Mientras en Irán continúan las protestas contra el régimen de los ayatolas, también se multiplican las condenas a muerte contra manifestantes acusados de “enemistad con Dios, rebelión armada contra el Estado o insultar al Profeta”.

Hasta este fin de año, eran más de 30 los civiles condenados a muerte. Según Amnistía Internacional (AI), 26 manifestantes detenidos durante las protestas pacificas contra el gobierno iraní podrían ser ejecutados en el corto plazo. El caso que más trascendió a la opinión pública durante este mes, fue el del futbolista iraní Emir Nasir Azadani, pero otros dos jugadores aparecen entre los condenados a muerte: se trata de Said Yaqub y Salih Mir Haii. A ellos se le suman tres raperos, Saman Yasin, Tomac Salihi y Behram Ali Kendi. Y tres mujeres: Mesha Muhamed, Fehime Kerim y Farzane Qerehesnli.

Los y las condenadas están acusadas de “injurias contra el Profeta”. Por ese mismo delito, ya fueron ejecutados en la horca el joven de 23 años Mohsen Shekari y el luchador deportivo Majid Reza Rehneverdi.

El artículo 262 del Código Penal Islámico, vigente en Irán, establece que si alguien insulta a Mahoma o a otros profetas del Islam, esa persona está sujeta a ser condenada a muerte. La “enemistad con Dios” o moharebeh, es una de las figuras más utilizadas desde que estallaron las protestas en demanda de libertad y justicia luego del asesinato de la joven kurda Jina Mahsa Amini en manos de la “policía moral”.

Sin embargo, en Irán hay muchas causales por las cuales se puede condenar a una persona a la ejecución. Entre ellas se encuentran la de “hacer la guerra a Dios” o de “propagar la corrupción”, ambas incorporadas al sistema judicial iraní en 1982 y parte del Código Penal Islámico desde 1990.

Otros delitos que pueden ser punibles con la muerte, la amputación de miembros o la deportación, de acuerdo con la ley islámica vigente en el país, son “utilizar armas para intimidar al pueblo, rebelión armada contra el Estado, planear el derrocamiento del Estado y robo a mano armada”. En 2011, se incorporó un nuevo artículo al Código Penal para tipificar aquellos “delitos que afectan a la seguridad pública del país, perturban la seguridad, perjudican a las personas y a la propiedad pública y privada”. Esta figura es una de las más utilizadas para reprimir las actuales protestas.

De hecho, de acuerdo con el régimen iraní, los y las condenadas a muerte lo están debido a que utilizaron armas contra las fuerzas de seguridad o contra el gobierno central, y no tanto por delitos más “abstractos”, como el de la ofensa a Dios. En el caso particular del futbolista Nasir Azadani, de 26 años, el jefe del tribunal de Isfahan, Asadollah Jafari, afirmó que el deportista era “uno de los nueve acusados en el caso en el que tres agentes de seguridad fueron asesinados durante los disturbios del 25 de noviembre”. Por lo que, de acuerdo con el gobierno, se trata de un “terrorista peligroso”.

Los agentes pertenecían al Basij, una fuerza paramilitar ligada a los Guardianes de la Revolución. Jafari justificó que “el acusado ha confesado abiertamente sus acciones criminales. También hay un vídeo de cámaras locales y suficiente documentación de que esta persona es miembro de un grupo armado, y la acusación se ha emitido en base a estos documentos, demostrando que era parte de una red organizada para combatir contra las bases de la República Islámica”. Lo cierto es que los y las detenidas son cada vez más y sin acusaciones concretas de haber cometido un delito. Directamente, son imputados o imputadas bajo la figura de moharebeh.

Lo que sucede en el país es extremadamente complejo, y el gobierno no está logrando dar respuesta a las demandas legítimas de sus ciudadanos y ciudadanas. Las detenciones de alto perfil continúan, como la de la actriz Taraneh Alidoosti, arrestada hace dos semanas luego de denunciar, a través de su cuenta de Instagram -que fue bloqueada-, la ejecución de Mohsen Shekari, condenado por herir a un integrante del Basij durante las protestas. Las ejecuciones ordenadas por el régimen iraní son públicas y esto contribuye cada vez más a la indignación generalizada de los y las manifestantes.

Organizaciones de derechos humanos, ya sean extranjeras o iraníes, calculan que alrededor de 20.000 personas fueron detenidas o encarceladas desde que comenzaron las protestas. En particular, 44 abogados, de las cuales 15 son mujeres, fueron arrestados. Del total, 20 abogados y abogadas fueron puestos en libertad bajo fianza, aunque los procesos judiciales en su contra continúan. De las abogadas, Sina Yousefi, subdirectora de la Comisión de Derechos Humanos de los Juristas de Azerbaiyán Oriental, y Negi Kiani, fueron sentenciadas a prisión y se les prohibió salir del país.

Días atrás, se conoció un nuevo informe publicado por Iran Human Rights (IHR) denunció que cualquier activismo a favor de los derechos humanos en Irán es reprimido de forma violenta. La institución remarcó que la situación de los y las defensoras de los derechos humanos se deterioró considerablemente en comparación con el año pasado.

Según el informe, los y las activistas se encuentran detenidas ilegalmente, de forma “preventiva”, en sus domicilios. Como ejemplo, se citó los casos de Golrokh Irayi-Ebrahimi, Milad Fadayi, Saba Sherdoost y Majid Tavakoli o Arash Sadeghi, arrestado a pesar de padecer cáncer.

IHR advirtió que “hay profesores que fueron detenidos o sufrieron represalias por negarse a entregar nombres de alumnos y estudiantes que protestaban o estaban en huelga”, y una de las docentes “perdió la vida debido a un ataque al corazón por la presión”.

Desde que se iniciaron las protestas en Irá, al menos 469 personas, entre ellas 63 niños y 32 mujeres, fueron ultimadas por las fuerzas de seguridad. Las personas abatidas corresponden a 25 provincias del país, la mayoría en Sistán y Baluchistán, Azerbaiyán Occidental, Kurdistán, Teherán y Mazandarán, respectivamente.

Ya van más de tres meses de protestas sostenidas en Irán, lo que habla a las claras de una necesidad social de transformación concreta en el país de mayoría persa. Quienes están al frente de las movilizaciones son jóvenes de entre 20 y 40 años que no vivieron los años de gloria de la Revolución Islámica y no se sienten interpelados por la épica revolucionaria. En ese contexto, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres es una demanda clave, que desencadenó las revueltas, pero no la única. Además, reclaman una apertura democrática real y un mayor bienestar económico que, en un contexto de crisis, el régimen no les está pudiendo otorgar desde ya hace muchos años.

Las protestas en Irán están sostenidas por amplios sectores de la población, muchos de los cuales no necesariamente exigen instaurar valores o un sistema más occidentalizado, sino adaptar y modernizar la idiosincrasia del país en un sistema donde las nuevas generaciones también se sientan incluidas. Por lo pronto, esto parece bastante lejos de concretarse, mientras el régimen ingresa en una de sus etapas más represivas y duras desde el triunfo de la Revolución Islámica en 1979.

FUENTE: Leandro Albani y Gonzalo Fiore Viani / La tinta