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El Estado policial
Raúl Prada Alcoreza
El Estado es la otra cara del capital, decía Mijaíl Bakunin. La crítica de Bakunin a Marx consiste, resumidamente, en que no se puede combatir al capital con su otra cara, la del Estado, la otra cara de la medalla de la explotación y de la dominación. Por eso la consigna de los anarquistas era y es: ¡Ni Capital, ni Estado, ni Dios, ni amo!
Hay que volver a reflexionar sobre el Estado; Pierre Bourdieu decía que el Estado es una idea, sostenida por mallas institucionales[1]; primero, las correspondientes a la monarquía absoluta; después las correspondientes a la república. Se puede decir que se puede hablar con propiedad de Estado, en sentido moderno, desde la instauración y constitución del Estado-nación. Si bien se habla de Estado con referencia a las sociedades antiguas, que, por cierto, cuando se conforma y se consolida una forma centralizada y concentrada de administración, de representación simbólica y dominación, que puede considerarse como la matriz genealógica del Estado moderno. Las diferencias entre ambos acontecimientos del poder, que manifiestan la conformación maquinizada de las dominaciones, no dejan de ser perceptibles. No solo por lo que respecta a la forma delegativa y representativa de la democracia institucionalizada, sino en lo que respecta a la estructura organizativa del Estado, además a la estructura jurídica del Estado; lo que se vino en llamar Estado de derecho.
Se puede recoger la genealogía del Estado desde la antigüedad hasta la modernidad, sobre todo, desde el nacimiento del Estado en el Oriente, como lo hacen Gilles Deleuze y Félix Guattari[2]; decir que el Estado moderno restaura el Estado oriental para controlar y detener, capturándolos, los flujos no codificados de los procesos vertiginosos desatados por el capitalismo, como lo hicimos[3]. Sin embargo, cuando hablamos de Estado y debatimos sobre el mismo, lo hacemos teniendo como referente el Estado-nación. Entonces, la referencia histórica es la república moderna, la que basa su legitimidad en la Constitución liberal, la que establece la estructura del Estado en la división de poderes, división basada en el juego de compensaciones, para lograr el equilibrio político entre los poderes. Con esto garantizar el funcionamiento de la democracia formal.
Ahora bien, en las historias políticas de la modernidad, las revoluciones socialistas han, por así decirlo, destruido el Estado burgués e instaurado el Estado de la dictadura del proletariado, el Estado obrero-campesino. Sin embargo, se llaman repúblicas socialistas o repúblicas populares. ¿Por qué se mantiene el nombre de república cuando, en efecto, no hay división de poderes, ni equilibrio entre los poderes? Todos los poderes del Estado son concentrados en un mando único, responden ideológicamente a la dictadura del proletariado, jurídica y políticamente a la Constitución socialista y al partido.
Si bien hay una distinción de las funciones de los poderes del Estado socialista, no se da el juego de compensaciones; por lo tanto, tampoco el equilibrio entre los poderes. El mando es único y se encuentra unificado. Se mantiene el nombre de república por lo de res-publica, la cosa pública, la expansión pública, el espacio público. Lo que permite esta conexión con lo público es el partido, que representa al proletariado, a los campesinos, a lo popular. La república entonces se concentra en el partido, que conforma el partido-Estado y el Estado-partido. Ideológicamente se dice que el proletariado es el que está en el poder, que es el pueblo trabajador el que está en el poder. Entonces, se trata del gobierno de los trabajadores. Sin embargo, en los hechos, es la burocracia del partido la que gobierna, es la burocracia del Estado la que administra lo público.
La representación se convierte, en este caso, en delegación, por parte del pueblo trabajador, de las funciones gobernantes - que competen, teóricamente, al proletariado, al campesinado, al pueblo trabajador - a la burocracia del partido. Funciones, en principio, al comienzo de la revolución, a cargo de los consejos o los llamados soviets. El partido representa al proletariado; ideológicamente, aunque no dicho de manera explícita, el proletariado habría delegado funciones de gobierno y administrativas al partido. El partido asume estas funciones a nombre del proletariado. Esta delegación, que no es equivalente a la representación liberal, representación-delegación, sino a una delegación de la potestad de gobernar del pueblo trabajador al partido. Ciertamente hay analogías con lo que ocurre en el régimen liberal; sin embargo, la escala en la que se da es mayor. En el régimen liberal los partidos gobiernan a nombre de sus representados, que les delegan, mediante la representación, la tarea de portavoces del pueblo. Pero, no se trata de un partido, del partido único – no lo decimos por observar este monopolio de la representación del pueblo y acusar de falta de democracia, por cierto formal, sino para hacer hincapié en ciertas diferencias -, se trata del partido-Estado. Entonces, mediante este procedimiento ideológico de representación, delegación y sustitución, el pueblo delegaría la función de Estado, ya no solamente de gobierno, al partido.
