con las desapariciones forzadas, que siguen sin investigarse. Dudamos que tenga un amplio conocimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y sobre desaparición forzada. La mayor carencia es que el nuevo fiscal no tiene la confianza de las víctimas. Es una deficiencia grave que trastocará enormemente los avances en la investigación.

Prevalece la incertidumbre y la confusión entre las madres y padres. Hay mayor desencanto y una gran frustración porque en lugar de avanzar constatan que hay retrocesos, y un cierre de filas en favor del ejército. Temen que el gobierno federal quiera batear el mecanismo de justicia que fue creado conjuntamente. Interpretan que estos nuevos movimientos sean parte del proceso de desmantelamiento de este gran mecanismo extraordinario de justicia que se creó para dar verdad y justicia a las madres y padres de los 43.

Se avizora una regresión histórica, un panorama gris y sombrío. Son momentos difíciles porque hay señales contradictorias dentro de la misma presidencia de la república. Prevalece un discurso progresista, sin embargo, la tendencia que se vislumbra en esta segunda parte del sexenio es gobernar con el ejército en las calles para acallar las protestas.

Lo último que han hecho los legisladores es crear leyes específicas para darle más poder al ejército. Han ampliado hasta el 2028 el tiempo para tomar el control de la seguridad pública, suplantando a los mandos civiles. Es una amenaza que debilita más nuestro endeble sistema democrático y pone en riesgo a una población inerme que ha padecido los estragos de la militarización. En lugar de acotar al poder militar se le ha dotado de mayores funciones y, sobre todo, se le ha asignado un presupuesto muy alto para que también se transforme en un actor político y empresarial. Hay una apuesta por el uso de la fuerza sin que haya controles civiles que llamen a cuentas a las fuerzas armadas. Los tribunales civiles siguen supeditados y apanicados ante el poder militar. Les tiembla la mano para sentenciar a militares que han violado los derechos humanos o que son responsables de desapariciones forzadas.

El caso Ayotzinapa es la prueba de fuego para el gobierno de la cuarta transformación. Fue un logro la creación de la Comisión de la Verdad y la operación de la Fiscalía Especial, sin embargo, cuando se solicitaron las 20 órdenes de aprehensión contra los militares apareció el poder real del ejército, al exigir su cancelación. Si el presidente de la república continúa dando el espaldarazo al ejército para que los tribunales civiles no los juzguen, será imposible que haya justicia y verdad en el caso de los 43. No sabemos si se allanará el camino para que las madres y padres den con el paradero de sus hijos o continuarán cayendo más piedras, desde las alturas del poder, en el tortuoso camino hacia la verdad,  para que el ejército siga siendo una casta privilegiada de la 4T.