Asumir nuestras raíces es especial para nosotros, yo me siento orgulloso de pertenecer a una cultura que ha conservado su territorio. Somos el pueblo que más tierras comunales posee; desde esa administración hemos conservado gran parte de nuestra cultura y formas de organización. Aleisar Arana, Parlamento Xinka.

Por Regina Pérez

El 12 de octubre se conmemora, nacional e internacionalmente el “descubrimiento” de América por Cristóbal Colón, pero con el tiempo la fecha ha adquirido un nuevo significado. En Guatemala, este día, comúnmente llamado como el “Día de la Raza”, es ahora conocido como el Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular en el que los pueblos indígenas, xinka y garífuna lo han resignificado, como una forma de resistencia ante nuevas imposiciones, ya sea de empresas o del mismo Estado.

Para conocer qué piensan representantes de los tres pueblos indígenas sobre esta conmemoración, Prensa Comunitaria conversó con varias de ellas, quienes desde su territorio luchan todos los días contra las nuevas formas de colonización, a través de proyectos transnacionales o empresas nacionales, como las mineras e hidroeléctricas o contra la negación e invisibilización por parte del Estado.

Para Feliciana Herrera, primera alcaldesa del B’oq’ol Q’esal Tenam Naab’a, o Consejo de Autoridades Indígenas de Nebaj, el 12 de octubre “es un día para recordarle al Estado que seguimos luchando contra todas las formas de discriminación, racismo, opresión, represión y de criminalización, todo lo que el Estado ejerce sobre los pueblos indígenas”.

A decir de Herrera, también es una fecha para demostrar que siguen resistiendo con su identidad, pese a que tienen que recordar al Estado su obligación de garantizar los derechos de toda la población, algo que no hace.

En Guatemala, asumir su identidad como pueblos indígenas, xinka y garífuna ha llevado a estas poblaciones a participar en espacios, pero también a detener proyectos que los amenazan.

Empresas como Energía y Renovación S.A. en la región de Yichk’isis, propiedad de la guatemalteca Corporación Castillo Hermanos; y la mina San Rafael, ahora proyecto El Escobal, de la canadiense Pan American Silver, han llegado a territorios indígenas con el fin de explotar los recursos naturales en las áreas donde viven.

Para las personas que habitan estos territorios, la incursión de las empresas implica una nueva colonización, según Lucas Jorge, presidente de la microrregión de Yichk’isis, en San Mateo Ixtatán, y miembro de la Autoridad Ancestral Plurinacional del Norte de Huehuetenango.

Lo que vemos ahora en los ocho municipios de Huehuetenango que estamos en la resistencia, es que los herederos de esos españoles siguen destruyendo nuestros recursos naturales, persiguiéndonos con denuncias y órdenes de captura, pero ya no vamos a permitirlo, dijo Lucas.

Precisamente, en Huehuetenango, en el municipio de Barrillas, Hidro Santa Cruz, filial de empresas españolas, intentó construir una hidroeléctrica que fue rechazada por la población Q’anjob’al. En 2016, tras dejar varios muertos y una veintena de comunitarios criminalizados, la empresa anunció el retiro del proyecto.

Otro pueblo, el garífuna, ha sufrido la indiferencia del mismo Estado. Aurelia Satuyé, quien ejerció la docencia por más de 40 años en Puerto Barrios, Izabal y es la delegada departamental de la Asociación de Auxilio Póstumo, del Magisterio Nacional de Guatemala, dijo que la población garífuna, integrada por unas 27 647 personas, según el censo de 2018, todavía enfrenta mucha discriminación e invisibilización.

Aleisar Arana: el Estado dijo que no existían los xinkas

Aleisar Arana, presidente del Parlamento Xinka, señala que asumir esa identidad es un reconocimiento a sus abuelos y su lucha. “Asumir nuestras raíces es especial para nosotros, me siento orgulloso de pertenecer a una cultura que ha conservado su territorio. Somos el pueblo que más tierras comunales posee y desde esa administración hemos conservado gran parte de nuestra cultura y formas de organización”, indicó.

El pueblo Xinka, una población que habita en los departamentos de Santa Rosa, Jutiapa, Jalapa y parte de Escuintla, y que forma uno de los cuatro pueblos que habitan Guatemala, junto al maya, mestizo y garífuna.

Para Arana, el 12 de octubre es una fecha que no tiene un significado para ellos, en cambio, dice con orgullo, que ha propuesto que el 3 de mayo se celebre el Día del Pueblo Xinka. Esto todavía es una iniciativa de ley pero esperan que pueda ser aprobada en el Congreso.

