Mientras Evo y Filemón se agarran de los pelos, Felipe Quispe prepara renuncia al legislativo. Todos deberían renunciar en masa e irse a las localidades a dirigir la lucha en el terreno quitándole sustentación al poder. En Bolivia es la hora de los hornos.

01.Jun.04    Análisis y Noticias

Quispe Huanca firma su renuncia

La Paz | ANF.- Felipe Quispe Huanca, el “Mallku”, anunció ayer que tiene listo el borrador de su carta de renuncia a la Cámara Baja y que sólo le falta “pasarla en computadora” para presentarla hoy a la Presidencia de Diputados y concretar su alejamiento de Legislativo.

El líder del Movimiento Indígena Pachakuti y de la paralela Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia afirmó: “Ya he renunciado, sólo falta los papeles, yo soy político práctico: primero la práctica, después la teoría. Todo pierdo, voy a ser un ciudadano común y corriente, ya puedo estar en la cárcel”.

El aún parlamentario explicó que tomó la decisión de alejarse del Congreso porque la corrupción reina en el Legislativo. Puso como ejemplo el caso del “ideólogo” del Movimiento al Socialismo, Filemón Escóbar, a quien el jefe de este partido acusa de haber recibido 50 mil dólares.

LOS DIRIGENTES DEL MAS SE REÚNEN EN LA PAZ
Evo calcula su réplica a Escóbar

El jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales Aima, aclaró ayer que prefiere mantener silencio sobre las declaraciones de senador Filemón Escóbar, quien propuso que la Central Obrera Boliviana se haga cargo del “instrumento político”, y confirmó que espera los resultados de la reunión del Comité Político Nacional de su partido que se prevé para hoy en La Paz.

“Hay las instancias orgánicas. Siempre dije que no está en manos de Evo Morales este tema; pero tampoco puede tapar actos de corrupción y acuerdos políticos al margen de los principios del MAS”, afirmó Morales Aima.

El diputado cocalero explicó que existen pruebas sobre sus denuncias de que Escóbar y los otro siete senadores del MAS permitieron, a cambio de dinero, la ratificación del convenio de inmunidad que protege a los militares estadounidenses de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.