El gobierno de la Ciudad de México ha afectado en forma grave los derechos de los pueblos originarios al tratar de imponer los proyectos del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial, ambos de la Ciudad de México, violentando con ello disposiciones establecidas a nivel constitucional y en las convenciones internacionales que protegen nuestros derechos, con el propósito de crecer la mancha urbana sobre nuestras tierras y territorios propiciando el despojo de los mismos y la destrucción de la Madre Tierra a favor del capital inmobiliario.