El 3 de mayo, dijo, es un día especial porque marca el inicio de la vida, cuando comienzan las lluvias y germinan las plantas que siembran. La llegada de la época de lluviosa es algo significativo para ellos también, donde realizan una ceremonia especial en agradecimiento a los elementos que permiten que haya nueva vida, refirió.

Para la cultura Xinka también es importante la energía del sol, el aire y el anochecer.

A los xinkas el Estado guatemalteco también trató de invisibilizarlos cuando impuso a la minera San Rafael, ahora Proyecto el Escobal, en su territorio. Sin embargo, la misma Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó al Estado preguntarles a través de una consulta sobre la operación de esta minera y reconoció su existencia en el área afectada.

Nosotros, desde que llegó la empresa, reclamamos el derecho a la consulta y la respuesta fue que no existían los xinkas para consultarlos, así dijo el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Cultura y Deportes, afirmó Arana.

El Instituto Nacional de Estadística (INE), en el Censo de Población de 2018, registra 264 167 personas que se identificaban como xinkas en Guatemala, una cifra superior a la de años anteriores, donde apenas 16 214 se identificaban como tal.

Esto se debe a que los censos se han basado en contar a las personas hablantes del idioma y no han privilegiado la auto adscripción, según la antropóloga Claudia Dary en el Diagnóstico “Situación de la Cultura Xinka”.

A raíz de la sentencia de la CC, la Universidad del Valle y la Universidad de San Carlos realizaron un estudio para determinar su existencia. “Las universidades encontraron todos los elementos de la cultura Xinka, tenemos nuestro territorio y cultura, que está más vigente que nunca”, dijo el dirigente.

 

Feliciana Herrera, autoridad indígena de Nebaj: Somos incómodos para el gobierno local  

A decir de Herrera, la historia del pueblo Ixil no es reciente, ya que comúnmente se les relaciona con el conflicto armado interno, cuando fueron víctimas del genocidio perpetrado por el Ejército de Guatemala. Aunque los españoles llegaron a despojarnos, nuestros abuelos compraron bienes, especialmente la tierra y por eso muchos pueblos defienden su territorio, expresó.

Las autoridades indígenas ancestrales o B’oq’ol Q’esal Tenam Naab’a han existido antes de la invasión española y la guerra interna, donde cada pueblo tenía su gobierno, incluso antes de la creación de la región Ixil, que comprende los municipios de San Juan Cotzal, San Gaspar Chajul y Santa María Nebaj.

Este gobierno comunal ha sido dinámico en cuanto al contexto que le toca vivir. “La alcaldía indígena siempre existió para velar por los bienes de las comunidades, como en todos los pueblos”. Con el tiempo, el Estado trató de imponer las alcaldías mixtas, algo a lo que las autoridades indígenas se opusieron.

El rol de las autoridades indígenas ancestrales es garantizar los derechos de la población, para aplicar su sistema de justicia, coordinación con médicos mayas y ejercer la espiritualidad. Uno de los mandatos de los Principales es la preservación del medio ambiente y la defensa del territorio.

A inicios de septiembre, la municipalidad de Nebaj, Quiché, intentó desalojar a las autoridades ancestrales de su sede, agrediendo a cuatro alcaldesas indígenas. Esta alcaldía está conformada por 34 personas, de las cuales 20 son mujeres.

 

Herrera indicó que como autoridades ancestrales ellos han sido una barrera en contra de la corrupción y la negociación de sus bienes, lo que ha incomodado al gobierno local. No les queda otra forma de perseguir, que, denigrando la imagen de una, pero yo solo cumplo un mandato de los Principales, dijo.

La autoridad indígena resalta que han logrado la participación de más mujeres, pero en estos espacios de toma de decisión incomoda a muchos, como en el caso de Nebaj.

Lucas Jorge, autoridad ancestral de Huehuetenango: por medio de la unidad la hidroeléctrica no se pudo instalar  

Lucas Jorge es miembro de la Autoridad Ancestral Plurinacional del Norte Huehuetenango, una región que por su geografía atrajo a empresas nacionales y extranjeras para la instalación de plantas hidroeléctricas, según el sociólogo Santiago Bastos. Acá se pusieron en marcha tres proyectos: en 2008, el proyecto Hidro Santa Cruz en Barillas; en 2009, Proyectos Hidroeléctricos S.A, ahora Energía y Renovación, en Yichk’isis, San Mateo Ixtatán, fronterizo con México y en 2011, Hidro San Luis.

