El 19 de mayo de 2022, 10 casas en tres provincias del país fueron violentamente allanadas por equipos de élite, fuertemente armados, de la Policía Nacional del Ecuador. El Estado iba detrás de 9 militantes del Movimiento Guevarista Tierra y Libertad, con la falsa acusación de que se encontraban organizando una guerrilla con ayuda de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) La Segunda Marquetalia. Mientras esta injusta detención tenía lugar, el país estaba siendo tomado por el Crimen Organizado a vista y paciencia del Gobierno, con serias denuncias de la participación de altos funcionarios estatales en dichas organizaciones delictivas. Se llevaron detenidos a los compañeros guevaristas Ernesto Flores Sierra, Juan Carlos Bustamante Rueda, Nelly Yacelga Ortega, Omar Campoverde Quimbiulco, Carlos Carguachi Capito, Silverio Cocha, Gabriela Gallardo y Alexis Moscoso. A Cristian Caiza lo dejaron en libertad para vincularlo tres meses después y alargar la Instrucción Fiscal.

¿Qué hay detrás de esta injusta detención?  No otra cosa que la criminalización y judicialización de la lucha social para generar miedo en la sociedad y contener la protesta social, que se levanta en contra del mal gobierno y de las corporaciones capitalistas que depredan los territorios naturales y culturales de nuestro país. En el contexto del levantamiento indígena-popular de octubre de 2019, el gobierno de Moreno en su ministra de policía María Paula Romo implementó una brutal represión que se llevó la vida de varios manifestantes, arrebató el ojo a otros tantos y privó de libertad a muchos más. A partir de ese momento empezó la persecución en contra de algunos colectivos de jóvenes de la izquierda ecuatoriana, entre los que se encontraba el Movimiento Guevarista Tierra y Libertad. Se les acusó de ser violentos, de destruir el ornato de la ciudad, de generar caos, de ser la fuerza subversiva de las manifestaciones; en una clara necesidad de encubrir la violencia sistémica que deja a miles de personas en el desempleo, a miles de niños con hambre y desnutrición, a miles de enfermos sin atención médica, a miles de jóvenes sin educación, a miles de personas lanzadas a la migración forzosa  a manos de bandas criminales, a miles de personas sin sus territorios, a pueblos enteros condenados a vivir en un ecosistema contaminado, etc. Esa es la extrema violencia del sistema que los malos gobiernos quieren encubrir acusando a los grupos de jóvenes de izquierda que denuncian y luchan contra esa violencia estructural, con lo cual también buscan encubrir su complicidad con esta violencia que los envuelve en un círculo de corrupción, robo, criminalidad institucionalizada.

Los crímenes de Estado cometidos en el gobierno de Moreno quedaron en la impunidad, nadie se hizo responsable de la violencia represiva de la Policía y las Fuerzas Armadas responsable directa de los asesinados, heridos, encarcelados y perseguidos. “Según la información suministrada por la Defensoría del Pueblo, con ocasión a dicho contexto hasta la fecha 11 personas habrían perdido la vida, por lo menos 1340 resultaron heridas y 1192 habrían sido detenidas, de las cuales el 80% habrían sido puestas en libertad” (CIDH, 2019).  Nada de estas denuncias importó ni al gobierno de Moreno ni al nuevo gobierno de Guillermo Lasso, quien en su ministro de policía Patricio Carrillo y en su jefe de Inteligencia Cobo no solo que continuó la persecución al Movimiento Guevarista, sino que presionaron para que la Fiscalía General del Estado, en el Fiscal Wilson Toainga Toainga, inicie en agosto del 2021 una investigación reservada sin autorización de ningún juez a 9 miembros del Movimiento Guevarista.  Durante 9 meses, de agosto 2021 a mayo de 2022, los militantes guevaristas fueron perseguidos por agentes policiales. Todos ellos tienen registros de sus viviendas, de sus actividades diarias, de sus contactos sociales; a todos se les intervino sus teléfonos sin que ninguno cuente con una defensa. Estuvieron 9 meses en indefensión, no sabían que les estaban investigando, no tenían abogados defensores, estaban bajo espionaje del Estado.

A las 6 de la mañana del 19 de mayo de 2020, 9 familias se despertaron con la incursión violenta de la Fiscalía con los equipos de ataque de la Policía Nacional que treparon muros, rompieron puertas, amedrentaron al abuelo y abuela de Alexis, a la abuela de Ernesto, al pequeño hijo de Omar y Gabriela; provocaron tres ataques epilépticos a la hija de Nelly, atacaron al hermano y madre de Juan Carlos, engañaron a las comunidades para secuestrar a Carlos y Silverio, y persiguieron por tres meses a Cristian dejando a su compañera y a su pequeña hija sin sustento.  Nuestros familiares no llegaban a Flagrancia y los noticieros de la mañana, de los medios de comunicación funcionales al poder, sacaron por todos sus canales la noticia del día: “en un operativo la policía había detenido a 8 guevaristas acusados del delito de trata de personas para entrenamiento militar en Colombia”. Por supuesto, como era de esperar, la acusación no solo era de terrorismo como es la costumbre, desde que el Estado gringo sacó el discurso del terrorismo para atacar países, pueblos y personas que no se alineaban con su política imperial, se agregó lo de tratantes de personas como es la costumbre actual del poder para deslegitimar la lucha de los pueblos haciendo acusaciones que los estigmatiza como delincuentes. Obviamente no es el mismo impacto en la sociedad acusarlos de guerrilleros e incluso de terroristas que acusarlos de tratantes de personas, la intención de esta persecución es clara, criminalizar la lucha social.