El partido sería el proletariado hecho consciencia de clase para sí, organización política, además de gobierno, en los términos de la dictadura del proletariado. El partido sería el Estado como síntesis abstracta de la sociedad socialista. Fin de la historia.
En esta genealogía del Estado, desde el nacimiento del Estado en el Oriente, hasta el Estado socialista, pasando por el Estado liberal, el Estado como idea, habría preservado su origen simbólico, además de la concentración y centralización administrativa, basada en la casta de funcionarios. Se puede distinguir el imaginario institucional de legitimación simbólica, preponderantemente mítica, después, legitimación religiosa, de la ideología institucional de legitimación discursiva. A su vez, se puede distinguir ambas formas de legitimación de la ideología absoluta de legitimación simbólica-discursiva. Paradójicamente, se restaura el simbolismo de manera exacerbada, en la forma de patriarca moderno, padre del pueblo trabajador, y se consolida el discurso único de los trabajadores, como si no tuvieran otros.
Sin embargo, el núcleo simbólico, el nucleó de la concentración simbólica, el núcleo de la concentración y centralización administrativa, se mantiene, a pesar de darse en el Estado liberal competencias descentralizadas, de gestión y administrativas. El Estado se sacraliza: la defensa de la patria. A nombre de esta defensa se exige a los ciudadanos la entrega de sus vidas, por lo menos, en un lapso de tiempo, relativo al servicio militar obligatorio. A nombre de la defensa del Estado, se pueden suspender los derechos y declarar el Estado de excepción. En el fondo hay un Estado policial en toda forma de Estado. Más evidente en unos casos que en otros, pero, recurso de emergencia a mano en todas las formas de Estado, incluyendo, claro está, a la forma de Estado liberal. El tema es que el llamado Estado socialista, el correspondiente al socialismo real, el que efectivamente se dio, es un Estado policial de manera explícita y desenvuelta.
¿Qué es el Estado policial?
Cuando el Estado pretende ser más que la sociedad, a pesar de haber emergido de ella, pues el Estado no tiene vida propia, entonces se produce una hipertrofia: un monstruo grotesco político anacrónico, donde el artificio de la sociedad, el Estado, desborda, opulenta e insaciable, por todos los lados, agobiando con su peso grasoso a la sociedad; sociedad disminuida por el Estado, restringida en sus prácticas, en sus actividades y funciones, a las mínimas expresiones que permite el Estado. Este monstruo grotesco político asfixia a la sociedad, es un parásito gigantesco, que vive a costa de la sociedad; la que es condenada a la anemia social; sobre todo, a soportar las exigencias cada vez mayores del Estado.
El Estado policial requiere tener amenazada constantemente a la sociedad. La sociedad tiene que sentirse amenazada, estar obligada a cuidarse permanentemente. Esta amenaza puede adquirir la figura de peligros que acechan a la sociedad; por ejemplo, el “terrorismo”, también el vandalismo, incluso el fantasma de la “conspiración”. Cuando esto no basta o, mas bien, para consolidar estructuralmente la amenaza, se la institucionaliza. Para tal efecto, se elaboran, se aprueban y se promulgan leyes que conculcan derechos y expanden las prohibiciones de manera alarmante. Entonces queda claro, mediante listas largas, lo que no pueden hacer los ciudadanos y ciudadanas, protestar, movilizarse, interpelar, denunciar, pues ya son considerados atentados contra el Estado. Se busca controlar, vigilar, penar y castigar donde se despliegan las actividades sociales, cercando, jurídicamente, todos los espacios sociales. Se “norma” las profesiones y los oficios, no sobre temas técnicos, sino que se criminaliza sus actividades. De tal manera, que todas las profesiones y oficios quedan sometidas a la coerción y al chantaje. Se criminaliza el transporte; conductores o dueños, asalariados o empresarios, son objeto de penas y castigos. Se criminalizan las actividades económicas, sometidas también a la coerción y al chantaje; lo mismo ocurre con las actividades agrícolas, pecuarias y agroindustriales. Todo ciudadano y ciudadana es observado como posible delincuente por el Estado policial. Es cuando el Estado policial está a punto de convertirse en un Estado mafioso, pues funciona como máquina del chantaje y de la coerción sobre la ciudadanía.
[1] Revisar de Pierre Boridieu Sur l’État. Cours au Collège de France 1989-1992. Raisons d’agir/Seuil. Paris 2012.
[2] Revisar Capitalismo y esquizofrenia I y II. Anti-Edipo. Fondo de Cultura Económica. Mil mesetas. Pre-Textos. Valencia 2000.
[3] Ver La inscripción de la deuda. https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/la_inscripci__n_de_la_deuda_2.