Colombia: Conflictos en territorios de Pueblos Étnicos. Retos para el gobierno de Gustavo Petro

Conflictos en territorios de Pueblos Étnicos. Retos para el gobierno de Gustavo Petro

Por Efraín Jaramillo Jaramillo*

http://jenzera.org

6 de noviembre, 2022.-

 

Este texto enumera una serie de problemas bastante extendidos en regiones pobladas por comunidades indígenas y afrocolombianas. Son problemas que han alterado su capacidad para manejar y controlar los territorios, lo que ha conducido a pérdidas territoriales y enajenación de recursos ambientales.

Esta problemática que aquí enunciamos es uno de los resultados de la investigación colaborativa desarrollada por los estudiantes afrocolombianos e indígenas de la Escuela Interétnica. Una investigación que evidenció que los territorios son una forma de conocimiento, que ayuda a la gente a conectarse emocional y estratégicamente a un lugar. Y ya que expresan el impacto de eventos perniciosos, los territorios intensifican también los problemas socioculturales causados por experiencias traumáticas. (1)

1. En Colombia buena parte de la inversión en tierras ha sido una estrategia de acumulación de activos provenientes del narcotráfico. Es, quizás la mayor contrarreforma agraria llevada a cabo en los últimos años, con base en el despojo de familias campesinas. El Pacífico no ha sido la excepción. Más aún, en algunas regiones ha sido un espacio preferido para estas inversiones.

2. Con base en esa ampliación del latifundio se ha ido conformando un sistema social “señorial latifundista”, caracterizado por la utilización de grandes extensiones de tierra de alta productividad agrícola para la ganadería. (2) En el Pacífico ya comenzó este proceso.

3. Se han concedido ajustes legislativos fraudulentos para otorgar licencias de explotación de recursos mineros y forestales en territorios colectivos de Pueblos Étnicos y en áreas de reserva forestal.

4. Los campesinos no cuentan en la actualidad con ninguna fórmula legal de acceso a la propiedad colectiva de la tierra. Las reservas campesinas que eran una defensa de la propiedad campesina y un obstáculo para la expansión de latifundios a costa de tierras campesinas, no han recuperado su vigor.

5. Hay territorios cuyo control es primordial como espacio estratégico para acciones militares y para economías ilegales: corredores geográficos para el movimiento de tropas, transporte de drogas ilícitas, de armas y contrabando de mercaderías. El caso más emblemático en la actualidad lo comprenden territorios del Pacífico Sur.

6. Crece de nuevo la disputa violenta por el control económico, político y territorial de algunas regiones, para suplantar a las desmovilizadas FARC. Zonas del Pacífico, de la Costa Atlántica, de los Llanos orientales, del Cauca, y varios más, son objeto de disputa entre actores armados, pues tener el control de estos espacios y de su economía legal e ilegal es vital para mantenerse en la guerra.

7. Sigue ampliándose la frontera agrícola para cultivos agroindustriales o de uso ilícito, a costa del bosque natural. La destrucción de flora y fauna, contaminación de ríos con residuos químicos y fumigaciones, han deteriorado enormemente los territorios colectivos de afrocolombianos e indígenas.

8. En el caso de territorios colectivos hay reconocimiento jurídico, pero este reconocimiento no está acompañado de mecanismos de seguridad capaces de controlar a actores económicos que codician los recursos de estos territorios. Hay una evidente incapacidad —pero también “desgano”— del Estado para hacer efectivos los derechos de los grupos étnico territoriales, frente a un dominio territorial de poderosos grupos económicos.

9. La violencia y el desplazamiento forzado colocan en peligro de extinción a varios pueblos indígenas. Los más afectados han sido aquellos que no tienen titulo de los territorios que tradicionalmente habitan. El caso de los indígenas kankuamos es el más emblemático de esta situación de violencia: con una población aproximada de 5.800 individuos, más de dos mil viven por fuera de su territorio y en pocos años fueron asesinados 102, entre ellos sus más destacados dirigentes y líderes espirituales. Pero también es conocida la masacre del Naya en el año 2001, donde murieron cerca de 50 pobladores indígenas, negros y campesinos.

