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Nuestra tierra comunal le da agua y vida a la ciudad. Queremos respeto al territorio, herencia de nuestros abuelos. Así sintetizaron en días pasados los habitantes de Milpa Alta su postura ante los intentos de las autoridades de la Ciudad de México por privarlos de su agua para satisfacer las necesidades de la industria inmobiliaria que la ahoga. A unos cuantos kilómetros de ahí, en la alcaldía Xochimilco, los pobladores de San Gregorio Atlapulco se levantaron para oponerse a las obras para llevarse su agua que por años han cuidado, dejándoles a cambio las aguas negras que la ciudad produce. Lo justo de la demanda generó un gran apoyo popular que puso en riesgo incluso la candidatura a la Presidencia de la República de la jefa de Gobierno y tuvieron que recular.
No es el único lugar donde los pueblos andan descontentos por las políticas extractivistas y los megaproyectos del gobierno del cambio. Por el norte del país los mayos de Sinaloa, junto con los pescadores y pobladores del valle de Ohuira, Sinaloa, no cejan en su empeño por detener la construcción de una fábrica de amoniaco que, a decir del gobierno, apuntalaría la agricultura comercial, pero desde el punto de vista de los afectados destruiría su entorno y truncaría sus posibilidades de vivir un futuro digno. Según el gobierno, eso ya se resolvió en la consulta pública que se realizó por mandato judicial, pero los afectados no están de acuerdo porque, según su dicho, votaron los que no debían hacerlo. No es ocioso insistir en que este proyecto cuenta con el aval de los gobiernos federal y estatal, quienes arribaron al poder prometiendo cambios a este tipo de políticas.
Un poco más al norte los pueblos que integran la tribu yaqui, sobre todo Loma de Bácum, insisten en que el gasoducto Agua Prieta Topolobampo, que surtiría de gas a la industria regional, no pase por su territorio sagrado. Su lucha da algunos frutos pues la Comisión Federal de Electricidad ha decidido modificar el trazo para que no lo haga, pero para hacerlo solicita que los inconformes se desistan del amparo, pero estos, desconfiados como son, dicen que lo harán cuando el nuevo trazo del gasoducto este definido, cuente con la aprobación de los pueblos que podrían ser afectados, se desistan de las imputaciones contra su compañero Fidencio Aldama, al que mantienen injustamente en la cárcel, y reparen el daño causado, como lo ha recomendado la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No quieren que les suceda como en el gasoducto, que ganaron el amparo, pero sigue funcionando.
Los vientos de inconformidades también soplan por el sur del país. En el Istmo de Tehuantepec las comunidades agrarias y ejidos constituyeron la Unión de Ejidos, Comunidades Agrarias y Colonias Agrícolas como forma de enfrentar la embestida de los impulsores del Corredor Interoceánico que el gobierno federal impulsa en la región. Hoy nos estamos constituyendo y construyendo un movimiento en defensa de nuestras tierras, de nuestra biodiversidad, de nuestros recursos naturales y culturales, somos más de 28 órganos de representación ejidal y comunal de la zona norte del Istmo, y precisamente son nuestras tierras que pertenecieron a nuestros ancestros
, recalcaron durante la presentación de la nueva organización, al tiempo que recalcaban que todas las obras que se están impulsando violan flagrantemente sus derechos.
En medio de tanta adversidad una señal positiva se había vislumbrado, pero pronto se apagó. La Secretaría de Economía reconoció públicamente que las empresas mineras casi no pagan impuestos, porque así lo determina la leonina ley en la materia, aprobada en los mejores años del neoliberalismo y también porque lo permitieron gobiernos anteriores; los dichos de la secretaría no quedaron en eso, también dijo que se los iban a cobrar. No bien acababa de decir eso cuando el dirigente de Morena, el partido en el gobierno, anunció que su candidato al gobierno del estado de Coahuila será el actual senador Armando Guadiana, quien es conocido como el Rey del Carbón, por su influencia en esta rama de la economía. Como senador, se ha manifestado en defensa de la actual ley minera, oponiéndose a toda iniciativa de reformarla.
Gran dilema el del autonombrado gobierno de la Cuarta Transformación, atrapado entre sus discursos, que parecen ser sus deseos, y los hechos que le impiden llevarlos a cabo. Que esta contradicción se presentara en sus primeros años era entendible, incluso hubo quien pensó que con el correr de los años, cuando afianzaran su poder, estas indefiniciones terminarían y mostrarían que no había distancia alguna entre sus dichos y sus hechos. Eso era hace años, pero ahora ha terminado el cuarto año de gobierno y ese cambio no se nota, no al menos en asuntos torales para la economía y el futuro del país. Por donde comienzan a notarse cambios es en la postura de los pueblos, que ante tanto avasallamiento, promesas incumplidas y violación de sus derechos, ya no están dispuestos a seguir esperando.
Veremos qué sucede en el año que viene.