Curiosamente, 15 días después de la injusta detención de los 8 militantes guevaristas, se inicia el paro nacional convocado por la CONAIE y el gobierno ya tenía el antecedente justificativo perfecto para deslegitimar el levantamiento, como efectivamente lo hizo. Se puede observar con claridad un itinerario de la política de criminalización de la lucha social ejecutada por el gobierno de Lasso. Empezaron el 19 de mayo con la acusación de terrorismo y trata de personas para entrenamiento militar con el fin de formar guerrillas en el Ecuador contra el Movimiento Guevarista. Vino el levantamiento de junio y acusaron al presidente de la CONAIE Leónidas Iza de ser el “cabecilla de los disturbios y el vandalismo”, negando su condición de dirigente de la mayor organización social del país con reconocimiento nacional e internación, retomaron sin ningún pudor un discurso racista denigrante para todo el país del cual se hizo eco todos los medios oficiales. Luego dijeron que el levantamiento indígena popular no era un acto de resistencia, sino un atentado contra la democracia y la república financiado por el narcotráfico, sin ninguna prueba de una acusación que apuntaba a generales de la policía y las FFAA, dicho por la propia inteligencia del Estado gringo su principal aliado. En el pensamiento delirante de uno de sus opinólogos se atrevieron a decir que la CONAIE era el sendero luminoso ecuatoriano y que había que acabar con esa amenaza terrorista. No contentos con todas estas absurdas acusaciones, aseguraron que el peligro estaba en las guardias indígenas que eran las que “vandalizaban” y atentaban contra el orden democrático. Po último, para poner la cereza en el pastel y confirmar hacia donde apuntaba toda esta criminalización, otro de sus opinólogos dijo que el problema de la seguridad nacional radicaba en las guerrillas ecologistas que saboteaban los “sanos negocios de las buenas empresas extractivas” que operan en el país.

Es clara la intención gubernamental de criminalizar la protesta y la lucha social, y es claro que el objetivo último de esta política represiva es atacar al mundo indígena, sus organizaciones comunitarias, sus organizaciones políticas, su autonomía, sus guardias indígenas. No es coincidencia que la persecución al Movimiento Guevarista se enfoque en las Escuelas de Fe y Política que llevan más de dos décadas consolidando la educación popular e intercultural en varias provincias del país, sobre todo aquellas de territorios ancestrales. Lo que intentan es despejar los territorios donde las empresas extractivas buscan saquear los bienes naturales para alimentar sus empresas nocivas y neutralizar la legítima protesta social que defiende la cultura y la naturaleza de sus depredadores. El Movimiento guevarista fue el chivo expiatorio perfecto para justificar toda la política represiva del Estado, a las puertas del levantamiento indígena popular de junio de 2022. “Según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, desde el 13 hasta el 28 de junio del 2022, seis personas murieron en el contexto del paro y 335 manifestantes resultaron heridos”. Igual que en el paro del 2019, estos actos violatorios de los Derechos Humanos quedarán impunes.

Otro dato importante a ser evidenciado es que la acusación a 9 militantes guevarista y la detención de 8 de ellos se da 10 días de las elecciones presidenciales de Colombia, cuyo resultado dan el triunfo a Gustavo Petro, poniendo fin a una larga historia de gobiernos conservadores en el vecino país. El país, que ha sido la mayor base militar del imperio norteamericano en nuestro continente, había elegido a un ex guerrillero de tendencia de izquierda. Ciertamente que hay políticas de Estado que definen las alianzas geopolíticas, sin embargo, el cambio de tendencia política de un gobierno puede modificar en algo dichas alianzas. En un contexto de retorno de la línea progresista de los gobiernos a América latina, el viejo imperio gringo, ya golpeado por el avance del eje euroasiático, no puede perder del todo “su patio trasero”, tiene que buscar el país remplazo de Colombia donde mover sus botas para pelear el control sobre el subcontinente. Que mejor que el Ecuador, cuya posición geográfica es estratégica, para trasladar bases militares gringas al pequeño país andino y volverlo centro de control hacia el resto de países de Latinoamérica. Y, que mejor que el Movimiento Guevarista para construir el falso positivo, el enemigo interno que justifique acuerdos con el imperio en decadencia y ofrecerle íntegramente nuestra soberanía en el llamado Plan Ecuador, mal remedo del Plan Colombia. Un plan que ha destrozado los territorios del país vecino, que ha impuesto una política estatal criminal, que asesina semanalmente dirigentes sociales, indígenas, defensores de la naturaleza, jóvenes, mujeres a nombre de la guerra contra el terrorismo y las drogas.

El montaje gubernamental en alianza con el poder del norte es más que claro, la intención es generar un justificativo para la implementación de un estado policiaco que contenga el avance de la lucha y la protesta social. Las y los Hijos de Mayo son víctima de esta estrategia de dominación.