10. Sobre los territorios se construyen otras regulaciones muy diferentes a las de campesinos, negros e indígenas. Estas regulaciones crean unas relaciones sociales que modifican profundamente la vida de las comunidades:

a) Territorios de empresas (concesiones mineras, petroleras o madereras). Economías de enclave y de extracción de recursos naturales.  

b) Producción agroindustrial respondiendo a mercados nacionales o internacionales (enclaves).

c) Definición de territorios como Gray Zone, catalogadas como de fácil acceso para los actores armados. Los pobladores de estas zonas grises pasan a ser considerados como parte de la estrategia de financiación de actores armados ilegales, cuando no son vistos como potenciales auxiliadores de acciones terroristas.

d) El mercado que organiza los espacios de acuerdo a sus propias necesidades, reconstruyéndolos, o lo que es lo mismo, ordenando el territorio de acuerdo al rol que las empresas le asignan a los recursos.

e) Asignación o legalización de propiedades al interior de territorios colectivos.

f) Circunscripciones” electorales de los partidos políticos —clientelas políticas que dividen a la población—.

g) Actualmente, cuando cambian aceleradamente los roles económicos externos, crece también la inseguridad sobre la posesión de los territorios colectivos, y los pueblos étnicos están corriendo el peligro de convertir sus espacios de vida en espacios objeto, dispuestos para su aprovechamiento por agentes económicos externos, orientados por el mercado neoliberal. Esto conduce a que de “dueños y señores” de sus territorios, estos grupos se conviertan en pobres rurales. Las presiones hacia las comunidades para que cedan los recursos son cada vez más fuertes con el crecimiento de la demanda externa por recursos primarios.  

h) Un estudiante de la escuela anotaba con ironía, que antes su familia había sido desalojada de las tierras más fértiles, empujándola selva adentro y monte arriba. Allí, bien o mal, había estado al margen de la “invasión” de su territorio y había logrado mantener ciertos espacios de libertad. Ahora el capital habría descubierto que en ese territorio había agua, maderas finas y recursos energéticos, claves en el desarrollo de economías externas. Decía al final, que lo único que le quedaba claro con esa creciente demanda de recursos primarios, es que ya no iban a tener ni si quiera donde esconderse.

11. Un objetivo visible de los últimos gobiernos ha sido el de reservar amplias regiones para su explotación extractiva, pues zonas bien dotadas de recursos y tan promisorias para la explotación mercantil y desarrollo de la economía nacional, no deben estar excluidas del mercado.

12. Desde la ‘apertura económica’ que inició Cesar Gaviria, continuó con Álvaro Uribe y siguió con Santos y Duque, se ha hecho énfasis en la determinación por regresar a las economías de enclave, enfocando la economía hacia los megaproyectos que faciliten negocios transnacionales, hacia las inversiones de alta rentabilidad industrial (exportaciones selectivas) y hacia la consolidación de mercados de tierras de amplia accesibilidad. Nada que ver con los intereses económicos y territoriales de negros e indígenas.

13. En la medida en que crecen los cultivos ilegales y se expanden las grandes plantaciones, la ganadería o las actividades extractivistas, la vida económica y social de las comunidades queda supeditada a la dinámica del flujo de recursos generados por estas actividades económicas. En casi todas las comunidades afectadas por este tipo de economías, caen vertiginosamente los cultivos de pancoger y se incrementa la dependencia de alimentos importados. El abandono de las actividades de pancoger es el primer paso para la desestructuración económica de las comunidades. Y el uso del suelo y de recursos del territorio con el fin de responder a demandas de mercados externos a la región, es el primer paso para la pérdida del territorio y desterritorialización. 

14. A la par que se extinguen por sobre-explotación los recursos del bosque, de los ríos y de los manglares, y se agotan los recursos auríferos, empieza la migración hacia las ciudades. Esta diáspora es selectiva: los primeros que se van son los jóvenes. En las ciudades estos jóvenes no son absorbidos productivamente y entran a engrosar las filas de los desocupados o a ser enganchados por uno u otro grupo para actividades ilícitas. Paradójicamente, de estos jóvenes se nutren todos los proyectos que buscan subordinar las economías comunitarias a los designios del capital. Sectores económicos rentistas que solo buscan beneficios del corto plazo, sin visión económica estratégica, han impedido que se desarrolle una economía local y regional que pueda revertir las condiciones de marginalidad y exclusión de esta población que abandona los ríos (3).

