México: Criminalizan militares a defensores de Ayotzinapa y los pueblos en Guerrero

Ciudad de México | Desinformémonos. Organizaciones de derechos humanos denunciaron la criminalización de la que los defensores Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres y madres de Ayotzinapa; Abel Barrera, Rogelio Téliz García y Marco Antonio Suástegui Muñoz, en Guerrero, fueron objeto por los militares, como revelaron los documentos filtrados de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Lamentaron que el acuerdo de las fuerzas armadas con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) les asegura inmunidad. «Se creen con el derecho de señalar y atentar contra luchadores sociales y defensores de derechos humanos, mientras tanto a las bandas delictivas les permiten que actúen libremente y en muchos casos se asocian con ellos para delinquir, tal y como lo muestra el caso Ayotzinapa», indicaron las organizaciones.

Vidulfo Rosales Sierra, Abel Barrera y Rogelio Téliz García son integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Marco Antonio Suástegui Muñoz forma parte del Consejo de Ejido y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) en Guerrero.

En un comunicado, se explica que un informe de la Sedena describe la presencia de tres organizaciones civiles que cometen diversos ilícitos y que una está ligada a Vidulfo Rosales. «La información contiene errores, es falsa y exhibe la incapacidad de los cuerpos de inteligencia del ejército al confundir una organización campesina con una instancia gubernamental», señalaron las organizaciones firmantes, como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos» (Red TDT). 

Destacaron que la defensa que Vidulfo Rosales llevó a cabo es con el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), organización campesina que defiende la tierra y el agua contra las empresas extractivas en Guerrero.

«Nos preocupa que desde las fuerzas armadas tengan una percepción cuya tendencia es criminalizar a las personas defensoras de derechos humanos y catalogarlas junto a grupos criminales», indicaron, y añadieron que la represión contra Rosales y otros defensores podría aumentar conforme los padres y madres de Ayotzinapa, a quienes representa, se acerquen más a la verdad sobre el paradero de los 43 normalistas y las autoridades e instituciones implicadas.

Ante las revelaciones, las organizaciones exigieron el cese el hostigamiento y «la inminente represión» contra Vidulfo Rosales, Abel Barrera, Marco Antonio Suástegui Muñoz y Rogelio Téliz García, así como que se den garantías para que continúen con su labor de defensores de derechos humanos y se realicen investigaciones contra el ejército mexicano «por realizar operaciones de seguimiento y vigilancia ilegales».

A continuación el comunicado completo:

La Estrategia de Contrainsurgencia no solo se utiliza en contra de movimientos armados insurgentes, sino también en contra de todo aquel que lucha por la verdad, la justicia y la reparación del daño, como lo hacen algunas y algunos defensores de Derechos Humanos, periodistas y luchadores sociales, tal es el caso de los compañeros Vidulfo Rosales Sierra, Abel Barrera, Rogelio Téliz García y Marco Antonio Suástegui Muñoz. Los tres primeros integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el último líder del Consejo de Ejido y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP). 

Lo anterior queda demostrado con una reciente publicación en el diario, La Silla Rota, en su nota “Guacamaya leaks: Sedena vincula a Vidulfo Rosales con secuestros y extorsiones”. Ahí afirman que un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) describe la presencia de tres organizaciones civiles que cometen diversos ilícitos y una está ligada a Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de Ayotzinapa.

En la nota, se hace referencia a los documentos, obtenidos a partir del hackeo, en donde la SEDENA afirma que Vidulfo Rosales “forma parte de la estructura del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP)” sic.  que según el ejército, es una organización dedicada a cometer distintos ilícitos.

La información contiene errores, es falsa y exhibe la incapacidad de los cuerpos de inteligencia del ejército al confundir una organización campesina con una instancia gubernamental. 

La defensa que Vidulfo Rosales Sierra llevó a cabo es con el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) Organización campesina que defiende la tierra y el agua contra las empresas extractivas. 

Nos preocupa que desde las fuerzas armadas tengan una percepción cuya tendencia es criminalizar a las personas defensoras de derechos humanos y catalogarlas junto a grupos criminales. 