Para obtener terrenos y permisos, las empresas han usado el engaño, la cooptación y la intimidación, señala Bastos en el documento “El Gobierno Ancestral Plurinacional Q’anjob’al en Guatemala: Reconstitución de pueblos indígenas en contextos de despojo”.

Lucas Jorge dijo que han sido víctimas de denuncias y órdenes de captura, algo que no van a seguir permitiendo. Para el dirigente, ser miembro del Gobierno Ancestral Plurinacional (GAP), es ser un defensor de la naturaleza y sus recursos. “Aquí defendemos el medio ambiente, los bienes naturales que hay bajo la tierra, lagos, ríos y montañas”, subrayó.

Al estar unidos han logrado el rechazo de proyectos transnacionales. En el caso de Energía y Renovación, que pretendía construir dos hidroeléctricas en Yichk’isis, su proyecto fue frustrado porque las comunidades elevaron una queja al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la que señalaron que la empresa intentó ocultar la presencia de pueblos indígenas en la zona.

Dicha denuncia llevó al BID a retirar el financiamiento a la empresa en 2021.

 

Lucas dijo que las empresas llegan a regiones y municipios como San Mateo Ixtatán, donde buscan implementar sus proyectos sin conocimiento de los pueblos originarios. Nosotros tenemos voz y voto, pero ellos (las empresas) no respetan eso, se conectan con ministros que avalan dichos proyectos, eso es una violación a nuestros derechos, manifestó.

La autoridad ancestral recordó que los ocho municipios del Norte de Huehuetenango se unieron y sacaron a empresas de sus territorios, como el caso de Hidro Santa Cruz y más recientemente, el caso de Energía y Renovación.

Las compañías usan todo tipo de tretas para implementar sus proyectos, hasta el uso de la fe, dice la autoridad ancestral. Además, cuentan con el apoyo del Estado, como fue el caso de Energía y Renovación, en cuyos predios funcionaba un destacamento militar y una subestación de la Policía Nacional Civil (PNC) para cuidar los recursos de la empresa.

No obstante, la población del lugar ha rechazado con contundencia la presencia de estas empresas, porque consideran que no les dejan ningún beneficio, según se ha visto en otros casos. Aquí toda la gente se reunió para defender los ríos Pojom, Negro y Yalwitz, que ahora siguen en su cauce, pero si les permitimos, contaminan todos estos ríos, resaltó el dirigente.

Como sus antepasados que cuidaban los bienes naturales, ellos mantienen la costumbre de pedir a sus ancestros en los cerros el retiro de las empresas, que con su llegada provocaron violencia, órdenes de captura e incluso la muerte.

Cuando estaba la empresa nos señalaban de bochincheros y de terroristas, pero nosotros defendemos la madre tierra y el medio ambiente, subrayó.

Aurelia Satuyé, docente garífuna: la discriminación sigue

Para Aurelia Satuyé, de Puerto Barrios, una de las mayores demandas de la población afrodescendiente es la visibilización y la inclusión, aunque indica que en los últimos años ha habido avances en ese sentido.

Como mujer garífuna, dijo que le costó llegar hasta donde está. La discriminación es latente, aunque solapada, dijo. Para ilustrarlo, cuenta que alguien la confundió con el personal de la limpieza, a pesar de que es la primera mujer garífuna en llegar a ser delegada de la Asociación de Auxilio Póstumo del Magisterio Nacional de Guatemala.

A veces, desde la misma policía le hacen registros minuciosos cuando se moviliza en su carro, incluso, le han pedido su tarjeta de vacunación. Para mí esto es humillante y discriminatorio, como mujeres nos ha costado, a pesar de ello, ha habido avances, dijo.

Uno de estos avances es el Acuerdo 83-96 que declara el 26 de noviembre de cada año como el Día del Garífuna. Sin embargo, esta fecha pasa desapercibida, incluso para las instituciones municipales donde trabajan personas afrodescendientes.

En tanto, el 25 de julio se celebra el Día Nacional de la Mujer Garífuna, pero ella considera que aún hay más que hacer en varios ámbitos. Hay mujeres que hemos obtenido cargos y hemos contribuido al desarrollo de Guatemala, a través de la salud, de la educación, es un avance pero no hemos llegado hasta donde queremos, dijo.

Para este 12 de octubre, se espera una nueva movilización que busca visibilizar las luchas de los pueblos indígenas, pues desde el mismo Estado se pretende desaparecer o incluso negar su existencia.