La inmunidad legislativa es una piedra angular de una democracia parlamentaria para que funcione, pero los fiscales turcos han tratado, durante mucho tiempo, de socavar este derecho fundamental. En las décadas posteriores al establecimiento de la Constitución de la República de Turquía, en 1961, tras el golpe de Estado del año anterior, los fiscales turcos presentaron 2.713 solicitudes para suspender la inmunidad de 1.151 diputados. Aunque solo se concedieron 29 solicitudes, está claro que el derecho a hablar y actuar libremente como representante político electo en Turquía ha estado bajo amenaza desde hace tiempo.

Lamentablemente, en 1991 se despojó de la inmunidad parlamentaria a los parlamentarios kurdos que se habían atrevido a usar pañuelos en la cabeza o pañuelos de bolsillo, con los colores rojo, verde y amarillo kurdos. Esos parlamentarios pasaron diez años en prisión, y los años siguientes han sido testigos de una persecución cada vez más agresiva de legisladores, principalmente kurdos, por parte de fiscales turcos bajo el control efectivo del gobierno. En 2016, los parlamentarios turcos aprobaron una medida para despojarlos de su propia inmunidad, con una mayoría de dos tercios, lo que significa que los votantes turcos no tuvieron la opción de contrarrestar la medida en un referéndum. Los arrestos siguieron ese mismo año, dirigidos a una docena de miembros del Partido Democrático Popular (HDP), pro-kurdo y pro-derechos de las minorías.

Ahora, han llegado a la Asamblea turca diligencias que buscan levantar la inmunidad legislativa de otros 25 diputados opositores, incluidos 21 del HDP. La copresidenta del HDP, Pervin Buldan, se encuentra entre los diputados del HDP que se enfrentan a la pérdida de inmunidad, junto con otros 20 miembros de su partido, además de algunos parlamentarios de otros partidos de oposición que se han atrevido a criticar el presunto uso de armas químicas por parte del gobierno (en el Kurdistán iraquí) en publicaciones en las redes sociales, entre otros.

Como dijo el HDP en un comunicado en el sexto aniversario de esos arrestos de 2016, el despojamiento de la inmunidad parlamentaria por parte del gobierno y los juicios posteriores contra los miembros del HDP están “planeados y realizados políticamente con el objetivo de eliminar nuestro partido y nuestra democracia. El poder judicial ha sido utilizado como un aparato para ese golpe”. Tales medidas no solo dañan al HDP, que ahora se enfrenta a procedimientos judiciales destinados a prohibirlo por completo antes de las elecciones cruciales del próximo año, sino que corroen aún más la democracia de Turquía en su conjunto.

Al movimiento político kurdo en todas sus manifestaciones, ya sea el activismo de la sociedad civil –ya sea lucir los colores kurdos, hablar el idioma, votar por el HDP-, el conflicto armado en el sureste del país, o el establecimiento de una democracia directa liderada por los kurdos al otro lado de la frontera en el norte y el este de Siria, las autoridades turcas constantemente lo critican con una sola y amplia pincelada, a saber, la etiqueta de “terrorismo”. En realidad, este es un movimiento político, cultural y social diverso, apoyado por millones de ciudadanos turcos, cuyos métodos son abrumadoramente pacíficos.

Al bloquear la ruta parlamentaria, es Turquía la que deja a un ala del movimiento kurdo sin otra opción que continuar su conflicto con las Fuerzas Armadas turcas, aunque el conflicto ahora está confinado casi exclusivamente a las cadenas montañosas en lo profundo del territorio kurdo iraquí, después de una retirada que tuvo lugar como parte de un acuerdo de alto el fuego alcanzado durante las conversaciones de paz colapsadas de 2013-2015.

Si las autoridades gobernantes fueran serias en la búsqueda de un acuerdo pacífico con el movimiento kurdo, no continuarían impidiendo la representación kurda legítima por todos los medios a su alcance, desde la represión violenta de votantes hasta los intentos actuales de prohibir el HDP por completo para iniciar procesos penales contra un colosal 40% de los miembros de base del partido. De esta forma, cierran con candado las urnas y gritan falta si la oposición recurre a la bala.

A pesar de ello, los representantes políticos del movimiento kurdo siguen decididos a buscar una solución pacífica y negociada. Muchos optan por permanecer en el país, incluso cuando saben que es probable que enfrenten largas sentencias de cárcel, abusos, torturas o la muerte, porque están comprometidos precisamente con los valores de democracia, justicia y estado de derecho que las autoridades turcas quieren prohibir. No es el movimiento kurdo el que representa una amenaza para lo que queda de la democracia turca, sino el propio gobierno de Erdogan.

FUENTE: Matt Broomfield / Medya News / Traducción y edición: Kurdistán América Latina