Hacemos un llamado a los medios de comunicación, su labor es importante, por ello les pedimos que no reproduzcan irresponsablemente información que el ejército tiene para reprimir y castigar a las y los defensores de derechos humanos, así como luchadoras y luchadores sociales. 

Con lo anterior es indudable que se prepara una inminente acción judicial contra el defensor que se hará efectiva en la medida que las madres y los padres de nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 se acerquen a la verdad. A la fecha todas las investigaciones apuntan a elementos del ejército, gobernantes y políticos de alto nivel. La defensa del compañero Vidulfo ha sido decisiva en esta lucha por lo que el ejército busca neutralizarlo y silenciarlo y no dudará ejercitar acciones penales o de otra índole en su contra. 

Tenemos la firme convicción que cuando la lucha es verdadera, honesta e inclaudicable afecta intereses, económicos y políticos de las élites que recurren a la calumnia, a la difamación, criminalizando y deslegitimando nuestra lucha.

La lucha de las madres y padres de los 43 amenaza con colocar al ejército en el banquillo de los acusados y la voz y denuncia permanente del compañero Vidulfo ha sonado con estridencia al grado que molesta al poder militar que ahora da un manotazo para acallar voces incómodas y vigilar a los que considera enemigos realizando impunemente señalamientos infundados. 

El acuerdo de las fuerzas armadas con el Presidente de la República les asegura inmunidad y se creen con el derecho de señalar y atentar contra luchadores sociales y defensores de derechos humanos, mientras tanto a las bandas delictivas les permiten que actúen libremente y en muchos casos se asocian con ellos para delinquir, tal y como lo muestra el caso Ayotzinapa. Delincuentes de Guerreros Unidos convivían y se reunían con altos mandos militares del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, mientras tanto, fichaban y hostigaban a defensores y luchadores sociales asociándolos con actividades ilícitas que ni siquiera comprobaron y que son falsas.  

Por todo lo anterior, exigimos cese el hostigamiento y la inminente represión contra el compañero Vidulfo Rosales, Abel Barrera, Marco Antonio Suástegui Muñoz y Rogelio Téliz García, que se den garantías para que continúen con su labor de defensores de derechos humanos y se realicen investigaciones contra el ejército mexicano por realizar operaciones de seguimiento y vigilancia ilegales.

ATENTAMENTE.

Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos»

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C (CEDEHM) de Chihuahua

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

Servicios para una Educación Alternativa Educa Oaxaca A.C.

Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética y los Derechos de las y los Trabajadores

Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello

Comite de Padres y Madres de Ayotzinapa

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM)

Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero

Comité Independiente de Solidaridad con las Familias de los Caídos de 1960

Frente Popular de la Montaña

Frente Magisterial Estudiantil y Ciudadano por un Gobierno del Pueblo

Desaparecid@s de la Costa y Feminicidios de Michoacán A.C.

Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero

Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero

Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera de Chilpancingo Guerrero

Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo

Foro para el Desarrollo Sustentable AC

Mujeres Productoras y Grupos Vulnerables

Frente Popular Revolucionario Guerrero

Consejo Federal Ejecutivo Nacional e Internacional del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, A.C. (FMPDH)

Colectivo Memoria, Verdad y Justicia – Acapulco

CRAC-PC Casa de Justicia de Espino Blanco

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”

(Integrada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de  Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

Brigada Humanitaria de Paz Marabunta

Coordinación Metropolitana, Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG: Integrada por: Colectivo Zapatista Neza, Café “Zapata Vive”, Regeneración Radio, UPREZ Benito Juárez, Colectivo Aequus.- Promoción y defensa de Derechos Humanos, Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia, Comunidad Indígena Otomí residentes en la CDMX, Resonancias Radio, Laboratorio Popular de Medios Libres, Noticias de Abajo, Zapateando Medios Libres, Plantón por los 43, Colectivo La Ceiba, Brigada de Salud Zapatista Pantitlán, Mujeres que Luchan, Resisten y se Organizan, Bazar Rebelde, Escuelita Autónoma Otomí, Individu@s: Roxana Bolio, Leonel López, María de Lourdes Mejía, Madre de Carlos Sinuhé Cuevas Mejía, Roberto Rodríguez Contreras.

Título personal:

Miguel Barrera Rocha. 

Dra. Angelica Narvaez, por una Atención Medica Digna