15. Los actores que se lucran de actividades extractivistas o economías ilícitas, buscan el empoderamiento a través del control político de las estructuras de gobierno locales, impidiendo así que cambien las condiciones económicas que posibiliten la organización de la economía de acuerdo a los intereses de la población. Sólo de manera marginal, el Estado ha suministrado recursos y apoyado proyectos de desarrollo económico. También algunas ONG ejecutan recursos de la cooperación internacional, pero estos proyectos tienen baja cobertura, en relación con la magnitud del problema social que vive el Pacífico.  

16. La evasión fiscal, el contrabando, la posesión ilegal de la tierra, el robo y apropiación privada de los bienes y recursos públicos, el caciquismo, las elecciones fraudulentas, la compra de votos, el secuestro y por último el narcotráfico, con todas sus secuelas de corrupción y violencia, han terminado por desestabilizar los gobiernos locales y des-institucionalizar casi todas las regiones del Pacífico (4).

17. El Plan Colombia surgió en el marco de la política antidrogas del gobierno de Estados Unidos. Al convertirse el negocio de las drogas en principal fuente del empoderamiento económico y militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC y de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y al entrar estas organizaciones —después del 11 de septiembre— a hacer parte de la lista de los grupos terroristas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, pasó la lucha antidrogas a ser definida como guerra antiterrorista. Al establecerse esta relación de causalidad entre terrorismo y droga, la problemática social de las regiones cultivadoras de coca, pasó a constituirse en un fenómeno que debía ser tratado en términos militares. Las propuestas de desarrollo económico concebidas para estas zonas debían pasar primero por una “solución militar” (5). Las políticas efectuadas para cambiar esta conducta belicista, en el marco del proceso de paz han, sido inoperantes. 

18. La guerra como conductora del desarrollo social ha sido fatal para las comunidades. Esta guerra desvirtuó las formas de producción solidarias y violó derechos constitucionales y normativos de protección de territorios colectivos. El resultado final fue que se imposibilitaron todas las acciones tendientes a empoderar a las comunidades para el ejercicio de sus funciones y a generar procesos de desarrollo autónomo y autosostenible.

Este tipo de intervención y las consecuencias antes descritas se repitieron tantas veces en diferentes regiones del país, que llevó a concluir que detrás de estas acciones se encontraba una política deliberada de desalojo de la  población, para “limpiar” determinadas áreas ambicionadas por intereses económicos vinculados a grandes proyectos agroindustriales. Y es que en el Bajo Atrato se iniciaron los grandes cultivos de Palma aceitera, después de haber sido desalojadas violentamente las comunidades de la zona. En otras zonas, como en el Alto río San Jorge, el desalojo de la población indígena Embera Katío de su resguardo ‘Quebrada Cañaveral’ tuvo lugar para sembrar cultivos de coca. En otras zonas el objetivo del desalojo fue la explotación a gran escala de los recursos ambientales, especialmente madereros y mineros o para ampliar los latifundios ganaderos.

Amenazas internas para los pueblos étnicos y sus territorios  

• Procesos de enajenación cultural y pérdida de identidad.

• Organizaciones de los campesinos debilitadas, divididas.

• Migración y desarraigo territorial, cuando los sistemas productivos se basan en tecnologías rudimentarias que no permiten cubrir necesidades básicas.

• No percibir que la solución al problema territorial de los pueblos indígenas pasa por la solución al problema territorial de las comunidades negras (y viceversa). Lo mismo sucede con las comunidades de campesinos. Acuerdos le dan un vuelco a relaciones entre personas que tienen símbolos diferentes para entender la naturaleza de sus problemas, pero que tienen apremios y necesidades similares. Si todos los pobladores del campo asumen una identificación más cultural con el territorio, se allana el camino a entendimientos para defender amplios territorios, manejar integralmente cuencas, elaborar reglamentos para el uso de áreas de uso común (manglares, bosques, ríos) y blindar esos espacios de vida a la acción predadora de compañías o agentes extractores de recursos.

• Poco conocimiento que tienen sobre el valor real de los recursos ambientales que tienen los territorios y lo que significan para su bienestar, pues el territorio sigue siendo para los grupos étnico-territoriales la fuente de subsistencia y la garantía para una alimentación sana y suficiente.

Los retos

El desafío de mayor envergadura es encontrar un camino para la articulación política de los diferentes sectores sociales y grupos étnico territoriales, procurando su adhesión a un proyecto de vida y convivencia común que refuerce y sea compatible con el plan de vida de cada grupo.

Es un proceso que se califica de intercultural. De acuerdo con este proceso, la interculturalidad consiste en

“la promoción sistemática y gradual de espacios y procesos de interacción positiva que vayan abriendo y generalizando relaciones de confianza, reconocimiento mutuo, comunicación efectiva, diálogo y debate, aprendizaje e intercambio, regulación pacífica de los posibles conflictos, cooperación y convivencia” [entre pueblos indígenas y campesinos]  (6).

Problemas y dificultades al respecto:

1. Identidades en conflicto

Existen muchos espacios de colisión que generan conflictos. Por ejemplo: La competencia por el recurso tierra; el hecho de estar o no vinculados a grandes cultivos (arroz, caña, papa, café, cacao) o cultivos de uso ilícito; el ubicarse en contextos geográficos vitales muy diferentes (río, selva, manglar, ciénaga, montaña, valle); la propia ética ecológica de cada grupo de población, etc. Se trata de diferencias que a veces significan más —para unir o para distanciar— que las propias diferencias étnicas o culturales.

El miedo, la incertidumbre y la inseguridad, señas de identidad común para todos los grupos sociales que viven en la Colombia rural, obstaculizan habitualmente la fusión de identidades con autoestima, propician el recelo y la desconfianza mutua, por lo cual son más vulnerables y están expuestos a coerciones de actores económicos con poder.

2. Organizaciones sociales diferenciadas

La construcción de alianzas exige organizaciones de base consolidadas. En Colombia es preciso lidiar con diversos tipos de organización peculiares de cada grupo de población. Cada uno presenta retos muy distintos, que requieren de atención específica. La ANUC no le prestó suficiente atención a este aspecto y consideró que el discurso político alineaba a la gente. La ruptura del sector indígena con el sector campesino en lo más álgido de las luchas campesinas de los años 70, ilustra esta situación.

Los períodos históricos no solo se caracterizan por cambios económicos. Se caracterizan también por rupturas culturales. Si en el discurso de la derecha o de la izquierda tradicional no encontramos ninguna referencia a la cultura, como parte orgánica de la reproducción social, se debe a que persiste en ambas tendencias una idea de lo cultural subordinado a lo económico y a lo político.

En las prácticas de lo que fue el “Real Socialismo”, la esfera de la cultura había sido colonizada por la política, mutilándole su capacidad creativa. En occidente, en el mundo capitalista, la cultura fue colonizada por la esfera de lo económico, convirtiéndola  en una mercancía.

Es muy temprano aún para descifrar si la idea de “vivir sabroso” que enarbola la vicepresidente Francia Márquez, es la más acertada para convocarnos a descolonizar la cultura y provocar una vigorización de la sociedad civil, reconociendo su composición plural. Pero lo que si sabemos es que algo fundamental falta: Todavía no han sido desarrolladas por parte de las organizaciones sociales de indígenas, afrocolombianos y campesinos, las estrategias para impedir que los territorios sean “ordenados” económicamente por intereses externos, obedeciendo a lógicas del mercado. Porque cuando el mercado es el que escoge o define la economía de un territorio, destruye los otros recursos, que también son importantes para las comunidades. La economía de mercado es un bulldozer, que arrasa todo a su paso, empezando por la gente.
 

A manera de conclusión, queremos traer a la memoria el esfuerzo que realizaron indígenas, negros y campesinos en el río Naya por reconstruir sus vidas y territorios, después de la masacre del 2001. Es una experiencia valiosa que ofrece por su impacto político, un ‘efecto de demostración’ hacia otras zonas del Pacífico y contribuye a desarrollar nuevos temas y metodologías de interés general para los pueblos en territorios pluriétnicos. 

Notas: